La directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Paula Forttes, ha expresado una postura crítica respecto a las políticas destinadas a la protección de la tercera edad en Chile. En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Maltrato a las Personas Mayores, que se conmemora el 15 de junio, Forttes ha señalado que la vejez es invisible en el país y es imperativo crear conciencia sobre el trato que se les brinda.
Frente a la transformación demográfica, en los últimos años se ha ido construyendo un escenario de población envejecida en todo el planeta, con especial énfasis en Chile y Cuba. Esta realidad "nos enfrenta a desafíos muy importantes en cuanto a las políticas de segmentos etarios", indicó Forttes. La directora de SENAMA recalcó que "la vejez siempre ha existido, pero nunca fue tan frecuente y por lo tanto, lo que constatamos es que las personas mayores son un poco invisibles con las políticas públicas, del consumo, de la comunicación, etc. Lo primero es constatar que en este nuevo escenario se debe visibilizar a las personas mayores, la importancia que juegan en términos ciudadanos y familiares".
Maltrato y Vulneración de Derechos
Haciendo clara mención a la conmemoración del día contra el maltrato a la tercera edad, Forttes sostuvo que esta violencia debe abordarse desde el aspecto físico y psicológico. A pesar de que los chilenos se caracterizan por ser solidarios, "parece que efectivamente tenemos un problema con el trato". Esto se evidencia en que la tasa de denuncias por maltrato no alcanza el 1% en el país, lo que se explica porque los principales agresores están en la familia y los adultos mayores guardan silencio. Son cientos de miles los adultos mayores que necesitan protección, pero existe una percepción de falta de voluntad política para ellos, a diferencia de otros grupos minoritarios. Esta situación es injusta.
Diversidad y Desafíos de la Población Mayor
Este grupo de la población es muy diverso y cambiante. De acuerdo con los resultados históricos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), en 2006, las personas de 60 años y más tenían una escolaridad promedio de 6,5 años, mientras que en 2020 este promedio era de 9 años. El porcentaje de personas de 60 años y más con educación superior completa, pasó del 6,2% al 13,8%, y el uso de Internet aumentó del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017. Aproximadamente un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018).
El Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Población Mayor
En este contexto de acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el COVID-19 ha tenido un especial impacto en las personas mayores. La pandemia, a pesar de tener efectos directos o indirectos en toda la población, ha demostrado tener mayores consecuencias sobre ciertos grupos, denominados "grupos de riesgos por COVID-19". De esta manera, para las instituciones que velan por el bienestar de las personas mayores, su protección se transformó en un desafío en materia de salud pública y de gestión social de grupos vulnerables. Las personas mayores se vieron afectadas de manera desproporcionada: al 7 de noviembre de 2021, representaban un 14,4% del total de contagiados, constituían cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones (Ministerio de Salud, 2021).
Respuestas y Acciones de SENAMA ante la Pandemia
La respuesta temprana a la pandemia comenzó en el país a principios de marzo de 2020 con la cooperación de varios actores, como el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología y las principales organizaciones sin fines de lucro. Con la coordinación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se conformó un grupo de trabajo para articular la implementación de medidas de prevención y control para las personas mayores.
Ante este escenario, SENAMA impulsó una serie de articulaciones intersectoriales e interinstitucionales a fin de implementar múltiples medidas para prevenir y mitigar los efectos del COVID-19, estableciendo una estrategia dirigida a las personas que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y a aquellas que, por razones de confinamiento, debían permanecer en sus hogares. Para la consolidación de la estrategia, se identificaron las principales características del problema en el contexto de los ELEAM, a partir de la experiencia internacional y la realidad nacional, marcada por una profunda heterogeneidad y altos niveles de vulnerabilidad.
Asimismo, se identificó la necesidad de profundizar en el componente sanitario de las residencias, de articular una estrategia colaborativa con diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y de conformar nuevos equipos profesionales. Por otra parte, se dispuso una estrategia para brindar acompañamiento a las personas mayores que necesitaran acceder a servicios de evaluación, tratamiento, curación o seguimiento en su domicilio, evitando que asistieran a los establecimientos de salud a fin de descongestionar estos centros y evitar posibles contagios de COVID-19. En este contexto, se volvió fundamental proteger y promover los derechos humanos.
Acciones y Definiciones Institucionales de SENAMA
Para mejorar las condiciones estructurales del Estado para resguardar los derechos de este grupo de la población, así como para articular acciones ad hoc para el abordaje de los efectos del COVID-19, SENAMA ha implementado diversas iniciativas.
Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato
En 2018, en el marco de la estructura organizacional del SENAMA, se creó la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato. Su objetivo es promover los derechos humanos de las personas mayores mediante la articulación intersectorial e interinstitucional, así como avanzar en la prevención del maltrato y la vulneración de derechos, favoreciendo y promoviendo la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia de las personas mayores. En esta unidad se ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca "contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales" (SENAMA, s/f).
Programas de Asesoría Legal y Acceso a la Justicia
A partir de 2019, en el marco del Programa Buen Trato al Adulto Mayor, se instaló la figura del Defensor Mayor: abogados que atienden y brindan asesoría legal especializada a las personas mayores o comunidades que lo necesiten, frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos. Un importante avance que SENAMA impulsó junto con la Corte Suprema fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial. Este hito es de suma relevancia, ya que por primera vez el poder judicial contempla específicamente a este grupo etario con un enfoque diferenciado.
Desde finales de 2020, en el marco del Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ofrece una atención preferente, así como representación judicial gratuita y especializada, a todas las personas mayores a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Para brindar esta atención preferente e integral, en cada capital regional se conformó una dupla sociojurídica, compuesta por un abogado y un trabajador social. Hasta mayo de 2021 se realizaron casi 7.000 asesorías sociojurídicas a personas mayores, que dieron lugar al ingreso de 1.636 acciones judiciales a los Tribunales de Familia (el 97% de estas causas fueron por violencia intrafamiliar).
Canales de Información y Apoyo: Fono Mayor
SENAMA elaboró una "Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores" con el fin de resolver las brechas de información y la consecuente dificultad de acceso a los beneficios. El Fono Mayor, uno de los canales de atención del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del SENAMA, tiene por objeto ser un espacio de atención y comunicación que permite a las personas entrar en contacto con el SENAMA y vincularse con otras reparticiones públicas, garantizando el acceso oportuno a la información. A consecuencia de la pandemia, y respondiendo a la necesidad de generar un canal seguro y gratuito para la comunicación, el Fono Mayor Covid-19 se robusteció y permitió que entre enero y octubre de 2021 se atendieran 15.609 llamados, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta ha permitido no solo garantizar información clara y oportuna, sino también abordar la salud mental de estas personas a través del acompañamiento psicológico y la prevención del suicidio. Para 2022, se previó la incorporación de este canal de comunicación como parte de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, con presupuesto permanente.
¿Qué es el SENAMA? (Servicio Nacional del Adulto Mayor)
Participación Política y Social
En 2021 se llevaron a cabo varios procesos eleccionarios. En relación con esto, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se elaboraron protocolos para la votación de personas mayores de forma preferente, abogando por días y horarios protegidos para este grupo etario y garantizando así las condiciones para su plena participación política y social.
Estrategias a Largo Plazo
SENAMA ha realizado diversos conversatorios con representantes de organizaciones de personas mayores, académicos y ministerios para considerar sus opiniones en la construcción de las Orientaciones estratégicas para el Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030. También se ha diseñado e implementado un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que incluye un componente participativo. Además, se han elaborado campañas para generar un impacto positivo en la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores y para combatir el edadismo, como la campaña "La soledad no es un juego, haz tú el primer movimiento" en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Crisis en los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) y Críticas a la Normativa
Un sector particularmente crítico es el de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM), que afectan directamente a cerca de medio millón de personas mayores en Chile. El Estado invierte en nuevas plazas, pero su trabajo es insuficiente, llegando hoy a un tercio de los residentes con algún tipo de subsidio, y los recintos estatales tienen un 20% de lista de espera. Existen muchos adultos mayores que no tienen dónde estar, con listas de espera enormes y una demanda cada vez mayor.
Críticas a la Normativa Vigente: Decreto 14 y Decreto 20
Los cierres de ELEAM se explican por diversas razones, incluyendo problemas financieros y el cumplimiento de regulaciones desfasadas. El Decreto 14, tras catorce años de aplicación, demuestra una obsolescencia que contradice otras normativas vigentes, creando un círculo de ineficacia y sanciones muy difíciles de cumplir por cientos de residencias que viven en la precariedad. Es urgente la derogación y sustitución del obsoleto Decreto 14 por normativas y criterios fiscalizadores más acordes con la realidad actual.
