La crisis histórica al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido un tema constante en la agenda pública chilena. A pesar de que el eslogan "los niños primero" fue una piedra angular durante la campaña presidencial de 2017, la realidad institucional ha demostrado ser compleja, marcada por denuncias de vulneración de derechos, crisis de gestión y un cuestionado sistema de financiamiento.
Contexto de la crisis del Sename
Durante la precandidatura presidencial de Felipe Kast (Evópoli) en 2017, se popularizó el eslogan "Los niños primero". Tras perder las primarias, la frase se integró a la campaña del presidente Sebastián Piñera, prometiendo solucionar la crisis del Sename. Esta promesa era relevante dada la densa e histórica cantidad de vulneración de derechos dentro de los centros que debían proteger a niñas y niños.
Renuncia de Susana Tonda y recientes conflictos
A pesar de las promesas, la institución sigue en problemas. Susana Tonda, ex directora del servicio, presentó su renuncia a través de una carta a los funcionarios del Sename, argumentando que no contaba con el respaldo del ministro de Justicia, Hernán Larraín. "Dados los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa, lo cual es imprescindible para ejercer un cargo como este", declaró Tonda.
En las semanas previas a la renuncia de Tonda, el organismo volvió a estar en crisis. El 28 de abril, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó una querella por explotación sexual comercial de niños en el hogar Nido de Hualpén. Posteriormente, Radio Bío Bío informó que el Sename suscribió un acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para el traspaso de información sobre los niños albergados, en medio de una campaña de criminalización de la protesta social, donde la "primera línea" estaría nutrida por personas que pasaron por el Sename.
Fuentes del Sename han relatado que, administrativamente, el organismo atraviesa un momento de luces y sombras. Por un lado, se percibía un camino positivo con el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) para ser reemplazados por Residencias Familiares, mejorando las condiciones de alojamiento con piezas individuales. Sin embargo, la institución sigue cargada de conflictos, incluyendo cuoteos políticos en cargos de distinta índole, tanto del gobierno actual como de los anteriores.
La denuncia del diputado René Saffirio
El diputado René Saffirio (Independiente), quien lideró investigaciones sobre la crisis histórica del Sename, ha criticado la dirección del gobierno de Sebastián Piñera en esta materia. Saffirio acusa que el enfoque está en aumentar las subvenciones a hogares privados por sobre garantizar que el Estado se haga cargo directamente del cuidado de los niños.
Informe de la PDI de diciembre de 2018
Saffirio contextualizó los hechos recientes con un informe clave: "En diciembre de 2018, lo que se llamaba la Fuerza de Tarea del Sename de la Policía de Investigaciones (PDI) le entregó al fiscal nacional, Jorge Abbott; al ministro de Justicia, Hernán Larraín; y a la directora del Sename, Susana Tonda, un informe de 270 páginas que daba cuenta de la investigación de la PDI a 241 centros".
Informe de PDI que reveló brutales abusos en el Sename permaneció oculto
Las conclusiones del informe de la PDI son alarmantes:
- El 92% de los centros no cumple con los estándares exigidos por el mismo Sename.
- En el 88% de las residencias se cometen actos que implican vulneración de derechos de los niños.
- En el 100% de los centros han habido acciones permanentes y sistemáticas que lesionan los derechos de los niños, respondiendo a maltrato intrarresidencial, es decir, cometidos por trabajadores del Sename.
El diputado agregó que "la PDI dice en diciembre de 2018 que estas formas de actuar son conocidas por el Sename y los Tribunales de Familia. El mismo informe dice que en el 59% de los abusos cometidos en contra de los niños los autores fueron funcionarios de los centros. Entonces la conclusión es que si se sabe que el 59% fueron cometidos por colaboradores del Sename, se sabe también qué delitos se cometieron, quiénes lo cometieron y quiénes son las víctimas".
Además, el informe de la PDI indica que el 66% del personal que trabaja de día en los centros no es idóneo, porcentaje que aumenta al 84% respecto del personal que trabaja en la noche. Saffirio enfatizó que "ha pasado un año y medio de esto y ni el ministro de Justicia ni fiscal nacional han hecho algo".
Relevancia de la renuncia de Susana Tonda
Para Saffirio, la renuncia de Susana Tonda "no tiene ninguna importancia, porque renuncia tal como lo han hecho todos los directores del Sename durante décadas y se siguen vulnerando los derechos de los niños y ningún gobierno ha hecho nada". Criticó al gobierno actual por haber hecho campaña electoral con los niños, considerando que es una "inmoralidad" el que se comprometieran a "poner los niños primero", pero lo único que hicieron fue "poner a los niños primero en la lista de la ANI para que la información la ocupe el presidente de la República".
El diputado argumentó que "da exactamente lo mismo la renuncia, después vendrá otro, otro y otro y el negocio va a seguir siendo el mismo. Izquierda, centro y derecha tienen las manos metidas en los recursos del Sename. Son más de 400 mil millones de pesos al año entre subvenciones y programas ejecutados por organismos colaboradores, donde hay redes de partidos políticos, iglesias, organismos gubernamentales. Sirve para todo, menos para financiar la calidad de vida de los niños".
