La historia de Chile está marcada por eventos que revelan la complejidad de su sociedad, desde antiguas prácticas ancestrales hasta conflictos contemporáneos y violaciones a los derechos humanos. Este artículo aborda tres narrativas entrelazadas: el hallazgo del Niño del Cerro El Plomo, el controvertido sacrificio de José Painecur y la quema de ancianos en la Araucanía, así como la historia de los "quemados" durante la dictadura de Pinochet y las adopciones irregulares.
El Niño del Cerro El Plomo: Un Testimonio Inca de Hace Más de 500 Años
El 1 de febrero de 1954, la tumba del Niño del Cerro El Plomo fue excavada por Luis Gerardo Ríos y su sobrino Jaime Ríos, alentados por Guillermo Chacón, quien desde 1917 extraía objetos de oro y plata del cerro. Setenta años después, el 1 de febrero pasado, se conmemoró este hallazgo.
El descubrimiento causó asombro en la prensa internacional por la excelente preservación del cuerpo, que le daba la apariencia de estar dormido. Inicialmente llamado "la princesa del Plomo", los estudios de Grete Mostny revelaron que se trataba de un niño de sexo masculino de 8 a 9 años de edad al morir, ofrendado en la montaña hace más de 500 años en el ritual de Capacocha realizado por los Incas. La Dra. Mostny determinó que el niño murió por congelamiento en la alta montaña, una conclusión que estudios posteriores han sostenido. Eliana Durán y Silvia Quevedo también profundizaron en el estudio de algunos de los hallazgos de la Dra. Mostny.
Desde hace 70 años, el Niño es parte del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), siendo un testimonio silencioso que ha traspasado generaciones de trabajadores dedicados a su cuidado e investigación. Sin la ley de monumentos, en 1954 el MNHN habría tenido que comprar el niño y los pocos elementos de su ajuar y ofrendas que quedaban. Aún hoy, el Niño del Cerro El Plomo conserva secretos por revelar.
El Sacrificio de Painecur: Un Conflicto de Cosmovisiones
En el invierno de 1960, un suceso en Puerto Saavedra conmocionó a la sociedad chilena: el sacrificio de José Painecur Painecur, un niño mapuche de 7 años. Las versiones sobre cómo se llevó a cabo el sacrificio varían, y la leyenda se confunde con la realidad. Seis horas después del inicio de la ceremonia, un terremoto finalizó a la 01:55 de la madrugada del 5 de junio. Cuando la tierra se paró, llegó el silencio.
El sacrificio humano tras el gran terremoto de Valdivia
El tabú se rompió un par de meses después con la llegada de dos antropólogos de la Universidad de Chile que sospechaban de un sacrificio humano. De los cinco acusados, que nunca reconocieron el sacrificio humano, Juan Painecur, el abuelo, y otro más fueron procesados por la muerte del niño, mientras que la machi Juana Namuncura fue absuelta. Dos años después, todos quedaron en libertad. El fallo y los archivos del juicio se perdieron.
La Revelación de Patrick Tierney
El antropólogo Patrick Tierney publicó en los años 80 "The highest altar" (El altar más alto), revelando cómo algunos miembros de la comunidad, incluida la machi, hablaron del sacrificio de Painecur. Tierney puso al descubierto el trato denigrante e inhumano que sufrió la machi durante su detención, quien relató haber sido colgada de los tobillos "como un cerdo" para confesar. La historia del sacrificio de Painecur fue duramente cuestionada por el Estado, que criminalizó los hechos, y por la sociedad chilena, especialmente la prensa escrita de la época, que opuso un juicio valórico y moral a la cosmovisión y memoria ancestrales.
40 años después, en 2001, El Mercurio recuperó la historia en un reportaje, pero su tratamiento se limitó a reforzar la primera versión de los hechos, sin profundizar en el trasfondo étnico y cultural, y hablando desde la "superioridad wingka". Más recientemente, en 2016, el escritor Jorge Baradit también escribió sobre el sacrificio humano de Puerto Saavedra en su "Historia secreta de Chile 2", relatando que los mapuche "se volvieron locos y mataron a un niño por temor al océano".
Interpretaciones y Consecuencias
Una lectura radicalmente diferente la ofrece la compañía teatral La Familia Teatro con su obra "Painecur", estrenada en noviembre pasado. Las tesis de Miryam Ríos sostienen que para los wingka (no mapuches) el ritual no puede comprenderse porque "no tenemos acceso a la intimidad cultural del pueblo mapuche, a sus ceremonias más íntimas", y que no hay que juzgarlo porque "no es un hecho planteado desde los márgenes en los que nosotros nos manejamos".
