¿Es justo que el lugar de nacimiento determine las oportunidades de vida de una persona? Esta es una pregunta fundamental cuando se habla de desarrollo humano y desigualdad territorial. En Chile, las disparidades entre comunas afectan gravemente a los niños, niñas y adolescentes (NNA), limitando su capacidad para desarrollar plenamente su potencial. El desarrollo humano se entiende como el proceso de expansión de las libertades y capacidades de las personas para vivir vidas plenas. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad son dos barreras que impiden que muchos NNA alcancen este objetivo. Las diferencias en el acceso a recursos como la educación, la salud y la vivienda crean una realidad en la que no todos los niños pueden aspirar a las mismas oportunidades. La inequidad territorial se refleja en estos servicios, donde la calidad varía drásticamente entre comunas de bajo y alto Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Un informe reciente en Chile muestra que, aunque el país ha alcanzado un nivel de desarrollo humano "muy alto" a nivel nacional, las desigualdades internas continúan siendo marcadas. Uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes vive en comunas con bajo desarrollo humano, lo que los expone a desventajas significativas. Un ejemplo alarmante es la tasa de pobreza por ingresos, que es mucho más alta en comunas con bajo IDH (12.5%) en comparación con aquellas con IDH muy alto (1.2%). Estas disparidades no solo afectan la calidad de vida actual de los NNA, sino que también tienen un impacto a largo plazo en sus oportunidades futuras. La educación es una de las áreas más afectadas por estas desigualdades. En comunas con bajo IDH, los NNA tienen menos acceso a una educación de calidad. Esto se traduce en una mayor deserción y una brecha en los años de escolaridad: mientras que en comunas de IDH alto las personas completan un promedio de 15 años de escolaridad, en comunas con bajo IDH apenas alcanzan los 9.5 años. Además, las diferencias en el desempeño académico reflejan una enorme desigualdad en las habilidades fundamentales que estos niños y adolescentes necesitarán para tener éxito en el futuro.
Otro aspecto preocupante es la salud. La inseguridad alimentaria y la obesidad infantil son problemas que afectan de manera desproporcionada a los NNA en comunas de bajo desarrollo humano. Mientras que en las comunas de IDH bajo el porcentaje de hogares que experimenta inseguridad alimentaria alcanza el 20%, en comunas de desarrollo alto esta cifra es de un 6.5%. La falta de acceso a una alimentación adecuada y de calidad genera problemas de salud graves, como la malnutrición y la obesidad, afectando negativamente su desarrollo físico y mental.
Frente a esta realidad, es esencial abordar el desarrollo humano desde una perspectiva territorial. El entorno en el que crecen los NNA influye en gran medida en su bienestar y oportunidades. Para crear un Chile más equitativo, es necesario promover políticas que reduzcan las desigualdades territoriales y garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a los recursos y servicios que necesitan para desarrollarse plenamente. Un aspecto crucial para enfrentar este desafío es garantizar que los NNA participen activamente en los procesos de toma de decisiones. Su participación no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta indispensable para mejorar la calidad y la efectividad de las políticas públicas. Es preocupante que las percepciones de los adultos diverjan de las de los NNA en temas tan críticos como el bullying, la violencia, la salud mental y el maltrato, donde los NNA muestran una mayor sensibilidad y conciencia sobre la gravedad de estos problemas. A pesar de ello, son los adultos quienes definen las políticas, lo que hace aún más urgente integrar la voz de los NNA de manera más activa y sistemática. Ellos poseen una visión única y directa de los problemas que enfrentan, y es imperativo escucharlos para asegurar que las políticas respondan de manera efectiva a sus necesidades y preocupaciones.
Reducir las desigualdades territoriales es un desafío urgente para Chile. Solo a través de un enfoque integral que incluya a todos los actores y que ponga a los NNA en el centro de las decisiones, será posible construir un futuro más justo y equitativo. Históricamente, los niños han sido el grupo más vulnerable del país y el más afectado por los distintos tipos de pobreza. De hecho, según cifras oficiales, la cantidad de niñas, niños y adolescentes en esta situación prácticamente dobla a la población adulta. Pero dónde está la infancia más vulnerable y en qué condiciones se encuentra son preguntas cuyas respuestas no son conocidas del todo.
