En el ámbito del desarrollo social y la protección a la niñez en Chile, se han producido importantes cambios estructurales y financieros que buscan modernizar y fortalecer el sistema de apoyo a los sectores más vulnerables. Uno de los hitos más significativos es la creación de una nueva institucionalidad para la infancia, que busca reemplazar al Servicio Nacional de Menores (Sename). Paralelamente, el país ha experimentado una serie de ajustes presupuestarios que han generado amplio debate y preocupación sobre el impacto en programas sociales clave.
Impacto de la Reducción Presupuestaria en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Una reducción presupuestaria de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia quedó establecida mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el pasado viernes 24 de abril. Esta decisión impacta directamente a programas sociales prioritarios, especialmente en áreas de infancia, juventud y pueblos indígenas.
El ajuste, materializado a través de una modificación presupuestaria, implica una disminución de recursos en múltiples servicios dependientes de la cartera, afectando a instituciones clave del sistema de protección social en el país.
Programas y Organismos Más Afectados
Entre los organismos que sufren las mayores reducciones se encuentran:
- El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), encargado de la protección de menores vulnerados, con más de $12.748 millones de pesos.
- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), con $7.634 millones, particularmente en fondos de tierras y apoyo a comunidades.
- El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), con $3.859 millones.
- La Subsecretaría de la Niñez, con $3.359 millones.
- El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), con $1.135 millones.
- El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), con $318 millones.
Asimismo, el recorte impacta iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar), con una reducción de $1.850 millones de pesos, además de otras de acompañamiento familiar y políticas de desarrollo social orientadas a sectores vulnerables.
Controversia y Reacciones Ante los Recortes Presupuestarios
El documento que oficializó estos recortes fue firmado el mismo día en que se instaló la controversia por una circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la cual recomendaba “descontinuar” o reformular decenas de programas estatales, generando críticas tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo.
En ese contexto, el recorte presupuestario refuerza las preocupaciones sobre un eventual ajuste fiscal más profundo en el gasto social, a pesar de que desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se eliminarán beneficios esenciales. El ministro Quiroz ha defendido el concepto de “descontinuar” como una herramienta técnica para rediseñar programas.
Postura del Gobierno y Críticas de la Oposición
Ministros, subsecretarios y el Presidente José Antonio Kast han salido a insistir en que la política de recortes no impactará ningún beneficio social, pese a la reducción de recursos en diferentes programas, incluyendo la Pensión Garantizada Universal (PGU). El Ministerio de Hacienda ratificó el recorte de más de $32 mil millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social, afectando programas como el ex Sename, CONADI, INJUV, Chile Crece Contigo y el ajuar para recién nacidos.
En total, se conoció que Hacienda propuso recortes en 260 programas, destacando una disminución de la Pensión Garantizada Universal en $906 mil millones y pensiones del sistema de reparto que tendrían $321 mil millones menos. La cifra total de proyecciones del gobierno para reducir gasto aplicaría una rebaja estimada del 15% hacia 2027 y, en total, llegaría a los seis mil millones de dólares prometidos en campaña.
El gobierno ha hecho un amplio despliegue para aclarar que una sugerencia para el presupuesto 2027 no es lo mismo que un recorte para el presupuesto actual. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que ningún pensionado se verá directamente afectado por esta política y que atacarán el malgasto y el llamado ‘fraude social’. Por su parte, el Presidente José Antonio Kast aseguró que “no va a haber ningún recorte que pueda afectar” a los beneficios sociales.
Diputados y senadores de todos los partidos no alineados con La Moneda han criticado la ruptura de una promesa de campaña, pidiendo incluso la renuncia del ministro Quiroz. El Frente Amplio, por ejemplo, ofició al Ministerio de Hacienda para que transparente los 24 decretos con recortes al presupuesto actual. Ante estas críticas, el subsecretario de Niñez, Marcelo Sánchez, aclaró que no hay listas de espera en el servicio, pero sí en las atenciones ambulatorias.
