La protección de la infancia y adolescencia en Chile se encuentra en un punto de inflexión con la reforma al Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este proceso legislativo, que ha sido largo y complejo, busca no solo reemplazar una institución, sino establecer un marco jurídico más robusto y eficaz para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Contexto de la Reforma al Sistema de Protección de la Infancia
El pasado 26 de mayo, en la Comisión Mixta del Senado, se completó la tramitación de los últimos artículos del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada, que reemplazará al actual SENAME. Paralelamente, otro proyecto de ley se encuentra finalizando su segundo trámite, lo que ha puesto de manifiesto un importante problema de técnica legislativa. Para quienes llevan tiempo trabajando en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el problema fundamental no reside en los nombres de las instituciones, sino en sus atribuciones y los derechos que efectivamente protegen. La institución nueva, al igual que la antigua, es concebida como el "hardware" de un sistema que requiere una legislación de fondo sólida.
El orden en que se aprobarán los proyectos revela un problema de técnica legislativa importante, ya que, por su naturaleza funcional, el nuevo servicio debería votarse después del proyecto que establece los derechos y garantías por un lado, y la protección administrativa por el otro. Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario hacer un repaso de lo ocurrido durante el avance de estos proyectos.
El Nuevo Servicio de Protección Especializada
Desde el inicio de la tramitación de estos proyectos, se acordó su tramitación conjunta, un mérito atribuido a la senadora Ximena Rincón, quien preside la Comisión Especial de Infancia. Con esta decisión, se dio respuesta a una demanda histórica de grupos de la sociedad civil, el mundo académico, el gremio de jueces y organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Esta conjunción de esfuerzos buscaba una aproximación integral a la protección de la infancia.
La Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia: Un Pilar Fundamental
Origen y Demanda Social
La aspiración de una ley de garantías para la niñez y adolescencia ha sido un clamor sostenido. Un ejemplo significativo de su importancia fue la intervención del Premio Nobel de la Paz (2014), el activista indio Kailash Satyarthi, quien en una alocución ante la Comisión de Infancia del Senado el 7 de octubre de 2018, hizo un llamado a “hacer una buena ley, comprensiva, holística y preventiva”. Satyarthi enfatizó que, dado el momento tardío en que Chile ha asumido la labor de adecuar su legislación interna a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -a 30 años de su suscripción-, esta era “la oportunidad de hacer una de las mejores leyes del mundo”.
Cabe destacar que el acuerdo de tramitación conjunta se alcanzó en su oportunidad con la venia de senadores oficialistas. Sin embargo, en un giro posterior, la subsecretaria Bown, en un artículo publicado el 28 de mayo de 2020 en El Mercurio, apoyó la idea de desconocer el acuerdo de tramitación al afirmar que la Ley de Garantías “tiene temas ideológicos, y estos son complicados porque cuando se discuten temas relacionados con la homoparentalidad o con la identidad de género, siempre hay mayor división”.
Obstáculos Legislativos y Debates Clave
La tramitación vacilante del proyecto de la Ley de Garantías, que aún no culmina, ha dejado pendiente de resolver un conflicto esencial en su texto: la llamada 'cláusula del miedo'. A menudo se afirma que los niños, niñas y adolescentes son la fuente más importante de retórica legal, de proclamas suntuosas y de grandes principios de tenor casi poético, pero de escasa efectividad y dudosa aplicación práctica. El texto de la Ley de Garantías, en su actual tramitación, constituye en general un avance en definiciones, desarrollo y reconocimiento de algunos derechos. Es una instancia valiosa para fortalecer los derechos de los niños, huyendo de las generalizaciones, las ambigüedades y las declaraciones grandilocuentes, e intentar dar un paso adelante en la efectividad de los derechos. Por el contrario, la única forma válida y eficaz de lograr ese objetivo es procurando una regulación metódica y coherente que venga a normalizar el "galimatías normativo" existente en el Derecho Chileno en torno a la realidad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción.
Los vaivenes discursivos han continuado. En una de las sesiones en el Senado, la misma subsecretaria estimaba innecesario llevar los derechos de los niños al texto constitucional porque ya estaban suficientemente considerados en el catálogo de derechos del artículo 19, y que establecer derechos específicos para ellos podría significar su desprotección. Es así como en el proyecto aparecen fuertemente limitados, al punto que pierden eficacia, principios como el de autonomía progresiva o el interés superior del niño, para cuya interpretación debe considerarse, elevado a categoría de principio, el derecho de los padres, y una serie de derechos civiles y políticos que no pueden verse restringidos. Se exige a los políticos un debate real, técnico, alejado de lo ideológico, que permita superar la lectura decimonónica que aún pervive en el sistema legal chileno respecto a la niñez.
La Personalidad Jurídica y la Representación Legal de Niños, Niñas y Adolescentes
En el ámbito de la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, existen programas específicos que abordan la necesidad de asistencia legal para aquellos que han sido vulnerados en sus derechos o han cometido infracciones a la ley penal. Estos programas son cruciales para asegurar la efectividad de los derechos de la infancia.
Programas de Representación Jurídica
Un programa central, perteneciente al Servicio Nacional de Menores (SENAME), tiene como objetivo representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asisten a algún programa de la red SENAME y que fueron vulnerados en sus derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. En la actualidad, existen 16 programas de este tipo a nivel nacional. Estos programas buscan asegurar que los menores cuenten con una adecuada defensa y representación en procesos judiciales.
Defensa Penal Especializada para Adolescentes
Paralelamente, una unidad de defensa penal especializada presta servicios a los adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal. Cualquier persona puede acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). Existe también un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, iniciado en 2017 como piloto en cuatro regiones y que en 2019 se expandió a nueve, cuyo principal objetivo es representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna residencia de SENAME. Este programa es ejecutado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente CAP1
Justicia Juvenil y Tipos de Programas
En el área de Justicia Juvenil, el Servicio Nacional de Menores es quien tiene a cargo supervisar los programas que son ejecutados por organismos colaboradores. Estos programas se diversifican según el tipo de sanción a la que fueron objeto los adolescentes infractores de Ley, pudiendo ser privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad pueden ser provisorios, cerrados o semicerrados, adaptándose a las necesidades y características de cada caso y buscando siempre la rehabilitación y reinserción de los adolescentes.
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