A partir de los datos entregados por la Encuesta Casen 2017 -realizada por el Ministerio de Desarrollo Social-, el Observatorio Niñez y Adolescencia elaboró la quinta versión de su reporte anual Infancia Cuenta, en el cual se analizan las situaciones de vulnerabilidad que afectan a la infancia en Chile. Y entre los distintos análisis que el reporte entrega acerca de las condiciones de los niños del país en términos de su acceso a educación, salud y entorno familiar, también realiza un zoom territorial para conocer cuáles son las 10 comunas que concentran la mayor proporción de menores de entre 0 y 17 años que viven algún tipo de pobreza, en relación con la cantidad de niños que allí residen. Luego las compara con las diez comunas que registran una menor proporción de niños en esta condición, ya sea de pobreza por ingresos, multidimensional -que abarca las vulneraciones en dimensiones como salud, educación o vivienda- y los que se encuadran en los dos tipos. Las cifras son "al menos preocupantes", advierten los investigadores. La gran mayoría de las comunas con mayores vulneraciones están ubicadas en las regiones de La Araucanía, Ñuble y Los Lagos. "Si se buscan factores comunes entre ellas, se encuentra un alto índice de ruralidad y una alta concentración de población indígena", describe Nicolás Contreras, coordinador del Observatorio Niñez y Adolescencia. "La evidencia indica que las diferencias étnicas territoriales en pobreza son las dos más fuertes y son las principales condiciones que condenan a los niños, niñas y adolescentes a experimentar cotidianamente diversos tipos de carencias materiales", agrega.
Por su trabajo como paramédico de Lonquimay, Richard Rivera debe recorrer con frecuencia esa extensa zona, predominantemente rural y rodeada de volcanes y cordilleras. Sus habitantes, en su mayoría de origen pehuenche, viven de la crianza de ovejas, cabras y vacunos y de la venta de lana y leña. En invierno el territorio se cubre de nieve, por lo que los cortes de luz y de caminos son habituales. "Aquí uno ve la pobreza de verdad, a la gente aislada, con poca comida. Los niños en el colegio tienen su alimentación, pero en sus casas rara vez comen como corresponde", describe. "Muchos no tienen agua potable, usan el agua de arroyos o vertientes, no hay locomoción. Y el hacinamiento es triste: pueden vivir ocho o diez personas en casas que solo tienen dos piezas". Lonquimay está entre las diez comunas del país con mayor proporción de niños, niñas y adolescentes viviendo algún tipo de pobreza. Según el Reporte Infancia Cuenta 2019, estos alcanzan al 74,3% de los menores de edad de la zona, mientras que el 17,2% vive en hogares con hacinamiento (ver infografía).
Galvarino, otra comuna rural de La Araucanía, presenta índices de vulnerabilidad aún mayores. El 81,2% de sus niños vive en pobreza, y el 30%, en hacinamiento. Aquí, informan desde el municipio, la mayoría de sus pobladores son de origen mapuche. Solo una de cada 10 personas tiene acceso a agua potable, la red de caminos no tiene asfalto y los niños padecen malnutrición en una proporción que dobla la media nacional. José Nain, dirigente mapuche de Galvarino, recalca que "la ruralidad hoy está asolada por la sequía. En algunos casos tenemos agua solo para el consumo humano, y esa agua viene en camiones aljibes desde el municipio tarde, mal y nunca". "La educación es precaria. No tenemos un establecimiento digno donde puedan estudiar nuestros niños. Y para qué decir la salud: las postas rurales que tenemos en la comuna carecen de infraestructura. Hay una que tiene más de 40 años y conseguir atención médica es muy difícil", añade.
