La situación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de extensas investigaciones, debates y críticas por parte de diversas instituciones y actores políticos. Este servicio, encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ha enfrentado denuncias de abusos, negligencias y una gestión deficiente, lo que ha generado una profunda crisis a nivel nacional.
Investigaciones y hallazgos clave
El informe Jeldres y su impacto
Una de las investigaciones más significativas fue el resultado de un convenio entre la Unicef y el Poder Judicial, liderado por la jueza Mónica Jeldres, conocida como la "Comisión Jeldres". Este estudio en terreno abordó las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identificó los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. El equipo que realizó esta inédita investigación fue integrado por las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez, con la participación de la socióloga Carolina Bascuñán en representación de Unicef, quien diseñó muchos de los instrumentos aplicados.
En su investigación, la Comisión Jeldres detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces cometen los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. Por ejemplo, en las Aldeas Infantiles SOS, institución examinada a fondo, el informe concluyó que “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor”. También se registró la presencia masiva de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de niños mayores, y castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer.
Como resultado, la Comisión identificó:
- 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños.
- 45 hogares con datos de violencia entre menores.
- Nueve hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño.
- 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
El informe consta de 28 tomos de registros y antecedentes recopilados en 240 centros y fue entregado en junio de 2018. Sin embargo, este documento no se dio a conocer durante el período en que el Congreso discutió un aporte adicional de 10 mil millones de pesos a los Organismos Colaboradores de Sename (OCAS).
Intento de ocultamiento y críticas al Poder Judicial
A fines del año pasado, cuando los resultados de la Comisión Jeldres se terminaban de ordenar, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Administrado por Carreño y por el SENAME, el informe fue cuestionado metodológicamente y olvidado.
El SENAME ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía, pero las acusaciones más graves y de fondo han sido dirigidas al Poder Judicial, coautor de la investigación e inversor de aproximadamente $200 millones. Esto se debe a su intento de mantener en reserva los resultados y, sobre todo, por no haber investigado los antecedentes constitutivos de delito que la investigación revelaba.
Según la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión del trabajo de la comisión para proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública. No obstante, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el 17 de julio, Carreño ofreció otra explicación. La vocera de Unicef, Francisca Palma, explicó que quien decidía qué se hacía con esa información era el Poder Judicial, “ya que era el mandante del estudio”.
El debate en El Primer Café por la reestructuración del Sename
Lo que está fuera de duda es que fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de que los jueces cuentan con amplias facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos detectados por el estudio. La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, criticó la tardía reacción y la falta de preocupación de los jueces por la suerte de los niños en el sistema de protección.
La problemática de las causas cerradas y las metas de gestión
Normalmente, cuando los jueces mandan a un niño a un hogar por ser víctima de violencia, suelen cerrar la causa, como si los problemas del niño se hubieran solucionado. Sin embargo, la internación en un hogar no es una solución definitiva; es un lugar de paso para apoyar a la familia o buscar una nueva. Mientras eso ocurre, el niño debe recibir tratamiento. En un sistema con cerca de 15 mil niños, en los tribunales debería haber 15 mil causas abiertas, pero estas se cierran para afectar las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial, fijadas por la Comisión Interinstitucional (Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Ministerio de Hacienda). Para este año, se fijó que el 85% de las causas deben estar terminadas en un plazo de 120 días desde su ingreso.
Estas metas tienen a los jueces de familia del país cerrando causas a como dé lugar, afectando principalmente las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas sin recursos van sin abogado y las causas se cierran sin siquiera abrir un juicio, para subir las estadísticas. Ante los diputados, la abogada Gómez defendió la idea de que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, conforme a los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado chileno. Si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder a esa atención; si no tiene recursos, debe generarlos. Las “jornadas de transferencia técnica” de la Comisión Jeldres, que transmitían este mensaje, fueron suspendidas cuando el ministro Carreño intervino la comisión.
Reacción del SENAME y críticas a la identificación de casos
El director del SENAME, Rolando Melo, recibió a comienzos de marzo los datos de la Comisión Jeldres. Ante la Comisión de Constitución, el diputado Ricardo Rincón criticó por qué fue necesaria la publicación de CIPER para que los hechos fueran canalizados a través de un fiscal del Ministerio Público, y por qué lo que se está haciendo ahora no ocurrió el 7 de marzo, cuando Melo tuvo conocimiento completo de los hechos.
Entre los datos recibidos por SENAME estaban 12 casos de abusos sexuales registrados en la encuesta de Unicef. Rolando Melo señaló que, como la encuesta no identificaba a los niños, el trabajo de SENAME para proteger a los denunciantes había sido “a oscuras”. Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos, explicó que de los 12 casos conocidos en marzo, tras cinco meses de trabajo, solo pudieron identificar cinco situaciones similares. Tanto Melo como Marín insistieron en que Unicef se equivocó al hacer encuestas anónimas. Sin embargo, estas críticas resultan contradictorias, ya que la encuesta de Unicef es una continuación de otra realizada en 2011 por el propio SENAME con las mismas características de anonimato, donde surgieron más de 200 casos de abuso sexual.
