Chile ha sido testigo del drama que han vivido y viven los niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado a través del Servicio Nacional de Menores (Sename). La información más reciente y diversos informes han confirmado cifras que demuestran la difícil realidad que pueden enfrentar más de 90 mil menores de edad en el país.
Antecedentes Históricos y Puntos de Inflexión
La sociedad chilena fue conmovida en julio de 2013 por el llamado Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Este informe reveló cifras difíciles de digerir: confirmó que el 88% de las residencias registró vulneraciones graves y que el 100% de los centros públicos del Sename incurrió en prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La brutalidad de sus hallazgos dio pie a varias investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y diversos informes de la Contraloría.
Un segundo y doloroso hito fue la muerte de Lissette Villa en 2016. El relato espantoso y pormenorizado de su absurda muerte, repetido en los medios de prensa, impidió seguir sosteniendo la indulgencia con la que estos casos eran abordados por las autoridades hasta ese año. La muerte de Lissette dio notoriedad al drama y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, pero la situación no mejoró. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork, quien indagó las 1.313 muertes ocurridas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
Caso Lissette Villa: 3 de los 8 imputados quedaron con medidas cautelares
Revelaciones Alarmantes: El Informe de la PDI
Recientemente, se conoció la respuesta a un informe solicitado por la Comisión Investigadora de SENAME II de la Cámara de Diputados, que reveló datos estremecedores. El informe de la PDI, finalizado en diciembre de 2018 y que solo se hizo público en julio de 2019 tras un reportaje de CIPER, es el último eslabón de esta cadena de reportes. Este documento investigó 240 hogares de menores de un total de 241 en todo el país, dando cuenta de la realidad de cerca de 6.500 niños. Los detectives visitaron las residencias a solicitud de la Fiscalía para indagar las muertes. Encontraron que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
Tipos y Prevalencia de Vulneraciones
- En cuanto a violencia física o psicológica entre pares, 189 de los entrevistados (48,4%) reconocieron haber sido víctimas "muchas veces" en el último año, lo que significa que uno de cada dos niños sufre violencia reiterada entre pares.
- El estudio identificó 23 casos de abuso sexual revelados por los mismos niños y niñas entrevistados, ocurridos en el último año, lo que corresponde al 6,8% del total.
- Los 2.071 casos de vulneraciones graves constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
- El informe policial es categórico al señalar: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Problemas Estructurales y de Salud
- Salud mental y consumo de drogas: Un 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica. Un 14,2% presenta alguna patología médica, 13,9% sufre una enfermedad crónica y un 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Además, un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. La salud mental y el consumo de drogas son aspectos críticos que ocasionan riesgos como intentos de suicidio y problemas de convivencia.
- Falta de personal especializado: 42 centros no tienen un encargado de salud. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos la realiza un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio.
- Infraestructura deficiente: El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
- Separación de internados: Un 22,1% no vive separado entre adolescentes y niños, mientras que un 23,4% no vive separado por sexo. Tampoco hay separación de niños que llegan a centros por conductas delictivas de aquellos que han llegado por medidas de protección.
- Deserciones: Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización
La PDI estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, los cuales son nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños.
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", lo que permite a los centros prepararse. Los tribunales de familia, que deben visitar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales, lo que pone en entredicho el rol del Poder Judicial. El informe de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, y la mayoría de los directores de los centros informaron no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves.
El Sistema Perverso: Incentivos y Financiamiento
Se ha revelado la existencia de un sistema perverso y vicioso donde a cada centro colaborador del Sename se le asigna una subvención por cada niño que mantiene. Esto ha creado un nefasto estímulo para mantener a los niños dentro de esos centros, sin hacer nada por lograr que superen su situación y se reinserten en la sociedad. Es más, se otorga un gran estímulo para "captar" más niños en esos centros, ya que la cantidad de niños es directamente proporcional al dinero que el Estado les asigna. Este sistema de subvención ha sido identificado como uno de los aspectos más críticos por el Comité de los Derechos del Niño y ha permitido y tolerado las vulneraciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
Además, a muchos buenos funcionarios, con verdadera vocación y cariño por su trabajo, que se enfrentan constantemente a situaciones complejas y de alto estrés, se les pagan sueldos francamente miserables. Si no existen requisitos mínimos para la elección del personal y condiciones dignas para que este desarrolle su función, es difícil esperar un verdadero plan de reinserción y adaptación de los niños con equipos multidisciplinarios preparados.
La Falta de Urgencia y la Responsabilidad Estatal
Los antecedentes conocidos por la opinión pública dan cuenta de que la situación de niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado a través del Sename puede ser calificada como una violación grave de derechos humanos. El Estado de Chile tiene la obligación de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todos los individuos sujetos a su jurisdicción.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha manifestado su preocupación por la falta de urgencia con que las autoridades han encarado esta profunda crisis, a pesar de que se hizo un "acuerdo nacional para la infancia" que estableció 94 medidas. Ella advierte que "si no se adoptan medidas radicales e inmediatas, que permitan asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir en esta dinámica que los sigue exponiendo a riesgos y vulneraciones intolerables".
La responsabilidad directa de que esto cambie recae en quienes ejercen la dirección del servicio (Sename) y el jefe jerárquico de esa dirección (el ministro de Justicia). Sin embargo, también se ha señalado la necesidad de que otros organismos como Salud, Educación, y la Subsecretaría de la Niñez, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, asuman su rol en la provisión de lo que necesitan los niños bajo tutela del Estado, especialmente en salud mental, consumo de drogas y rezago escolar. La falta de acción conjunta y la tendencia a abordar el problema desde la inexistencia de recursos económicos o problemáticas gremiales, sin un rigor para exigir estándares de derechos humanos, perpetúan la crisis.
La comisión asesora presidencial, si bien no es un mero acto político, representa una oportunidad, que no debe perderse como sociedad, de superar la desmentida que por años ha tomado la forma de eufemismos, contradicciones y un "en la medida de lo posible". Es imperioso conocer los alcances de esta situación, determinar responsabilidades y tomar las medidas adecuadas para reparar y transformar la realidad. La historia reciente de Chile ha demostrado la utilidad de constituir una comisión especial, independiente y representativa que elabore un informe sobre el tema y proponga medidas que deba adoptar el Estado en distintos niveles.
Urge entender que en manos de la sociedad chilena está el futuro de miles de vidas, vidas de niños y adolescentes cuya única "culpa" o "error" fue haber nacido en condiciones de pobreza extrema y alta victimización. Es el momento de poner fin a esta pesadilla, admitiendo que como Estado, autoridades y país, nos fuimos acostumbrando a una situación que se complejizó, a la que se dieron respuestas burocráticas e insuficientes, y que constantemente se prefirió pasar por alto, bajándole el perfil.