Advertencias de la ANEF
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) reaccionaron con dureza al ajuste, señalando a través de una declaración oficial que el decreto “recorta de forma inmediata la ejecución presupuestaria 2026 de servicios esenciales”. La organización sostuvo que “se trata de medidas que impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía”, advirtiendo efectos directos sobre políticas de Estado y programas sociales clave. La ANEF calificó el Decreto N°331/2026 como “un ataque frontal a derechos sociales y obligaciones de protección prioritarias”, apuntando que las reducciones afectan especialmente a la infancia, pueblos originarios y personas con discapacidad.
Hacia una Nueva Institucionalidad: El Fin del Sename
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, agradeció la aprobación del Senado a las observaciones del Presidente de la República y señaló que “el Sename, tal como lo conocemos, dejará de existir”. Terminar con el Sename es considerado una deuda histórica que tiene el país con la niñez y adolescencia, especialmente a partir de la crisis que ha sufrido la institucionalidad de protección durante los últimos años.
Desde el primer día, el gobierno del presidente Sebastián Piñera trabajó incansablemente por crear una nueva institucionalidad en materia de niñez, una institución robusta que se haga cargo de las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. En materia de garantías, se destacó el trabajo realizado sobre la base del proyecto de ley sobre el sistema de garantías de los derechos de la niñez, iniciado en Mensaje de la entonces Presidenta Michelle Bachelet en 2015. En octubre de 2018 y noviembre de 2019, dando cumplimiento a diversas medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley, con el objeto de adecuar su contenido a la Convención de los Derechos del Niño y de crear un sistema de protección administrativa con bajada territorial y recursos suficientes.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó: “queremos agradecer al Senado que ha dado la oportunidad a los niños más vulnerables de Chile, de creer, de confiar, de no perder la esperanza en un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que nos va a permitir rescatar lo más valioso que tenemos como sociedad: los niños, niñas y adolescentes que más han sufrido y que no queremos que sigan sufriendo”. Ahora, se podrán dar los primeros pasos para concretar una institucionalidad más completa, parte de un proceso de corto, mediano y largo plazo que no solo incluye a este servicio, sino también el sistema preventivo, que busca evitar que los niños sean vulnerados, para llegar antes de que sea necesario reparar, antes del sufrimiento.
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
¿Qué es el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia?
Es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados.
Objeto y Principios del Servicio
El Servicio tendrá por objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Deberá asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad, así como garantizar, en el ámbito de su competencia y atribuciones, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección.
También deberá respetar y hacer respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El Servicio actuará de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, su Plan de Acción, y garantizará el derecho de acceso a la justicia que, de forma independiente al Servicio, se otorgue a los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención. De acuerdo con la ley, el Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos de manera concordante con la dignidad humana del niño, niña o adolescente.
Los principios rectores son: el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva.
Operación y Funciones del Servicio
El Servicio proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, por sí o a través de terceros. Si hay niños, niñas o adolescentes que resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por el daño moral será fijada por el juez, considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado.
Los sujetos de atención del Servicio son los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, seguirán siendo sujetos de atención quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.
Funciones Clave del Servicio:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa respecto de cada programa de protección especializada.
- Colaborar con los órganos del Estado en el marco de sus competencias, y requerir o entregar información cuando corresponda.
- Generar procedimientos idóneos, formales y permanentes destinados a recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio y de sus familias, o de quienes los tengan legalmente a su cuidado.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección especializada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica.
- Solicitar información a cualquier órgano del Estado que estime conveniente para el buen cumplimiento de sus funciones.
- Ejercer las acciones que correspondan para la recuperación de los recursos que hayan sido utilizados en contravención de lo dispuesto por la normativa pertinente o el respectivo convenio.
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Estructura y Gobernanza
El Director o Directora Nacional durará cinco años en su cargo y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. El Servicio contará con direcciones regionales en cada región del país. Tanto el Director Nacional como los directores regionales serán nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.
El Consejo de Expertos estará conformado por cinco miembros expertos en las áreas ligadas a la niñez, con experiencia y reconocida trayectoria. Los integrantes durarán tres años en su cargo y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez.
Priorización de Casos y Líneas de Acción
Los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que permitan hacer efectiva su priorización.
Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio incluyen:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación.
- Cuidado alternativo.
- Adopción.
Los programas de protección especializada deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial, a evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o un tercero y atendiendo a las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos del Estado competentes.
