¿Ha tenido la oportunidad de conversar con algún niño o niña que haya estado en un centro del Sename?
Al conversar con ellos, queda en evidencia que si bien las condicionares materiales de los centros son mejores, los niños igual prefieren la caleta, porque hay algo allí que los centros no proporcionan: relaciones humanas estrechas.
Pero yendo hacia una conversación más profunda, lo que realmente llama la atención de lo que expresan estos niños es la falta de apoyo que el Estado brinda a la familia.
Ellos tienen muy claro, a sus cortos 15 años, que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y no el ser humano sacado de su núcleo.
Si bien todos concordaban en que aquí hay mucha culpa de los padres, por otra parte tenían clarísima esa idea sobrevalorada del Estado que todo lo puede solucionar como por arte de magia, en este caso a través del Sename.
¿Y tienen rabia con sus padres? Claro que la tienen, porque ellos quisieran formar parte de una familia, de su familia, y no estar al cuidado de personas que no tienen por qué sentir afecto por ellos.
Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Queda claro que nuestra Carta Magna da real importancia a la familia, por lo mismo, estos niños están clamando por que se cumpla con esta base mínima.
Nos hemos dado vueltas durante muchos años sobre cómo cambiar el Sename y todo apunta a separar los centros de niños vulnerados de aquellos que acogen a menores infractores de la ley como un gran eje.
Pero hay otro eje que va antes de ése: ¿Qué medidas puede tomar el Estado para fortalecer a la familia?
De esta forma, el círculo vicioso que hoy se produce se podría comenzar a convertir en virtuoso.
Ya es hora de que las políticas públicas no confíen tanto en entes estatales, sino que en lo primero, la familia.
Así llegó Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada, del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social.
Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal.
Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote.
Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones.
No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla.
Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir.
La única lesión constatada en un papel suelto de la policía fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema.
Asi, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
El caos estadístico lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe.
Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016.
Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe.
Hay un problema de cifras, esa es una realidad.
Pero es parte de la complejidad del servicio.
El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio.
Este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños.
Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres.
No marchan, no votan, no exigen.
El factor "Lissette"Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename.
Esos son los casos más "críticos", asegura Ortiz.
Las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado violencia.
La situación de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename.
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename.
La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono.
Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" podían contener.
El 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas", pero no.
La crisis terminó con la muerte de Lissette, atribuyéndoselo a una "crisis emocional" causada por un familiar cercano que no la visitó.
Las declaraciones le costaron el puesto a la directora del Sename de esa época.
La poca prolijidad con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada".
El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula, y hay problemas graves con la dosificación.
El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado.
Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil, afirma Estrada.
La identidad y la familia deben ser protegidas: existen tratados firmados por Chile y derechos de la infancia que deben respetarse.
La solución no es quitar a los niños de sus familias, sino entregar herramientas y acompañamiento para romper el círculo de maltrato.
Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo.
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019.
El problema es que los niños no pueden esperar.
Los niños víctimas de abuso necesitan defensa jurídica adecuada, que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo.
El Sename es una institución carcelaria y represiva marcada por la violencia, el abandono y el maltrato.
Lo anterior debe ir de la mano con que el Estado se haga cargo de garantizar derechos que son negados producto de la privatización en Dictadura y actual modelo económico que solo favorece a los ricos y empresarios.
