La Ley 20.084, promulgada el 28 de noviembre de 2005 y en vigencia desde el 8 de junio de 2007, nació con la promesa de reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores en la sociedad. Conocida como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, su objetivo principal es regular la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos, incluyendo el procedimiento de atribución de responsabilidad, la determinación de las sanciones y la forma en que estas se ejecutarán. Sin embargo, durante años ha mostrado ser insuficiente en su cumplimiento de estos objetivos.
Los datos evidencian esta insuficiencia: el 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresó antes de completar algún programa de protección del Estado, y un alarmante 47% de los adultos en la cárcel pasó previamente por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), hoy Servicio Mejor Niñez. La situación se ha visto agravada por la falta de acceso a salud mental dentro de los Centros de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC).
Testimonios de una Realidad Cruda: Misael y Felipe
La Historia de Misael Ortiz
Misael Ortiz, un mecánico que roza los treinta y reside en Pichilemu, relata a través de una videollamada cómo su vida ha estado marcada por la violencia desde la infancia. Con nerviosismo contenido y una alegría sincera, cuenta que ingresó a una residencia temporal cerca de los tres años debido a la constante violencia en su casa paterna. Al regresar con su madre, la violencia persistió y, además, fue víctima de un abuso sexual intrafamiliar.
A los trece años, Misael ya había delinquido ocasionalmente, robando dinero a transeúntes en el centro de Puente Alto junto a otros dos adolescentes. Más tarde, comenzó a consumir alcohol y algunas drogas. Pasó gran parte de su juventud en distintos centros del SENAME, describiendo su experiencia como "muy mala": "En general todo era muy… malo. Se portaban mal, había peleas, robos, drogas." Su historia muestra cómo el sistema centrado en lo punitivo no logra generar las condiciones para la reinserción; él tiene una extensa experiencia de delitos, consumo de drogas y alcohol desde los 13 años, y toda su vida fue un deambular por diferentes centros del SENAME, de los cuales se escapó en varias ocasiones por la inseguridad y los peligros que se vivían dentro, relatando: "Ya no quería más esto para mi vida, no quería seguir en hogares encerrado estando con otras personas."
El Caso de Felipe Benavides
Un caso similar es el de Felipe Benavides, un joven entusiasta y alegre de 20 años. Actualmente realiza un taller motivacional con adolescentes, mostrándoles la realidad y consecuencias de la vida delictual, y estudia Trabajo Social en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Felipe comenzó a robar a los 11 años y a los 14 fue detenido por robo con intimidación en Puente Alto, siendo derivado al Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín. Confiesa que de los talleres ofrecidos en los Centros de Internación no aprendió nada que le sirviera para su vida adulta fuera del encierro: "Hicieron un taller de ejercicio, entre comillas era un taller de fútbol que nos pasábamos pegando, obviamente porque era fútbol canero y poco más en realidad. Si no era la escuela, era el taller de fútbol."
Patrones Comunes y Fallas del Sistema
Las vivencias de Misael y Felipe, aunque con una década de diferencia, presentan situaciones muy similares: abandono del padre e inicio delictual desde la niñez. Para ambos, el sistema le ha fallado a ellos y a muchos otros adolescentes, ya que no ha logrado reinsertarlos socialmente a pesar de los programas existentes, lo que indica un fracaso del sistema en su conjunto.
Violencia, Abusos y Muertes en los Centros
El Asesinato de Daniel Ballesteros
El sistema tampoco siempre cumplió su promesa de protección. En noviembre de 2013, Daniel Ballesteros, de 17 años, fue apuñalado en su dormitorio por otros internos. El adolescente había alertado en varias ocasiones a su familia, su psicóloga y al personal del recinto sobre las amenazas de un grupo de internos de alta peligrosidad. Su muerte, la primera de un joven en el centro "modelo" del Sename, generó fuertes cuestionamientos a la concesión y dirección del servicio.
