El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta grave conclusión se desprende de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que, en 2017, investigó 240 hogares de menores en el país.
Hallazgos Alarmantes del Informe de la PDI
El informe de la PDI constató 2.071 abusos en los centros administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y aquellos gestionados por particulares. Específicamente, en el 100% de los centros que administra directamente el Sename y en el 88% de los gestionados por privados se registraron vulneraciones de derechos. De estos abusos, 310 tuvieron connotación sexual, lo que subraya la gravedad de la situación.
Tan grave como los hallazgos es el hecho de que este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, con copia al gobierno, pero no se hizo público. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename, sin embargo, esta situación no mejoró como se esperaba. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a este informe de 257 páginas, el cual es un resumen de una extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El fiscal investiga las 1.313 muertes en centros del Sename reportadas entre 2005 y 2016, tras el deceso de Lissette.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, indicó a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Este reporte de la PDI es mucho más completo que el informe de la ONU realizado el año anterior, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 existentes en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tenía en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Detalle de las Vulneraciones y Contexto Operacional
La investigación de la PDI, denominada "Fuerza de Tarea Sename", inició el 7 de noviembre de 2017, cuando la Fiscalía solicitó al equipo de detectives concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 existentes (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de ese año.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. En los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual: 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros), y 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Fallas en Protocolos y Supervisión
El Sename había fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, considerados nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave si se considera que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, el informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; no obstante, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental y Cuidado Especializado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Respuestas Oficiales y Esfuerzos de Reforma
Tras la denuncia del diputado Saffirio que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia Hernán Larraín descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.
Un informe elaborado por el Ministerio de Justicia reveló que, de las 32 personas fallecidas bajo intervención del Sename, 15 eran menores de edad. De ellas, 14 estaban bajo el resguardo de los centros del Servicio Nacional de Menores y organismos colaboradores. El ministro Hernán Larraín explicó que la mayoría de las muertes fueron por enfermedades congénitas, ocurrieron fuera de los recintos y corresponden a quienes estaban bajo los programas de protección ambulatoria. El secretario de Estado aseguró que se estaba actuando con los protocolos adecuados, con el inicio de sumarios y la entrega de información al Ministerio Público. “Tenemos total transparencia y preocupación completa. En el informe se determina, además, el fallecimiento de otras 12 personas, entre ellos niños, niñas y adultos, que pertenecían al Área de Justicia Civil. Dichos resultados fueron enviados a la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados. “No solo estamos hablando de muertes de niños que están en residencias, sino que también niños que están en programas ambulatorios, en que las medidas que se han tomado para resguardar sus derechos no han sido suficientes. Queremos que se terminen las muertes y para eso el Gobierno tiene que cumplir sus compromisos: urge que el Ejecutivo le dé prioridad a la salud mental de niños y niñas”, aseguró.
En segundo trámite y con suma urgencia en la sala del Senado se encuentra el proyecto que busca crear un Servicio de Protección de la Infancia, mientras la iniciativa de Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente sigue su primer trámite. Se trata de una de las principales deudas que mantiene el Gobierno de Sebastián Piñera, según afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien advirtió que las cifras de muertes no terminarán solo con los proyectos de reforma del Sename. “Estas cifras terribles, que deben remecer a toda la sociedad, muestran que los niños primero en la fila fueron solo una frase de propaganda. El proyecto de división del Sename es importante porque permitirá mayor especialización, pero no es una varita mágica para solucionar todos los problemas. Se requiere de un estado activo que termine con la lógica neoliberal de la externalización de los servicios”, subrayó. Con todo, desde la Fundación Infancia pidieron al Ejecutivo transparentar los protocolos de supervisión que se les otorgó a las 32 víctimas del primer trimestre de 2019.
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
La Comisión de Verdad y Niñez: Un Esfuerzo de Reparación Histórica
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2021 podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia estatal de asesoría presidencial fue creada en diciembre de 2024, iniciando sus operaciones a partir de 2025, tras la categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, llegaría a su fin en abril de 2026, según informaron los propios funcionarios de la instancia oficial. La eventual decisión se enmarca en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, que se ejecutarán a distintos organismos estatales por igual. Cabe destacar que el plazo actual de la comisión para cumplir su objetivo es hasta abril de 2027, pero la presentación de una prórroga durante la administración anterior permitió extender su plazo.
La Comisión de Verdad y Niñez permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF. En ese sentido, y a raíz del trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer", la tesis de que en estos centros se violaban los derechos humanos de menores tomó fuerza. Es por eso que la Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informados al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Origen y Alcance de la Comisión
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo centro en que se produjo el trágico accidente. El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos que tiñeron de negro la jornada del 21 de octubre en el centro “Tiempo de Crecer”. A través de informes, reforzaron la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. En esa misma línea, una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”. Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
El Fin del Sename y la Nueva Institucionalidad
Cabe destacar que el Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021 tras la seguidilla de cuestionamientos por parte de los organismos nacionales e internacionales. Fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, buscando una nueva institucionalidad para abordar la protección y reinserción de niños y adolescentes en Chile.