Conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, es fundamental. Esto abarca aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. La Encuesta Casen, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia desde el año 1990 con periodicidad bianual o trianual, es una herramienta clave para este análisis. Para el uso de sus bases de datos y resultados, se recomienda emplear la publicación de los nuevos factores de expansión, que consideran las nuevas proyecciones de población basadas en el Censo 2017 e incluyen ajustes metodológicos de calibración por Raking.
Impacto de las Crisis Recientes y la Vulnerabilidad
El estallido social de octubre pasado y la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia han dejado de manifiesto las desigualdades de la población chilena y la falta de políticas públicas asociadas a la protección social en el país. Emmanuelle Barozet, doctora en sociología y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, señaló que "a diferencia de la noción de pobreza, no hay una definición clara de lo que son clases medias porque no hay una nomenclatura de clases sociales en Chile".
"En general, desde nuestras disciplinas, sociología o economía u otros, es muy difícil hablar de una clase media. No hay un solo gran grupo. Por tanto, siempre hablamos en plural, y a estas alturas, en muchas partes del mundo, no solo en Chile, se considera que las clases medias son una meta móvil, es decir, dependen de cuáles son las variables que uno usa para definirlas", explicó Barozet. Por esta misma razón, el doctor en Economía y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Dante Contreras, explicó lo complejo de diseñar políticas, ya que "personas que son clasificadas como pobres en un minuto dejan de serlo y personas que no eran clasificadas como pobres pueden volver a serlo".
Ambos panelistas, investigadores del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), coincidieron en que el diálogo era la mejor forma de salir de esta crisis. Contreras afirmó que "Chile es un país que aún es pobre, es un país donde hay una clase media que es muy vulnerable, por lo tanto, ante cualquier shock, sea en el caso de la crisis social donde se cerraron un montón de puestos de trabajo o en esta situación de pandemia donde esto se acentuó aún más, ha mostrado la foto de un país mucho más pobre del que se nos ha querido mostrar. Creo que es importante reconocerlo". En este mismo sentido, Emmanuelle Barozet concluyó que "el problema adicional que tenemos es que debemos generar este diálogo en un momento en que estamos viendo polarización. La polarización la hemos visto desde el estallido y, en comparación a otros países respecto a la forma en que se ha tratado la pandemia, aquí el debate es altamente ideologizado, nos falta pragmatismo. Ese es un problema grave sobre el cual tenemos que tener mucho cuidado porque hemos tenido muchos ejemplos alrededor nuestro, de que vamos bien durante un tiempo y efectivamente cuando llegan las dificultades nos sobreideologizamos, porque hay mucho miedo".
Radiografía de la Pobreza en Chile: Datos de la CASEN
Aunque el gobierno presentó datos de la encuesta CASEN 2024 destacando la reducción de la pobreza en Chile, una noticia que invita al optimismo, la realidad es más compleja. Hoy, más de 3,4 millones de personas siguen viviendo en pobreza por ingresos, sin lograr cubrir sus necesidades básicas ni siquiera considerando las ayudas del Estado. El dato más crudo y menos comentado es que más de 1,1 millón de personas vive en pobreza severa. Estas personas son pobres por ingresos y, además, enfrentan múltiples carencias en vivienda, salud, educación, trabajo, cuidados o redes de apoyo.
Nuestra región de La Araucanía ocupa el primer lugar en pobreza por ingresos con un 28.6% de sus habitantes en esta situación, más de 11 puntos por sobre el promedio país que es de un 17.3%. La pobreza multidimensional, que engloba múltiples aspectos del bienestar, alcanza un 15.9%, lo que nos ubica casi dos puntos bajo el 17.7% de esta pobreza a nivel país. Sin embargo, en pobreza severa, que es la más cruda y requiere mayor atención, La Araucanía se ubica en segundo lugar con un 8.6%, solo antecedida por Tarapacá con un 9%, frente a un promedio nacional de 6.1%.
