El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. Esta grave conclusión se desprende de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores. El documento reveló que en el 100% de los centros administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Lo grave de este informe no solo radica en sus hallazgos, sino también en que, a pesar de haber sido entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público inicialmente.
Investigaciones y Reportes Clave
El Informe PDI (2017-2018): Cifras Alarmantes y Violación Sistemática
La investigación de la PDI, contenida en 28 tomos y resumida en un informe de 257 páginas al que accedió CIPER, fue solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Este fiscal investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette Villa. El documento policial es categórico al indicar que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe en julio de 2019, calificó como muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento cuando estuvo listo en diciembre del año anterior. Este reporte es considerado mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de las 241 existentes en todo el país, abarcando así la situación de cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Contexto: La Muerte de Lissette Villa y el Inicio de la Indagatoria
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de detener los abusos. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. El fiscal Marcos Emilfork y un equipo especial de la PDI, dedicados exclusivamente a la indagatoria, tuvieron como objetivo analizar las muertes ocurridas en los últimos 12 años.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI, denominado Fuerza de Tarea Sename, concurrir a cada uno de los centros. Los detectives visitaron 240 residencias (administradas directamente por Sename o por instituciones privadas), siendo una sola la que se negó a recibirlos.
Otros Informes y la Constancia de una Crisis Preexistente
El informe de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esta cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. Los hallazgos de este informe dieron pie a numerosas investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación de vulneración ha persistido.
Tipología y Prevalencia de las Vulneraciones
Desglose de los Abusos Constatados por la PDI
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename confeccionar un informe resumen de sus hallazgos, priorizando casos urgentes como los 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”, situación que fue informada al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud en mayo de 2018.
La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves, lo que significa que los datos levantados corresponden casi exclusivamente a ese año.
Abusos Sexuales: Datos Específicos
Se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual, de los cuales:
- 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en CREAD y 10 en otros centros).
- 187 fueron cometidos por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Según el informe del INDH de 2017, de los NNA entrevistados, 23 casos reportaron haber sufrido abuso sexual en los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%. Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, indicando una feminización de las víctimas. El 78% de los casos de abuso sexual se cometería por otro menor de edad, mientras que un 7% fue efectuado por un adulto del centro. Un 69% de las víctimas continuaba en contacto con la persona que habría cometido el abuso.
Los tipos de abuso más comunes incluyen tocaciones en partes íntimas (55,3%), apariciones en el baño con intención de observar (16,7%) e insinuaciones de carácter sexual (16%). Ante estas situaciones, de 150 centros entrevistados, solo el 6% reportó denuncias contra el personal en los últimos 15 meses, y solo un 2% (tres centros) reportó haber desvinculado personal por abuso.
Violencia entre Pares
El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico entre pares, afectando por igual a niños y niñas y con independencia de su edad. El 46% fue violentado psicológicamente, y el 13% físicamente de forma reiterada. Es crítico que al menos un 19% de los centros no cuente con protocolos para atender este tipo de situaciones.
Las razones más comunes para el acoso incluyen ser físicamente diferente (16%), la personalidad (19%) o discapacidad (4,8%). Un 34,3% de los niños no pidió ayuda a los adultos del centro, aunque de quienes sí lo hicieron, más del 80% manifestó haber sido socorrido.
Violencia Institucionalizada y Castigos
8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte del personal. Los castigos incluyen:
- Privación de contacto con la familia (15%).
- Dejarlos sin comida (7%).
- Encierro (7%).
- "Contención física" (inmovilización) (12%).
El 46% de los NNA reportó maltrato psicológico por parte del personal, el 12% agresión física leve, y el 6% agresión física grave (patadas o quemaduras de cigarro). Los castigos más comunes son prohibir ver televisión (45,5%), usar el computador o consola (35,3%) e impedir salir a jugar (42,3%). Sin embargo, también se reportan castigos de aislamiento como quitar el habla (23,8%), enviar a una pieza o lugar (38,7%), trasladar de habitación (22,4%), restringir visitas (15%) o encerrar (7%).
La percepción de los menores duplica o triplica la de los funcionarios, alcanzando su mayor diferencia en los casos de encierro, insultos o “ley del hielo”. Los funcionarios reportaron, por ejemplo, un 3,7% de "no hablar por largo periodo de tiempo", versus un 17,5% de los niños. Respecto a los encierros, los adultos hablaron de un 2,1% y los menores de un 11,5%. Todos los funcionarios negaron la existencia de maltrato físico grave.