Saffirio también señaló que el número de niños bajo el sistema de protección en Chile es de entre 6 y 7 mil, una cifra que el Estado podría financiar para asegurar "lo mejor de lo mejor". Recalcó que "si del 100% de las personas que están en las cárceles, el 50% pasó por un servicio del Sename, eso te dice que el sistema está funcionando totalmente mal. Además de estar violándose los derechos de niños, niñas y adolescentes, los centros del Sename están siendo una preparación para la vida criminal. No es casual que la mitad de la población penal en Chile haya pasado por el Sename".
Críticas a la gestión del gobierno y proyectos de ley
Respecto a los avances del gobierno, Saffirio mencionó un proyecto de ley de garantías de derechos de niñas y niños. "Lo aprobó la Cámara y pasó el Senado, ahí el gobierno presentó una indicación en que cambia de 'garantizar' a 'promoverá' los derechos de niños y niñas y adolescentes. Es decir, un proyecto de garantías se transformó en un poema a los niños vulnerados; nada."
Otro proyecto es la ley de adopción, que permitía las adopciones homoparentales. Aprobado por la Comisión de Familia y por la Cámara casi por unanimidad, pasó al Senado, pero "el gobierno le quita la urgencia porque no le gusta lo aprobado por la Cámara". Para Saffirio, "el gobierno prefiere que los niños que están para adopción sigan siendo violados sexualmente antes que puedan ser adoptados por una pareja homoparental. Ahí está paralizado el proyecto".
Los proyectos de creación de dos nuevos servicios (Servicio de Protección de la Infancia y Servicio de Responsabilidad Adolescente) ya están aprobados en el Senado, pero "ninguno cambia el régimen de financiamiento, en consecuencia, aunque haya dos servicios nuevos nada cambia porque esto seguirá siendo un negocio, y si el problema se resuelve se acaba el negocio".
El diputado indicó que "lo que define la preocupación de este gobierno, porque a los anteriores ni les importó, es el tema de la subvención. El único proyecto vigente, el que tuvo mi voto en contra, es el que aumentó en 10 mil millones de pesos las subvenciones para los mismos organismos que habían sido denunciados por el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas".
Ocultamiento del informe y responsabilidades
Saffirio denunció que el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, habrían recibido hace un año un informe de la PDI que daba cuenta de faltas y delitos cometidos en recintos del Sename, el cual supuestamente no dieron a conocer. "El fiscal nacional se lava las manos, tiene este informe de la PDI hace un año y medio, y no ha hecho nada, el Ministerio de Justicia tampoco. La causa murió con la renuncia de Marcos Emilfork, porque este informe lo pidió él, pero cuando la PDI lo termina no se lo entrega a él, sino que al fiscal nacional, debiendo entregarlo a quien dio la orden. El fiscal nacional lo miró y lo guardó. Afortunadamente llegó a mis manos una copia, y me reservo la fuente, denunciando esto. Así, en una sesión de la Comisión de Constitución, negaron todo, incluso que lo conocían", dijo Saffirio.
Negación del Ministerio de Justicia
Tras la denuncia de Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio". Añadió que tuvo conocimiento de que se estaba realizando este estudio, pero "este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación".
En una conferencia de prensa, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, acompañado por la directora nacional del Sename, Susana Tonda, se refirió a la petición de renuncia que el parlamentario realizó al Ministro de Justicia y DDHH y el Fiscal Nacional. Ossa señaló que "el informe de la PDI que menciona el diputado jamás ha sido entregado a nuestro Ministerio ni al Sename. Por lo mismo es falso su ocultamiento". También indicó que la PDI y el Ministerio Público expresaron que el Ministerio no había recibido dicha información y que pretendían entregarlo en los próximos días como insumo para futuras políticas públicas.
El subsecretario refutó las acusaciones de ocultamiento: "El Sename, justamente porque nada oculta, publica en su página web cuando ocurre un fallecimiento e informa, mensualmente y a seis comisiones del Congreso, dichos fallecimientos. Lo mismo hace este Ministerio cada tres meses."
El informe de la PDI y sus hallazgos
El documento al que tuvo acceso Saffirio da cuenta -en 28 tomos- de los delitos cometidos en 240 de los 241 centros del Sename. En la página 23, se establece que los hallazgos de la PDI "son de tal gravedad que se resolvió entregar el informe al fiscal nacional y al ministro de Justicia en junio de 2018, o sea un año atrás".
Saffirio afirmó: "El fiscal nacional y el ministro de Justicia reciben este informe, lo guardan durante un año y lo guardan precisamente durante el periodo en el que el Congreso discutió los recursos adicionales de diez mil millones de pesos para ser otorgado a las Ocas. Si esta información hubiera estado sobre la mesa de la comisión de Constitución de la Cámara y el Senado, y en la sala del debate, probablemente el proyecto no se hubiera aprobado". Por este motivo, el diputado solicitó la renuncia del secretario de Estado y del jefe de los fiscales.
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". De los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI, se desglosan:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
El 50% de los hogares presentaba abusos sexuales, con un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Problemas de protocolos y fiscalización
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename".
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
La PDI determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Informe de PDI que reveló brutales abusos en el Sename permaneció oculto
Salud mental y discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima, según el reporte de la PDI: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Historia de informes y la pasividad de las autoridades
La historia de informes sobre las vulneraciones en el Sename es extensa. El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork. Este, junto a un equipo especial de la PDI, indagó sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (entre 2005 y 2016).