La protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en Chile ha experimentado transformaciones significativas, especialmente a partir de la promulgación de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en marzo de 2022. Este marco normativo general busca abordar de manera integral la protección de los derechos de este grupo poblacional. La implementación del servicio Mejor Niñez en octubre de 2021, enfocado en la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con un sistema de justicia especializado, refuerzan la institucionalidad para el respeto, protección, promoción y realización de sus derechos.
Sin embargo, para asegurar que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en entornos protectores, es fundamental que las familias cuenten con condiciones socioeconómicas suficientes para ejercer su rol protector. Se requiere una mayor coordinación entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, garantizando el acceso a prestaciones sociales para todos los niños bajo medidas de protección especializada, incluyendo el cuidado alternativo familiar, residencial, y programas de protección especializados.
La reformulación del cuidado alternativo residencial es necesaria para evitar la masificación en las residencias y asegurar la protección y el buen trato. Esto implica fortalecer el trabajo con las familias para facilitar la reunificación y asegurar el derecho de los niños a vivir en familia. Organismos como UNICEF han apoyado la reformulación de centros y el rediseño de programas de familias de acogida, revinculación familiar y programas ambulatorios para mejorar su efectividad y prevenir la separación familiar.
Disminución de Índices de Violencia y Responsabilidad Penal Adolescente
Para disminuir los índices de violencia, es crucial la articulación de diversos actores institucionales en la implementación de acciones contempladas en planes de acción. Se necesita un compromiso transversal para abordar de manera coordinada los índices de violencia que los niños, niñas y adolescentes enfrentan en diversos ámbitos: familiar, escolar, institucional y entre pares.
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es fundamental. Este servicio especializado coordinará y ofrecerá programas orientados a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos. Asimismo, es imperativo mejorar las condiciones de infraestructura y habitabilidad de los centros de privación de libertad para adolescentes, así como la supervisión de los programas implementados.
La red de centros administrados por el SENAME, junto con programas ejecutados por organismos colaboradores acreditados, articula actores públicos y de la sociedad civil para ofrecer programas de calidad adaptados a las necesidades de reinserción educativa, laboral y social de esta población. Los jóvenes tienen derecho a una defensa gratuita y, en caso de ser enviados a centros privativos de libertad, no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales. Los tribunales pueden ordenar estas medidas mientras se realiza la investigación.
Medidas Cautelares y Sanciones en el Sistema Penal Adolescente
El sistema penal adolescente contempla diversas medidas cautelares y sanciones diseñadas para garantizar los fines del procedimiento penal y promover la reinserción:
- Medida Cautelar Ambulatoria (MCA): Asegura la participación del adolescente en las diligencias de investigación y actuaciones judiciales.
- Internación Provisoria: Medida cautelar excepcional de privación de libertad decretada por un juez, ejecutada en centros específicos (CIP).
- Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD): Implica la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o la reparación del daño causado a las víctimas.
- Libertad Asistida: Ejecutada a través de un Programa de Libertad Asistida (PLA), con intervención personalizada a cargo de un delegado, y asistencia a actividades educativas y terapéuticas.
- Libertad Asistida Especial: Intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, con un plan de intervención personalizado aprobado por el tribunal, enfocado en la integración social.
- Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social: Ejecutado en centros de régimen cerrado (CRC), puede ser una condición para la suspensión condicional del procedimiento, junto con acuerdos reparatorios.
Críticas y Fallas Sistémicas en la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
A pesar de los esfuerzos legislativos y la creación de nuevas instituciones, el sistema de protección de la infancia en Chile ha enfrentado graves críticas y denuncias de fallas sistémicas. Casos emblemáticos como el de Guillermina, una adolescente de 16 años fallecida en el Centro de Protección Alborada del SENAME en 2012, evidencian problemas graves en el manejo de menores vulnerables. La falta de aplicación de protocolos internacionales, la ausencia de atención médica adecuada tras su reingreso al centro y el registro de su muerte como un simple "egreso" del sistema, ponen de manifiesto las deficiencias.
La falta de claridad estadística sobre el número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado ha sido una constante preocupación. Informes divergentes y la dificultad para obtener cifras precisas revelan un problema de gestión y transparencia. La división del sistema en áreas de "protección" y de "infractores de ley" no siempre ha garantizado una atención integral y diferenciada.
Las investigaciones han expuesto un sistema donde los niños vulnerables son atendidos por personal sin la capacitación adecuada, incluso en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Se ha señalado que la sociedad en su conjunto, incluyendo el gobierno, el Legislativo y el Poder Judicial, no se ha hecho cargo de la problemática de estos niños, considerados "los más pobres de los pobres".