Cómo prevenir la violencia contra la niñez y adolescencia
Condiciones y Funcionamiento de los Centros
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias en Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esta última falla es particularmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis.
La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, la policía determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, aunque los tribunales de familia deben fiscalizar cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Personal y Capacitación Inadecuada
El desglose de la situación del personal en los centros es preocupante:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De los 198 centros con encargado, la función la ejercen funcionarios que no cumplen el perfil necesario.
- En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (66,3%), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un cargo para el que solo se exige cuarto medio rendido.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado que los fármacos se suministran "sin ningún control" a los NNA, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Problemas de Salud Mental y Física de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de esto, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. El 45% de quienes tienen al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% de quienes tienen síntomas de depresión no se encuentran en tratamiento.
Condiciones de Vida y Atención
Si bien las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) suelen estar satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima, y no siempre se provee calefacción, recreación, espacios comunes o condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Es preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños de menor edad, o que no se les separe por sexo, con una prevalencia cercana al 20% de los casos. El 21% de los centros presenta sobrecupo, llegando hasta el 75% en un 3% de los casos.
En alimentación, es crítico que en un 1,6% de los establecimientos se entrega solo 1 o 2 comidas diarias, afectando al 3% de centros que acogen lactantes. El 16% de los NNA declara pasar hambre. Además, el 22% de los NNA considera que el personal no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% declara trato discriminatorio.
Vinculación Familiar y Educación
El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. En el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia el desarraigo. Un 16% de los centros utiliza el retraso o la prohibición de visitas como sanción por mal comportamiento del niño o atrasos de familiares, lo que el INDH critica por ser contrario a las orientaciones técnicas del Sename y vulnerar el derecho a la vinculación familiar.
Aunque el 93% de los NNA asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los de 14 a 17 años lo hace (8% por debajo del promedio nacional), y el 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% recibe apoyo en sus tareas, y el 77% de los centros autoriza la participación de los padres en reuniones de apoderados.
La Problemática de las Cifras y la Responsabilidad
Caos Estadístico y Falta de Transparencia
Respecto al número de menores fallecidos bajo tutela del Estado, existe un "caos estadístico". Mientras un informe del Ministerio de Justicia (2005-2016) reportó 185 muertes, un reporte de Unicef indicó que la cifra de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. Anuarios oficiales del Sename (2010-2014) sumaban 318 fallecimientos, los que, agregando la lista de Justicia, darían 395. Expertos como Francisco Estrada, exdirector del Sename, afirman no tener "ninguna confianza en las cifras" y sospechan de duplicidad de información. Este problema ilustra que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", según el diputado Saffirio.
El caso de Guillermina, de 16 años, quien se suicidó en un centro Alborada en 2012 tras un reingreso forzado, es un ejemplo trágico. Con historial de consumo de alcohol, drogas, depresión y un embarazo adolescente, no recibió atención hospitalaria adecuada, evidenciando la falta de protocolos y personal capacitado.
La Sobremedicación como Problema Recurrente
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la menor estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis administradas, actuaba como antipsicótico. Además, estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños y, en el caso de la sertralina, podría tener un efecto adverso, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y falta de personal especializado. Esta situación es crítica, considerando que el senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado". A esto se suma que Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
Perspectivas de Solución y Desafíos
Según el análisis del abogado Francisco Estrada, una solución definitiva se basa en tres pilares:
- Unidades polivalentes: Con niños adecuadamente medicados, personal dedicado que trabaje también con las familias, no aislándolas.
- Reunificación familiar: Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. Estrada señala que muchos niños son internados por pobreza, y la solución debe ser romper el círculo, entregándoles herramientas y acompañamiento. Estela Ortiz, del Consejo Nacional de la Infancia, cuestiona la estigmatización de la pobreza al notar que no hay niños del 50% de nivel económico más alto en Sename.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños vulnerados cuenten con defensa jurídica que vele por sus derechos, a diferencia de los menores infractores de ley que suelen tener mejores defensores.
