El concepto de capital de trabajo se define generalmente como la capacidad de una compañía o emprendimiento para llevar a cabo sus actividades con normalidad a corto plazo. Cuando los ingresos superan a los egresos, se está frente a un capital de trabajo positivo. Existen otros dos tipos de capital de trabajo que se delimitan en base al tiempo: el permanente, que se define como el conjunto o cantidad de activos circulantes que se necesitan para cubrir a largo plazo las necesidades mínimas, y las variaciones temporales, evidentes en negocios con productos de temporada. Los activos corrientes incluyen el efectivo (en caja o banco), las cuentas pendientes de cobro, el stock de productos y cualquier otro recurso convertible en efectivo en menos de un año. Es fundamental saber cómo se calcula el capital de trabajo, especialmente para los pequeños negocios, para garantizar la liquidez. Si bien este concepto financiero es transversal a cualquier organización, adquiere una dimensión particular al analizar el funcionamiento de instituciones estatales y colaboradoras como el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile.
Evolución del Servicio Nacional de Menores (SENAME)
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Nació en 1979 con dos focos principales: la atención a adolescentes en conflicto con la ley y la atención a niños/as vulnerados en sus derechos.
Desde el 1 de octubre de 2021, se realizó una separación de los sistemas de atención. A partir de esa fecha, el SENAME se enfoca exclusivamente en las áreas de justicia y reinserción juvenil, atendiendo a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años que han estado en conflicto con la ley. El área de restitución de derechos pasó a formar parte del nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, adoptando una mirada centrada en la intervención y restitución de derechos, lejos de una judicialización.
El modelo de Organismos Colaboradores Acreditados (OCA) y su financiación
Bajo una lógica subsidiaria, el Estado financia a entidades privadas sin fines de lucro que colaboran con el SENAME (ahora con Mejor Niñez). En 2015, se destinaron 145 mil millones de pesos para atender a los menores en los OCAs. A julio de 2016, existían 19.993.563.856 millones de pesos en saldos pendientes de rendición, denominados "empozamientos", depositados en las cuentas corrientes de estos organismos. Esta situación ha generado críticas significativas.
Los OCAs son financiados a través de la Ley 20.032 de subvenciones. Aunque muchos argumentan que los recursos públicos que reciben son insuficientes para cumplir su rol, la información oficial interna del SENAME indicaba la acumulación de saldos. La directora de SENAME, Solange Huerta, sostuvo que "si uno analiza este artículo, queda en evidencia cómo la ley de subvención sigue dando un rol subsidiario, secundario y sin mayor control al Estado".
El SENAME no contaba con la atribución de aplicar sanciones o multas por irregularidades o mal uso de los fondos. La situación de los empozamientos comenzó a regularse más estrictamente el 29 de abril de 2016 con la circular 001, que permitió destinar excedentes o saldos de proyectos concluidos a otros programas del mismo OCA para mejorar la calidad de la atención, siempre con un plan especial y detallado, aprobación escrita del director regional y plazos fijos. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la falta de facultades fiscalizadoras desde el nivel central.
Principales Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y sus desafíos
Mientras que las críticas al SENAME se han focalizado en los centros de administración directa (Cread), son los organismos privados los que concentran la mayoría de los programas de atención (1.561 versus 62 administrados directamente por SENAME). Estos OCAs reciben la mayor parte del presupuesto del SENAME (65%) vía transferencias, con más de 145 mil millones en 2015, divididos en 127 mil millones para Protección de Derechos y 17 mil millones para Justicia Juvenil.
- Corporación de Oportunidad Acción Solidaria Opción: Es la entidad que más fondos recibe, con cerca de quince mil millones en 2015. Su oferta programática se concentra en los Programas de Reparación y Maltrato (PRM) y Diagnóstico Ambulatorio (DAM). A julio de 2016, presentaba saldos disponibles por $2.609.573.330.
- Fundación Consejo de Defensa del Niño: Ocupa el segundo lugar de dineros transferidos en 2015, con cerca de ocho mil millones. Sostienen que subvencionan con recursos propios el déficit estructural de la subvención estatal.
- Fundación Mi Casa: Recibió $6.514.397.309 en 2015, dedicada a Protección de Derechos, adopción y centros residenciales. Su gerenta general explicó que los saldos se generan por provisión de finiquitos, pago de subvenciones atrasadas, e ingresos por licencias médicas o vacancias de cargo.
- Corporación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ): En cuarto lugar con $6.703.235.861. Se denuncian prácticas irregulares como capacitaciones de baja calidad con OTEC de la propia corporación y precariedad laboral.
- Fundación Tierra de Esperanza: Recibió $5.359.264.116 en 2015, atendiendo a 3843 menores. Afirman que el 80% de los recursos se destina a la contratación de profesionales y técnicos.
- Corporación Llequén: En sexto lugar, recibió $3.820.662.197 en 2015. Las problemáticas incluyen precariedad laboral, ausencia de carrera funcionaria y antisindicalismo.
- Sociedad de Asistencia y Capacitación (La Protectora de la Infancia): Recibió $3.432.637.847 en 2015. Aunque se reportó un saldo de $604.624.431, su gerente de Marketing desmintió el empozamiento, explicando que eran saldos operacionales y que tuvieron un déficit en 2015.
- ONG Paicabi: En octavo lugar, recibió $3.631.839.193 en 2015. Aproximadamente el 85% de los recursos se destina al pago de remuneraciones.
- Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL): Se reportó una cifra de recursos empozados de $626.517.189, pero la institución declinó responder.
- Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA-Chile): En décimo lugar, recibió $2.746.338.542 en 2015. Afirmaron que todos los recursos se ejecutan y que los montos reportados como "empozados" corresponden a procesos de ejecución descentralizados.