En el grupo de niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien les había tocado partes íntimas de su cuerpo, identificando mayoritariamente la vagina, el poto, el pene y los senos. Considerando solo los niños que acusan haber sido tocados, hay 238 casos que SENAME conoció en 2011. Sin embargo, eso no se tradujo en denuncias a la fiscalía; ese año hubo solo 35 denuncias, y 48 en 2012.
Lo único que parece haber hecho SENAME es distribuir la circular Nº 18, estableciendo los procedimientos que deben realizar quienes detecten “hechos constitutivos de maltrato físico, psicológico o de delitos en contra de niños, niñas o adolescentes sujetos de atención”. Estos documentos establecen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes en no más de 24 horas. Según SENAME, la implementación de estas circulares en 2011 “buscó generar una acción rápida y efectiva”, pero eso no ocurrió. Es grave que, a dos años de establecer los pasos a seguir, recién ahora SENAME esté “articulando un registro nacional de la aplicación de estas circulares que se llevan de manera descentralizada”, lo que significa que la institución no maneja las cifras sobre cuántas denuncias han llegado a tribunales.
Frente a las críticas, Unicef ha reconocido que era posible mejorar el mecanismo de la encuesta para acelerar la protección de los niños abusados, pero la encuesta no se diseñó para recoger denuncias específicas, y las situaciones de vulneración en la red no son solo 12 casos, sino una muestra representativa. En la encuesta “Mi derecho a ser escuchado” del SENAME, también aparecen similares niveles de violencia: 15,7% de los niños menores de 13 años (313 casos) relata que los adultos de la residencia les han pegado, y un 19,9% ha visto a adultos golpear a otros niños/as.
El rol de la Cámara de Diputados
Rechazo del informe “Sename II” y la responsabilidad del Estado
La Cámara de Diputados rechazó por 47 votos en contra y 13 abstenciones el informe de la comisión investigadora del Sename -conocida como “Sename II”-, que establecía una categórica responsabilidad del Estado en el maltrato y degradación de menores en hogares bajo dependencia estatal. El informe buscó identificar a responsables concretos, entre ellos la exministra de Justicia Javiera Blanco, a quien se atribuyó “negligencia inexcusable”.
Según trascendió, el rechazo fue articulado por el propio gobierno, que desplegó un intenso lobby a cargo de cuatro ministros. Este accionar es lamentable, ya que minimiza la gravedad de lo ocurrido en el Sename. Resulta contradictorio el giro de varios diputados que, habiendo consensuado el informe semanas antes, lo rechazaron en sala, señalando que era “vago” o “mal hecho”. La abogada Paulina Gómez y el diputado Ricardo Rincón destacaron la falta de preocupación de los jueces por la suerte de los niños.
Denuncias del diputado René Saffirio y la crisis actual
El diputado independiente René Saffirio ha liderado investigaciones que revelaron la crisis histórica del Sename y critica el rumbo del gobierno de Sebastián Piñera, acusando que el enfoque está en aumentar las subvenciones a hogares privados por sobre garantizar que el Estado se haga cargo directamente del cuidado de los niños.
En diciembre de 2018, la Fuerza de Tarea del Sename de la Policía de Investigaciones (PDI) entregó un informe de 270 páginas al fiscal nacional, Jorge Abbott; al ministro de Justicia, Hernán Larraín; y a la directora del Sename, Susana Tonda. Las conclusiones indicaron que el 92% de los 241 centros investigados no cumple con los estándares exigidos, en el 88% de las residencias se cometen actos que implican vulneración de derechos, y en el 100% de los centros han habido acciones permanentes y sistemáticas que lesionan los derechos de los niños, siendo la mayoría cometidas por trabajadores del Sename.
El informe de la PDI también señaló que el 59% de los abusos fueron cometidos por funcionarios de los centros, y que el 66% del personal que trabaja de día no es idóneo, porcentaje que aumenta al 84% en el turno de noche. A un año y medio de este informe, ni el ministro de Justicia ni el fiscal nacional han actuado, y la causa murió con la renuncia del ex fiscal Emiliano Emilfork, quien solicitó el informe.
La renuncia de Susana Tonda y el "negocio" del SENAME
La renuncia de Susana Tonda como directora del Sename, argumentando falta de respaldo del ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue vista por el diputado Saffirio como de poca importancia. Según Saffirio, la renuncia de directores ha sido constante durante décadas, sin que los derechos de los niños dejen de vulnerarse. El congresista acusa a los gobiernos de utilizar la crisis del Sename para fines políticos y económicos, señalando que "izquierda, centro y derecha tienen las manos metidas en los recursos del Sename". Afirmó que son más de 400 mil millones de pesos al año entre subvenciones y programas ejecutados por organismos colaboradores, "donde hay redes de partidos políticos, iglesias, organismos gubernamentales. Sirve para todo, menos para financiar la calidad de vida de los niños".
