En Chile, el debate sobre la asignación de recursos estatales a los sistemas de protección de menores y penitenciario ha puesto de manifiesto una preocupante desproporción. Datos recientes sugieren que la inversión en la atención de personas privadas de libertad supera significativamente los fondos destinados a los menores bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename), a pesar de que este último debería ser un pilar fundamental en la prevención de la delincuencia.
La Crisis del Sename y el Ciclo de la Delincuencia Juvenil
La historia de Luis Valencia, quien hoy tiene 21 años, ilustra crudamente las deficiencias del sistema. Pasó dos tercios de su vida bajo los cuidados del Sename. Ingresó por protección antes de los cinco años buscando un lugar donde vivir y salió justo antes de los 18, ya no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley tras ser liberado de un régimen de Internación Provisoria.
Fracaso del Sistema y Alta Reincidencia
El sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, quien desde hace más de treinta años se dedica a reinsertar niños con pasado delictual, según consigna "El Mercurio", cree que el sistema no ha estado a la altura de las necesidades de los individuos que llegan en búsqueda de ayuda. Esta percepción se ve respaldada por estudios que revelan el fracaso de las políticas públicas actuales.
Según un estudio realizado por la Fundación San Carlos de Maipo, que busca combatir la pobreza y la delincuencia desde la infancia, uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses. El sacerdote Vial asegura que la cifra se puede percibir a simple vista: "No necesito tener un estudio para creer que perfectamente uno de cada dos presos pasó por Sename, y más (...) Es realmente penoso".
Para Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos, la investigación demuestra el "fracaso de las políticas públicas" y afirma que el problema se agrava, considerando que los jóvenes que pasan por esos centros son propensos a desarrollar conductas delictuales o conflictivas que de no haber entrado posiblemente no habrían desarrollado. Sánchez es enfático: "El Sename, sin la intervención terapéutica adecuada, lo que hace es catalizar estas conductas disruptivas. O sea, corrompe más que sana. En el mejor de los casos, no hace nada".
El Caso de Luis Valencia: Una Trayectoria Delictual
La historia de Luis es un reflejo de estas fallas. Tras la separación de sus padres, fue enviado a un hogar del Sename y derivado a diversas familias guardadoras, pero ninguna pudo contenerlo. Así fue como a los 9 años comenzó su precoz vida delictual robando en supermercados. A los 12, ya recorría las calles de Santiago con pistola en mano.
A los 14, fue detenido tras robar un millón de pesos en una sucursal de "Sencillito". En esa ocasión, calificaba dentro de la edad punible por la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente y fue derivado a un sistema de supervisión de régimen semicerrado. A los 16 años, asaltó una joyería junto a su hermano y fue sorprendido. Esto le costó ser enviado a un Centro de Internación Provisoria mientras se investigaba su causa. Su hermano, por su parte, fue a cumplir tres años de pena efectiva a un recinto penal del sistema adulto.
Hace poco más de un año, Luis cometió su último delito. Fue detenido, pero la denuncia de la víctima nunca llegó, y sin ella faltaron pruebas para imputarlo. Días antes de ese hecho, la Fundación "Proyecto B", que busca reinsertar laboralmente a jóvenes infractores de ley, se había propuesto encontrarle trabajo y se lo consiguió.
Falta de Tratamiento Especializado y Vacíos Legales
El director Marcelo Sánchez es crítico de la situación para los menores de menor edad: "El sistema está al debe con los niños menores de 14 años. Al año, cerca de 5.000 menores son devueltos por los tribunales a sus familias por ser inimputables. Muchos ni siquiera son pasados por tribunales. Esto principalmente porque para ellos no hay una oferta técnica especializada, como sí lo hay para los mayores de 14 con la terapia multisistémica".
Lo anterior se da porque la Ley 20.084 no define sanciones ni procedimientos para los niños entre 8 y 14 años que hayan cometido ilícitos penales. Es decir, son inimputables, pero igual son enviados a centros del Sename que están inicialmente previstos para los niños con vulneración en sus derechos. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, señala que "un niño al que sus padres lo han abandonado convive con nombres como el 'Cisarro' y todos esos chicos que han sido de conmoción pública".
