La grave crisis que afecta al Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha desencadenado una serie de litigios y profundas investigaciones que revelan una sistemática vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado. Estos procesos legales no solo buscan justicia para las víctimas, sino que también exponen las fallas estructurales del sistema de protección y el rol de los tribunales de familia en decisiones críticas sobre la vida de los menores.
La Profunda Crisis del SENAME y los Informes Reveladores
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, diversos informes posteriores han demostrado que la situación persistió, y en muchos casos, de forma sistemática.
Informe Lapidario de la PDI (2017)
Una de las conclusiones más impactantes provino de un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores en Chile. Según este documento, "El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". Los hallazgos fueron alarmantes: en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.
El mismo informe de la PDI indicó que en la totalidad de los centros dependientes directamente del Sename, se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". Esta investigación, de 257 páginas, fue un resumen de un estudio más extenso realizado por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indagaba las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
El desglose de las vulneraciones graves de derechos reveló que 432 casos correspondían a maltratos por parte de adultos, 1.265 a maltratos entre pares, 53 a maltratos por parte de familiares dentro de los recintos, 123 a abusos sexuales cometidos por adultos y 187 a abusos sexuales entre menores. El documento policial fue categórico al señalar: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Además, se constató que 40 menores presentaban "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", situación informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud para la adopción de medidas urgentes. El informe también reveló que un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema", cifra que ascendía a 76,2% al excluir residencias para lactantes y personas con discapacidad.
En cuanto a la operación interna, el equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Alarmantemente, el 72,9% de los centros a nivel nacional no contaba con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carecía de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis.
El informe de la policía determinó que, si bien el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", lo que las hacía ineficaces. Respecto a la salud, la cifra de menores con enfermedades psiquiátricas era del 37,3%, y un 14,2% presentaba patologías médicas, el 13,9% enfermedades crónicas y el 0,4% estado terminal. Sorprendentemente, 42 centros no tenían un encargado de salud, y en 159 centros (66,3%), la administración de fármacos en jornada diurna estaba a cargo de educadores de trato directo sin formación profesional en el área de la salud.
Por último, el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Otros Informes y Reacciones Institucionales
El informe de la PDI fue el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" elaborados por diversas instituciones a lo largo de siete años. Entre ellos destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef liderada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Los hallazgos de este informe dieron pie a múltiples investigaciones, incluyendo comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU. A pesar de estos documentos, las autoridades han sido fuertemente cuestionadas por la lentitud o ineficacia de las medidas y reformas anunciadas.
El Sistema Judicial de Protección: Fallas y Desafíos
La crisis del Sename ha puesto en entredicho no solo a la propia institución, sino también al Poder Judicial, que tiene la responsabilidad de fiscalizar y garantizar los derechos de los menores. Diversos litigios y procesos judiciales han revelado problemas profundos en el funcionamiento de los tribunales de familia.
La "Vulneración de Derechos Grave" y la Discrecionalidad Judicial
Uno de los problemas centrales es la ausencia de una norma clara que defina qué significa una "vulneración de derechos grave". Este concepto, fundamental en los juicios de menores en situación de riesgo o abandono, queda a criterio de los jueces al momento de adoptar medidas. Esta discrecionalidad abre la puerta a decisiones inconsistentes y la falta de un marco legal preciso.
Problemas Procedimentales en los Tribunales de Familia
Falta de Audiencias y Representación Legal
Un segundo problema crucial es que la ley no exige que los afectados, es decir, el menor y/o su familia, tengan un abogado que los represente en estos procesos. A esto se suma que, en muchos casos, la decisión de aplicar una medida de protección se dicta sin realizar la audiencia respectiva. Los jueces, presionados por la cantidad de sentencias que deben emitir, a menudo solo revisan el historial del niño y antecedentes de los padres en el Sistema de Información de Tribunales de Familia (SITFA). Esto significa que "muchas veces, sin siquiera una audiencia, con estas mínimas diligencias, el niño sale de allí con una medida de protección encima que significa que, de la noche a la mañana, le dicen que su vida cambiará ya que será incorporado a un programa de protección, que su familia será intervenida".
La "No Radicación" de Causas
Otro problema sistémico es la "no radicación", que implica que un mismo niño puede pasar por varios jueces en un mismo juzgado, ya que los jueces de familia rotan entre distintas causas (protección, divorcios, alimentos). Un juez entrevistado explicó que "la no radicación significa que yo no me puedo quedar con una causa. Hasta 2010, yo seguía una causa desde que la iniciaba hasta que la terminaba. Incluso más allá: me preocupaba del cumplimiento de las protecciones, porque yo como juez era responsable de ese niño. Eso ya no pasa". Esta rotación dificulta el seguimiento adecuado de los casos, especialmente en materias de protección, donde la continuidad es esencial.
Defensa Pública y Fiscalización Insuficientes
La falta de representación legal adecuada es generalizada. La mayoría de las causas de protección que llegan a audiencia se fallan sin abogado, lo que otorga un poder desproporcionado a los magistrados frente a familias desarmadas. Las ofertas de defensa pública son escasas, limitándose a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Programas de Representación Jurídica (PRJ) dependientes del Sename, abogados de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) municipales y clínicas jurídicas universitarias.