El caso fue profundamente doloroso incluso para las propias comunidades locales, dejando heridas abiertas hasta hoy. El tratamiento social de lo ocurrido provocó un cierre profundo de las comunidades mapuche afectadas, un hermetismo y aislamiento hacia la sociedad chilena por su incapacidad o falta de voluntad de comprender las razones ancestrales y tradicionales que llevaron a la machi Juana Namuncura a ejecutar la ceremonia.
Para la machi, el precio fue muy alto. Además de un proceso judicial lleno de torturas y humillaciones, este hito quebró su relación con los peñis (hermanos) de las comunidades. Aunque nunca dejó de ejercer su rol de autoridad ancestral, fue marginada y apartada de la comunidad, recibiendo todo tipo de insultos y ataques, e incluso llegaron a quemarle la ruca. Murió "borracha y sola", tras caerse de una camioneta en la que viajaban varios mapuche que regresaban de una ceremonia.
Otra interpretación relevante es la de Lorenzo Aillapán, quien acompañó a Patrick Tierney en sus investigaciones. Aillapán reveló que lo ocurrido el 5 de junio de 1960 representa un retorno al conocimiento mapuche, una especie de castigo por el olvido de la cultura ancestral: ya nadie practicaba rituales, no se hablaba mapudungún, predominaban los evangelistas. El sacrificio y su posterior cierre cultural provocaron un resurgimiento de la cultura mapuche.
La obra de La Familia Teatro alimenta el debate actual sobre la percepción que la sociedad chilena ha construido del pueblo mapuche, presentando un trabajo "valiente, atrevido y que obliga a salir de la zona de confort".
Adopciones Irregulares en Chile Durante la Dictadura
Entre 8.000 y 20.000 niños y niñas de las familias chilenas más humildes fueron secuestrados y entregados en adopción en Europa y Estados Unidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Estos niños, provenientes de familias pobres y jóvenes, fueron adoptados de manera irregular por familias de Europa y América del Norte. Más de 260 niños y niñas, hoy adultos, han buscado sus orígenes, han encontrado a sus familias biológicas y han podido conocer su identidad. Varias organizaciones en Chile y Suecia presionan a sus gobiernos para que acompañen esta búsqueda y encuentren responsables.
En Chile, al igual que durante el franquismo en España, se utilizaron principalmente tres maniobras. Las víctimas no solo eran pobres, muchas pertenecían a la comunidad mapuche. Es el caso de María Diemar, nacida en el sur de Chile el 3 de julio de 1975 y llegada a Suecia con diez meses. Sus documentos de viaje incluían un pasaporte chileno, cédula de identidad, sentencia del Juzgado de Menores de Temuco y certificado de nacimiento, donde figuraba el nombre de su madre biológica.
Según la historiadora Karen Alfaro, los primeros reportes de la Policía de Investigaciones de Chile apuntaban la responsabilidad de las adopciones irregulares al Centro Sueco de Adopción, donde sus empleados, principalmente trabajadores sociales, participaron como "captadores de los niños y niñas, principalmente de familias pobres". Las adopciones internacionales formaron parte de una estrategia nacional de reducción de la pobreza infantil que la dictadura militar trató de llevar a cabo sacando del país a los niños y niñas más necesitados. Comenzaron antes de que Pinochet tomara el poder (1973), pero para 1978 ya era una política pública. El Estado presionó a las madres para que entregaran a sus hijos, y el miedo impuesto por la dictadura impidió mayores resistencias.
La investigación académica de Alfaro, "Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas (1973-1990)", se hizo eco en medios internacionales como The Guardian o el diario sueco Dagens Nyheter, causando revuelo mundial. Alfaro enfatiza que "el tema de la periodización es importante porque es un criterio político", y que "decir que no se concentra solo en dictadura es tratar de despolitizar el tema".
El Marco Legal y la Red de Adopciones
Desde 1965 hasta 1988 estuvo vigente una ley de legitimación adoptiva que implicaba que se borraran los orígenes. Muchas adopciones se hicieron bajo este marco legal, pero es crucial distinguir entre adopciones nacionales e internacionales. Aunque a comienzos de los 70 se escucharon los primeros testimonios de mujeres que recibían presiones para entregar a sus hijos, no fue hasta 2017, con la difusión de una serie de documentales de Alejandro Vega en Chilevisión, que el tema logró instalarse en la agenda pública.
