El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha sido, durante décadas, objeto de profundas controversias y serios cuestionamientos relacionados con las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes bajo su tutela. Esta situación ha llevado a la intervención de organismos nacionales e internacionales, revelando un sistema con deficiencias estructurales y graves falencias en la protección de los menores más vulnerables.
La Comisión de Verdad y Niñez: Creación, Función y Amenaza de Cierre
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Sename entre 1979 y 2021 podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia estatal de asesoría presidencial fue creada tras una categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión fue creada en diciembre de 2024 e inició sus operaciones a partir de 2025. Sin embargo, llegaría a su fin en abril de 2026, según informaron los propios funcionarios de la instancia oficial. La eventual decisión se enmarca en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, que se ejecutarán a distintos organismos estatales por igual. Cabe destacar que el plazo que tiene actualmente la comisión para cumplir su objetivo es hasta abril de 2027, pero la presentación de una prórroga durante la administración anterior permitió extender su plazo.
Función de la Comisión
La instancia permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico. La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informadas al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Orígenes de la Crisis: Sentencia de la CIDH y el Caso "Tiempo de Crecer"
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename. Este fallo internacional también destacó una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo recinto en que se produjo el trágico accidente. La Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal. Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos que tiñeron de negro la jornada del 21 de octubre en el centro “Tiempo de Crecer”. A través de informes, reforzaron la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado.
Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. En esa misma línea, una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de Sename y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”.
Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF. Fue en octubre de 2021 cuando el Sename dejó de existir oficialmente tras la seguidilla de cuestionamientos por parte de los organismos nacionales e internacionales, siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Caos Estadístico y Faltas de Transparencia
Uno de los problemas más persistentes en el Sename ha sido la falta de claridad respecto al número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado. El Consejo Nacional de la Infancia, creado por la entonces presidenta Michelle Bachelet para revisar y diseñar una nueva política de infancia, ya calificaba el sistema como "en estado terminal".
Cifras Contradictorias
- Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016.
- Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe oficial, generando una aclaración por parte del gobierno que la cifra solo incluía a menores del área de "protección".
- BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos. Sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395 muertes.
Expertos como Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, aseguran: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos". El diputado Saffirio señaló que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Casos Emblemáticos de Vulneración
Más allá de los números exactos, diversas investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables eran cuidados por personal sin capacitación y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
El Factor "Lissette Villa"
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, aunque, como lo evidenció un informe posterior, las acciones no fueron suficientes para detener los abusos. Lissette, de 11 años, pasó la mayor parte de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. La Justicia la había separado de sus padres a los 5 años por maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, el Centro Galvarino, era conocida por sus episodios de rabia. En abril de 2016, en medio de una crisis, la niña sufrió un desvanecimiento fatal. Una de las cuidadoras que estaba con ella ese día al programa de televisión "Contacto" del Canal 13, afirmó que la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar, y al intentar levantarla, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora, quien carecía de conocimientos en primeros auxilios, al igual que su compañera, ambas a cargo de 20 niñas. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver, una explicación que le costó el puesto.
Sobremedicación como Problema Recurrente
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la menor estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actuaba como antipsicótico. Además, estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños, y algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y personal sin especialización. El senador Alejandro Navarro afirmó que el "63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado". Más allá de las puertas del Sename, "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil".
El Trágico Caso de Guillermina
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename "a medio vestir y con dinero", traída por un policía. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. Tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, y no era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para determinar su estado o realizar un chequeo completo. La querella no prosperó, y su muerte fue registrada como un "egreso" más del sistema. "Este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños", afirmó María Estela Ortiz.
Informes Lapidarios y Evidencia de Violencia Sistemática
La crisis del Sename ha sido abordada a través de diversas disciplinas y múltiples investigaciones, todas apuntando a la gravedad de la situación.
El Informe de la PDI (2017-2018)
Un informe lapidario de la PDI de 2017, revelado en julio de 2019, investigó 240 hogares de menores y concluyó que "el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". Los hallazgos fueron alarmantes:
- En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos.
- De estos, 310 tenían connotación sexual (123 cometidos por adultos y 187 entre menores).
- El documento detalla que las acciones de vulneración se habían "instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
- El 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no contaba con protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% de los hogares no contaba con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa se gatilló por errores en la contención de una crisis.
- El informe también reveló que el 93,8% de los centros no contaba con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o casos complejos.
El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público inicialmente, generando críticas del diputado Saffirio hacia el ministro de Justicia de ese entonces, Hernán Larraín, quien negó haber conocido el documento.
