El Hospital San José, principal centro asistencial de la zona norte de Santiago, ubicado en la comuna de Independencia, ha enfrentado una serie de situaciones calamitosas que han puesto a prueba su capacidad y recursos. Interferencias, testimonios de funcionarios y familiares, así como datos administrativos, revelan una realidad compleja que abarca desde el colapso durante emergencias sanitarias hasta desafíos crónicos en la gestión de pacientes y personal.
La Crisis Respiratoria y Hospital de Campaña en el San José
Colapso de la Urgencia y Carpas de Campaña
La situación de colapso que vive este hospital es tal que no solo las camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) están repletas, sino que toda la Urgencia del Hospital San José, donde figuran pacientes ventilados en los box de atención. De esta forma, la gravedad de la situación se ha trasladado a las carpas, las cuales funcionan como hospital de campaña en el estacionamiento del San José. Éstas son el paso previo al ingreso a la Urgencia del hospital. Allí, en las carpas, es donde quedan hospitalizados los pacientes con síntomas respiratorios y, por ende, sospechosos de Covid-19. Según la gravedad que presenten estos pacientes, ingresarán o no al hospital.
Los familiares de los pacientes dicen que son llevados a una carpa de campaña instalada en el recinto, donde deben esperar para luego recibir oxígeno o ser derivados a la UCI. Una fuente en el hospital señala: “Los pacientes ya llegan graves, y tienen que quedar en la carpa por falta de capacidad. En cualquier hospital ese paciente se estaría ventilando en cama crítica, pero como no es posible, se le pone una máscara que da oxígeno para que aguanten lo más que puedan.”
Falta de Recursos y el Dilema del Triage
La mujer señaló que “la gente que trabaja en el hospital hace todo el esfuerzo humanamente posible”, sin embargo “el problema que hay en este hospital es la falta de recursos.” Añadió que “Después de estabilizarlos los tiran a la carpa 2 y después tiene que esperar 3 ó 4 días para poder entrar a la UCI. No hay técnicos, no hay enfermeros.”
Una funcionaria relata: “Todos los días algunos médicos de UPC [Unidad de Pacientes Críticos] realizan un recorrido por la urgencia y por las carpas. Lo hacen buscando candidatos para recibir ventilación mecánica cuando una de las camas con ventilador se desocupa.” Esto demuestra que el dilema de elegir a quién realizar ventilación mecánica y a quién no, ya se está instalado en este recinto hospitalario. Según al menos tres testimonios, ya han fallecido pacientes en este hospital de campaña (en la carpa). Esto se debe a que los pacientes se agravan a lo largo del tiempo en que están hospitalizados allí sin poder acceder a ventilación mecánica.
Un funcionario acusó: “Tampoco se los puede mandar a su casa. No le podemos decir a los caballeros adultos mayores ‘usted no clasifica para ventilador mecánico’. Entonces hay un problema con la expectativa y la realidad, porque no hay capacidad de ventiladores y en el gobierno siempre dicen que todo está bien, que todavía quedan más de 300.” Estos funcionarios denuncian que en Chile no se ha transparentado que ya se está haciendo triage de emergencia en los distintos hospitales de la Región Metropolitana, lo que en la práctica implica decidir quiénes recibirán atención y quiénes no.
La situación ha tenido un fuerte impacto en el personal de salud. “Imagina lo que significa para los trabajadores de la salud esta situación. La depresión es segura. Los funcionarios lloran escondidos”, señala una fuente en el hospital.
Realidad Operacional del Hospital de Campaña
El 30 de abril se inauguró el hospital de campaña del Hospital San José, cuya función definida, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud, es descongestionar las salas del centro médico, además de separar a los pacientes con Covid-19 de los que no. Su construcción debía implicar la habilitación de 18 nuevas camas para incrementar la capacidad de atención del recinto, afirmando que “Las instalaciones tienen todos los elementos necesarios para atender a los pacientes.”