En el caso de Suecia, se estableció un vínculo con la Sociedad Suecia-Chile, sectores de extrema derecha que promovían una campaña pro Chile para desarrollar negocios y relaciones diplomáticas. En ese marco, se desarrolló el vínculo con el Centro de Adopción Sueco, que funcionó en Chile durante la dictadura a través de instituciones públicas como la Casa Nacional del Niño, y estableció redes con funcionarios de alto nivel, con Anna María Elmgren como su representante en Chile.
Otro motivo importante era reconstruir las relaciones internacionales de un país que había quedado aislado tras el golpe militar de 1973. Esto fue particularmente relevante con países críticos con las violaciones a los derechos humanos, como Suecia. Para Alfaro, la adopción de niños chilenos por familias suecas tuvo dos momentos: el primero, entre 1973 y 1977, asociado principalmente a la "ayuda humanitaria producto de la difícil situación de la niñez chilena".
Aunque la ley de adopción chilena exigía un periodo de acogida de dos años en Chile antes de una adopción en el extranjero, el juez dio permiso a Elmgren para sacar a María Diemar del país con solo dos meses de edad. Gracias a una prueba de ADN, María descubrió que su origen es casi un 98% mapuche. Sus padres adoptivos no habían sido informados de sus orígenes mapuches, y sus papeles en Temuco parecen indicar que el proceso de adopción nunca se completó.
En 1998, la agencia contactó a María para darle el contacto de Tita, una mujer chilena que la había cuidado en Santiago antes de su partida. Tita reveló haber cuidado entre 300 y 400 niños para la agencia, un hecho que "dejó shockeada" a María. En 2003, con la ayuda de una estudiante de periodismo chilena, María dio con su madre biológica, confirmando que estaba viva y que no había querido darla en adopción.
Investigaciones y Responsabilidades
En los últimos diez años, periodistas e investigadores han encontrado pruebas sobre estas adopciones irregulares. En junio de 2017, investigadores policiales registraron la casa de Telma Uribe Ortega, antigua socia de Elmgren, y descubrieron expedientes de 579 niños enviados al extranjero, que contenían información sobre los menores, las malas condiciones de vida de sus madres, una lista de 29 trabajadores sociales "captores" y detalles sobre el dinero intercambiado.
En septiembre de 2018, el Congreso chileno creó una comisión investigadora que escuchó testimonios de niños, madres y actores institucionales. En julio de 2019, la comisión publicó un informe de 144 páginas que describía "mafias" de profesionales de la salud que garantizaron un "negocio lucrativo" de bebés, una práctica que se fue sofisticando con el tiempo, "al mejor estilo de la dictadura franquista". El informe detalló que "la dictadura elaboró el Plan Nacional de Menores que promovía la adopción, acortaba los tiempos de la gestión y centralizaba las solicitudes en la Casa Nacional del Niño, institución en la que se desempeñaban además representantes del Centro Sueco de Adopción".
En enero pasado, ante los resultados del informe y la presión de la prensa, los gobiernos chileno y sueco hicieron declaraciones públicas. Alfaro opina que "Suecia tuvo, sobre todo en la época de Olof Palme, un tipo de política distinta, pero esa política da un giro en el año 78 y pasa de una acción súper decidida en relación a condenar la dictadura a restablecer relaciones comerciales con la dictadura en los 80". Su investigación comprobó que los niños no salían adoptados, sino con una tutela de un tercero, realizándose el trámite de adopción mayoritariamente en el extranjero, lo que "demuestra que hay responsabilidades de los Estados receptores".
El 15 de marzo pasado, la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), que apoya la búsqueda de víctimas de adopciones ilegales, dio a conocer el encuentro número 263. En Suecia, los niños, hoy adultos, que investigan adopciones irregulares, conformaron la agrupación Adopction.se, de la que María Diemar es vocera. La presión ha llevado al gobierno sueco a anunciar la formación de una comisión para investigar más de 60.000 adopciones internacionales realizadas desde 1950, con un foco especial en China y Chile.
Según Kerstin Gedung, directora del Centro de Adopciones, las leyes han mejorado, y la organización ha contribuido a elaborar directrices y normas éticas para la adopción internacional. Gedung considera que, si los funcionarios chilenos no completaron el proceso, quizás sea más correcto señalar todo como un error, y si se trataba de una práctica ética o no es otro debate. En febrero pasado, una iniciativa para consagrar el derecho a la identidad de origen en la nueva Constitución chilena fue rechazada, aunque Alfaro confía en que pueda desprenderse de otras normas constitucionales relativas a derechos humanos ya aprobadas, y tiene esperanzas en el nuevo Gobierno de Gabriel Boric. Para Alfaro, tanto Suecia como Chile han querido hacer ver que se trata de una cuestión entre particulares, y que los Estados no tienen responsabilidad, "pero al ser un secuestro permanente de personas, y de niños -que aún no han podido reencontrarse con sus familias biológicas, y por lo tanto permanecen secuestrados-, son delitos que no prescriben", comparándolo con el caso de los bebés robados en España.