El último estudio elaborado por el Sename para determinar el número de niños como Luis -que egresaron de protección para ser reingresados al sistema bajo alguna medida de justicia juvenil- data del año 2012. Este indica que de los 20.111 que ingresaron por estar vulnerados en sus derechos y que egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema, pero ahora por ser infractores de ley. De ellos, el mayor porcentaje había ingresado a protección inicialmente no por haber delinquido, sino por encontrarse en situación de calle o de trabajo infantil. El 77% de ellos comenzó a desarrollar dentro del sistema conductas que antes no desplegaba.
El Elevado Costo del Sistema Penitenciario en Chile
Impacto del Crimen y la Violencia en América Latina y el Caribe
El impacto del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido documentado ampliamente, posicionando a la región como una de las más inseguras del mundo. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aborda este tema desde una perspectiva integral, conceptualizando y midiendo los costos asociados a este fenómeno que limita la calidad de vida y frena el desarrollo económico y social de los países de la región.
El informe distingue entre costos directos e indirectos asociados al crimen y la violencia. Los primeros, que representaron en 2022 un 3,4% del PIB de la región, incluyen tres categorías principales: el capital humano, los costos públicos y los costos privados. El capital humano refleja las pérdidas en productividad causadas por la victimización o la privación de libertad. Los costos públicos corresponden al gasto estatal en seguridad, justicia y sistemas penitenciarios. En lo que refiere a Chile, el informe del BID documenta para 2022 un gasto de entre 1,8% y 3,0% de su PIB en costos directos del delito, donde casi una tercera parte corresponde a costos públicos. Si bien esta cifra se encuentra por debajo del promedio regional, debería exhibir una tendencia creciente si se consideran los esfuerzos presupuestales que ha realizado el actual gobierno.
La administración del presidente Boric ha priorizado este tema, destinando recursos significativos en el Presupuesto 2025 para reforzar las capacidades de la policía, la justicia y el sistema penitenciario.
Gastos Específicos del Sistema Penitenciario Chileno
El sistema penitenciario representa una carga significativa dentro de los costos públicos asociados al crimen, particularmente debido al modelo de reclusión cerrado que limita o elimina la participación de las personas privadas de libertad en actividades productivas. Según el informe del BID, el costo para Chile fue de 0,2% del PIB en 2022, una cifra inferior al 0,4% reportado en Brasil y Uruguay, pero aún considerable. Además de las pérdidas asociadas al capital humano, el sistema penitenciario chileno genera costos directos significativos. De acuerdo con el informe, en 2022 Chile destinó el 0,28% de su PIB al funcionamiento de las cárceles, cifra que supera ampliamente el promedio regional (0,18%) y es comparable a los niveles de Costa Rica (0,26%) y Uruguay (0,27%).
Según datos de Gendarmería, el costo promedio mensual por recluso oscilaba entre 900.000 y 1.000.000 de pesos en 2022, dependiendo de si se trataba de cárceles públicas o concesionadas. Aunque este costo ha disminuido debido al incremento de la población penitenciaria, sigue siendo notablemente alto en el contexto nacional. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas reportó que el ingreso laboral neto promedio mensual en Chile fue de 750.000 pesos en ese año. Esto implica que, después de descontar las contribuciones previsionales y de salud, el ingreso disponible de un trabajador promedio es aproximadamente un 25% inferior al gasto estatal por cada persona privada de libertad.
La Ineficacia de las Cárceles y el Crimen Organizado
A pesar de sus costos, las cárceles han fracasado en su función primordial de rehabilitar e integrar a las personas privadas de libertad, contribuyendo en muchos casos a perpetuar el ciclo delictivo. Este panorama es particularmente preocupante en ALC, donde las cárceles se han convertido en terrenos propicios para que simples pandillas evolucionen hasta transformarse en mafias transnacionales.
Organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil han utilizado las cárceles como centros operativos para expandir sus actividades ilícitas. El impacto de estas organizaciones trasciende las fronteras nacionales; el PCC, hoy la mayor organización criminal de la región, ya ha extendido sus operaciones a territorio chileno, lo que subraya la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas que aborden tanto la sobrepoblación carcelaria como la influencia creciente del crimen organizado dentro de las prisiones.
Propuesta de cárcel especial para narcotraficantes y crimen organizado
La Desproporción en la Inversión: Sename vs. Sistema Penitenciario
La comparación directa entre la inversión en los sistemas de protección de menores y el penitenciario revela una desproporción alarmante. Desde el Gobierno, la ministra vocera Paula Narváez aseveró que "no resulta para nadie proporcional conocer las cifras que se entregan para la atención de un reo en relación a las cifras del Sename".
Preocupación Parlamentaria por el Financiamiento del Sename
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos manifestaron su inquietud por los recursos que el Estado entrega al Sename para atender a los menores bajo su cuidado, tras escuchar la exposición del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto de las cifras destinadas a ese fin. En la oportunidad, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, entregó información sobre los planes de formación para los menores más vulnerables.
De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, se destina un promedio de 200 mil pesos al mes por cada menor, lo que a juicio de los parlamentarios no alcanza para responder de la mejor manera a los menores institucionalizados, muchos de los cuales requieren además tratamientos médicos. Incluso, se ha señalado que "las cifras son preocupantes, hay una subvención que alcanza a 15 mil pesos, que es la subvención que entrega el Sename a las entidades particulares y estamos con una inversión que no alcanza".
Al tema también se refirió la directora nacional del Sename, Solange Huerta, quien si bien reconoció que los aportes del Estado son insuficientes, destacó que para el próximo año aumentarían. Huerta remarcó que "a partir del año 2018 se aumenta la subvención al máximo que permite la ley en actual vigencia y que, por cierto, está en discusión la revisión del sistema de subvención, porque la actual ley supone que existe coparticipación en términos del apoyo o el aporte tanto por el Estado como por los organismos colaboradores".
El presidente de la Fundación Paternitas, José Pedro Silva, aseguró que "cuando yo hablo de los 300 mil pesos, estamos hablando simplemente de mínimos. Lo que a nosotros nos gustaría es que realmente se aplicara la ley de subvenciones en tanto se suba el estándar en forma definitiva y permanente, con vocación de permanencia para el futuro". Por otra parte, el Senado acordó crear una Comisión Especial para tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, una señal de la preocupación transversal por esta problemática.
Llamado a Medidas Alternativas y Optimización de Recursos
Mientras Gendarmería de Chile, como institución, declara responder al sistema penal, siendo "encargados de cuidar a las personas privadas de libertad y generar todos los programas de reinserción", la realidad de los costos y la ineficacia del sistema penitenciario chileno plantea un llamado urgente a la reflexión. El Presupuesto 2025 prioriza el sistema penitenciario y su vínculo con el crimen organizado, alineándose con los desafíos actuales de seguridad en Chile. Sin embargo, el informe del BID sobre los costos del delito en América Latina y el Caribe invita a reflexionar sobre cómo optimizar el uso de los recursos públicos destinados a combatir el crimen.
Tal como sugiere el informe y diversos analistas, sería pertinente redoblar esfuerzos en la implementación de medidas alternativas a la prisión para delitos menores. Estas estrategias, además de ser efectivas, pueden aliviar el hacinamiento carcelario, disminuir el contacto de reclusos con organizaciones criminales y mejorar la gestión de quienes cumplen condenas vinculadas al crimen organizado. Aunque persisten debates sobre la concentración o dispersión de grupos en prisión y su impacto en la violencia interna, está claro que dichas estrategias son inviables en sistemas penitenciarios colapsados, lo que refuerza la necesidad de un enfoque más preventivo y humano desde las etapas tempranas de la vida de los menores.