En la Región de Coquimbo, Río Hurtado es la única comuna situada al norte del país cuyos índices de pobreza infantil son de los más altos, con el 82,7% de sus niños. También muestra 22,5% de hacinamiento. Gary Valenzuela (RN), alcalde de este territorio habitado por poco más de 4 mil personas, explica que "durante mucho tiempo el gobierno central no nos aprobaba los proyectos de desarrollo, porque al ser una comuna con muy poca población, la rentabilidad económica no daba".
Las políticas sociales. El reporte Infancia Cuenta entrega otro dato preocupante: 8 de cada 10 niños viven en hogares que cuentan con un ingreso per cápita inferior al promedio nacional, que los investigadores calculan en $ 297.876. "Chile es un país muy desigual, y el objetivo de las políticas públicas de equiparar la cancha debe enfocarse en los primeros años de vida. Si se hace después, la evidencia muestra que igualar las oportunidades es casi imposible. Entonces, estos niños heredan por completo la misma posición de pobreza que tienen sus padres", señala el coordinador del Observatorio Niñez y Adolescencia, Nicolás Contreras.
Al otro lado de la balanza, la mayoría de las comunas que concentran la menor proporción de niños viviendo en algún tipo de pobreza se encuentra en el sector oriente de Santiago y la Quinta Región. Al comparar sus índices con las que muestran mayor pobreza en la infancia, estos son considerablemente menores. En promedio, la presencia de pobreza se mantiene en el 5,5% de sus niños, la condición de ruralidad se da en el 7,6%, registran 7% de hacinamiento y 3% no está inscrito en el sistema de salud. "Por eso es muy importante fortalecer el acceso y la calidad de educación parvularia, que es donde están las brechas más grandes", enfatiza el investigador. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, reconoce que "si bien los resultados son agobiantes respecto de los niños, vemos que la Región de La Araucanía es un territorio con el cual el país tiene una deuda respecto de la población en general". "Históricamente ha existido una baja adecuación de las políticas públicas, programas e iniciativas a las particularidades culturales y de cosmovisión específicas para esta población. Finalmente, entonces, la oferta termina siendo insuficiente o poco pertinente, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de estas personas", agrega. El titular de la cartera hace notar que hay varias iniciativas enfocadas en la superación de la pobreza de la infancia. La principal es el programa Chile Crece Contigo, que abarca distintos ámbitos en las áreas de educación, salud, salas cunas y subsidio familiar, entre otras.
El Observatorio Niñez y Adolescencia es una organización independiente conformada por investigadores de distintas disciplinas y planteles como la U. Católica, U. de Chile y U. Hace 27 años, Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, acuerdo internacional que establece a los menores como “sujetos de derechos, prioritarios para el Estado”, compromiso que, a la luz de la crisis del Sename, muchos consideran hoy letra muerta, siendo en más de un caso la ineptitud, derechamente, la principal causa de la profunda crisis en el sistema de protección a la infancia. Bajo el actual Gobierno de Michelle Bachelet, se buscó implementar una batería de reformas que no han logrado ser aprobadas por el Congreso. El informe de la Policía de Investigaciones, respecto a la muerte de Lissette en el Centro Cread Galvarino, establece que su estado era una “bomba de tiempo que explotó a raíz del mal manejo de su crisis final» por parte de dos funcionarias del servicio, los que no cumplieron los protocolos mínimos. Las evidencias saltan a la vista al revisar los resultados preliminares del proceso de observación que desarrolló el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que consignó que casi el 50% de niños y niñas entrevistados denunciaron haber sufrido algún tipo de vulneración, detectándose 213 casos críticos. La crisis al interior del Sename cuenta con distintos orígenes. De acuerdo a especialistas en el área, una de las principales razones tiene que ver con el paradigma impuesto a partir de la legislación de 1967, que establece a los menores como “objeto de resguardo”, mirada distante a la determinada por la Convención sobre los Derechos del Niño, que los define como sujetos de derecho. Daniela Díaz, directora ejecutiva de Fundación Pléyades y miembro del Observatorio Niñez y Adolescencia, acusa que “Chile no ha actualizado su legislación ni sus instituciones a los acuerdos internacionales. Se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño hace 27 años, pero eso no se ha traducido en leyes o instituciones que garanticen los derechos del niño”, lo que significa dicha firma es solo letra muerta en la legislación chilena. Esta falta de actualización del paradigma rector de la política de infancia en nuestro país sería el resultado de un problema mucho más estructural, que afecta directamente a otras aristas, como, por ejemplo, la salud y la educación, al tiempo que se condice con el modelo de Estado subsidiario que se impuso durante la dictadura y se profundizó tras el retorno de la democracia.