La madre de Daniel, Eliana Pérez, relató que su hijo le había hablado de las relaciones de poder, las agresiones constantes, las drogas y los celulares presentes en el lugar, que hacían de este centro de menores una copia de una cárcel común. Allí existían jerarquías: "los vivos", "los perros" y "los perkins" (líderes y quienes debían obedecer). Daniel estaba internado por robo, pero compartía espacio con jóvenes acusados de homicidios y asaltos con violación.
El Caso de Roberto Flores y el Riesgo Fuera del Centro
Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo (ETD) del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven, recuerda con voz casi trémula el caso de Roberto Flores, un chico que estuvo apenas dos meses internado y fue asesinado a los tres o cuatro días de salir en libertad, baleado en un funeral. Para Cornejo, Roberto estaba más protegido dentro del centro que en su propia casa, lo que subraya la vulnerabilidad de estos jóvenes al reingresar a sus entornos.
Cifras Alarmantes de Mortalidad y Suicidio
El número de menores de edad (entre 14 y 17 años) que han muerto de manera violenta es creciente: entre 2018 y 2023, suman 75 adolescentes fallecidos. En el caso de los mayores de edad bajo tutela del sistema, la cifra es aún más alarmante, con 119 jóvenes muertos en un sistema que supuestamente debía protegerlos. Recientemente, el 9 de enero del presente año, un joven de 17 años decidió quitarse la vida en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Además, en la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, hubo 160 adolescentes que intentaron suicidarse mientras estaban bajo la protección del Estado, una evidencia más de que "el Estado les ha fallado".
Perfil de los Jóvenes Infractores y Causas de la Delincuencia
Para conocer la situación interna de los Centros de Internación Provisoria, se realizó una visita al Centro Tiempo Joven, conocido popularmente como "La Cárcel Juvenil Tiempo Joven". Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo, explica la multicausalidad de factores que influyen en las conductas delictivas de los infractores.
Gines Alvarado, Gestor de Redes en el Centro Tiempo Joven y con dos décadas de experiencia, aporta valiosa información sobre el perfil de los adolescentes que ingresan por orden del Tribunal. Afirma que "provienen en alto porcentaje de comunas de sectores populares que presentan alta densidad poblacional y pertenecen a familias en donde alguno de los padres ha hecho abandono del hogar, sumado al consumo de drogas por parte de estos, presentando escasas reglas y normativa en el entorno familiar entre otras variables."
Francisco Jara, Educador Diferencial y profesional de Trato Directo en el Centro Tiempo Joven desde hace 30 años, profundiza en este perfil, señalando que muchos de estos jóvenes "llevan una vida delictual desde muy temprana edad. A veces comienzan desde los ocho años, y quizás muchos han sido dejados en la calle, y llegan acá con doce o catorce años… muchos no tienen hábitos e integran familias muy disfuncionales. Robar era un patrón, parte de la vida cultural."
La Cuestionada Reinserción Social
Perspectivas de Expertos y Deficiencias del Sistema
La trabajadora social, académica e investigadora Sonia Brito afirma que los niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Ella señala que "hubo violencia en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, económica, sexual, entre otras", añadiendo que "las/los jóvenes transcurren sus vidas con una desesperanza aprendida, no confían en las personas adultas, ni en las instituciones." Al ser consultada sobre el porcentaje de jóvenes infractores que logran reinsertarse socialmente, Brito indica que es una cuestión que suscita un debate y problematización permanente debido a la baja incidencia, "aun cuando ha habido avance en mejorar las leyes, normativas y procedimientos."
Por su parte, la psicóloga de la Universidad de Chile, Fernanda Salvo, basándose en informes del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, define la reinserción social como "un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal." Sin embargo, la Defensoría de la Niñez observó que entre 2016 y 2024, el porcentaje de términos con salida judicial efectiva disminuyó del 74% al 51%, y las sentencias definitivas condenatorias cayeron del 34% al 15%. Simultáneamente, aumentaron significativamente los archivos provisionales (del 11% al 27%) y los términos por facultad de no investigar (del 6% al 15%). Estos datos sugieren una agudización de "nudos críticos" en el proceso de investigación penal más que en la duración de las penas.
