La relación entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido multifacética, abarcando desde el reconocimiento al compromiso con la infancia hasta la revelación de hallazgos que exponen graves vulneraciones de derechos. Esta compleja dinámica subraya la urgencia de una intervención profunda en un sistema que, según diversos informes, ha fallado sistemáticamente en proteger a los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado.
Reconocimiento al Compromiso de la PDI con la Infancia
Como una forma de destacar el trabajo de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), especialmente en los casos de alta connotación pública, el director regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Patricio Reyes, realizó la entrega de cuatro medallas “Alto compromiso con la infancia” a los funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI provincia El Loa. Esta es la segunda vez que se entrega esta distinción, luego de que en agosto pasado se concediera a miembros de la Segunda Comisaría de Carabineros de Antofagasta.
Reyes destacó que “para nosotros es muy importante entregar estas medallas que simbolizan la gratitud de nuestro servicio, y relevan el compromiso que como institución nos ha mostrado la Policía de Investigaciones, especialmente en los casos más complejos que hemos debido abordar. Además, sabemos que la PDI es un aliado que cuenta con tecnología y profesionales de excelencia, siendo un apoyo en la restitución de los derechos de los niños”.
Asimismo, el jefe de la II Región Policial, prefecto inspector Sergio Muñoz, agradeció a Sename por el reconocimiento realizado en este caso, recalcando que no sólo desde Sename se había destacado el éxito de la diligencia, sino que también desde instancias superiores y que “gracias al sacrificio y esfuerzo de los funcionarios de la PDI de Calama, se puede llegar a estos resultados”, resaltó.
La Investigación de la PDI y el Impactante Informe sobre Sename
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. Este documento, solicitado por el fiscal con designación preferente para el caso Sename, Marcos Emilfork Konow, arrojó una brutal evidencia de la situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes que allí se encuentran, una situación tan grave como urgente.
La muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete, el 11 de abril de 2016, en el CREAD Galvarino en Santiago, remeció por completo al país y develó la realidad de los niños y jóvenes cuyas vidas quedan bajo el cuidado del Estado, en los centros del Sename. Este evento conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores.
A pesar de varias acciones positivas de parte de los poderes del Estado, de los anuncios y proyectos de ley ingresados por el Poder Ejecutivo en este tiempo, vuelve a quedar de manifiesto que, como Estado, no hemos sido capaces de hacer, con la urgencia ética debida, el cambio estructural que permita resguardar, efectivamente, los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes, impactando positiva y concretamente en su bienestar integral.
Alcance y Metodología de la Investigación
La Fiscalía inició una investigación penal tras la dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos.
La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Hallazgos Alarmantes: Vulneraciones de Derechos
Maltratos y Abusos
Considerando el total de instituciones, el documento establece que durante parte del 2017 se registraron 2.071 hechos constitutivos de vulneración hacia los residentes de los centros del país. Estos casos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
De los 2.071 abusos constatados, 310 de ellos tuvieron connotación sexual. El informe detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el caso de los centros dependientes del Estado (Cread), los datos son lapidarios porque, de acuerdo a la información recabada por la PDI, en el 100% de ellos “se ha vulnerado gravemente, y de manera sistemática, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que han estado bajo la tutela del Estado”. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. De los 310 abusos con connotación sexual, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Condiciones de Salud y Discapacidad
Respecto a las condiciones de salud en las que se encuentran los y las menores, el informe de la Policía de Investigaciones establece que:
- 1.358 residentes presentan algún grado de discapacidad.
- 659 corresponden a residentes que habitan en centros de protección para lactantes.
- El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- El 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica.
- El 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Falta de Protocolos y Cuidado Inadecuado
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename” para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan, pero la investigación cuestiona esta labor.
En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Además, el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Fiscalización y Deserciones
El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Casos Emblemáticos: Lissette Villa y Guillermina
Lissette Villa Poblete: El Caso que Conmocionó al País
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una de las cuidadoras, en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla y buscaron ayuda, pero Lissette ya estaba muerta. Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, le dio a la prensa la noticia del fallecimiento de Lissette, atribuyéndoselo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver el domingo. La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
El psiquiatra Rodrigo Paz, que es parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que la menor estuvo "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, la sertralina puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada".
Guillermina: Otro Ejemplo de Fracaso Sistémico
“Venía a "medio vestir" y con dinero. Eran las 04.19 de la mañana y la traía un policía”. Así llegó Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. El bebé fue a un proceso de adopción porque no estaba capacitada para ser madre, y Guillermina estuvo mucho tiempo en situación de calle. Sin embargo, según el abogado, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave.
La Cronología de los Informes y la Indolencia Estatal
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
Una vez más constatamos las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado, situación que ya el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, tras la dolorosa muerte de Lisette en el CREAD Galvarino, había alertado hace sólo un par de meses. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
El diputado René Saffirio acusó al ministro de Justicia Hernán Larraín y al Fiscal Nacional Jorge Abbott, de ocultar la información, señalando que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio.”
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. El diputado Saffirio, quien reveló la existencia del informe, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. La Fiscalía Nacional, teniéndolo a su disposición desde el 6 de mayo, no hizo remisión del mismo, hasta esta fecha, a los organismos competentes para intervenir.
Si los responsables de este cambio siguen trabajando sin atender a las recomendaciones y peticiones que desde esta institución, y desde muchos actores de la sociedad civil se les han formulado, ellas y ellos seguirán siendo víctimas de un Estado que, en vez de protegerlos, les sigue violentando y vulnerando de una manera inaceptable. Esperamos que este nuevo golpe de brutal realidad al que nos enfrenta este informe, permita comprender que la vida de los niños, niñas y adolescentes que residen en SENAME y en sus organismos colaboradores no es un tema político, es un tema país.
Crisis al interior del Sename
Un Sistema en "Estado Terminal" y Propuestas de Solución
El caso de Guillermina parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. El diputado Saffirio, quien además requirió formalmente información sobre las causas de las muertes de los menores, afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores. Ortiz señala: "Este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".
Francisco Estrada plantea tres pilares para una solución definitiva para el problema:
- Necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle.
- El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato.
- Es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada “que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo”.
Ortiz coincide en que "no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal", lo que sugiere una estigmatización de la pobreza. Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. El problema es que los niños no pueden esperar.