La situación crítica que ha enfrentado el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido ampliamente reconocida, tanto por el Parlamento como por la opinión pública. Casos lamentables como el de Lisette Villa, fallecida en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa "Galvarino" de Estación Central, han visibilizado las graves deficiencias del sistema.
El informe SENAME II, elaborado por la Comisión investigadora de la Cámara y denunciado por el diputado Ramón Farías, reveló la existencia de "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a los menores vulnerados". A esta situación se suman los antecedentes dados a conocer por el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los cuales han provocado indignación y preocupación en la ciudadanía.
La Paradoja del SENAME: Entre la Protección y la Vulneración
Una cruel paradoja existe en el SENAME: este organismo, que alberga a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y se dedica a velar por sus derechos, ha sido fuertemente cuestionado por la falta de cumplimiento de estos. No se trata de "niños y niñas del SENAME", sino más bien de una población excluida, precarizada, sin atención digna en educación y salud.
Contexto Regional: El Caso de Atacama
En la Región de Atacama, el panorama del SENAME no es ajeno a la delicada situación nacional. En enero de este año, se desarticuló una red de explotación sexual infantil en una localidad de la comuna de Freirina. Niñas víctimas de esta red eran llevadas a fiestas clandestinas después de fugarse de residencias que prestan servicios al Servicio Nacional de Menores. Actualmente, en Freirina y en la provincia del Huasco, la residencia "Maravilla" ha completado sus 45 cupos, lo que impide recibir a más jóvenes.
"Mejor Niñez": ¿Un Cambio Real o Gatopardismo?
La institución hoy encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes en Chile, presentada bajo el nombre «Mejor Niñez», no altera, según algunos especialistas, la racionalidad ni los efectos políticos del antiguo SENAME. Un trabajador social especialista en el área expone que esta institución, surgida en dictadura, "su lógica sigue siendo tutelar, vigilante, disciplinante, estigmatizante y maltratadora con la infancia pobre".
El «nuevo» Servicio de Protección de la Infancia es, para muchos, un ejemplo de gatopardismo. Su implementación y propósito no representan novedad alguna, no poseyendo un carácter inédito, reformista ni revolucionario. Bajo el nombre público «Mejor Niñez», es percibido como la reproducción del antiguo dispositivo estatal conocido como SENAME, la institución monopólica de las políticas de intervención, control y administración gubernamental de la infancia pobre en Chile. Dicho de otra manera, el SENAME es la principal institución de gobierno y dominación de la infancia vulnerable.
El Origen y la Herencia Política del SENAME
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) surgió en Chile como proyecto en 1978, bajo el alero de la dictadura cívico-militar. Su gestión puede ser entendida en términos de herencia política, ya que su institucionalidad no solo funciona como un dispositivo de gobierno de la población, sino que su intervención se despliega actualmente en el contexto de una sociedad democrática y con plena independencia en los poderes del Estado.
La herencia de la dictadura es una institución tutelar, vigilante, disciplinante, estigmatizante y maltratadora con la infancia pobre, una institución de clase. Es relevante preguntarse si el SENAME ha intervenido alguna vez en las familias de la élite chilena.
El SENAME fue el sueño del dictador Augusto Pinochet y de su Ministra de Justicia Mónica Madariaga, quienes en marzo de 1978, mediante un decreto supremo de ley, aprobaron el plan nacional para menores de edad. Este plan otorgó una alta prioridad a la gestión pública en esta materia "por considerar ese sector uno de los más abandonados, al mismo tiempo que más estratégico para el desarrollo nacional".
El cambio del antiguo CONAME (Consejo Nacional de Menores) al SENAME fue una expresión explícita del poder disciplinario de la dictadura: bajo la promesa de potenciar un organismo estatal se intentó fortalecer dicho servicio, con el objeto de que la infancia se incluyera en los procesos económicos del capitalismo neoliberal.
El Fracaso de un Sueño y la Persistencia de la Desprotección
El sueño fallido de Pinochet y Madariaga se convirtió en pesadilla con el transcurso de las décadas. Fracaso y pesadilla son términos equivalentes, ya que la infancia institucionalizada nunca ha sido un sujeto social protagónico, y mucho menos, económicamente relevante para el desarrollo del país. Desde la perspectiva gubernamental del neoliberalismo, los niños y niñas del SENAME nunca han sido "empresarios de sí mismos", siguiendo la nomenclatura biopolítica de Michel Foucault.
