La noticia publicada por CIPER en la columna “NI UN NIÑO (A) MENOS” puso de manifiesto la ceguera de la sociedad chilena frente a los derechos vulnerados de los niños institucionalizados en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Experiencias personales, como la de haber vivido 16 años en este sistema, revelan la cruda realidad de haber sido privado de la paz de un hogar familiar, del derecho a la salud, de crecer sin padres ni abuelos, y de la propia infancia.
Un Sistema que Inhabilita y Encapsula Sueños
Desde la perspectiva de quienes han pasado por el Sename, el sistema ha significado lidiar a diario con un trato que cosifica al menor, a pesar de que Chile ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. La indiferencia social hacia la infancia vulnerada ha persistido a lo largo del tiempo, y el Estado, a través del Sename, ha alimentado un sistema que prometió protección pero terminó por vulnerar aún más a los niños desprotegidos, reduciendo sus oportunidades.
En este contexto, la Fundación de Egresados de Casas de Menores (ECAM) surgió para ir en auxilio de estos niños y niñas olvidados, los vulnerados e institucionalizados.
El Informe Jeldres: Un Golpe a la Cátedra Oficial
En 2012, tras años de silencio, el “Informe Jeldres” detalló a nivel nacional las graves fallas del sistema de protección de menores. Lo revelado en este informe fue una sorpresa para muchos, ya que por primera vez se conocía cuán vulnerable se encontraba la infancia en Chile. Este documento se convirtió en un duro golpe a la cátedra oficial institucional, demostrando que Chile no actuó política ni moralmente con responsabilidad hacia sus niños, niñas y adolescentes más vulnerados.
Aún hoy, el Chile para muchos niños y niñas que viven en el sistema no es mejor que el de ayer. Un ejemplo de esto es la transformación de la delincuencia juvenil en delincuencia infantil a lo largo de los años. La persistencia de la vulnerabilidad de estos niños se debe a que, como sociedad, hemos fallado al negarnos a ver su realidad. La jueza de Familia Mónica Jeldres es destacada por su coraje al cumplir su rol desde la humanidad y el profesionalismo, haciendo valer los derechos de los niños conforme a la Convención de los Derechos del Niño que Chile firmó en 1990.
Fallas en el Sistema de Internación y la Responsabilidad del Estado
Informes deficientes y el lucro de la vulnerabilidad
Un reportaje de Canal 13 reveló importantes fallas en el sistema de internación de niños vulnerables en centros del Sename. Los jueces de familia deciden el futuro de los menores basándose únicamente en informes realizados por organismos privados colaboradores, los cuales, según la investigación, son en muchos casos mal elaborados o directamente copiados. La jueza Mónica Jeldres señaló que estos informes "dan cuenta de una situación superficial, y con esos informes resolvemos".
Claudio Valdivia, director de la Clínica Jurídica UC, indicó que en muchas audiencias el principal respaldo es un informe escrito, lo que lleva a hablar de él sin tener al niño presente ni a los profesionales que lo realizaron. Valdivia añadió que a menudo son informes de "copy/paste" y que se desatiende la obligación legal de escuchar a los menores involucrados.
Esta situación se atribuye, en gran parte, al afán de estos organismos privados de cobrar recursos sin reparar en la calidad del trabajo. El Estado paga 150 mil pesos por informe, lo que suma 1.350 millones de pesos al año. Tres instituciones concentran estos recursos: Opción, con 5.820 millones; Ciudad del Niño, con 4.216 millones; y Mi Casa, con 3.192 millones.
A pesar de estas cifras millonarias, no hay regulación. Cristopher Soto, trabajador social, relata que el tiempo para redactar informes es muy limitado, con hasta 40 casos al mes, lo que significa casi la mitad de un día por cada niño. Lucha Venegas, exsocióloga de una de estas entidades, confesó haber sido obligada a mentir sobre intervenciones no realizadas para poder cobrar recursos y subir información falsa a la plataforma.
El Caos Estadístico: Cifras de Muertes y la Falta de Claridad
El Sename entregó la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016. En el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados) fallecieron 210 niñas, niños y adolescentes. En los centros de justicia juvenil, se registraron 33 fallecimientos de adolescentes. La directora nacional expresó que "la muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información", atribuyendo la demora a las deficiencias del sistema.
Un análisis de la Defensoría de la Niñez, tras la solicitud del Ministerio Público, determinó que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
El Comité de los Derechos del Niño, en 2018, afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Se recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas y desarrollar un plan de acción. En 2020, la Defensoría de la Niñez también recomendó la creación de una "Comisión de Verdad, Justicia y Reparación", pero esta petición no recibió respuesta del Poder Ejecutivo.
