La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de profunda preocupación y extensas investigaciones. El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela, una conclusión lapidaria derivada de un informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. Este documento crucial, al que accedió CIPER, detalla una realidad dramática que ha conmovido al país y movilizado a diversas instituciones.
El Contexto de la Investigación: Fallecimiento de Lissette Villa y Antecedentes
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió a Chile y fue un catalizador. Este trágico suceso movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia con el objetivo de detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del Sename. Sin embargo, la realidad demostró que las medidas implementadas no fueron suficientes.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esta indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A estos policías se les mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los centros del Sename entre 2005 y 2016.
La Investigación de la PDI: Alcance y Metodología
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen en todo el país, incluyendo aquellas con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas. Solo una se negó a recibirlos. El documento de la PDI, de 257 páginas, es un resumen de una extensa investigación contenida en 28 tomos.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017, ya que la mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a ese año sobre vulneraciones graves de derechos.
Hallazgos Alarmantes del Informe de la PDI
El informe de la PDI es categórico: en el 100% de los centros que administra directamente el Sename, y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos. De estos, 310 tuvieron connotación sexual.
Violaciones Sistemáticas y Tipos de Maltrato
El documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
Buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Abusos Sexuales: Cifras y Responsables
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizándose un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Salud Mental y Física de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Alarmantemente, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 ya constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Deficiencias en Protocolos y Condiciones Estructurales
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es particularmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Fallos en la Fiscalización y Supervisión
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, el informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”, lo que reduce su efectividad.
Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. No obstante, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, evidenciando fallas en la supervisión judicial.
Reacciones Políticas y Cuestionamientos al Sistema
El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, dijo a CIPER que era muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos.
A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento cuando estuvo listo. Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento públicamente, declarando: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”. Agregó que tuvo conocimiento de que se estaba realizando este estudio, pero que se trataba de un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte, y desconocía su conclusión o estado.
Reveladoras cifras de la crisis del Sename
Contexto de Informes Anteriores y Responsabilidades
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero los problemas persisten.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año, lo que plantea la interrogante de por qué no se encontraron estas vulneraciones sistemáticas y si se ordenaron medidas correctivas o investigaciones.
En un intento por fortalecer la protección, los presidentes de las cortes establecieron la necesidad de realizar buenas prácticas. Este acuerdo, que se enmarca dentro de la política del Poder Judicial, pretende fortalecer el envío de información, principalmente la relacionada a medidas de protección y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este acuerdo permite salvaguardar, resguardar y agilizar tramitaciones en relación al ámbito proteccional o de vulneración de la infancia. Sin embargo, cabe destacar que este tipo de comunicación es solo informativa y permite tener conocimiento previo de las causas.
El Rol de Supervisión del Sename y Transparencia
Corresponde al Sename, entre otras cosas, supervisar técnica y financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados. La supervisión financiera se ejecuta mediante las fiscalizaciones respectivas, que conllevan la rendición de cuentas que debe presentar obligatoriamente la entidad colaboradora acreditada y la revisión de la misma por el órgano fiscalizador.
Es importante tener presente que, si bien algunos documentos no se encuentran materialmente en las dependencias del Sename, ello se debe exclusivamente a que, por motivos de volumen, se ha autorizado su mantención en dependencias de los organismos colaboradores. Sin embargo, dicha autorización solo reglamentaria no produce el efecto de excluirlos de la documentación de carácter pública, carácter que se le confiere por la Ley de Transparencia, en tanto, de no existir esta autorización excepcional, ella debiera estar necesariamente en poder material del Sename.