En cuanto a la línea de acción de adopción, corresponderá toda actividad tendiente a procurar al niño, niña o adolescente una familia, cualquiera sea su composición, que le brinde afecto y cuidados, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen, conforme a la normativa de adopción vigente.
Fiscalización y Colaboradores Acreditados
El Servicio deberá considerar una unidad de fiscalización. La supervisión y fiscalización consistirá en el mecanismo de control a través del cual podrá aplicar sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados.
El Servicio deberá mantener y administrar un Registro de colaboradores acreditados, el que deberá estar siempre disponible en la página web del Servicio y actualizarse una vez al año. Solo podrán ser colaboradores acreditados las personas jurídicas que hubieren adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y que afecten el correcto uso de recursos públicos.
Para la determinación de la sanción, en el caso de las infracciones graves, el Servicio procurará que su aplicación resulte idónea para el cumplimiento de los fines de la protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Será considerada como infracción gravísima la ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y que afecten el correcto uso de recursos públicos. La infracción gravísima puede ser sancionada hasta con el término de la acreditación.
El Servicio deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio de sus funciones.
Programas Complementarios de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Social
Chile Crece Contigo
Chile Crece Contigo es un subsistema de protección a la infancia que se preocupa por el desarrollo de niños y niñas entre los 0 y los 9 años. Cuida a las mamás durante el embarazo y acompaña a los padres/cuidadores, entregándoles información y materiales que apoyan el crecimiento de niños y niñas según sus necesidades. Esta iniciativa brinda a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden sus necesidades y desarrollo en cada etapa de su crecimiento.
La línea telefónica de Fundación Integra, que forma parte de este Subsistema de Protección Integral, permite a padres y/o cuidadores llamar por consultas sobre crianza.
Oficinas Locales de Niñez
Las Oficinas Locales de Niñez son propuestas de oficinas con enfoque local que partirán con pilotos en el territorio nacional. Estas oficinas se conformarán mediante convenio entre los municipios y la Subsecretaría de la Niñez, y estarán a cargo de administrar el sistema de alerta temprana que buscaría detectar posibles riesgos de vulneración de derechos. Además, tendrán la misión de coordinar la oferta de niñez en el territorio y de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunas de estas oficinas o programas de niñez son cofinanciados entre el Sename y un municipio u otro actor relevante a nivel local, o financiados en gran parte por los propios municipios.
Programas de Representación Jurídica
En el ámbito de la representación jurídica, existen programas que trabajan en esta línea. Uno de ellos es un programa perteneciente al Servicio Nacional de Menores (Sename) cuyo objetivo es representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asisten a algún programa de la red Sename y que fueron vulnerados en sus Derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. Actualmente, existen 16 programas a nivel nacional.
Asimismo, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, iniciado en 2017 como piloto y extendido posteriormente, tiene como principal objetivo representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna residencia de Sename. Este programa lo ejecutan las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), a cuyos servicios de orientación e información puede acceder cualquier persona.
Justicia Juvenil
En el área de Justicia Juvenil, el Servicio Nacional de Menores tiene a cargo supervisar programas ejecutados por organismos colaboradores. Existen diversos tipos de programas según el tipo de sanción al que fueron objeto los adolescentes infractores de Ley, pudiendo ser privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad pueden ser provisorios, cerrados o semicerrados. Además, una unidad de defensa penal especializada presta servicios a los adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.
Iniciativas de Apoyo durante la Pandemia
Durante la pandemia, se implementaron iniciativas para mitigar sus efectos en niños y niñas que vivían el confinamiento. En Punta Arenas, por ejemplo, se entregaron kits con materiales de estimulación que favorecen la generación de actividades de juego y recreativas, beneficiando a 3 residencias. Este material didáctico tuvo la finalidad de favorecer la generación de juegos en las niñas y niños que presentaban mayor vulnerabilidad psicosocial dentro la red del Sename, a usuarios de las salas de estimulación temprana y en residencias sanitarias. La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva, afirmó que “para nuestro Gobierno las niñas y niños han sido unos de los grupos más perjudicados por la pandemia, debido a que la suspensión de clases presenciales ha traído como consecuencia la pérdida de contacto con sus pares, y con ello, el juego”. El Coordinador Regional del Sename, Mario Miranda, agradeció el impulso prioritario a las temáticas de infancia y el trabajo permanente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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