Las relaciones y mecanismos de poder que capturan la vida de la infancia pobre evidencian que tanto los niños institucionalizados por razones de protección como los adolescentes condenados punitivamente por transgredir el contrato social, han construido su subjetividad y su proyecto vital a partir de objetivas condiciones de desprotección.
En lo que concierne a la desprotección infantil, la racionalidad con la que funcionan los programas ambulatorios y residenciales del nuevo servicio de la niñez obedece no tanto a la máxima jurídica del «interés superior del niño», sino a profundos procesos de confinamiento y corrección moral de las conductas infantiles en las familias del bajo pueblo. Esta racionalidad fue desarrollada en dictadura y profesionalizada en los gobiernos dirigidos por la Concertación de Partidos por la Democracia.
Una prueba de ello es que ningún programa del SENAME ni del Servicio Mejor Niñez está diseñado a partir de estudios basados en evidencia de alto nivel. Abundan, a contrapelo de toda la literatura especializada, los diseños de intervención basados en objetivos de institucionalización infantil. Proyectos deficientes a nivel técnico como el de la RAE (Residencias de Alta Especialidad) o las Residencias Familiares se caracterizan por propuestas de confinamiento, control, vigilancia y desarraigo familiar de niños, niñas y adolescentes. Ninguna propuesta del servicio estatal está interesada en desarrollar intervenciones preventivas ni de fortalecimiento parental. Destaca la inexistencia de parámetros y evaluaciones de impacto que evalúen el éxito de las intervenciones psicosociales.
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Cifras Alarmantes y la Necesidad de Cambios
Las cifras de niños que, separados a temprana edad de sus núcleos familiares, fueron ingresados al sistema de protección y años más tarde egresaron como jóvenes condenados por la Ley de Justicia Penal Juvenil, son una prueba empírica contundente de las falencias del sistema. Lo mismo ocurre con la violación de los derechos fundamentales de niños y niñas egresados del sistema proteccional.
Años más tarde, esos mismos niños egresaron como jóvenes condenados por la Ley de Justicia Penal Juvenil. Lo mismo ocurre con la violación de los derechos fundamentales de niños y niñas egresados del sistema proteccional.
Entre el año 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename).
En 2017, se identificaron vulneraciones de todos los tipos y formas, principalmente centradas en una falta de atención generalizada. Esto implicaba descuidos tan básicos como controles médicos o educación en ciertas residencias. Un 69.1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentaba al menos un trastorno de salud mental. Además, hay 1.187 niños en residencias del Servicio que no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional. También existe un tema de género presente: hay más niñas en el sistema residencial que niños. Los casos de abuso sexual dentro de los centros a lo largo del país son una realidad, llevados a cabo tanto por NNA como por el personal.
La Relevancia del Contexto Comparado
En la Unión Europea o en EE. UU., si bien nunca han prescindido absolutamente de los modelos residenciales, en general han logrado superar la experiencia de institucionalización -incluso tras la II Guerra Mundial- con políticas públicas que fortalecen el derecho de los niños a vivir en familia, entendiendo por ello programas de adopción temprana, familias de acogida, intervención preventiva, etcétera.
La "No+SENAME": Un Grito por la Transformación
La frase “No+ Sename” ha sido utilizada de manera frecuente por organizaciones y personas que demuestran su rechazo contra el servicio. Se entiende que al decir “No+ Sename” se está manifestando el deseo de no más desprotección para los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados en sus derechos, no más precariedad, no más discriminación, no más ausencia de salud mental, no más malos tratos y un largo etcétera que surge de los diversos deseos de reivindicar la infancia del país.
Cuando se usa la consigna “No+ Sename”, es porque se hace presente un profundo deseo de mejorar los modelos de atención, la calidad de los programas, el diseño, la presencia territorial y la oferta del intersector, especialmente en salud y educación, la institucionalidad, la coordinación con los tribunales de justicia, y la necesidad de profesionales más especializados.
El Cierre del SENAME y la Promulgación de Nuevas Leyes
El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302 que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, la cual viene a reemplazar el actual Sename. Tras 46 años de una larga historia de abusos, el 12 de enero de 2026 cerró el Sename.