La CASEN muestra algo preocupante: el 10% más pobre de Chile hoy genera menos ingresos propios que hace quince años. Sus ingresos laborales caen, mientras los subsidios aumentan y pasan a representar cerca del 70% de lo que recibe un hogar. Chile ha avanzado en protección social, pero ha retrocedido en algo clave: fortalecer la capacidad de las personas para salir adelante por sí mismas. Trabajo digno, acceso a cuidados, educación pertinente y redes comunitarias forman parte de lo que se denomina "capacidad de agencia", es decir, la habilidad de "agenciarse" el bienestar por uno mismo.
Existen alertas que no se resuelven con bonos: más soledad, menos redes de apoyo, hogares que cuidan a personas dependientes sin ayuda y empleo precario que no alcanza para vivir. La pobreza hoy no es solo falta de plata. Celebrar promedios mientras más de un millón de personas vive atrapada en pobreza severa es un error. La pregunta de fondo es si estamos dispuestos a mirar de frente a quienes siguen quedando atrás y a cambiar el foco de las políticas públicas.
Dimensiones y Evolución Histórica de la Desigualdad Socioeconómica
La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Estas son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la "cuestión social", que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.
Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados. Un valor de 0 en el índice de Gini significa que todas las personas tienen el mismo ingreso (igualdad perfecta), mientras que un valor de 1 implica que una persona recibe todo el ingreso de la economía (desigualdad perfecta).
De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2017, el 10% más rico de los hogares obtiene un 38,1% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre un 1,4%, con ingresos promedio de $3.605.800 y $129.300, respectivamente. La caída de la desigualdad de ingresos en este período se explica, principalmente, por las mayores transferencias monetarias a grupos vulnerables y el aumento en el número de técnicos y profesionales, lo que amplió el segmento de clase media acomodada y moderó el crecimiento de los salarios en la parte media alta de la distribución, proceso que opera con mayor fuerza en las cohortes jóvenes, como señala Claudio Sapelli en "Chile ¿más equitativo?". Esta situación puede generar una reducción en la precariedad al diversificar las fuentes de ingresos.
Debe tenerse en cuenta que las mediciones de la desigualdad monetaria basadas en encuestas a hogares no capturan bien los salarios más altos, porque estos se subdeclaran y, además, las entradas de utilidades figuran como inversión en las empresas. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza).
Manifestaciones de la Desigualdad más allá del Ingreso
Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto.
La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Esto es, si hubiese movilidad social. Una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de las oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, debido a las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Datos del Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades, que determina la movilidad social. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad.
Estrategias y Políticas para Disminuir la Desigualdad
Hay razones suficientes para afirmar que Chile debiera hacer un esfuerzo serio para reducir las diferencias en las próximas décadas. De estudios recientes se derivan algunos lineamientos a tener en cuenta. Entre las políticas a considerar para disminuir la desigualdad, destacan las que mejoran la productividad vía capacitación y fortalecen todos los niveles del sistema educativo.
Siguiendo al texto "Desiguales" y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Esto adquiere especial relevancia ante la automatización del empleo y la revolución digital. "Desiguales" destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas.
La Medición de la Pobreza y la Necesidad de una Mirada Integral
En 2022, el PNUD lanzó la publicación "¿Por qué hablar de pobreza en Chile?", reconociendo la evolución del país hacia un nivel de desarrollo humano muy alto según sus mediciones globales. Sin embargo, también se destacó que estos avances no debían desviar la atención de los desafíos que aún enfrenta el país para que los beneficios del desarrollo lleguen de forma inclusiva y sostenible a toda su población. La reciente propuesta de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza representa una oportunidad clave para retomar una conversación necesaria sobre la pobreza en Chile y sobre la realidad que enfrentan miles de hogares a lo largo del país.