La fiscalización también es deficiente. A pesar de que la Corte Suprema ordenó al Sename el envío trimestral de informes sobre el cumplimiento de medidas de protección, los hogares rara vez lo hacen. Las visitas que los jueces de familia deben realizar cada seis meses a los hogares son, según algunos magistrados, "más bien administrativas" y no permiten una fiscalización profunda, ya que la información recogida es superficial.
La "Inhabilidad Parental" y los Procesos de Adopción
En el contexto de los litigios relacionados con el Sename, el concepto de "inhabilidad parental" emerge como un eje central y controversial en la separación de niños de sus familias biológicas y su eventual destino en procesos de adopción.
Definición y Críticas al Concepto
La "inhabilidad parental" es la principal razón invocada por la justicia para separar a menores de sus padres, al determinar que estos no están en condiciones de ejercer como tales. Según el anuario del Sename de 2015, el 75% de los casos de menores declarados susceptibles de adopción se relacionaba con algún tipo de inhabilidad. Sin embargo, este concepto ha sido duramente criticado por especialistas, quienes argumentan que "hace la vista gorda con los factores contextuales, responsabilizando exclusivamente a los padres y madres de su inhabilidad, cuando en general un análisis más social muestra que esta falta de destreza puede reconducirse a las condiciones estructurales en las que se encuentran estas familias (…) Es el concepto favorito para condenar a los pobres". Un especialista incluso afirmó que "un padre puede ser declarado inhábil por no tener casa, por ejemplo, por quedar en la calle".
El Sesgo de Confirmación
Adopciones de Niños Chilenos al Extranjero: Un Fenómeno Preocupante
En los últimos tres años, cerca de 300 niños han salido de Chile para iniciar una nueva vida con familias extranjeras, convirtiendo al país en uno de los llamados "países emisores" o de origen en el circuito de adopción internacional. Según el ranking de la Universidad de Newcastle, Chile se situó en el puesto 36 de las "naciones de origen" en el período 2004-2015. Es una situación preocupante que contrasta con la Ley y los convenios suscritos por Chile, que estipulan que la adopción debe ser la última carta y que el sistema debe priorizar mantener al niño vinculado a sus lazos biológicos, buscando en el árbol familiar a alguien que pueda asumir su cuidado.
Actualmente, existen 152 niños disponibles para ser adoptados y 117 matrimonios extranjeros a la espera. Es frecuente oír entre los actores involucrados que los niños adoptados por extranjeros "nadie los quiere en Chile".
Denuncias de Irregularidades y Violencia Institucional
Numerosas familias han denunciado irregularidades en los procesos legales que culminaron con la entrega de sus hijos en adopción, a menudo contra su voluntad. Muchas de estas familias comparten un factor común: condiciones de extrema vulnerabilidad económica, bajo nivel educacional y falta de redes de apoyo. Estas acusaciones sugieren "espacios de arbitrariedad en el sistema que estarían facilitando la adopción de menores al extranjero", en un contexto donde "existe un importante intercambio monetario y una extensa red de organizaciones privadas que se benefician de él".
Además, se ha detectado el uso y abuso de estereotipos de género en la emisión de informes judiciales, en particular el de la "mala madre", especialmente cuando estas mujeres son también víctimas de violencia. Los diagnósticos, al subvalorar la violencia hacia la mujer, pueden concluir que esta tiene "habilidades parentales descendidas porque ‘pone los intereses personales de la mujer por sobre los de madre o que no entiende que [el hijo] debe relacionarse con el padre’". Esta situación genera lo que se denomina "violencia institucional", donde las mujeres "terminan más dañadas después de haber recurrido a la justicia buscando una forma de frenar la violencia a la que está sometida y proteger a tus hijos".
Desafíos y Propuestas de Mejora
Ante este panorama, el sistema residencial de protección chileno ha sido duramente criticado por fracasar en garantizar un adecuado ambiente de protección y cuidado. El actual sistema no se adapta plenamente al modelo de los derechos humanos, y con un fuerte énfasis en la caridad, el Estado de Chile ha tendido a delegar la responsabilidad de cuidado y protección de la niñez y adolescencia en entidades privadas, comprometiendo seriamente el ejercicio de sus derechos.
Se ha planteado la necesidad de un nuevo enfoque, orientado a la intervención del niño en su familia, buscando evitar la judicialización de todos los casos y su derivación a hogares externos. Hay un reconocimiento de que "tenemos una deficiencia en la intervención y fortalecimiento con la familia (…) no todos los niños debieran ser intervenidos fuera de su hogar". En este sentido, se considera rediseñar la oferta actual de programas licitados orientados a la terapia de las familias y, si la intervención familiar no resulta, la residencia deberá requerir inmediatamente al tribunal un certificado de redes familiares al Registro Civil para comenzar a trabajar con un referente afectivo.
Los desafíos futuros incluyen comprender cómo ocurren estas circunstancias, y los efectos psicológicos que tienen para las mujeres y niños, que deben ser necesariamente incorporados dentro de los diagnósticos, en un esfuerzo por transformar un sistema que ha mostrado profundas falencias.