Este artículo se refiere a la intervención social en el ámbito de familia e infancia, un campo que hasta no hace mucho tiempo se denominaba protección a la infancia (más exactamente a los menores de edad). El cambio de denominación surge con la revolución introducida por la Ley 21/87 de reforma del Código Civil en materia de adopción, que planteó principios que enmarcan la intervención con la infancia en su contexto familiar.
Contexto Histórico y la Evolución de la Protección Infantil
De la Beneficencia a la Intervención Familiar: Un Cambio de Paradigma
La intervención con la infancia rompió con las prácticas propias de la beneficencia que, desde el siglo XVIII, utilizaban las grandes instituciones como forma de proteger a los niños. Anteriormente, se realizaba una intervención de “rescate” por la que el niño se apartaba de su familia de manera indefinida y, en muchos casos, hasta la mayoría de edad. Se entendía que, apartado de su ambiente familiar nocivo y/o carencial, el niño se desarrollaría mejor.
La familia no era un objetivo para las instituciones de protección infantil, puesto que la institucionalización “solucionaba el problema”, y estos organismos no se dedicaban a los adultos. El movimiento de grandes instituciones se desarrolló en España con las leyes de beneficencia desde el siglo XVIII, siendo los hospicios el mejor ejemplo, y se mantuvo hasta el final del franquismo.
Marco Legislativo Histórico y la Institucionalización
La ley de beneficencia de 1849 no fue derogada hasta 1992, y los hospicios no se cierran hasta la última parte de la dictadura, en los años sesenta, dando paso a centros de menores de las diputaciones. Estos centros mantenían un modelo macroinstitucional hasta los años 80.
Durante el franquismo, la legislación específica de protección infantil era la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948. Esta ley reunía facultades reformadoras para medidas con menores infractores y una facultad protectora para intervenir con padres que no cumplían sus obligaciones de cuidado y educación. En resumen, la protección a la infancia en riesgo o “carencial” se basaba en la institucionalización, habiéndose desarrollado una triple red de establecimientos:
- Los de beneficencia gestionados por las diputaciones.
- Los de la Obra de Protección de Menores.
- Los del Auxilio Social (posteriormente INAS).
En los años setenta, durante la fase terminal del franquismo, este panorama de recursos macroinstitucionales acogía a cientos de menores.
La Revolución Legislativa y el Nuevo Enfoque
Ley 21/87 y la Adopción: Un Cambio de Paradigma
Con la publicación de la Ley 21/87 de reforma del Código Civil en materia de adopción, se inició una gran revolución en la forma de entender la protección infantil. Además de facilitar la adopción como medida de protección, se introdujo el acogimiento familiar con la intención de que esta fuera la medida a utilizar en casos de separación familiar en lugar de la institucionalización.
Esta ley estableció un sistema ágil de intervención para niños en situación de grave desprotección, denominado “desamparo”, obligando a las administraciones competentes a asumir la tutela inmediata de estos menores. Esta reforma legal supuso un intento de recuperar el tiempo perdido y situar a España en una situación similar a la de los países avanzados en protección a la infancia.
Ley Orgánica 1/96: Infancia como Sujeto de Derechos y la Intervención en Riesgo
Posteriormente, esta filosofía se plasmó y amplió en la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, que constituye la norma básica de referencia para el trabajo en el sector de familia e infancia. Esta ley define la infancia como sujeto de derechos y no solo como objeto de protección, e introdujo la necesidad de intervenir no solo en situaciones de desamparo, sino también en situaciones de riesgo.
Las situaciones de riesgo son aquellos casos en los que los niños se encuentran insuficientemente atendidos por sus padres o tutores, pero sin la gravedad necesaria para declarar un desamparo. Ante estas situaciones, las administraciones deben elaborar un plan de intervención familiar con el objetivo de evitar que la situación se deteriore y culmine en un desamparo.
El marco legislativo se fue completando con las leyes autonómicas de servicios sociales y las específicas sobre derechos y protección de los menores de edad. Los psicólogos que trabajan en los equipos comunitarios de familia e infancia suelen desenvolverse en situaciones de riesgo, donde es posible seguir trabajando con los niños y sus familias sin medidas de separación.
