La trágica muerte de Lisette ha puesto de manifiesto la grave situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename) y su red colaboradora. La prevalencia de fallecimientos entre estos menores es significativamente más alta en comparación con la población general de NNA en Chile. Entre 2006 y 2014, la tasa de mortalidad anual en la Red Sename fue de 0,94 por cada mil, mientras que para todos los NNA en Chile fue de 0,68 por cada mil. Esta disparidad se explica, en parte, porque el Estado asume la tutela de menores que, por diversas circunstancias, presentan un mayor riesgo de muerte no natural. Sin embargo, la gravedad de estas cifras no disminuye, especialmente al considerar la posibilidad de que muchas de estas muertes se deban a negligencia, descuido o falta de debida diligencia por parte de las instituciones encargadas de su protección.
La falta de protección también puede afectar a NNA vulnerables que no están bajo el amparo del Sename, lo que subraya la urgencia de una supervisión y cuidado adecuados para todos los menores en situación de riesgo. La falta de interés social en la suerte de estos niños ha sido inaceptable; sin embargo, la sociedad chilena comienza a cuestionar esta realidad y a exigir al Estado rendición de cuentas.
La Responsabilidad Estatal en la Protección de los NNA
La responsabilidad del Estado en el cuidado de los NNA bajo su tutela abarca el deber de respetar, proteger y garantizar sus derechos. Las investigaciones sobre las causas de los 856 fallecimientos registrados en la Red Sename deben abordar cuestiones estructurales y determinar si el Estado cumplió o no su deber de cuidado. Esto implica ir más allá de la posible negligencia de funcionarios o proveedores, y evaluar la existencia de mecanismos eficaces para:
- Identificar riesgos y derivar a especialistas.
- Denunciar violaciones de derechos y recibir respuestas adecuadas y oportunas.
- Garantizar que los recursos del sistema sean suficientes y se utilicen de manera diligente y eficaz.
Dado que los NNA atendidos por el Sename son inherentemente más vulnerables, sufriendo con mayor frecuencia adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades, es aún más imperativo proveer los recursos, mecanismos e instituciones necesarios para asegurarles una vida digna. La responsabilidad del Estado hacia estos menores es mayor y de carácter transversal.
La Responsabilidad del Estado ante la Delegación de Funciones
La responsabilidad del Estado se mantiene inalterada, independientemente de si delega sus funciones a instituciones privadas colaboradoras. El derecho internacional general establece que el Estado conserva el nivel de responsabilidad, lo que exige una fiscalización estricta de quienes actúan en su nombre. La garantía del derecho a la protección infantil recae plenamente en el Estado, sin importar el medio que elija para cumplirla, ya sea a través de funcionarios públicos, fundaciones, Pymes o personas naturales.
Avances y Desafíos del Nuevo Servicio de Protección Especializado
El Nuevo Servicio de Protección Especializado ha introducido cambios positivos, como la flexibilidad para mantener la subvención estatal para jóvenes de hasta 24 años en sistemas de cuidado alternativo y el establecimiento de programas de acompañamiento para la vida independiente, especialmente para aquellos cuya reunificación familiar no fue posible. No obstante, se reitera la necesidad de una Ley de Garantía de Derechos que establezca un sistema de protección integral y administrativo a nivel local y en todos los niveles del Estado. Este sistema debe estar orientado a la prevención efectiva y al apoyo de NNA y sus familias. Sin esta ley, el nuevo servicio podría enfrentar limitaciones similares a las del antiguo Sename.
La polivictimización y la multidimensionalidad de las vulneraciones de derechos exigen un enfoque en la prevención y la colaboración activa de otros ministerios y servicios como garantes, brindando programas y prestaciones que apoyen la restitución de derechos. Además, la falta de modificaciones en el modelo de subsidiariedad es preocupante. La propuesta de un financiamiento basado en estándares de calidad y resultados medibles no se ha implementado, a pesar de la evidencia de que el modelo de subvenciones actual (Ley 20.032) es insuficiente y contribuye a la alta rotación de profesionales debido a los bajos salarios y al desgaste laboral.
Inequidad en la Atención y la Problemática de la Internación Residencial
Existe una notable inequidad en la atención a NNA con características y necesidades similares. Mientras que el Sename gasta entre $2.500.000 y $3.000.000 por niño en centros de administración directa, las organizaciones con mayor capacidad de recaudación invierten alrededor de $1.500.000, y las instituciones pequeñas operan con el monto de la subvención. Esta disparidad genera desigualdades y discriminaciones.