Una política cuyo objetivo, según establece Óscar Dávila, Del Estado protector al Estado subsidiario, “en el periodo de la Concertación, buscó disminuir y erradicar la pobreza, pero no así la desigualdad”. El modelo de administración y financiamiento de los servicios, que hasta esta fecha depende del Ministerio de Justicia, pero podría pasar a depender del Ministerio de Desarrollo Social, funciona licitando programas a los colabores, a través de la Ley de Subvención. “El Estado les paga a los organismos colaboradores por niño atendido y cada dos o tres años los programas se licitan. Eso trae inestabilidad laboral”, indica Daniela Díaz. A la forma de administración y financiamiento del Sename, se le suma su dependencia del Ministerio de Justicia, lo que se condice con una mirada más primitiva del desarrollo de una política social, en donde la seguridad del vulnerado era cuestión de la policía, que resguarda la seguridad social desde un punto de vista punitivo, según señala Rolando Franco en su texto Los paradigmas de la política social en América Latina. En opinión de Dimas Santibáñez, otro punto relevante en cuanto a la administración es que, además de que “la crisis del Sename viene a hacer visible un Estado ausente en política de niñez”, deja en evidencia a “un Estado muy centralista, que ha desarrollado pocas capacidades de descentralización y, cuando lo ha realizado, ha dispuesto pocos recursos, por lo tanto, los proyectos han fracasado”, puntualiza. Para la especialista de Fundación Pleyades, las responsabilidades del Estado de Chile por la crisis del Sename constituyen una “deuda histórica, que trasciende a los gobiernos de turno”.
Uno de los principales objetivos de las propuestas de infancia del segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet residía en fortalecer y robustecer un sistema que a todas luces “hacía agua”, vulnerando sistemáticamente los derechos de los niños en nuestro país. Con este objetivo se definió cambiar el sistema de administración desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Desarrollo Social. La columna vertebral de este proceso de reformas es el proyecto de “Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez”, que fue ingresado por el Ejecutivo a finales de septiembre de 2015 y, tras ser aprobado por la Cámara, fue despachado a la Comisión de Infancia del Senado, en donde debe iniciar su segundo trámite constitucional. La iniciativa busca generar un marco integral para la protección y garantía de los derechos de los niños, más allá de los que se hallan en un estado de vulnerabilidad. A pesar de que contó con suma urgencia para su tramitación en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara, su tramitación “no fue fácil”, apuntan desde el Congreso. Principalmente por una debilidad estructural del proyecto que no logra dar el ancho con la institucionalidad que exige la Convención sobre los Derechos del Niño. Uno de los principales problemas residió en los títulos III y IV de la iniciativa, los que, según un informe de la Corte Suprema, “no cumplían con el orden necesario para el resguardo administrativo de los procesos judiciales”, como recalca Rubilar, quien agrega que “no era correcto seguir legislando y terminamos mandando al Senado un proyecto que en los títulos I y II era bastante bueno, pero con ausencia de cosas sustanciales: cómo se va generar este cambio”, agrega la integrante de la Comisión de Familia. Para Daniela Díaz, uno de los principales problemas de este proyecto reside en la ausencia del establecimiento y fortalecimiento de organismos territoriales que velen por el resguardo y la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Un punto que, a su juicio, es relevante a la hora de hacerle frente a un sistema en el que el Estado le paga a un privado por prestar un servicio fundamental que, además, está financiado sobre la base del sistema de oferta y demanda, por lo tanto, el Estado le paga al privado por niño en el servicio. “Es un modelo que está en tensión con la garantía de los derechos (…). Díaz recalca que actualmente hay 102 comunas del país sin presencia de programas de protección a menores en sus territorios. “Son precisamente las comunas más aisladas, con niños en condición más vulnerable, pero, claro, tienen menos proporción de niños, por lo tanto, es más caro tener un sistema de protección a menores allí, bajo la lógica del subsidio al niño atendido”, explica.