Alejandra Michelsen, periodista, escritora y directora de la Fundación ITACA, que ha trabajado en procesos de reinserción impartiendo talleres de literatura por más de 15 años, subraya un dato crucial: "El 47% de las personas adultas en la cárcel, estuvieron en hogares del SENAME." Los datos demuestran, según ella, cómo el sistema ha fallado en la reinserción social de jóvenes como Misael y Felipe, a pesar de los diversos programas existentes en el país.
Deficiencias en el Acompañamiento Profesional
Misael relata sobre la presencia de asistentes sociales y psicólogos en los centros: "(…) Había asistentes sociales y psicólogos, que ellos también tenían tu seguimiento, te apoyaban, más por trabajo, sí, más que nada, pero no encuentro que era un apoyo real, no como significativo… para uno que era menor de edad, entonces ahí se supone que uno debe tener un apoyo distinto con lo que es asistente social y psicólogo." Esta falta de apoyo real se suma a la opinión de Felipe, quien no aprendió nada útil para su vida adulta en los talleres.
Para los entrevistados, la solución no es solo aumentar las plazas con más profesionales, que ya son insuficientes, sino crear políticas de Estado que se hagan cargo del proceso de reinserción en su conjunto. Se debe "relevar el hecho que no existe un acompañamiento adecuado en las instituciones estatales y los profesionales no hacen su trabajo".
Hacia un Modelo de Justicia Restaurativa
Comelin Fornés afirma que "el trabajo con jóvenes que han infringido la ley penal no es un trabajo simple. Debe ser abordado con profesionales de alta especialización y con equipos consolidados que eviten la rotación laboral de sus componentes." La propuesta de un modelo de justicia restaurativa se presenta como el sistema ideal para tener mayores posibilidades de éxito y lograr la reinserción de manera efectiva, garantizando una verdadera reparación para el victimario y su entorno. De lo contrario, advierte, "continuará el mismo círculo de condenas y liberaciones que no favorecen a nadie y que pueden producir todavía más daño a los infractores que viven una precariedad social, psicológica y y física."
Tomás Cortés y Nicolás Grau, en su artículo de CIPER "Privar de libertad: un mecanismo eficiente para que menores de edad vuelvan a delinquir", afirman: "Creemos que encerrando a los jóvenes que cometen delitos les damos una lección que puede corregir su rumbo." Sin embargo, la historia de Misael, con su extensa experiencia de delitos y consumo de drogas desde los 13 años y su constante deambular por centros del SENAME, de los cuales se escapó por inseguridad y peligros, demuestra que el sistema punitivo no genera las condiciones para la reinserción.
El Rol de la Sociedad y Organizaciones Privadas
La Ley 20.084, si bien hacía alusión a la necesidad de considerar el bien del adolescente (Art. 2: "se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente"), la nueva ley cambia el foco de trabajo hacia un cambio paradigmático. No solo reconoce a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, sino como actores sociales, por lo cual es la sociedad en su conjunto la que debe contribuir en el proceso de reinserción.
Alejandra Michelsen asegura que para lograr un mayor porcentaje de reinserción, es necesario que toda la sociedad colabore y deje atrás la idea de que el encierro como método de castigo es efectivo, ya que se logrará todo lo contrario. Ella enfatiza: "hay que convencerse, a todos nos da miedo la delincuencia ¿Cierto? La sociedad debe tomar conciencia que el tema de la reinserción es una tarea de todos, no solo de los jóvenes infractores de ley."
