Las Residencias de Organismos Colaboradores de SENAME (Servicio Nacional de Menores, Chile) son instituciones fundamentales en el sistema de protección de la infancia y adolescencia. Su función principal es recibir a niños, niñas y adolescentes por orden de los Tribunales de Familia, asumiendo la compleja tarea de cuidar a aquellos que han sido vulnerados en sus derechos. Además, realizan intervenciones con el propósito de apoyar los procesos de revinculación familiar, buscando que los menores egresen del sistema y se integren en un entorno familiar seguro. A diferencia de los programas ambulatorios, las residencias tienen características de funcionamiento y financiamiento muy distintas.
Contexto y Financiamiento de las Residencias
La subvención que estas residencias reciben del Estado representa, en promedio, el 35% de lo que necesitan para intervenir adecuadamente con los niños, niñas y adolescentes internos en sus dependencias. Esta insuficiencia las obliga a apelar a la caridad para cubrir el 100% de sus necesidades. La Mesa Técnica de Residencias, que agrupa a Organismos Colaboradores de SENAME, ha buscado aclarar la diferencia entre sus programas y los ambulatorios, especialmente en el contexto de debates públicos sobre su financiamiento.
Recientemente, la Comisión de Familia rechazó el aumento de subvención a las instituciones de protección colaboradoras del SENAME, lo que agudiza un problema de larga data. Es efectivo que las residencias tienen serias deficiencias para solventar el conjunto de necesidades y acciones requeridas para la compleja tarea de cuidar a niños vulnerados en sus derechos.
Desafíos Operacionales y la Complejidad de los Casos
Falta de Especialización y Sobrecupo
Los Organismos Colaboradores Acreditados (OCA) enfrentan un complejo escenario con el Estado, marcado por la falta de oferta de residencias y de programas especializados por parte del sistema de protección de menores. Cristián Glenz, director de Pequeño Cottolengo, lamenta que cerca del 30% de los cupos privados han cerrado en los últimos cuatro años, a pesar de que estos organismos representan cerca del 95% de la oferta residencial de infancia del país.
Glenz explica que esta situación genera una "bola de nieve" de problemas, incluyendo la falta de oferta y el sobrecupo. Un factor crítico es el artículo 80 bis, que obliga a las residencias a recibir a niños o jóvenes. Si existe una orden judicial bajo este artículo, las residencias no se pueden negar a acoger a NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) con perfil complejo. Esta obligatoriedad ha llevado a algunos organismos a terminar sus convenios, argumentando que "no es lo mismo atender a un infractor de ley, con uno con discapacidad, a uno con un problema de salud mental grave, porque además vulneras a los que además están ahí". Desde Pequeño Cottolengo, la postura es clara: "mientras no cambie el 80 bis, no vamos a recibir a nadie más".
Lisette Allende, gerente general de la Fundación María de la Luz, con residencias en San Felipe, Pucón y Lo Barnechea, ha señalado que "en estos 10 años nunca vi este nivel de crisis, especialmente este último año hemos recibido casos extremadamente complejos, niños desde 8 años hacia arriba, con descompensación de salud mental, problemas con la justicia, y son ingresados a las residencias y nosotros sin especialistas, y tenemos que hacernos cargo". Agregó que "el Estado hoy no tiene instituciones especializadas que den respuesta a estos casos, con Salud y Educación".
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Crisis de Legitimidad y Confianza
Es de conocimiento público la histórica dificultad de estos organismos para resguardar los derechos de los niños, lo que ha decantado en graves vulneraciones de derechos. Estas han sido denunciadas y constatadas por organismos nacionales e internacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esta situación es la expresión de un sistema que no termina por reconocer los efectos de sus propias prácticas y que, finalmente, ha generado por sí mismo la fractura de su legitimidad como garante de los derechos e intereses de niños y niñas. Sin lugar a dudas, la legitimidad y la confianza en estas instituciones son aspectos que deben ser reconstruidos a través del impulso de acciones que innoven en el trabajo cotidiano con niños, familias y comunidades vinculadas a esta realidad.
Propuestas y Acciones para la Mejora del Sistema
El problema que enfrentan estas residencias contiene una complejidad que va más allá de la mera necesidad de mayores recursos económicos o de un supuesto desprestigio de las organizaciones sociales. Aumentar la subvención es primordial, pero también es crucial identificar con precisión qué aspectos del funcionamiento de las instituciones y de las intervenciones se ven mermados por la falta de una mayor subvención, considerando que esta realidad se expresa de forma distinta en cada residencia.
El abordaje de estos nudos críticos no se resolverá con un Estado que se limita a un rol fiscalizador de los aspectos técnicos, financieros y administrativos. Es urgente que SENAME construya otro modo de relación con las instituciones colaboradoras. Yuri Contreras, dirigente nacional de ANTRAP (Asociación Nacional de Trabajadores de Protección), sostiene que "lo que está haciendo crisis es el diseño de la política pública".
Medidas de Mejor Niñez y Nuevas Leyes
Gabriela Muñoz, directora Nacional de Mejor Niñez, ha asegurado que "están diseñando un plan de abordaje de crisis y tenemos medidas urgentes como mejorar la respuesta de salud, por ejemplo, como apoyo especializado en las residencias para situaciones más críticas". También indicó que "se activan proyectos de emergencia para situaciones particulares de niños, y hemos hecho la inversión de recursos para ello".
Respecto a la decisión de algunos organismos colaboradores de cerrar, Muñoz sostuvo que "siempre es difícil porque son instituciones que llevan años trabajando en esta materia, pero lo vamos a tratar de revertir, conversar con ellos y asumir algún compromiso". Agregó que "tenemos la preocupación y la alerta de que es posible que esto crezca, y formalmente deberíamos tener 9 residencias que, o tomamos nosotros la decisión (de cerrar) o la han tomado los organismos colaboradores".
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, sugiere que "el modelo de familias de acogida, que podría ser una alternativa, tampoco tiene las herramientas vigorosas necesarias para poder enfrentar perfiles de mayor riesgo".
Una luz de esperanza surge con la aprobación de una nueva ley que permitirá duplicar el rango del aporte fiscal a instituciones colaboradoras, tras más de nueve meses de debate público. El Presidente Piñera valoró el rol histórico de las diversas instituciones y fundaciones, así como a las personas que trabajan en ellas, destacando que "detrás de cada una de ellas hay muchos que son el alma de esas instituciones". La promulgación de esta ley contó con la asistencia de Susana Tonda, directora Nacional de Sename; representantes de los ministerios de Desarrollo Social y de Justicia y Derechos Humanos; Unicef; parlamentarios y directivos de fundaciones e instituciones colaboradoras, entre otros invitados, en la Sociedad Protectora de la Infancia.
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