Una idea que lleva años tramitándose en el Congreso y que ha pasado por distintos proyectos es la división del Sename en dos organismos distintos, uno para los niños en situación de vulnerabilidad en el hogar y otro para los menores infractores de ley. De esta forma -según la apuesta del Ejecutivo- se establecería el “Servicio de Protección Especializado”, que tiene por objeto mejorar la institucionalidad encargada de la protección especializada de derechos del niño, centrado en los menores que hayan vivido situaciones vinculadas a la violencia. Al mismo tiempo, fue ingresado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Interno del Senado el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este organismo es definido como “público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Una política que es reconocida por todos los sectores como un avance, y que provenía de gobiernos anteriores, como el de Sebastián Piñera, quien ingresó un proyecto de ley en dicha línea y que estuvo más de un año en tramitación. Para muchos es resultado de “una reacción a lo que se está viviendo hoy día, tras la crisis del Sename”, asegura Santibáñez. Desde el interior del Servicio Nacional de Menores temen que la división del servicio pueda traer mayor inestabilidad laboral para los funcionarios, además de que no hay claridad sobre cómo se llevará a cabo el proceso de cambio hacia ambos nuevos servicios, lo que podría abrir un “nuevo nicho de negocio con los menores, como ocurre ya al interior del Sename. Junto con estas medidas del Ejecutivo, surge el proyecto de la “Subsecretaría de la Niñez”, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional y que fue ingresado a finales de septiembre de 2015 al Senado. Tiene como objetivo “la modernización de la institucionalidad de protección de menores” y coordinar, como función del Ministerio de Desarrollo Social, “los servicios públicos encargados del planteamiento e implementación de las políticas públicas dirigidas a la protección y garantía, integral y efectiva, de los derechos de los niños”.
Una de las mayores críticas a este proyecto es que sería un organismo sin dientes e insuficiente en su tarea de coordinación institucional. Según el coordinador del Diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, “es un cambio institucional que no implica necesariamente un orgán que esté articulando y coordinando las políticas de la infancia”. La diputada Rubilar, por su parte, apunta a que “es una subsecretaría que no cumple con los principios que se recomiendan por la misma Unicef. No tiene despliegue territorial, no tiene todos los indicadores de gestión y control que debiera tener. La especialización, la mejora continua de los organismos, el cómo se articula realmente la alianza público-privada y la presencia a nivel nacional de los servicios, no están regulados en este proyecto”, dice. Por último, uno de los proyectos que ha sido establecido como “clave” en la batería de iniciativas respecto a la infancia, es el de la “Defensoría de la Niñez”, iniciativa que tiene la intención de cumplir con una de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha realizado a Chile. De acuerdo al Consejo de la Infancia, “se trata de una institución autónoma, que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones y atribuciones con independencia, aunque deberá coordinarse con los demás órganos del Estado vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos”. Contará con un Defensor de la Niñez, que será su director y representante legal, estará cinco años en su cargo y no podrá ser nuevamente designado. Uno de los principales nudos es que contiene a un “abogado de la niñez”, para darle representación judicial a los niños frente a vulneraciones en sus derechos.