Ese mismo año, junto con la OIT, se presentó el estudio "Mujeres y retorno laboral en Chile", al que se suma ahora la publicación "Barreras persistentes para la participación laboral de las mujeres en Chile" (2025). Estas tres investigaciones abordan, desde distintas perspectivas, una misma realidad: la vulnerabilidad persistente de una parte significativa de los hogares, la desigual distribución de oportunidades en el país y los desafíos específicos que enfrentan las mujeres, cuyos ingresos promedian un 45% menos que los de los hombres en términos de PIB per cápita. Algunos de estos desafíos son estructurales, como la desigualdad, mientras otros responden a eventos recientes, como el impacto socioeconómico de la pandemia. América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas, y Chile no ha sido excepción.
Durante décadas, Chile ha celebrado -con razón- la reducción sostenida de la pobreza por ingresos: del 38,6% en 1990 a 6,5% en 2022. Sin embargo, ese indicador no siempre refleja la realidad cotidiana que viven muchas personas. La Encuesta de Bienestar Social (2021 y 2023), junto con diversos estudios cualitativos, evidencian que, desde la percepción subjetiva de la ciudadanía, el trabajo dejó de ser una garantía de estabilidad, los ingresos resultan insuficientes para llegar a fin de mes, y muchas familias viven con el temor constante de caer en la pobreza ante cualquier imprevisto. Una parte importante de los hogares depende de ingresos informales y discontinuos. Como lo relata una mujer entrevistada en el estudio "Barreras persistentes para la participación laboral de las mujeres en Chile": “Yo hago de todo un poco. Hago cosas para vender: queque, torta, pie, pan. También sé un poco de costura, arreglos. Y no me falta. Como dice el dicho: no llueve, pero gotea. No es algo fijo, así como todos los meses. Pero sí tengo un poco de ingreso que al menos me alcanza como para lo básico”.
La propuesta de actualización de la medición de la pobreza sugiere ajustes que permitirán representar con mayor precisión la realidad socioeconómica de los hogares. En un contexto de estrechez fiscal creciente y nuevas presiones como el cambio climático, la disrupción tecnológica y la fragmentación social, que se añaden a los desafíos tradicionales que enfrenta el país, resulta clave adoptar una mirada renovada sobre la pobreza, capaz de orientar políticas públicas que no solo respondan a sus síntomas, sino también a sus causas estructurales. Este ajuste metodológico no es solo un avance técnico; refleja de manera más adecuada los cambios económicos y sociales de la última década, y permite que la estadística se acerque a las vivencias cotidianas de la ciudadanía. En ese sentido, se valora el esfuerzo del gobierno de Chile y la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial para esa adecuación.
Como se señaló en "¿Por qué hablar de pobreza en Chile?", existen múltiples privaciones que el ingreso no capta: desde el deterioro en la salud mental, el bajo empoderamiento económico de las mujeres, el aislamiento de las personas o la imposibilidad de enfrentar un gasto imprevisto sin recurrir al endeudamiento. Porque, aunque la pobreza por ingresos bajó, una parte relevante de la población la sigue percibiendo como una amenaza constante y creciente. Reconectar las estadísticas con las percepciones y realidades vividas es clave para restituir su valor como instrumentos de política pública. En ese sentido, el mayor aporte de la propuesta de la Comisión -y de las reacciones que ha generado- es que permite volver a poner la pobreza en el centro del debate público.
En un país de ingreso alto según el Banco Mundial, y de muy alto desarrollo humano según el PNUD, la medición de la pobreza no puede limitarse a registrar niveles mínimos de subsistencia. Debe también reflejar las condiciones y oportunidades de las personas para llevar adelante sus proyectos de vida de manera autónoma. Reconocer la pobreza en todas sus dimensiones no significa desconocer los avances del país, sino más bien asumir los desafíos que persisten y seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva. Reconocer la pobreza implica mirar más allá de las cifras y considerar también las experiencias, percepciones y la dignidad de las personas.
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