Condiciones laborales y salud mental de los trabajadores
Los trabajadores de estos organismos, como Daniela (gestora comunitaria en un PPF) y Constanza (educadora de trato directo en una residencia), enfrentan condiciones laborales que afectan gravemente su salud física y mental. Sus remuneraciones suelen ser bajas (entre 500 mil y 600 mil líquidos para profesionales) y no se les reconoce como trabajadores subcontratados, a pesar de que "el servicio pone la política pública, fiscaliza, solicita instrumentos propios del servicio y se trabaja permanentemente con sus requerimientos".
Impacto de la violencia en el trabajo | Capítulo 8 | Sana Mente
Desgaste profesional y fatiga por compasión
Un estudio de Matamala y Barrera (2020) reveló que el 43.7% de los encuestados en el SENAME manifestaron tener diagnosticada alguna patología de salud mental. La exposición constante a traumas ajenos puede generar "estrés secundario" y "fatiga por compasión", con síntomas como problemas para dormir, dificultades en relaciones interpersonales, aislamiento, depresión y abuso de sustancias. La complejidad de los casos, la sobrecarga laboral (acompañar a 60 niños) y la falta de personal o rotación aumentan el estrés y el agotamiento.
Isabel Puga, presidenta del Colegio de Psicólogos, señala que los trabajadores están expuestos a condiciones que son factores de riesgo para su salud mental y deterioro psicológico. Sin embargo, muchos persisten por vocación, aunque consideran que el esfuerzo y los riesgos no se corresponden con las bajas retribuciones y el escaso reconocimiento social.
El autocuidado como "requisito administrativo"
El autocuidado, según los trabajadores, se percibe más como una carga administrativa que como un apoyo efectivo. Daniela, por ejemplo, describe que su equipo de ocho personas recibe "30 lucas" para una jornada de autocuidado obligatoria, que implica llenar formularios y que no permite el descanso real que necesitan. Se demanda mejores condiciones laborales y contención oportuna tras vivir hechos traumáticos, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados de Mejor Niñez (SINTRASUB) señala que no existe ayuda psicológica en caso de agresiones directas.
Aunque Gabriela Muñoz, de Mejor Niñez, declaró que la salud mental de los trabajadores es una preocupación para la nueva administración y existe un presupuesto de 2.500 millones de pesos, SINTRASUB y las trabajadoras consultadas dudan de esta preocupación, ya que no se traduce en apoyo efectivo ni mejores condiciones laborales.
La "cláusula del miedo" y la tramitación legislativa
La tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada, y que reemplazará al SENAME, ha sido compleja. Paralelamente, otro proyecto de ley que establece los derechos y garantías se encuentra en su segundo trámite. El orden de aprobación de estos proyectos ha revelado un problema de técnica legislativa, ya que el nuevo servicio debería votarse después del proyecto que establece los derechos y la protección administrativa.
Un conflicto esencial en el texto del proyecto de la ley de garantías es la llamada "cláusula del miedo". Esta cláusula limita fuertemente principios como la autonomía progresiva o el interés superior del niño, al punto de perder eficacia. Se exige un debate real y técnico, alejado de lo ideológico, para superar la lectura decimonónica de la niñez en el sistema legal chileno. La subsecretaria Bown incluso llegó a afirmar que la ley de Garantías "tiene temas ideológicos, y estos son complicados porque cuando se discuten temas relacionados con la homoparentalidad o con la identidad de género, siempre hay mayor división".
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Impacto de la institucionalización y el egreso en la vida de los niños y adolescentes
Pertenecer a una residencia o institución que restituye vulneraciones de derechos no es fácil, ya que la carga para quienes pasan por estos lugares no solo consiste en lidiar con el abandono parental. Goffman (2006) menciona que los usuarios de estas residencias pueden ser estigmatizados por la sociedad, lo que limita sus oportunidades. En Chile, esto se traduce en la categoría de "niño/a SENAME", un estigma que afecta la construcción de la identidad y la disposición a compartir esta parte de la historia.
El egreso y el paso a la autonomía es un hito crucial que requiere un gran esfuerzo del equipo de la residencia. Este proceso, que implica pasar de una vida protegida a una de autovalencia y autocuidado en todas las esferas (biológica, social y psicológica), solo tendrá un sentido positivo si cuenta con condiciones sociales y materiales sustentables que garanticen el bienestar del adolescente (SENAME, 2016).
Desafíos post-egreso
Rodríguez et al. (2018) mencionan que el proceso de egreso y transición a la vida adulta es poco conocido, ya que el Estado termina sus tutelas obligatorias cuando el adolescente cumple dieciocho años, asumiendo que ha desarrollado las habilidades necesarias para la vida independiente. Sin embargo, Álvarez-Chuart (2012) plantea que las edades de egreso oscilan entre 13.5 y 17.5 años, lo que sugiere que la edad no se puede asumir como una relación directa de competencias y habilidades.
Acosta y Aliaga (2020) concluyeron que la indefensión que viven los adolescentes al cumplir la mayoría de edad se entiende como una respuesta ante la falta de atención del Estado y del SENAME. No tienen apoyo institucional o civil, se exponen a situaciones violentas y las posibles ayudas se dan como favores, con redes de apoyo limitadas e insuficientes. Muchos se enfrentan a los 18 años sin solución habitacional, sin posibilidad de estudios superiores y con escaso capital social.
Aunque los entrevistados en un estudio posterior al egreso lograron cursar la educación superior, a menudo el SENAME no los prepara para la vida laboral, lo que genera desconocimiento e inseguridades en sus capacidades y herramientas.