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio de protección. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
Nuevos Reportes y la Continuidad del Problema
Registro de Denuncias (2019-2020) y su Impacto
Para contar con un catastro consolidado, desde agosto de 2019 el Sename inició un registro de denuncias por presuntos maltratos. Entre el 1 de febrero y el 15 de agosto de 2020, se contabilizaron 4.500 denuncias a nivel nacional, todas ellas remitidas a la fiscalía. La directora nacional del Sename, Rosario Martínez, explicó que esta herramienta sirve para "levantar y atender develaciones de los niños, niñas y adolescentes".
Del total de denuncias, 4.083 corresponden a casos de menores a cargo de organismos colaboradores, con 772 en residencias, 2.854 en centros ambulatorios, 301 en Familias de Acogida Especializada, 106 en oficinas de Protección de Derechos y 50 en centros de Diagnóstico Ambulatorio. Las regiones con más agresiones fueron la Metropolitana (911), Valparaíso (600) y Maule (302).
Además, hay 417 denuncias en proyectos administrados directamente por el Sename: 241 en Residencias Familiares para Adolescentes y 134 en Centros Residenciales de Administración Directa. La mayoría de estos presuntos maltratos ocurrieron en la Región Metropolitana (120) y Biobío (102). Estos casos se denunciaron en medio de la pandemia por el Covid-19, período en que los NNA no pudieron recibir visitas ni salir de los hogares durante la cuarentena.
Los presuntos agresores en organismos colaboradores incluyen 2.791 adultos externos, 82 adultos internos, 75 amigos, 102 hermanos, 64 pares externos y 421 pares internos. En 548 casos, se desconoce al agresor. En los casos de menores dependientes directamente del Estado, la mayoría de las denuncias son contra pares internos (188), seguidos por adultos externos (85) y adultos internos (59).
Informe del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez (2021-2023)
El 5° Informe de Política Pública del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez analizó las denuncias de hechos presuntamente constitutivos de delitos contra NNA en el Servicio de Protección Especializada entre 2021 y 2023. En la línea de cuidado alternativo residencial, se evidencia que por cada víctima hay un total de tres denuncias en promedio. En 2023, el 43% de los casos en centros residenciales constatan violencia entre pares. Además, por cada 1.000 atendidos en el Servicio de Protección Especializada, se identifican 78 víctimas, con los centros residenciales registrando una tasa mayor de 360 víctimas por cada 1.000 atendidos.
Este informe revela que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización, lo que "corrobora la complejidad que tiene este tipo de atención, pero a la vez evidencia la paradoja de que la institucionalización se produce justamente por vulneraciones de derechos de alta gravedad, y es justamente en este contexto en el que se produce la revictimización". El informe también muestra un alto número de denuncias por explotación sexual, con 619 víctimas identificadas en 2023. La región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta de 13 víctimas por cada 1.000 atendidas, frente a una tasa nacional de 3 por cada 1.000.
Reflexión sobre la Crisis Sistémica y el Nuevo Servicio de Protección
Estos datos dan cuenta de que la precariedad de la atención residencial y las deficiencias de funcionamiento de los centros no son características excepcionales, sino que responden a un problema transversal. La protección institucional de la infancia siempre ha sido un desafío complejo, y no se trata de una voluntad premeditada de vulnerar derechos, sino de "condiciones estructurales y prácticas anquilosadas en los sistemas de protección que normalizan y reproducen formas de violencia difíciles de desarticular".
Desconocer el sufrimiento de los NNA, consecuencia de la separación afectiva y la pérdida de vínculos al ingresar a una institución, perpetúa el temor y la desconfianza hacia las instituciones de cuidado. Una crisis de confianza se produce cuando las instituciones encargadas de garantizar los derechos están fuertemente cuestionadas. Es fundamental que las propias instituciones reconozcan cómo se normaliza la negligencia y el maltrato, pues de lo contrario, "es altamente probable que nuevamente seamos testigos de formas de violencia institucional, independiente de los avances en infraestructura y aumento de recursos económicos".
Hoy más que nunca se requiere una política pública de protección enfocada en brindar herramientas y condiciones para que las personas que trabajan con niños puedan realizar su tarea acompañadas y apoyadas, siendo sensibles a sus experiencias e historias. La gravedad de la situación es especialmente relevante en medio de la discusión para la creación del nuevo Servicio de Protección de la Niñez, que reemplazará al Sename. Es crucial asegurar que esta nueva institución no reproduzca los graves problemas estructurales que hoy obstaculizan una cultura de cuidado y respeto por los vínculos, historias y vidas de los niños, sus familias y los trabajadores de la infancia.
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