La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha puesto en evidencia desafíos profundos en la protección de la niñez y adolescencia vulnerable en Chile. Existe la convicción de que una parte importante de esta crisis radica en que el Estado encargó tareas y responsabilidades al SENAME que iban mucho más allá de sus capacidades.
El cuidado de los niños, y especialmente de los más vulnerables, no es solo responsabilidad de una agencia o servicio del Estado, sino del Estado en su conjunto. Esta problemática se acentuó tras la revelación, en la Comisión Investigadora del Sename II, de que un total de 185 niños y adolescentes bajo la tutela de la institución fallecieron entre 2005 y mayo de 2016. Esta cifra, obtenida mediante un oficio de transparencia solicitado por el diputado René Saffirio, generó un fuerte cuestionamiento al sistema por parte de los directores de los principales centros colaboradores del Servicio Nacional de Menores.
El Rol Crucial de los Organismos Colaboradores (OCA) y la Insuficiencia de Fondos
La cifra de fallecimientos, cuyas causas la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, se comprometió a entregar a la comisión, alertó a los directores de las instituciones privadas que tienen a cargo a estos niños. Estas organizaciones se sostienen con un apoyo financiero parcial del Estado y mediante donaciones.
El Deterioro de la Subvención: IPC vs. Índice de Remuneraciones
Una de las preguntas centrales es por qué la subvención que entrega el SENAME a sus organismos colaboradores (OCA) se ha deteriorado al punto de no permitir cubrir los costos de una atención adecuada para los menores. La respuesta principal radica en que el valor de la subvención se reajusta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual no refleja el alto incremento del precio de los recursos humanos en el país, que se expresa en el Índice de Remuneraciones (IR).
La subvención que reciben estas instituciones está descrita en la Ley 20.032 del año 2005 y su respectivo reglamento. Esta normativa define una Unidad de Subvención del Sename (USS) y los montos para cada tipo de programa, considerando una banda de precios. En esta banda, el valor más bajo permitiría entregar una atención básica, mientras que el valor más alto correspondería a una atención óptima. Al implementarse esta normativa, el reglamento fijó, en general, los valores más bajos de la banda para cada programa.
Con el transcurso de los años, el reglamento ha sido modificado para transitar, en algunos programas, hacia valores más altos de la banda. El reglamento de la Ley 20.032 fijó en 2005 un valor de la USS de $10.000, cuya reajustabilidad se efectuaría de acuerdo con el IPC anual. En su momento, este monto fue considerado adecuado por la mayoría de los organismos colaboradores del Sename.
Sin embargo, con el paso de los años -y cada vez con más fuerza- el monto de la subvención ha sido criticado porque no estaría cubriendo los costos de una atención adecuada para los niños y niñas. La hipótesis apunta al método de reajustabilidad de la USS que, como fue mencionado, está indexado con la variación anual del IPC, cuyo comportamiento no ha reflejado el incremento que ha experimentado el precio de los recursos humanos en el país, y que se expresa en el Índice de Remuneraciones (IR).
Considerando que los OCA destinan en promedio el 73% de sus recursos a financiar profesionales, técnicos y administrativos, al no estar asociada al IR, la subvención ha sufrido un deterioro real significativo. Un cálculo sugiere que, si la subvención se hubiese reajustado con el IR, en los 14 años que lleva el sistema, el Estado habría dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables. En 2018, las diferencias porcentuales en la reajustabilidad alcanzaban a más de un tercio a favor de una USS ajustada según el IR. Es decir, desde 2006, y de manera cada vez más significativa, los OCA han sido perjudicados por el IPC, dada su estructura de costos.
Voces desde los Organismos Colaboradores
Los directores de los organismos colaboradores han manifestado que, si bien enfrentan diversas dificultades, la mayoría de estos problemas se solucionarían si contaran con más recursos para mantener a los niños.
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María Ayuda: El sacerdote Francisco Pereira, director pastoral de María Ayuda -corporación con el mayor número de centros colaboradores del Sename a nivel nacional (16) que alberga a 380 menores-, señaló: “Cuando se habla de estos 180 niños que murieron, muchos de ellos fue por carencias o negligencia, no solo por falta de protocolo, sino porque no estaban los recursos para que tuvieran una atención adecuada”. Pereira indicó que, de un 100% del dinero con que se mantiene un menor al mes (cercano a $1 millón), el 63% lo aportan ellos y solo el 37% lo desembolsa el Estado.