Sin embargo, videos y fotografías del interior del hospital de campaña muestran una realidad diferente: pacientes siendo oxigenados o recibiendo suero en sillas o colchonetas. Un video circulado en redes sociales registra las precarias condiciones, evidenciando insumos botados en un piso sucio y mojado, y el caso de una señora que lleva días hospitalizada en una silla. “Por ser pobre uno tiene que aguantar todas estas cosas”, denuncia la persona que graba.
Instalan carpas para atender pacientes en hospitales de LA | Noticias Telemundo
Mientras tanto, afuera, a la intemperie, los familiares de los enfermos se arropan con frazadas a metros de la carpa, esperando alguna noticia sobre sus seres queridos, anhelando saber si sus parientes podrán acceder o no a alguna cama al interior del hospital. Una funcionaria del Hospital San José aclara: “No son personas en situación de calle, son familiares de los pacientes.”
Según datos entregados por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), la capacidad de camas críticas en la Región Metropolitana era de un 93% al día 6 de junio. En este mismo informe, se explica que el Servicio de Salud Norte, del cual el San José es el principal hospital, posee una tasa de ocupación de camas críticas del 99%.
El Problema de los Pacientes Sociosanitarios en la Red Pública
Definición y Ocupación de Camas Críticas
Otro desafío que afecta la disponibilidad de camas en la red pública de salud, incluyendo hospitales como el San José, es la situación de los pacientes sociosanitarios. Son pacientes con patologías compensadas, como hipertensión, problemas de colesterol, diabetes, entre otras, propias de esta etapa de la vida. Están dados de alta médicamente, pero no pueden irse a casa por falta de una red de apoyo que los cuide.
Mediante Transparencia, Mega Investiga solicitó un catastro de los pacientes sociosanitarios a nivel nacional. Al 27 de junio de este año, había 691 personas en la red pública de salud que seguían ocupando una cama. El problema se registra en la mayoría de los grandes centros hospitalarios del país.
Considerando como ejemplo el gasto que realiza el Hospital Carlos Van Buren, cada paciente de estas características le cuesta al sistema público cerca de un millón 272 mil pesos mensuales. David Gutiérrez, director del Hospital Carlos Van Buren, expresó: "sin duda es un problema importante para el hospital. Aquí tenemos dos dolores: el que quiere cama y está esperando en una silla a que lo subamos rápidamente a una cama, y aquel que no podemos abandonar."
Testimonios y Desafíos de Reinserción
Rosendo Figueroa, de 63 años, es uno de los pocos pacientes autovalentes del Hospital Carlos Van Buren, donde está viviendo hace cinco meses tras sufrir una descompensación. Aunque tiene algunas enfermedades crónicas, Rosendo está dado de alta, ya que podría seguir tratándose en su casa si tuviera una red de apoyo. Sin embargo, afirma: "Aquí todos me han ayudado, porque nadie viene." Y añade: "Tengo diez hermanos. ¿Usted cree que me llaman? [...] Me buscaron un hogar para Playa Ancha y yo no me quiero ir..."
Patricia, quien nació en Santiago y crió sola a sus hijos, afirma: "Me siento bien de haber criado a mis hijos. Cumplí una cosa que toda madre quiere cumplir." Pese a ello, confiesa: "A veces me siento sola, después de haber tenido hijos, casa, ser jefa de hogar. Pero bueno, son las cosas de la vida que a uno le pasan. Tengo que ponerle buena cara a la vida. Soy una mujer de temple, de lucha, no me dejo estar."
Es por esto que recintos asistenciales han tomado la decisión de externalizar estos servicios y pagan desde su bolsillo a distintos hogares para que reciban a estos pacientes, y así poder liberar camas. La red de salud intenta buscar cupos en alguno de los 20 recintos de larga estadía del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). Sin embargo, la directora del Senama, Claudia Asmad, explicó que estos recintos "están destinados para aquellas personas mayores que tienen dependencia severa", lo que limita la solución para pacientes autovalentes.