Violencia en la Araucanía: El Asesinato de los Luchsinger Mackay
El conflicto mapuche en el sur de Chile ha escalado peligrosamente, cobrándose la vida de Bernard Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne Mackay. Ambos murieron quemados en enero de 2013 cuando un grupo de veinte encapuchados atacó e incendió su vivienda en una zona rural cerca de Vilcún, en La Araucanía. Los cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de la casa. El matrimonio se defendió a tiros de los atacantes antes de que la vivienda fuera incendiada, hiriendo a un joven de 26 años que fue capturado por la policía.
El ataque incendiario se produjo en un nuevo aniversario del crimen del activista mapuche Matías Catrileo, quien murió por el disparo de un carabinero durante un intento de toma de un predio de otro integrante de la familia Luchsinger en 2008. El gobierno chileno catalogó de terroristas a los agresores y anunció la aplicación de la severa ley antiterrorista. El presidente Sebastián Piñera viajó de urgencia a la zona, anunciando un aumento de la dotación policial, el establecimiento de una zona de vigilancia y la asignación de un fiscal especial. Piñera afirmó que "esta lucha no es contra el pueblo mapuche, sino contra una minoría de delincuentes y terroristas".
Los Luchsinger, una familia de origen suizo asentada a principios del siglo pasado, poseen unas cinco estancias en Vilcún, sumando alrededor de 1.200 hectáreas, lo que los ha convertido en un símbolo de la "explotación empresaria" para la comunidad mapuche. El conflicto se ha intensificado con decenas de ataques a instalaciones y camiones madereros. La tensión aumentó cuando empresarios del sector acusaron de inacción al gobierno y la justicia, amenazando con actuar por su cuenta. En la conflictiva zona se han registrado también acciones de violencia desmedida de la policía contra los mapuches, denunciadas por el relator de la ONU para pueblos indígenas, James Anaya, y el chileno Instituto de Derechos Humanos.
La Preocupante Situación de los Adultos Mayores en Chile
Dos de cada diez personas mayores de 60 años consume poca variedad de alimentos saludables por falta de dinero. Katerine Salcedo, experta en el tema, afirmó que la inclusión digital es un paso importante que se debe dar en Chile, ya que es "crucial la integración, y para estar en contacto, tienes que tener un teléfono, estar conectado".
El sacrificio humano tras el gran terremoto de Valdivia
Respecto al caso particular de un hombre que intentó quemarse a lo bonzo, la psicóloga profundizó en la importancia del rol de la sociedad. Las juntas de vecinos y clubes deberían tener catastros de las personas mayores y cómo viven. Esta problemática, que se ha vuelto "muy preocupante" desde la pandemia, podría empeorar con los años. Es vital pensar en políticas sociales que puedan hacer más llevadera esta etapa de la vida, destacando la necesidad de acciones del Estado en el ámbito del bienestar, señaló un psicoanalista y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago (Usach).
El "Caso Quemados": Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana
En el invierno de 1986, Chile fue conmocionado por un hecho que dejó una marca imborrable: el 2 de julio, durante una jornada de Paro Nacional, dos jóvenes, Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana, fueron quemados vivos por una patrulla militar. Rodrigo, fotógrafo de 19 años exiliado en Estados Unidos, estaba documentando los acontecimientos. Los militares, creyendo que ambos morirían, los envolvieron en mantas y los arrojaron a una zanja de regadío a unos 20 kilómetros de la capital.
Rodrigo falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, mientras que Carmen Gloria, de 18 años, fue trasladada al Hospital del Trabajador con un gran porcentaje de su cuerpo quemado. El caso activó una ola de protestas contra la dictadura militar a nivel nacional e internacional. La crueldad del acto y las absurdas sentencias judiciales generaron profunda indignación. El régimen intentó tergiversar los hechos y varios testigos y abogados recibieron amenazas.
El Cardenal Juan Francisco Fresno, en declaración pública el 23 de julio de 1986, hizo un llamado a la Corte Suprema para que se llegara al fondo de la investigación, se determinaran los responsables y se hiciera justicia. Este episodio es un recordatorio doloroso de la brutalidad de la dictadura y de la lucha incansable por la justicia y los derechos humanos en Chile.