La protección de la infancia vulnerable es una de las responsabilidades más críticas del Estado. En Chile, el Servicio Nacional de Menores (Sename) es el organismo encargado de los niños y adolescentes en riesgo social y con derechos vulnerados. Sin embargo, este sistema ha sido objeto de severas críticas y ha evidenciado un "estado terminal", según figuras clave en la política de infancia del país. La separación de niños de sus familias, a menudo por razones de pobreza, y las condiciones en las que son acogidos, han generado una profunda crisis humanitaria y social.
Casos Emblemáticos: Rostros de una Tragedia
La compleja realidad del Sename se manifiesta en historias como la de Guillermina y Lissette, dos jóvenes cuyas muertes revelaron fallas sistémicas alarmantes.
El Caso de Guillermina: Una Muerte sin Respuesta
Guillermina, de 16 años, llegó "a medio vestir y con dinero" al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, traída por un policía. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de Chile, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado ni para estabilizarla. Tampoco se le realizó un chequeo completo a pesar de llegar a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó, y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más del sistema del Sename, equiparando su fallecimiento con su escape o reinserción familiar.
La Tragedia de Lissette: Un Sistema en Crisis
Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo, con una evaluación del Sename que incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando su pena y la falta de un "pedacito de mi corazón".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, una crisis de Lissette fue inicialmente confundida con otra "pataleta". Según el testimonio de una de las cuidadoras, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Al intentar levantarla del suelo, se dieron cuenta de que se había desvanecido. Ni ella ni su compañera a cargo de 20 niñas tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver, una explicación considerada poco satisfactoria y que le costó el puesto.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con certeza. Según un informe del Ministerio de Justicia solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe oficial. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", la cual vela por los derechos de menores cuyas familias no están capacitadas, a diferencia del área que recibe a niños infractores de la ley.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos, que sumados a los 77 del informe de Justicia para ese período, darían un total de 395. A pesar de esto, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, afirma: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, reconoce que "hay un problema de cifras, esa es una realidad", atribuyéndolo a la complejidad del servicio. El diputado Saffirio es más contundente: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Crisis al interior del Sename
Deficiencias del Sistema: Maltrato, Negligencia y Sobremedicación
Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Personal no Capacitado y Maltrato
Como se evidenció en el caso de Lissette, las cuidadoras carecían de conocimientos básicos de primeros auxilios. Estela Ortiz destaca: "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual". La falta de capacitación contribuye a un ambiente donde "lo que no es normal pasa a ser normal", según una cuidadora de Lissette.
El Problema de la Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirma que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Le suministraban un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero en la cantidad que se le administraba actuaba como antipsicótico. Además, Lissette estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que la mayoría no tienen un efecto demostrado en niños, y algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos como aumentar la agresividad. Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es "generalizada".
El senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado."
La Brecha en Salud Mental
Chile enfrenta una alta tasa de suicidio adolescente en América Latina, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere el sector privado, dejando regiones enteras sin acceso a esta especialidad. Guillermina, por ejemplo, tenía historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente (su bebé fue a adopción), y mucho tiempo en situación de calle, pero nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave.
La Separación de los Niños de sus Familias: Un Dilema Profundo
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias e internados en centros del Sename, sin contar otros programas. Este es el corazón del problema: la justificación y las consecuencias de estas separaciones.
Causas de Muerte y Vulneraciones
Según información del Servicio Médico Legal, las causas de muerte de menores en el Sename son variadas y a menudo violentas: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento. También hay causas "indeterminadas", como en el caso de Lissette. Estos datos revelan una alarmante falta de seguridad y atención adecuada en los centros.
La Pobreza como Causa de Separación
La Comisión Especial del Congreso que tramita proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes conoció antecedentes de dos casos -en Valparaíso y Chaitén- donde, según el senador Manuel José Ossandón, "aparentemente por razones de pobreza se habría quitado la custodia de sus hijos a sus padres". La senadora Ximena Rincón señaló que "los casos de Valparaíso y Chaitén hablan de vulneración de los derechos de los padres porque se les ha acusado de ser alcohólicos, drogadictos e incluso de abusar de sus hijos, todo lo que no ha sido probado. No existen investigaciones rigurosas que avalen esas decisiones".
Un informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) culpa al Estado de Chile por la violación de derechos humanos de menores, detallando que ha permitido que "ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades".
Consecuencias de la Separación: Un Castigo en lugar de Protección
La decisión de separar a los niños de sus familias debe ser la última alternativa. Sin embargo, en Chile, los jueces dan limitada consideración a acciones sociales para detener la vulneración, y por "razones administrativas" se separan hermanos en diversas residencias. A principios de 2017, el 24,1% de los niños tenía hermanos en otros centros. Este modelo es cuestionable, pues "la separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero no cambia a los padres".
La internación de niños ha sido un medio frecuente de protección desde 1758. Un estudio de UNICEF y Sename de 2010 señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años, lo que convierte una situación provisoria en prolongada o permanente. Las residencias a menudo carecen de condiciones mínimas para las visitas familiares, con horarios restringidos, espacios inapropiados y distancias excesivas. Esta situación es experimentada por los niños como un castigo, impidiendo el desarrollo de lazos de confianza y la restitución de derechos vulnerados.
Estela Ortiz cuestiona esta práctica: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Propuestas de Solución y el Camino por Delante
Para Francisco Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares esenciales:
- Unidades polivalentes con apoyo psiquiátrico adecuado: Necesidad de niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo con las familias, no su aislamiento.
- Retorno a las familias de origen como objetivo final: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Esto implica que los que toman las decisiones tengan una mejor formación.
- Defensa jurídica adecuada para los menores: A diferencia de los menores "infractores de ley" que cuentan con buenos defensores, los niños que llegan a tribunales de familia para ser protegidos a menudo son vistos por abogados muy jóvenes para quienes el niño es más un trámite burocrático.
El Consejo para la Infancia, creado por la presidenta Michelle Bachelet, pretende cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio, con la esperanza de dejarlo instalado antes de 2019. Sin embargo, la urgencia de la situación es clara: "Los niños no pueden esperar".
El senador Francisco Chahuán ha llamado a no perder más tiempo y a dar señales concretas, recordando que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora la ONU. Nos pone en muy mal pie a nivel internacional sobre la protección que Chile le da a los niños, niñas y adolescentes." La restitución de derechos vulnerados no se reduce a suplir carencias materiales o afectivas, sino a que el niño pueda ser reconocido como un sujeto más allá de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa, lo que requiere del apoyo de toda la comunidad.