Por lo tanto, el defensor no “intervendrá en calidad de parte o perito en procedimientos judiciales o administrativos”, solo podrá deducir querellas en casos que produzcan “alarma pública y exijan pronta solución por su gravedad y relevancia para los derechos de la niñez” y siempre que se trate de determinados delitos. Línea que sigue Dimas Santibáñez, ya que -en su opinión- el Defensor “es más de lo mismo, la ley no le incorpora capacidad para poder incluir una defensa real de los derechos del niño, no le da autoridad jurídica en ese sentido”. Por otra parte, para la directora ejecutiva de Fundación Pléyades, el principal desafío que enfrenta este proyecto “es que tiene que tener la capacidad técnica para hacer seguimiento del ejercicio del derecho de los niños. Según la parlamentaria, esto podría tener que ver con recursos. “Los niños nunca son prioritarios a nivel de recursos”, plantea, a nivel transversal y para muchos países. En tal sentido, Santibáñez reconoce que “en el mundo político hay poca comprensión de lo que implica asumir los criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Durante la sesión de la Cámara del jueves 13 de julio se aprobó un proyecto de acuerdo, propuesto por la denominada “bancada independiente”, que apunta directamente a identificar las responsabilidades políticas de todos los gobiernos e incluye la instauración de una comisión de “Verdad, Justicia y Reparación” para definir, además, si hay delitos de por medio y entregar la información al Sistema Judicial. El acuerdo autoimpone un plazo de un año para aprobar una agenda que genere la Red de Protección de la Infancia. Esto, desde que se ingrese una batería de proyectos estructurales que apunte a cambiar de fondo el sistema de protección y defensa de los derechos de los menores.
La malnutrición, la inequidad en el sistema de salud, la desigualdad en las oportunidades educativas, la contaminación atmosférica, el tráfico vehicular y los entornos violentos y abusivos son algunos de los graves problemas que afectan a los niños y niñas que viven en las zonas urbanas. A pesar de que los entornos urbanos proporcionan a la población servicios de calidad y oportunidades, gran parte de ella se deja de lado, y, con ello, también a los niños como grupo más vulnerable. Definición de zona urbana: A pesar de que no existe una definición universalmente aceptada de «zona urbana», este término se define a menudo por contraposición al término «zona rural».
Esta distinción está fundada en la suposición de que las zonas urbanas «proporcionan un modo de vida distinto y, en general, un mayor estándar de vida que las zonas rurales» (Organización de las Naciones Unidas, 2017). De hecho, en varios países desarrollados, dicha distinción es más difusa y «la diferencia principal entre las zonas urbanas y las rurales en cuanto a los estándares de vida suele basarse en el nivel de concentración o densidad demográfica» (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Las zonas urbanas se describen a menudo como áreas con una densa infraestructura avanzada, como casas, edificios comerciales, autopistas, puentes y ferrocarriles (Revista National Geographic, 2023). Comúnmente, una zona urbana puede referir a pueblos, ciudades y suburbios (Revista National Geographic, 2023). Con frecuencia, estas zonas se asocian a los siguientes aspectos: población numerosa y concentrada, infraestructura y servicios desarrollados, así como crecimiento económico (ONG Save the Children, 2012). Se estima que de cuatro mil millones de personas que residen en zonas urbanas, alrededor de un tercio son menores y se calcula que, para el año 2050, del total de niños y niñas, alrededor del 70 % estará también viviendo allí; de ellos muchos residirán muy probablemente en zonas marginales (Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, s.f.).
Los niños que viven en la ciudad se enfrentan a luchas cotidianas y a condiciones de vida difíciles, que oscilan entre la malnutrición y la exposición a entornos violentos y abusivos. Factores de riesgo para los menores que residen en zonas urbanas: Malnutrición infantil. La causa principal de la inseguridad alimentaria urbana está vinculada a la falta de ingresos suficientes o constantes en los hogares. Esta escasez es causa de las altas tasas de desempleo, los salarios bajos y el carácter impredecible de las contrataciones temporales (Global Alliance, Cities 4 Children, 2021).