Fernanda Castillo, enfermera, expresó: "Se siente esa carencia emocional, la tienen." La ropa de los pacientes en el recinto de San José de Maipo se lava en el hospital, pero hay muchas otras cosas de uso diario que el establecimiento no puede costear y que llegan por donaciones o colectas.
Licencias Médicas Extendidas: Una Carga Financiera y Operacional para el Hospital San José
Magnitud del Ausentismo y Costos Asociados
Los desórdenes en el Hospital San José no dan tregua, especialmente en lo que respecta a las licencias médicas extendidas del personal. Se trata de 670 funcionarios que entre 2017 y mayo de 2024 presentaron licencias médicas extendidas, incluso hasta por seis años completos. La nómina revisada por Informe Especial detectó que 21 de ellos se tomaron miles de días de descanso. La última cifra del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), de abril de 2025, apunta a 419 personas que tuvieron más de 180 días de ausencia en 24 meses corridos.
Los pagos a funcionarios del San José con licencias extendidas superaron los $7.400 millones en el periodo analizado. De ellos, $1.500 millones financiaron remuneraciones a trabajadores cuyos reposos finalmente fueron rechazados. En definitiva, recibieron dinero que no les correspondía y que, a la fecha, en su mayoría no ha sido restituido. Todo ello sin considerar las licencias que sí fueron aprobadas y el sueldo de sus reemplazantes, que en algunos casos también se tomaron licencias médicas prolongadas; además de la evidente merma en la atención a pacientes y empleados sobrecargados.
Peor aún, entre los casos detectados destacan cuatro que se tomaron más de 2.000 días; es decir, registraron una ausencia del 74% en dicho periodo.
Marco Legal y Desafíos en la Aplicación
El exjefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic, enfatiza que “la licencia médica extendida de un funcionario tiene varios efectos. Tiene un efecto económico.” Explica que, en rigor, cuando el cotizante es de Fonasa, el trabajador recibe el sueldo íntegro con fondos públicos. Cuando es Isapre, la mayor parte del pago la financia la Isapre, “Pero ese delta, el diferencial entre el subsidio y el sueldo completo, lo paga el Servicio de Salud, en este caso el hospital.”
El artículo 151° del Estatuto Administrativo (Ley 18.834) que rige a los funcionarios públicos, señala que el jefe/a superior de un servicio “podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses (180 días), en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.” Si el jefe determina que la salud del funcionario es incompatible, puede declarar su puesto como vacante.
En este sentido, Mirosevic advierte que parte de estos funcionarios “pueden ser personas que efectivamente tengan una enfermedad que puede ser curada con el reposo.” El Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante, indicó que a mediados de 2024 se encargó “un estudio de situación de relaciones al interior del San José, que nos muestra un serio problema de organización, lo que después lo confirma la Contraloría con su Informe.” Reconoce la dificultad: “Muchos de ellos funcionarios antiguos, que tienen relaciones de trabajo con su equipo, y que prima yo diría que un sentimiento de solidaridad o no sé. Duele mucho despedir a una persona que ha llevado mucho tiempo trabajando contigo.”
Infante también destacó una táctica de los funcionarios: “Si el funcionario tiene entrenamiento, cuando tiene 179 vuelve y anula el proceso, y después lo vuelve a retomar más adelante.”
Intentos de Reorganización y Recuperación de Personal
Durante 2024, la administración del SSMN hizo un nuevo corte para analizar el tema, y las cifras obtenidas no fueron alentadoras: 419 casos de funcionarios con más de 180 días de licencias médicas en dos años. Todos fueron enviados a Compin, pero solo se ha tenido resolución para 256. De ellos, solamente 56 fueron evaluados por el Hospital San José para solicitar la vacancia del cargo mediante Estatuto Administrativo, es decir, desvincularlos.
El análisis se hizo junto a los gremios y se acordaron distintos criterios para no desvincularlos y reintegrar a esas personas. Entre las causas estaban, por ejemplo, la revisión con especialistas de aquellas licencias prolongadas de salud mental. Pese a que se trata de personas que faltaron durante años a sus trabajos, el SSMN ve el asunto con optimismo.