El Caso de Lissette Villa y la Crisis del SENAME
El caso de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció en el Centro Galvarino del SENAME en 2016, catalizó la crisis del sistema. Lissette, con un historial de ingresos y egresos de centros del SENAME desde los 5 años, experimentaba episodios de rabia y se encontraba bajo tratamiento farmacológico. Su muerte, atribuida inicialmente a una "crisis emocional", evidenció la falta de protocolos adecuados, la ausencia de personal capacitado en primeros auxilios y la sobremedicación.
El psiquiatra Rodrigo Paz señaló que Lissette estaba sobremedicada, recibiendo fármacos que podían tener efectos adversos en menores. La manipulación de medicamentos en los centros, la falta de personal especializado y la ausencia de supervisión adecuada para su administración, son problemas generalizados. La falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil en Chile, sumada a la escasez de psiquiatras infantiles en el sector público, agrava la situación.
Las causas de muerte determinadas por autopsias en centros del SENAME incluyen ahogamientos, golpes, homicidios y suicidios, lo que evidencia la gravedad de las condiciones de seguridad y cuidado. La causa "indeterminada" de muerte de Lissette fue el detonante de una crisis que puso en relieve las profundas falencias del sistema.
Propuestas para una Solución Integral
Diversos expertos y actores sociales han propuesto soluciones para abordar la crisis del sistema de protección de la infancia. Se enfatiza la necesidad de:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Creación de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado, que trabaje en conjunto con las familias.
- Fortalecimiento del rol familiar: El objetivo principal debe ser la reunificación de los niños con sus familias de origen, brindando herramientas y acompañamiento para romper ciclos de maltrato y pobreza. Se critica la tendencia a la internación como única solución ante la falta de formación de quienes toman decisiones.
- Defensa jurídica especializada: Garantizar una defensa jurídica adecuada para los niños, niñas y adolescentes, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad, diferenciándola de la defensa de los infractores de ley.
- Cierre del SENAME y transición a un nuevo servicio: La meta a mediano plazo es el cierre del SENAME y la implementación de un nuevo servicio de protección especializada, como se ha intentado con la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
La periodista Carolina Rojas, autora del libro "Abandonados", destaca la violencia sistemática enquistada en los centros, la falta de supervisión y el "incentivo perverso" de la subvención por niño, que puede llevar a la privatización del cuidado infantil. Señala que el SENAME es una de las caras más crudas del Chile neoliberal, donde los intereses económicos y la falta de fiscalización perpetúan las vulneraciones.
El informe de la PDI de 2017, que constató 2.071 abusos en centros del SENAME y organismos colaboradores, reveló la gravedad de la violencia sistemática, incluyendo abusos sexuales. La falta de cumplimiento de protocolos mínimos, como los de contención y actuación ante fallecimientos, es alarmante. La PDI determinó que el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME.
La Violencia Juvenil y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en la Actualidad
En años recientes, se ha observado un aumento en la participación de jóvenes y adolescentes en delitos, especialmente aquellos relacionados con el uso de armas de fuego. Los Centros de Administración Directa (CAD) del SENAME, que aún administran a adolescentes en transición hacia la nueva institucionalidad, han registrado un incremento significativo en los ingresos por este tipo de delitos. Esto se relaciona con factores como la proliferación de armas de fuego, la acción de bandas delictivas organizadas y el abandono estatal en ciertos territorios.
Las políticas públicas de infancia han sido criticadas por su falta de estabilidad y por enfocarse excesivamente en la protección especializada, descuidando la prevención. Muchos adolescentes que ingresan al sistema han experimentado deserción escolar, falta de oportunidades y la ausencia de un adulto significativo, lo que confirma que su llegada al SENAME se produce tras múltiples fallos previos.
El Ministerio Público ha destacado un aumento en los delitos de mayor connotación cometidos por jóvenes y adolescentes, como lesiones, robos y delitos contra la libertad e intimidad. La directora del SENAME, María Eugenia Fernández, señala que el organismo administra las condenas y medidas cautelares ordenadas por los tribunales, pero es el propio tribunal quien realiza el seguimiento y determina el fin de la custodia. El patrón común en los adolescentes privados de libertad es la deserción escolar.
Para abordar esta problemática, se considera fundamental implementar programas de intervención temprana para la conducta delictiva y fortalecer la calidad de los programas de Medio Libre. La creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil busca ofrecer una alternativa más integral para la reinserción educativa y laboral de los jóvenes, operando en distintas zonas del país.