Estudios recientes, como el realizado por UNICEF y el Poder Judicial, continúan develando abusos en residencias de protección, donde actualmente son atendidos cerca de quince mil niños anualmente. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia a menudo resulta en otras formas de vulneración: la ruptura de vínculos familiares y la violencia institucional. La separación de un niño de su familia de origen, si bien puede protegerlo del maltrato, no soluciona las causas subyacentes y puede tener graves efectos psicológicos, tal como se ha estudiado durante décadas. En Chile, la internación de niños ha sido un mecanismo frecuente de protección desde 1758, pero la situación provisoria se prolonga, convirtiéndose en permanente.
Las condiciones de visita en las residencias a menudo son inadecuadas para promover relaciones familiares, con horarios restringidos, espacios inapropiados y largas distancias. La separación, que busca proteger, es experimentada como un castigo en lugar de una oportunidad para mejorar las relaciones familiares. Esta adversidad dificulta el desarrollo de lazos de confianza y solidaridad, evidenciando las fallas estructurales de un sistema de protección que, en su afán por proteger, puede perpetuar la violencia.
Hacia un Sistema de Protección Integral y con Perspectiva de Derechos
Es fundamental dejar de considerar la protección de la infancia como un problema de eficiencia o voluntarismo, y abordarlo como un asunto político que requiere reconocer a los niños como sujetos plenos de derechos. El maltrato infantil y las vulneraciones institucionales no pueden desligarse de una discusión sobre el lugar de los niños en nuestra sociedad y el contexto en el que se desarrolla la violencia.
La reparación de los derechos vulnerados no se limita a suplir carencias afectivas o materiales, ni a sustituir a un adulto deficiente por uno mejor. Requiere la participación de la familia, los profesionales, las instituciones y la comunidad. La recuperación de la confianza, especialmente en los adultos, se basa en el reconocimiento del niño como un sujeto integral, más allá de su historial de vulneraciones.
Seminario “Desafíos 2021 para la infancia Vulnerable y la reinserción social juvenil”
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, ha señalado el fin del Sename, calificándolo como una "deuda histórica" con la niñez y adolescencia. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha trabajado en la creación de una nueva institucionalidad robusta para la niñez, basada en el proyecto de ley sobre el sistema de garantías de los derechos de la niñez, iniciado en 2015. Este proyecto busca adecuar el contenido a la Convención de los Derechos del Niño y crear un sistema de protección administrativa con alcance territorial y recursos suficientes.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, ha destacado la oportunidad que esta nueva institucionalidad brinda a los niños más vulnerables para un "nuevo comienzo", subrayando la importancia del sistema preventivo para evitar que los niños sean vulnerados antes de que sea necesario reparar el daño.
Tras 46 años de funcionamiento, el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido reemplazado por dos nuevos organismos especializados: el Servicio de Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Esta reestructuración busca mejorar la protección de los derechos de los menores y separar las responsabilidades de justicia juvenil, respondiendo a las críticas y problemas, como el elevado número de fallecimientos de menores bajo custodia estatal.
Los sistemas educacionales, desde la familia y los jardines infantiles, son cruciales para la integración cultural de las nuevas generaciones. Sin embargo, gran parte de la formación infantil ocurre en el entorno familiar y comunitario. Las educadoras y docentes a menudo deben suplir necesidades afectivas y materiales debido a la precariedad de muchas familias chilenas.
Un informe reciente del Observatorio de la Niñez y Adolescencia revela que uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional, afectando su acceso a educación, salud, vivienda y redes sociales. Un 18,2% vive en pobreza por ingresos y el 5,3% en indigencia, con un 22,7% residiendo en hogares con alto nivel de hacinamiento.
El sistema judicial, tanto en materia penal como de familia, incumple gravemente procedimientos y derechos básicos de los NNA. Los tribunales a menudo tratan a niños y jóvenes con una lógica penal inapropiada para adultos, y la ejecución de penas carece de defensores especializados. En Tribunales de Familia, se han detectado graves falencias como ausencia de abogados, peritos sin título, sentencias sin audiencia y compromisos incumplidos.
La institución encargada de la custodia y reinserción de menores no cuenta con las condiciones mínimas para su labor. Informes han detectado graves problemas de gestión y vulneración de derechos en numerosos centros, con un número significativo de fallecimientos, muchos de ellos en dependencias de entidades colaboradoras con fiscalización precaria.
La realidad de la niñez popular en Chile, marcada por violaciones en centros de protección, maltrato y falta de defensa jurídica, es ajena a gran parte de la sociedad. El pacto político actual ignora estas problemáticas, considerándolas secundarias. La solución a esta crisis no reside en propuestas técnicas o en la buena voluntad de funcionarios, sino en una transformación política profunda que supere la visión economicista de la sociedad e instale la protección de la infancia como una prioridad.