El Director del SSMN indicó: “No han vuelto a presentar licencia, porque dentro de muchos de ellos tú pones como condición, analizas el caso, hay buenas explicaciones, y el jefe dice: ‘Este funcionario en realidad, cuando está, trabaja bien’, entonces le das la opción. (Se le dice), ‘si usted presenta una nueva licencia, vamos a hacer efectivo el artículo 151. Pero si no, siga’. Y estamos con 280 que han seguido.” Asegura que "Hemos bajado sustancialmente las tasas de días perdidos por ausentismo en el hospital."
De todas formas, la dirección del SSMN asegura que desde el año pasado se han implementado diversas estrategias, como tres reuniones del Comité de Ausentismo a nivel central con asociaciones gremiales, donde se creó la política de ausentismo de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Norte. El objetivo es “dar la señal al cuerpo de trabajadores del Hospital San José en particular, de que aquí el comité de ausentismo va a funcionar de manera periódica y que vamos a estar atentos a que no se nos reproduzcan conductas que nos parecen dañinas para la probidad y para los recursos del sector.”
El Laberinto de los Reintegros por Licencias Rechazadas
Aún así, pese a las mejoras de ausentismo en el último año, poco se ha avanzado en recuperar los millonarios pagos del San José a sus funcionarios, en particular de aquellos que recibieron sus sueldos y cuyas licencias luego fueron rechazadas. El gasto total superó los $7.400 millones; y de ellos, $1.500 millones corresponden a licencias que nunca debieron ser pagadas. Del universo de licencias médicas detectadas entre 2017 y 2024 en el recinto hospitalario, un 10% fue rechazada por Fonasa.
El funcionario que tiene una licencia médica rechazada queda cubierto por la no ausencia a trabajar, es decir, se entiende que está justificada su ausencia. Sin embargo, no tiene derecho a recibir la remuneración y, por lo tanto, si recibió mal esa remuneración, está obligado a hacer un reintegro, una devolución al servicio por ese sueldo no trabajado. En efecto, de los $1.500 millones pagados a funcionarios del San José con licencias rechazadas, cerca de $1.200 millones fueron pagados a cotizantes de Fonasa y el restante a trabajadores con Isapre.
El Director del SSMN explica la dificultad para el reintegro: “Nosotros no tenemos autorización para que el reintegro de la licencia que fue pagada y fue rechazada sea hecho en cuotas. Por lo tanto, de ejecutar el reintegro tendríamos que cobrar el reintegro entero, que mucha gente excede su sueldo mensual. Entonces, lo que se hace es decirle a esa persona que le pida a Fonasa que le autorice cuotas y todo ese proceso demora.” Añade que: “Estamos en una situación intermedia. Lo que se puede descontar como razonable, reintegro razonable, llamémoslo, se hace.”
Sin embargo, Verónica Bustos, jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud, contradice a Infante respecto al procedimiento. Advierte que el reintegro en cuotas en realidad se pide en Contraloría: “Una vez que el servicio tiene esta información, tiene que generar la orden de reintegro que se le notifica al funcionario. Como en varios otros procesos administrativos, esto está regulado por derecho público, el funcionario tiene derecho a apelar y tiene recursos de apelación. Esos recursos de apelación son ante Contraloría General de la República, no ante Fonasa.”
Finalmente, Bustos plantea una reflexión crítica sobre la gestión de recursos públicos: “Yo creo que también en el mundo sanitario somos más corazón de abuelita, en el sentido de que no tenemos la rigurosidad de recuperar recursos públicos, porque prima lo humano a la eficiencia.” Aunque se reconoce que el dinero de las licencias rechazadas es un “gasto hormiga” que podría haberse destinado a otras necesidades, la realidad del trato con personas y compañeros de trabajo complejiza la aplicación de medidas más estrictas.