En marzo de 2022, el gobierno del Presidente Piñera promulgó la ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que creó un sistema para protegerlos. Este sistema está integrado por Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la administración del Estado, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, las oficinas locales de niñez de las comunas del país, los nuevos servicios de Protección Especializada y de Reinserción Social Juvenil, además de los consejos consultivos de niños y adolescentes, y de la sociedad civil. Su responsabilidad legal es garantizar y proteger el goce pleno de sus derechos.
El gobierno del Presidente Boric creó en 2024 la Comisión Verdad y Niñez para recopilar testimonios de víctimas. Su objetivo es generar recomendaciones al Estado para reparar a los sobrevivientes y sus familias, junto con proponer garantías necesarias para que no vuelvan a ocurrir. El Presidente ha dicho que esta comisión permitirá conocer la verdad de lo sucedido y que pagará una deuda histórica del Estado con las infancias vulneradas.
Desafíos Persistentes a pesar de los Cambios
A pesar de que el SENAME ha terminado y el Estado chileno cuenta con instituciones y legislación para proteger a la infancia y adolescencia, persisten situaciones críticas: redes de explotación sexual infantil, pobreza, bajos niveles de aprendizajes, casos de violencias y abuso, el rechazo de algunos alcaldes a tener residencias en sus comunas que acojan a niños y niñas, falta de atención en salud mental y listas de espera para tratamientos.
La realidad mencionada se arrastra por años, motivo suficiente para impulsar importantes y profundas reformas al sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Uno de los cambios de importancia es el cierre de los Cread, conocido bajo el nombre de Entre Silos. No obstante, lograr una instalación satisfactoria de las residencias familiares no es solo tarea del Sename y organizaciones públicas, es una tarea compartida en la cual se debe involucrar a la sociedad civil.
Es imperioso precisar que aún en Chile coexiste la Ley de Menores de 1967 junto al texto constitucional que fue creado con posterioridad a la implementación del SENAME. Todas estas normas jurídicas han hecho perfectamente funcional la coexistencia del dispositivo estatal junto a la Convención Internacional de Derechos del Niño. La evidencia histórica irrefutable de ello es la sistemática violación a los derechos humanos de los niños confinados. Así ha sido durante los últimos cuarenta años, indistintamente de los gobiernos de turno. Ya sea en el caso de la vulneración de derechos o de la transgresión a la ley, el Estado intervino siempre del mismo modo: a través del encierro y confinación del niño.
La estrategia jurídica de confinación remite al rol del Estado, que en Chile funciona como una tecnología política, en la que el deseo de protección de niños vulnerados se somete a mecanismos de estatización de la vida a nivel individual y poblacional. En tal sentido, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto, el deseo de protección estatal no vulnera a los niños, que en representación de sus respectivos derechos pretende salvar?
El deseo de integrar la infancia del bajo pueblo al capitalismo fracasó. La confinación y exclusión de los infantes es la herencia institucional del SENAME. En Chile, la gubernamentalidad de las poblaciones genera desigualdades, y los infantes del bajo pueblo constituyen una población cualitativamente desigual respecto de la población general.
La Dimensión Filosófica de la Protección Infantil
La dimensión de la muerte infantil no se expresa en la muerte física y necropolítica, sino en la notable posibilidad de hacer morir en vida a la niñez. Con la infancia institucionalizada, el principio filosófico de la biopolítica o del poder sobre la vida no está centrado en el «hacer vivir», sino que estrictamente en el «dejar morir». Ante la ausencia de un gobierno que potencie la vida de los niños como seres vivientes, su muerte residirá en la pasividad con la que diversos gobiernos expongan sus vidas al arbitrio de la contingencia y el azar de los acontecimientos.
La ausencia de una legislación específica de garantía de derechos de la niñez, así como de salud mental infantil, instala la necesidad de un debate ya no tan solo jurídico sino que también filosófico, pues remite a la pregunta política por la vida infantil. Es decir, a qué tipo de niños, niñas y jóvenes se pretende proteger y defender de la sociedad. La pregunta más profunda y definitiva por la infancia no puede ser reducida a una definición técnica o de gestión, pues en última instancia es el Estado el que dirige todo su poderío al ámbito de la vida del niño.