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Pequeño Cottolengo: Cristián Glenz, director de Pequeño Cottolengo, institución que alberga a 404 niños, afirmó que “el Estado es responsable de estos chicos y los entrega a organismos colaboradores del Sename con una subvención absolutamente insuficiente que cubre menos del 30% de los gastos mínimos requeridos para darles una vida digna. El resto tenemos que gestionarlo nosotros”. Agregó que el Fisco les entrega $220 mil mensuales por 226 de las 330 plazas, ya que solo cubren a las personas que llegaron al Cottolengo siendo menores. “El Sename exige que proveamos un servicio que cuesta tres veces el valor que nos entregan”, puntualizó.
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Aldeas Infantiles SOS: Juan Pablo Orlandini, director nacional de Aldeas Infantiles SOS, que atiende a 529 menores con subvención estatal, indicó: “Sename financia parte de nuestros programas de acogimiento en cerca de un tercio del valor total de atención de un niño por mes y el resto de recursos proviene de los propios esfuerzos de la organización. Por tanto, sin duda que necesitamos más recursos”.
Las cifras del servicio revelaron que el Fisco entregó $27 mil millones durante 2015 a 8.379 menores, lo que se traduce en un aporte estatal de $207 mil mensual por niño. Este monto, según los directores, no alcanza a cubrir sus necesidades y ni siquiera llega a la mitad de lo que cuesta mantener a un reo en Chile. En 2011, el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera, reveló que el Estado gastaba hasta $550 mil al mes por cada uno de los cerca de 54 mil internos en las cárceles chilenas.
Consecuencias de la Brecha Financiera
La carencia de fondos genera problemas críticos. Uno de ellos es la falta de atención pública de salud adecuada. Francisco Pereira mencionó que en Chile no existe una posibilidad real de que los niños del SENAME reciban atención psiquiátrica en la salud pública, lo que evidencia la ausencia de un sistema integrado entre la salud, el sistema judicial y social.
A esto se suma la dificultad para pagar salarios competitivos a quienes cuidan a estos menores. Según Pereira, “los profesionales que tienen los hogares reciben un sueldo bajo el mercado”, lo que impacta directamente en la calidad y estabilidad del personal a cargo.
Hacia una Articulación Intersectorial: Otros Beneficiarios y Objetivos
En un esfuerzo por abordar la compleja situación del SENAME, se ha promovido una coordinación interministerial. Se ha destacado la unión de nueve ministerios junto al servicio, en respuesta a la solicitud presidencial de trabajar de manera conjunta y coordinada para brindar soluciones.
Medidas Ministeriales Específicas
Dentro de esta articulación, se han definido acciones concretas por parte de diferentes carteras:
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Nuevas residencias: El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, facilitará inmuebles al Servicio que cumplan con las condiciones para constituirse como residencias a lo largo de todo el país.
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Acceso prioritario a subsidios habitacionales: El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, organizará capacitaciones para postular a los programas de acceso a vivienda del MINVU.
Convenios Intersectoriales para el Bienestar Infantil
Además de estas medidas, existen diversos convenios intersectoriales que buscan fortalecer la protección y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, articulando esfuerzos más allá de la financiación directa a los OCA, beneficiando directamente a los menores a través de programas y políticas:
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Deporte: Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Deportes y SENAME para facilitar la incorporación de niños y adolescentes de la red SENAME a los programas y proyectos ejecutados por el Instituto Nacional de Deporte en diferentes territorios del país.
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Mutua Colaboración: Realizar acciones conjuntas destinadas a promover el desarrollo de actividades de mutua colaboración e intercambio en el ámbito de sus intereses, atribuciones y recursos propios.
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Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia: Asegurar el intercambio y cooperación en el desarrollo de políticas y acciones destinadas a la niñez, la adolescencia y la familia en Chile.
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Coordinación con JUNAEB: Compartir información de niños, niñas y adolescentes atendidos por SENAME para que, en los casos dentro del sistema educacional, puedan recibir de manera oportuna y eficiente el apoyo de los distintos programas y becas con los que cuenta la JUNAEB.
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Convenio Intersectorial y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI): Establecer mecanismos de coordinación y colaboración para contribuir a la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y aquellos que viven en la calle, y perfeccionar los procedimientos policiales relacionados, a fin de otorgar una protección integral de sus derechos.
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Erradicación del Trabajo Infantil: Garantizar el desarrollo del proyecto “Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil”. Este método busca obtener, mediante la participación de diversos organismos y servicios públicos estratégicos (incluyendo Carabineros de Chile), información cuantitativa y cualitativa de niños, niñas y adolescentes identificados en peores formas de trabajo infantil, a nivel local, regional y nacional, con la finalidad de diseñar políticas y programas orientados a su erradicación progresiva.