En cambio, cuando los casos alcanzan el nivel especializado, muchas veces derivados por estos equipos comunitarios, se solicitan medidas de protección para situaciones muy graves, normalmente de desamparo. En estos casos, se asume la tutela de los menores, se les separa de sus familias (al menos temporalmente), y se propone una medida de guarda en acogimiento residencial o familiar, así como un plan de intervención con sus objetivos, recursos e intervenciones.
La Evolución del Rol del Psicólogo en la Protección Infantil
Los Primeros Psicólogos en Macroinstituciones: Evaluación Psicométrica
En los años setenta, en la universidad empezaron a aparecer los primeros psicólogos licenciados. No es de extrañar que los centros de menores fueran uno de los primeros lugares de ejercicio para estos recién titulados, dada la enorme cantidad de niños y jóvenes acogidos y la variedad de sus problemáticas.
Los psicólogos de la intervención social en protección infantil trabajaban fundamentalmente (casi exclusivamente) en los grandes centros de acogida. Desempeñaban un papel de evaluación psicológica, con un modelo eminentemente psicométrico, elaborando informes sobre el desarrollo intelectual y el perfil de personalidad de los niños y jóvenes para orientar al personal que los atendía.
Integración en los Servicios Sociales Comunitarios: El Plan Concertado de 1988
El papel de los psicólogos en los servicios sociales comunitarios de familia e infancia, en el ámbito municipal, es relativamente reciente, desarrollándose a partir de finales de los años 80. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 incluyó la obligación de prestar servicios sociales para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Sin embargo, el impulso definitivo provino del Plan Concertado para las prestaciones básicas en las administraciones locales en 1988. Hasta esa fecha, la presencia de la profesión se limitaba casi exclusivamente a las instituciones de acogida de menores y a tareas más específicas, como la selección de familias adoptantes.
El Plan Concertado definió las prestaciones básicas de los centros municipales de servicios sociales y los programas para hacerlas efectivas. Se diseñó un programa de “familia y convivencia” que incluía, junto a la ayuda a domicilio, un “tratamiento psico-social de apoyo a la familia”. Sus objetivos eran reforzar motivaciones para el cambio y elaborar proyectos de educación familiar para desarrollar habilidades que mejoraran la convivencia. También se planteó un programa de “inserción social”, que reunía prestaciones dirigidas a grupos en riesgo de exclusión social, incluyendo “tratamientos psicosociales a personas y familias en situación de desarraigo o vulnerabilidad”.
Con la puesta en marcha de los centros municipales de servicios sociales, prácticamente en la década de los 90, la profesión se integró en las intervenciones familiares comunitarias. Los psicólogos dedicaron cada vez más esfuerzos a los casos de menores en riesgo, buscando evitar la separación familiar, una idea impulsada por la Ley Orgánica de 1996 al definir el riesgo como situación de obligada intervención.
Con el tiempo, el programa de familia y convivencia fue tomando cuerpo como equipos específicos de intervención familiar en situaciones de riesgo. Una consecuencia negativa de esta especialización fue la reducción del papel de los psicólogos en las intervenciones de inserción social con minorías o grupos en riesgo de exclusión social en el ámbito municipal.
Durante la década de los 90, se consolidó y se impulsó enormemente el trabajo de los psicólogos en el escalón comunitario de los servicios de familia e infancia. La alta especialización requerida para trabajar en situaciones de riesgo de desprotección infantil llevó a que en algunos territorios estos equipos, aunque ubicados en el ámbito municipal, fueran financiados directamente por la comunidad autónoma. Esto garantiza la intervención en situaciones de riesgo a nivel local, permitiendo a la comunidad autónoma dedicar sus esfuerzos a casos de desamparo o riesgo muy grave.
Hoy día, muchos psicólogos trabajan en este nivel comunitario de familia e infancia, formando equipos con educadores sociales y trabajadores sociales para realizar intervenciones familiares en situaciones de maltrato, negligencia, abuso, explotación, etc.