La única certeza respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con exactitud. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de Unicef reveló que en 2010 el número de fallecimientos fue cinco veces mayor. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", dividiendo el sistema en "protección" para menores vulnerados y una segunda parte para niños infractores de la ley. Un análisis de BBC Mundo de anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014, sumado a la lista de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos, pero la cifra oficial no parece confiable.
El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, denunció que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio presentó un informe con 200 medidas urgentes, ninguna de las cuales ha sido cumplida.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, expresó su desconfianza en las cifras: "Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El Factor Lissette: Un Caso Emblemático
El caso de Guillermina, de 16 años, quien se suicidó en 2012 en un centro del Sename, es un ejemplo de la problemática. Pese a un historial de intentos de suicidio y problemas de salud, no se siguió ningún protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema. Este caso, lejos de ser una excepción, es parte de un sistema que María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, describió como "en estado terminal".
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, siendo estos los casos más "críticos". Las causas de muerte, según el Servicio Médico Legal, sorprenden por su grado de violencia: lactantes ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La muerte de Lissette, de 11 años, cuya causa fue "indeterminada", detonó la crisis por los fallecimientos. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia. El 11 de abril, mientras sufría una crisis, se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose poco después. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores, no le dieron la debida importancia hasta que fue demasiado tarde. Lissette murió sin que se aplicara un protocolo adecuado.
Mariela Labraña, entonces directora del Sename, atribuyó la muerte de Lissette a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, una explicación considerada poco ética que le costó el puesto.
Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, y estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que algunos pueden tener efectos adversos en niños, como volverlos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada denunció la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros, donde el stock está en cualquier parte y cualquiera lo manipula, generando graves problemas con la dosificación. Además, el 63% de los niños bajo el cuidado del Sename están con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 niños carecen de atención médica especializada.
Estrada añadió que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil". Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, pero nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, muchos de los cuales prefieren trabajar en el sector privado, agrava esta situación.
Hacia una Solución: Pilares Fundamentales
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo con las familias, no su aislamiento.
- Reunificación familiar: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen. Estrada critica que los niños son internados por pobreza y que las decisiones a menudo se toman por falta de formación, optando por la vía fácil de internar al menor. María Estela Ortiz también cuestiona la estigmatización de la pobreza, preguntándose por qué no hay niños de niveles económicos altos en las instituciones del Sename, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son problemas transversales.
- Defensa jurídica adecuada: Es fundamental que los niños cuenten con una defensa jurídica que vele por el cumplimiento del trabajo de todos los actores del proceso, a diferencia de lo que sucede con los menores "infractores de ley" que sí cuentan con buenos defensores.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y hacer una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar. Es necesario tomar medidas urgentes, como la implementación de vehículos equipados para el transporte de los menores.
Una Perspectiva Histórica de la Crisis
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales, del Instituto de Historia UC, publicaron una columna en El Mercurio, subrayando la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis del Sename. Han analizado la problemática desde diversas disciplinas: psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras a la carencia de lugares capacitados para tratar trastornos de personalidad, y economistas a la falta de recursos y eficiencia administrativa.
La columna conjunta de Illanes y Morales abordó el abandono de la infancia en diferentes épocas y contextos, tras los hechos que han marcado el debate actual. Aseguran que la crisis "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas".
Los casos de menores fallecidos, que alcanzan los 1.313 desde 2005, parecen ser hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo. Illanes y Morales señalan que políticos y especialistas se han centrado en "las causas de las muertes, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado".
Estos menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo". Los historiadores mencionan ejemplos como las instituciones de asistencia a niños abandonados en la Barcelona del siglo XV, donde "las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva".
En Chile, la historia ha mostrado dificultades para la creación de lazos afectivos y la integración comunitaria, con registros de maltratos y abusos. A partir de estas investigaciones, se puede reflexionar sobre la realidad actual del Sename. Los académicos recalcan que el uso del concepto de abandono puede "promover la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias".
Sugieren que las futuras estrategias deberían relacionarse con "la conservación los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas". Los investigadores remiten a los objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados: el primero fue que sobrevivieran a los primeros años de vida debido a la alta mortalidad infantil. Ante esto, Illanes y Morales se preguntan: "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente?".
Concluyen que los estudios históricos permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del Sename deberían desempeñar un papel que fuese más allá de la protección o restitución de los derechos del niño, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.