De hecho, Misael y Felipe comenzaron a transitar hacia la reinserción solo cuando organismos privados, como la Fundación ITACA, empezaron a jugar un rol de acompañamiento. Para ambos, iniciar un proceso de liberación de culpas y reconexión consigo mismo es primordial. Felipe afirma: "La Fundación Ítaca me formó harto como persona, como lo que soy ahora y siempre voy a estar agradecido con ello."
Informes Lapidarios y Evidencias de Vulneraciones Sistemáticas
El Contundente Informe de la PDI (2017)
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa fue la lapidaria conclusión de un informe de la PDI de 2017 que investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La gravedad de este informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año anterior.
El reporte de la PDI, de 257 páginas (resumen de una investigación de 28 tomos), es mucho más completo que el de la ONU (que visitó solo cuatro residencias), al considerar 240 de un total de 241 centros en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños en el sistema de residencias del SENAME. Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME.
Contexto de la Investigación: La Muerte de Lissette Villa
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del SENAME. Sin embargo, "eso no pasó". La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal.
A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI con dedicación exclusiva para investigar las 1.313 muertes ocurridas en centros del SENAME entre 2005 y 2016. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del SENAME, visitando 240 de las 241 residencias existentes (directas o gestionadas por privados); solo una se negó a recibirlos.
Hallazgos Específicos del Informe PDI
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (equipo de la PDI) confeccionar un informe resumen de sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al SENAME y al Ministerio de Salud, para que se adoptaran todas las medidas posibles. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes, otros 137 casos similares.
Respecto a los abusos sexuales, se contabilizaron 310 con connotación sexual en total, constatándose abusos sexuales en el 50% de los hogares. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros), y 187 cometidos por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros.”
Deserciones y Fallos en Protocolos Esenciales
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
La investigación policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename" para asegurar un resguardo mínimo a la integridad de los niños. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es especialmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Problemas de Salud Mental y Física
La cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima, según el reporte de la PDI: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, 13,9% sufre una enfermedad crónica, y 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud." Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del SENAME, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del SENAME "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos."
Fiscalización y Rendición de Cuentas
Fallos en la Supervisión y Reacciones Políticas
El SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. Sin embargo, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa." Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Tras la denuncia del diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia de este informe de la PDI y pidió la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, este último descartó haber conocido el documento: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio." Larraín indicó que tuvo conocimiento de que se estaba realizando el estudio, pero que es parte de un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte.
El documento de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de sus hallazgos dio pie a varias investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. El diputado Saffirio ha denunciado la gravedad de que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento, implicando no solo al SENAME, sino también al Poder Judicial por la falta de fiscalización por parte de los jueces de familia.
Delincuencia Organizada desde los Centros
"Operación Ayuwoki" y Robos de Vehículos
Un reciente reportaje de Reportajes T13 volvió a poner en el centro del debate público las falenas en el control de los recintos de privación de libertad en Chile. La investigación dio a conocer un caso en que una banda juvenil realizó cinco portonazos en un solo día, recibiendo instrucciones directas desde un recinto del SENAME ubicado en Tiltil. La "Operación Ayuwoki" permitió reconstruir el recorrido de los delitos y las conversaciones que daban forma al plan criminal. En los audios interceptados, uno de los protagonistas fue Maykol Salvo, un asaltante de 19 años. Las comunicaciones ocurrían antes, durante y después de los robos, con relatos detallados de lo que estaba sucediendo en tiempo real. Según la PDI, el rol del interno era clave. Otro integrante de la banda, Giovanni Duarte, de 22 años, conocido como "el guatón Giovanni", también fue vinculado a estos hechos. Maykol Salvo fue detenido y se encuentra en prisión preventiva.
Una Transformación Preocupante
Este fenómeno no es aislado. El coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT UNAB), Pablo Urquízar, advirtió sobre una "transformación preocupante" en estos recintos. La situación generó preocupación no solo por la reiteración de delitos violentos, sino también por el nivel de organización y control territorial que pueden ejercer grupos delictuales desde espacios que, en teoría, deberían cumplir una función de reinserción social.