Saffirio resaltó la grave situación de los niños bajo el sistema de protección en Chile, que son entre 6 y 7 mil, argumentando que el Estado podría financiar lo mejor para ellos. Además, destacó que si el 50% de las personas en las cárceles pasó por un servicio del Sename, el sistema está funcionando “totalmente mal”, convirtiendo los centros del Sename en una “preparación para la vida criminal”.
Avances y retrocesos legislativos
Respecto a los avances, Saffirio mencionó un proyecto de garantías de derechos de niñas y niños que, tras su paso por la Cámara y el Senado, el gobierno modificó de "garantizar" a "promoverá" los derechos, convirtiéndolo en un "poema a los niños vulnerados". Otro proyecto, la ley de adopción, aprobado por la Comisión de Familia y la sala de la Cámara casi por unanimidad, fue paralizado en el Senado porque el gobierno le quitó la urgencia al no gustarle la aprobación de las adopciones homoparentales. Saffirio sentenció: "el gobierno prefiere que los niños que están para adopción sigan siendo violados sexualmente antes que puedan ser adoptados por una pareja homoparental".
Los proyectos de creación de dos nuevos servicios (Servicio de Protección de la Infancia y Servicio de Responsabilidad Adolescente) ya están aprobados en el Senado, pero no cambian el régimen de financiamiento, por lo que Saffirio considera que “nada cambia porque esto seguirá siendo un negocio”.
La ex directora del Sename, Solange Huerta, reconoció que “hay niños que han hecho denuncias de abusos y en esos casos, lo que hace el servicio es hacer las denuncias respectivas para que los fiscales determinen a aquellas personas que tienen que ser sancionadas”. También explicó que esta situación "en un estado de derecho eso tiene que estar determinado por el tribunal de justicia" y de existir vulneración de los derechos "tiene que ser sancionado y reparado", aunque reconoce que "el tema profundo tiene que ver cómo modificamos el sistema".
Huerta también respondió a las denuncias del diputado Saffirio sobre supuestos "operadores políticos" al interior del servicio, afirmando: "Yo soy directora del Sename, que es un cargo técnico y de especialidad, mi cargo no es de opinóloga, porque yo puedo dar cuenta de cómo me he sacado la mugre en este año para hacer que las cuestiones cambien."
Cifras de fallecidos y la falta de transparencia
Tras la solicitud de un diputado, se dio cuenta de que el número de personas muertas al interior de la institución sería de 449. Para lograr esto, se habrían retirado del catastro a los adultos y a los niños, niñas y adolescentes provenientes de la justicia juvenil. Después, Solange Huerta entregó un desglose de las víctimas que incluía incluso a adultos. Ella afirmó: "Durante mi gestión se realizó un esfuerzo histórico por transparentar la totalidad de la información de los niños, niñas y adolescentes fallecidos al interior del Sename y aquellos que se encontraban bajo su protección, reuniendo la información de los fallecidos y fallecidas en los últimos 10 años." Sin embargo, la solicitud solo pedía información sobre fallecidos en centros administrados por el Servicio Nacional de Menores o instituciones privadas financiadas por el Estado.
El senador Navarro informó que solicitará que el fiscal Marcos Emilfork cite a declarar a la ex directora del Sename, Jessica Flores, en el marco de la investigación sobre muertes ocurridas al interior del Sename. Esto, debido a sus dichos asegurando que las autoridades de la época en que ella se desempeñó como directora, entre 2010 y 2012, no hicieron nada respecto del informe de la jueza Antonella Farfarello que daba cuenta de graves vulneraciones dentro del Sename, en particular dentro del hogar Arrullo. Según el parlamentario, la cifra real de menores fallecidos en estos recintos sería de 477.
Conclusiones y proyecciones
La historia del SENAME es una "historia terrorífica" que no tiene que ver con un gobierno en específico, sino con una "frialdad indolente frente al drama de una infancia vulnerada que no le importa a nadie". El diputado Saffirio lamenta que ningún partido, ni de centro, ni de izquierda ni de derecha, parezca interesado en resolver el problema. En su resolución, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó al Servicio Nacional de Menores que, en un plazo de 15 días hábiles, informe sobre la actualización o pertinencia de los protocolos y procedimientos relacionados con el cuidado de los niños con patologías psiquiátricas, con el objetivo de prevenir actos suicidas o acciones que atenten contra la vida de los menores.
Si después de todo este despliegue la situación de los niños bajo protección del Estado no cambia real y profundamente, no quedará institución a la que acudir: sería un fracaso institucional de nivel nacional. La crisis es profunda y estructural, afectando la vida de miles de niños y adolescentes que deberían estar protegidos por el Estado.