Un estudio reciente realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección, una realidad que afecta anualmente a cerca de quince mil niños y niñas atendidos en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero no cambia a los padres, lo que expone una de las contradicciones fundamentales del sistema.
La Crisis del SENAME y sus Raíces Históricas
La separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dados los graves efectos psicológicos que tienen este tipo de acontecimientos, estudiados hace más de 60 años. Sin embargo, en Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago.
La profunda crisis que sufre el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha relevado la precaria situación que viven cientos de niños y niñas en el país, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no han sido una de las preocupaciones centrales de nuestra sociedad. El SENAME, creado en 1979 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, depende administrativamente del Ministerio de Justicia y desde sus fundamentos ha mostrado un enfoque tutelar hacia la infancia, concibiendo al niño como un “estado irregular” o un “objeto” que recibe ayuda y asistencia del Estado. Viviana Soto, académica del Depto. de Educación, recalca que los servicios prestados por el organismo tienen como objetivo “reinsertar, rehabilitar y reparar los derechos de los niños y niñas que han sido vulnerados”, pero señala que “a los sujetos no se les repara”.
Un Problema Sistémico: Cifras y Casos Emblemáticos
La crisis del SENAME ha sido abordada a través de diversas disciplinas. Psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar a niños con trastornos de personalidad y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa. Sin embargo, los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, y 865 decesos ocurridos en 11 años, continúan evidenciando hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo.
En abril, la prensa informó el fallecimiento de Lissette Villa (11 años) en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago, un caso que reveló una serie de irregularidades al interior del organismo. La frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados, es un síntoma de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado.
El Impacto de la Institucionalización en Niños y Familias
Un estudio de 2010 encargado por UNICEF y SENAME, señaló que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años, lo que convierte una situación provisoria en prolongada e incluso permanente. Esta prolongación se puede observar en la forma que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia.
Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. Esto genera una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres, lo que plantea un desafío estructural al abordar el problema del maltrato infantil o la negligencia parental.
Hacia un Nuevo Paradigma de Protección
Frente a esta situación, el Congreso aprobó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, terminará con el SENAME. El Director de la División de Organizaciones Sociales, Jorge Fuentes, manifestó que esta normativa “posibilitará cerrar una deuda del Estado, y lo pone al servicio de la protección de la infancia”. Este proyecto deberá ir a revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Uno de los principales cambios del servicio será que el sujeto de atención no solo será el niño, sino también su familia, con foco en el interés superior del menor en la reparación y restitución de sus derechos. El Ministerio de Desarrollo Social garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados. Se determina que el Servicio tendrá por objeto garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como:
- El diagnóstico especializado.
- La restitución de los derechos.
- La reparación del daño producido.
- La prevención de nuevas vulneraciones.
Política Nacional de Niñez y Adolescencia - Chile
El Enfoque de Derechos y la Dignificación de la Infancia
Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, es fundamental no infantilizar la infancia, negando su dimensión política y proponiendo que este es solo un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios. Abordar el maltrato infantil o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que piense el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.
Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, considera que la decisión de separar el SENAME es correcta, pero subraya la necesidad de repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que enfrentarán las dos nuevas instituciones. También plantea la importancia de definir si se continuará bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementen a nivel local, en los territorios y en las comunas.
Desafíos en la Formación y la Intervención
Otro elemento crucial es la formación de las personas que trabajan con niños y niñas vulnerados. Viviana Soto enfatiza la necesidad de una pedagogía que mire al sujeto, que sea consciente de él o ella y lo invite a construir desde sus necesidades, en lugar de una pedagogía especial que podría sesgar. Para lograr una efectiva intervención, se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad y redes.
Aunque desde los años 90 ha habido cambios positivos y alentadores en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten muchas otras formas de maltrato infantil que “todavía ni siquiera hemos podido reconocer”. Como sociedad, hemos creado y legitimado un sistema de protección segregado donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial. Es imperativo un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado, uno que promueva una mirada bientratante y más completa del ser humano, y que tenga muy clara la deuda pendiente con los menores del país.