Presiones y Responsabilidades en la Toma de Decisiones
Pocos entornos laborales de los psicólogos están sometidos a presiones tan fuertes como las que supone tomar la decisión de separar, o no, a menores de sus progenitores y proponer las medidas más adecuadas a sus necesidades y al superior interés del menor. Evaluar situaciones de desprotección implica valorar su nivel para discernir si se trata de una situación de riesgo (que permite mantener al menor con la familia) o de desamparo (que requiere separación).
Para ello, se realiza una evaluación interdisciplinar en la que los psicólogos deben evaluar en el niño el daño en su desarrollo como consecuencia de las experiencias de desprotección, su vinculación afectiva con los padres, y sus factores de riesgo y de protección. En la familia, se evalúan aspectos como los factores desencadenantes de la desprotección (problemas de adicciones, conflictividad, falta de recursos para la crianza, etc.). Son evaluaciones muy complejas que, al final, deben llevar a una toma de decisiones de enorme trascendencia para la vida de los niños y sus familias.
Trabajo infantil
Desafíos Actuales y la Necesidad de Especialización
La Importancia de Instrumentos Objetivos de Evaluación
La gran responsabilidad del trabajo profesional de todo el equipo interdisciplinar no se ha visto acompañada, hasta tiempos muy recientes, de instrumentos objetivos y rigurosos de medida. Uno de los avances más importantes ha sido la elaboración de manuales de evaluación de las situaciones de desprotección con criterios detallados, definidos operativamente y en forma de instrumentos cuya fiabilidad y validez pueden ser medidas.
Falta de Reconocimiento de Especialidad y Formación
Un grave problema profesional es el hecho de que no se haya reconocido ninguna especialidad para trabajar en estos equipos. Se producen situaciones en las que profesionales (no solo psicólogos, sino también trabajadores sociales, educadores, etc.) entran a formar parte de estos equipos sin tener ninguna formación en este terreno. Enfrentarse a un caso grave de maltrato infantil, valorar su nivel de desprotección y hacer propuestas de medidas de protección trascendentales para la vida de los niños y sus familias no puede hacerse sin una formación previa.
Dudas sobre la Eficacia y Eficiencia de las Intervenciones Preventivas
Es precisamente en el desarrollo de las intervenciones familiares de casos de riesgo donde hoy día existen más dudas acerca de la eficacia y eficiencia (relación de costes y resultados). Mientras que en el nivel especializado las medidas de acogimiento residencial y familiar, así como la adopción, cuentan con una monitorización estadística a nivel nacional, en el nivel comunitario no existen cifras nacionales.
En el caso de las intervenciones familiares, esto no es posible, aunque algunos territorios sí puedan dar cifras locales, muchas veces en forma de memorias. Esta falta de datos y evaluaciones tampoco permite analizar con qué modelos o enfoques se está interviniendo en los programas de intervención familiar, a pesar de la complejidad que encierran.
Los objetivos de estas intervenciones tienen que ver con aspectos motivacionales, conciencia de cambio (para asumir la necesidad de tratamientos o recursos comunitarios o su propia problemática), habilidades de crianza para las diferentes etapas (cuidado de bebés, niños y, sobre todo, conflicto con adolescentes), y destrezas para la organización doméstica. Todo ello puede realizarse mediante diferentes aproximaciones.
El Psicólogo en Programas Preventivos: El Caso de SENAME
Intervención Familiar Preventiva en Programas Colaboradores del SENAME
Un estudio realizado por Gómez y Haz (2008), titulado "Intervención Familiar Preventiva en Programas Colaboradores del SENAME: La Perspectiva del Profesional", abordó el rol del psicólogo en estos contextos. La investigación, basada en un diseño cualitativo mediante Grounded Theory con 12 entrevistas semi-estructuradas y 11 episódicas, reconstruyó las teorías subjetivas de los profesionales.
Hallazgos y Concepción de la Intervención Preventiva Integral
Los hallazgos de este estudio revelan que los profesionales trabajan con familias que presentan múltiples problemas y niños con sus derechos vulnerados, quienes viven en contextos de pobreza y exclusión social. La intervención se concibe como un proceso preventivo integral de orientación, apoyo, empoderamiento y reparación familiar.