La malnutrición infantil puede comenzar desde el útero y, en los niños, la malnutrición temprana «puede contribuir al deterioro del desarrollo cognitivo y generar una disminución del rendimiento escolar y de la productividad en la adultez» (Global Alliance, Cities 4 Children, 2021). Los niños que viven en hogares con bajos ingresos consumen dietas de mala calidad que generan déficit de nutrientes (Global Alliance, Cities 4 Children, 2021).Por otro lado, debido a la escasez de alimentos y al hecho de que la comida callejera es, por lo general, más accesible para las familias de hogares con ingresos bajos, tanto adultos como menores son proclives a consumir alimentos con mayor densidad calórica que nutrientes, por lo que son más propensos a la obesidad (Global Alliance, Cities 4 Children, 2021).
Desigualdad de oportunidades educativas. Es derecho de todo niño tener acceso a la educación y se debería obtener mediante oportunidades igualitarias (Convención sobre los Derechos de los Niños, 1990). No obstante, la realidad refleja una imagen muy distinta. Según Unicef, «13,4 millones de menores en situación de pobreza que residen en las ciudades … tienen menos probabilidades de completar la escuela primaria que las contrapartes que viven en zonas rurales» (Unicef, 2018). Existen varios factores que impiden que estos niños accedan a la educación. Principalmente, la pobreza, la malnutrición y la insalubridad son los factores que contribuyen a malograr el acceso de los menores a la educación (Unicef, 2012).
Contaminación atmosférica y tráfico vehicular. Vivir en zonas urbanas acarrea otros peligros para la salud, como el de enfrentarse a la contaminación atmosférica y a un tráfico vehicular que provoca accidentes (Unicef, 2018; Unicef, 2012). En particular, es la población de las ciudades con ingresos bajos la que se expone a mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias y demás problemas de salud a largo plazo» (Organización Mundial de la Salud, 2016). Respecto al tráfico vehicular, las cifras indican que los accidentes causados por el tráfico vial pueden ocurrir con más frecuencia en las zonas rurales debido a «el exceso de velocidad, la falta de una separación física entre carriles, las numerosas intersecciones, el mal mantenimiento de los arcenes y el uso de vehículos motorizados modificados con sobrecarga de pasajeros, entre los que se incluyen los niños que van a la escuela» (Unicef, 2022).
Entornos violentos y abusivos. Los niños que viven en zonas urbanas corren el riesgo de enfrentarse a entornos violentos y abusivos. Como se planteó anteriormente, los menores que viven en zonas urbanas están expuestos a la malnutrición y a la inequidad en el acceso a los servicios de salud y educación. Desarraigados de un ambiente protector y saludable, los niños están «expuestos con frecuencia a varias formas de abuso, descuido, explotación y violencia en el hogar y en la escuela, en los sistemas de asistencia y de justicia, en el lugar de trabajo y en la comunidad» (ONG Save the Children, 2012).
Mejores oportunidades para los niños de las ciudades. Debido a la discriminación multidimensional e interseccional a las que los niños de las ciudades se enfrentan, los Estados y la comunidad internacional deberían encargarse de elaborar políticas adaptadas y centradas en los menores con el propósito de contrarrestar las diversas violaciones de los derechos humanos que sufren. Por este motivo, se deberían promover y respaldar las siguientes medidas: Priorizar el incremento de oportunidades laborales en las zonas urbanas para alcanzar especificidad en el nuevo plan estratégico (Consejo Económico y social de la Organización de las Naciones Unidas, 2020). Centrarse en abordar la malnutrición que padecen los niños que residen en zonas urbanas y crear abordajes exhaustivos para implementar los programas de nutrición (Unicef, 2020). Impulsar una cooperación estratégica a nivel global y regional para solucionar las condiciones de vida de los menores que viven en zonas marginales (Consejo Económico y social de la Organización de las Naciones Unidas, 2020). Garantizar que la calidad del aire de las ciudades se convierta en una prioridad sanitaria (Organización Mundial de la Salud, 2016). Movilizar a la comunidad para abordar la problemática de la violencia y el abuso que sufren los menores de las zonas urbanas e...