Se intentó con el Decreto 20, propuesto por la administración anterior y promulgado por el presidente Boric, aunque en medio de enormes y transversales críticas. La pandemia lo cambió todo; exigir a una residencia rural con menos de diez personas mayores que invierta en un ascensor, o que un gran operador de beneficencia deba dejar al 25% de sus residentes sin techo para cumplir con nuevas ratios de habitabilidad, son ejemplos de exigencias que impactan negativamente a los pequeños operadores, exacerbando la situación de vulnerabilidad de los residentes. La "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores" es un requisito primordial para un ELEAM en infraestructura que se debe cumplir según normativa urbanística y no sanitaria, aspecto que al parecer se ha olvidado en las regulaciones.
Ante este contexto, el Hogar de Cristo anunció el cierre de algunos de sus establecimientos para adultos mayores, dejando a quinientas personas sin techo, y CONAPRAN hará algo similar. Estas instituciones sobrevivían a duras penas gracias a recursos fiscales cada día más escasos. La decisión del presidente Boric de pausar la implementación del Decreto 20 y convocar a una mesa de expertos representa un paso importante. Sin embargo, la Mesa Modificatoria del Decreto 20 resultó apresurada (dos semanas) y acotada a la modificación de solo siete artículos, con una sobrerrepresentación de un sector que aporta solo el 30% de los establecimientos y menos del 25% de las plazas. Urge modificar el Decreto 20 antes de su entrada en vigencia, corregir artículos desmedidos e introducir una mirada desde la experiencia y, sobre todo, incentivos.
Deficiencias Estructurales y de Fiscalización
En Chile, tanto en los sectores privados como público, solo hay 24.178 plazas disponibles para atender al total de 288.346 personas mayores que sufren de dependencia severa. Ante este panorama, las actuales propuestas del gobierno se perciben limitadas y no abordan las necesidades fundamentales del sector. Exigencias tales como la de ascensores en recintos pequeños y la informalidad en el uso de turnos clínicos deben revisarse con urgencia. Un hogar de mediano estándar no cuesta menos de 1.2 o 1.3 millones, costos que se incrementan por tener que acondicionar espacios, cumplir con recepción final municipal, sellos verdes de gas actualizados, certificados eléctricos y pagar impuestos, ya que es una actividad no exenta de IVA. Al final, este costo se traspasa al apoderado o tutor responsable.
Uno de los grandes problemas es que los decretos se centran en infraestructura, pero no existe fiscalización en cuanto al trato que reciben los residentes. El SEREMI, al acudir, solo se rige por lo mencionado en el decreto, y los hogares se preparan "escondiendo la basura debajo de la alfombra". Algunos ELEAM han presentado niveles de maltrato que bordeaban la tortura. Mientras no se exijan profesionales capacitados y personal con preparación (con sueldos acordes), amparados en un modelo de salud que se enmarque en la Atención Centrada en la Persona y con Enfoque de Derechos, los directores seguirán manteniendo a cuidadores que maltratan y los profesionales seguirán rotando o con licencias psiquiátricas.
Desafíos Pendientes y Perspectivas Futuras
La pandemia ha dejado en evidencia varias situaciones a resolver, como la brecha digital de las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica para la supervivencia y el abordaje de la salud mental, un ámbito en el cual se revelaron importantes afectaciones. Es un tema muy complejo al que no se le ha dado la importancia que requiere. Es difícil comprender que una población adulta mayor creciente, con pensiones miserables y un alto costo de vida, no se esté abordando como un tema de urgencia. La demanda de servicios de cuidados para adultos mayores es insatisfecha y solo algunos pueden optar por su alto costo.
El Estado no cuenta con establecimientos suficientes para la actual demanda, y los servicios existentes pueden ser deficientes e inhumanos. La falta de recursos estatales para construir ELEAM públicos es una barrera significativa. La Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores ha convocado a foros permanentes en relación con los derechos de las personas mayores que residen en los ELEAM, lo que evidencia una sociedad civil organizada frente a la vulneración.
Experiencias emprendedoras en el sector privado, aunque enriquecedoras, son desmotivantes debido a las interacciones con instituciones y los altos costos que limitan el acceso a las familias. Frente a la normativa sin visión de futuro y la dificultad de las familias para pagar un recinto con los cuidados que la Ley exige, algunos optan por modelos alternativos como el Cohousing Senior, implementado en Europa y Estados Unidos, para seguir dando un servicio adecuado de alto nivel en un entorno familiar, activo y promotor de bienestar, aunque al margen de la ley. La visión de los "hogares de ancianos" es añeja, y es crucial repensar el papel del Estado y sumar actores en este desafío transversal.