Informe de PDI que reveló brutales abusos en el Sename permaneció oculto
Problemas en la Fiscalización y Atención Especializada
La PDI determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones eran "coordinadas de manera previa". Además, aunque los tribunales de familia deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
La cifra de menores a cargo del Sename que padecían alguna enfermedad psiquiátrica era altísima: 37,3% de los residentes. Un 14,2% presentaba patología médica, 13,9% sufría enfermedad crónica, 0,4% estaba en estado terminal o riesgo vital, y 19,8% presentaba algún tipo de discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tenían un encargado de salud, y en 55 centros la labor era realizada por un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (66,3%), la persona encargada de la administración de fármacos era un educador de trato directo sin formación profesional o técnica en salud.
Otras Investigaciones y Reportes
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes, incluyendo el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y UNICEF), dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además de un reporte de la ONU. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, según el diputado Saffirio, "ninguna se han cumplido".
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares motivó una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork, quien mandató a un equipo especial de la PDI a indagar las 1.313 muertes ocurridas en 12 años.
Auditoría Social y Deficiencias Estructurales
Una auditoría social realizada a los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del país, presentada por la directora del Sename, Susana Tonda, a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con la niñez, reveló graves problemas:
Hallazgos de la Auditoría
- En un 20% de los casos, no existe coherencia entre el diagnóstico y el tratamiento (plan de intervención individual).
- En un 25% de los casos no se han evaluado las competencias parentales en el diagnóstico.
- En un 33,2% de los casos no se han evaluado los planes de intervención.
- En un 30,8% de los casos no se presta atención psicológica.
- En un 40% de los casos la intervención no se centra en el avance y logro de los objetivos.
- En un 52% de los casos no existe terapia ocupacional.
Tonda también confesó malos resultados en los indicadores de gestión interna, con equipos técnicos desarticulados, falta de registros y debilidad de las funciones directivas. En cuanto a la situación de los menores, se detectó:
- Un 55% de los menores ha sido diagnosticado con una patología de salud mental.
- Un 58% recibe algún tratamiento farmacológico.
- Un 34,4% no ha sido matriculado en algún establecimiento educativo.
- Un 40% tiene problemas de consumo de alcohol y drogas.
- Un 20% han sido declarados en "abandono del sistema".
Como medida cautelar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el cierre del CREAD de Playa Ancha de Valparaíso tras numerosas denuncias de vulneraciones, que según Tonda, se esperaba completar en 2019.
Impacto de la Institucionalización y Desafíos Futuros
Un estudio de UNICEF y el Poder Judicial reveló que cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en residencias de protección. Paradoxalmente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional. La internación de niños ha sido un medio frecuente de protección en Chile desde 1758, pero la permanencia, que debería ser transitoria, a menudo se prolonga (promedio de 2,7 años).
Las condiciones para promover las relaciones familiares son deficientes: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados y distancias excesivas. Esta separación, que busca proteger, a menudo es experimentada como un castigo. "La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres".
El problema no elude el maltrato infantil o la negligencia parental, pero "describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que en su afán por proteger repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales". Se ha creado y legitimado un sistema de protección segregado donde la desconfianza circula entre organismos colaboradores, Sename y el Poder Judicial.
Hacia una Nueva Visión
El presidente Sebastián Piñera, ante los resultados "tristes y dramáticos" de la auditoría social, anunció la implementación de una "nueva visión, una nueva etapa en la forma en que cuidamos y protegemos a los niños vulnerados", incluyendo un nuevo modelo de residencias de tipo familiar. Académicos como Ximena Illanes y Miguel Morales señalan la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis y de considerar a los niños como "espejos de una sociedad y su historia". Sugieren que al menos parte de las estrategias futuras deben relacionarse con la conservación de los vínculos existentes, haciendo partícipes a las familias cuando sea posible, o al personal que convive diariamente con los niños.
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado con unidades polivalentes y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato, en lugar de internarlos por facilidad.
- Que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada, diferenciando de la situación de los menores "infractores de ley", que tienen "muy buenos defensores", de aquellos vulnerados en tribunales de familia.
La restitución de los derechos vulnerados no se reduce a suplir carencias afectivas y materiales, sino que requiere de la comunidad, de la familia (si es posible), de las educadoras de trato directo, de los profesionales y de todos los actores para que el niño pueda ser reconocido como un sujeto más allá de su historial de vulneraciones y estigma.