Vulneración de Derechos en el Servicio Nacional de Menores (Sename)

La presente investigación busca describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente el 18 de junio de 2007. Se identifican las dificultades prácticas que ha traído la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado para menores entre 14 y 18 años, y se comparan las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por el país en 1990.

La violación de los derechos humanos de los niños que están al cuidado del Sename es sistemática y grave. Así lo confirmó un informe del Comité de la ONU, que en enero pasado visitó cuatro hogares de la red Sename y entrevistó a múltiples actores del sistema. Esta visita respondió a una solicitud que surgió tras la muerte de la pequeña Lissette Villa en 2016.

Hallazgos del Comité de la ONU y la Responsabilidad del Estado

El comité de la ONU constató graves deficiencias en infraestructura, supervisión y recursos humanos, estableciendo que el Estado es responsable de las violaciones de derechos que sufren los NNA. Estos niños y adolescentes están expuestos a violencia y enfrentan graves problemas de acceso a educación y atención de salud oportuna.

Críticas al Poder Judicial

El informe de la ONU criticó a los jueces por varios motivos:

• Privilegian la adopción de medidas que separan al niño de su familia, aunque esta opción debiese ser la última, tras explorar todas las posibilidades de mantener a los NNA en su núcleo familiar.
• La separación, por lo demás, debe ser "excepcional y transitoria", mientras se evalúan los cambios en las condiciones de la familia para concretar la pronta reintegración.
• El sistema judicial también falla porque "la frecuente ausencia de motivación suficiente de las sentencias impide conocer los elementos considerados para decretar la internación del menor".

El documento de la ONU establece que el Poder Judicial es responsable "de la supervisión de la situación del NNA y su avance en el programa de integración". Sin embargo, esto no se cumple por dos razones:

1. La mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances.
2. Las decisiones judiciales no determinan en muchos casos qué derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse el NNA. Esto último, genera la ausencia casi total de "planes de intervención y falta de seguimiento".

Los expertos de la ONU constataron que el Poder Judicial ha enviado a más de 400 menores a "organismos coadyuvantes", debido a la falta de plazas en los hogares que dependen o están bajo regulación del Sename. Finalmente, el documento establece que los jueces de Familia, "por regla general", deciden internar al menor "con escasa o sin participación del NNA y de la familia", lo que no permite evaluar sus condiciones particulares y las medidas necesarias para ayudar a la familia. Solo el 32,1% de los menores dice tener oportunidad de hablar con el magistrado y el 30,8% con un abogado que lo represente.

Gravedad y Sistematicidad de las Violaciones

El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas resalta la existencia de graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los NNA a cargo de la supervisión del Sename. Son violaciones graves debido al gran daño que miles de niños han sufrido en las últimas décadas. La entidad de estas violaciones evidencia un fracaso total del Estado en la materia.

La Obligación de Reparación Integral

Cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los NNA en el Sename, las víctimas se cuentan por miles a lo largo de las décadas. De esta violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. Estas medidas de reparación son variables y dependerán del caso, pero también, y por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración.

En el caso del Sename, dadas las características del tipo de violación incurrida, no basta con la mera indemnización. La responsabilidad que se debe perseguir no solo es penal, sino también administrativa y política, ya que interesa saber quién pudo haber hecho algo y dejó que esto ocurriera. En este punto, habrá que esperar que se determine no solo la responsabilidad de los autores directos, sino, y quizás lo más relevante, la responsabilidad de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente del sistema residencial.

Se proponen tres grupos de medidas para abordar esta crisis:

1. Establecer la verdad: Actualmente parcialmente realizadas a través de los Informes de Diagnóstico. Aquí se busca establecer la verdad de lo ocurrido, los hechos, las falencias y las consecuencias que los NNA cargan por su paso por el sistema. Surge el debate sobre la necesidad de una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del Sename.
2. Rehabilitación y reparación: Destinadas a la rehabilitación o reparación propiamente tal de los NNA dañados por su paso por el Sename, incluso si ya son adultos. Estas medidas son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida. La indemnización económica, ya sea en forma de pago único o pensión, es solo una parte de las medidas de reparación, pero que siempre focaliza la atención pública.

El Informe de la ONU tiene y tendrá muchas consecuencias en la forma en que el Estado debe abordar la niñez vulnerada, pero su efecto más relevante son los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis: su definición de grave y sistemática.

Misión de Observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017

Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos desplegó una misión de observación en 171 centros de todas las regiones del país. Sus objetivos fueron:

• Evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros.
• Evaluar las condiciones laborales en que se desempeñan los funcionarios.
• Indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a NNA residentes.

Para ello, se realizaron entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y entrevistas a 401 NNA residentes mediante un cuestionario estructurado aplicado por psicólogas clínicas. La muestra representó el 4,5% de error sobre una población total de 2.688 NNA de 8 a 17 años institucionalizados en Chile. Además, se describió el estado de la infraestructura y equipamiento de los centros. Es importante señalar que, en Chile, de los 250 centros existentes, solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename; el 95,6% restante es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.

Resultados del Estudio INDH: Áreas Críticas

Perfil de NNA y Trabajadores

• De la muestra de 401 NNA entrevistados, la población de estos centros es fundamentalmente femenina (63,5%), con el 60% entre 8 y 13 años.
• La mayor parte de los trabajadores entrevistados son mujeres (87,9%), lo que da cuenta de una feminización del personal.

Condiciones de Vida y Cuidado

• Si bien las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima, con deficiencias en calefacción, recreación, espacios comunes y resguardo de la identidad y privacidad.
• Es preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, con una prevalencia cercana al 20% de los casos.
• El 21% de los centros presenta sobrecupo, llegando al 50% en el 12,5% de los casos y superando el 75% en el 3%.
• En alimentación, en un 1,6% de los establecimientos los NNA reciben solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurre en el 3% de los centros que acogen a lactantes y preescolares. El 16% de los NNA entrevistados declara pasar hambre.
• El 22% de los NNA considera que el personal no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso. El 34% declara trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características) por parte de los funcionarios.

Vinculación con el Medio Externo

• En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados a hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvieron la posibilidad de hablar con el juez que visita periódicamente el establecimiento, a pesar de que el 72% de los centros reporta que los NNA pudieron hablar con ellos durante la última visita.

Educación

• Aunque el 93% de NNA asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional.
• El 20% presenta retraso escolar y solo el 78% recibe apoyo en sus tareas.
• Solo el 77% de los centros declara "autorizar" a los padres a participar en las reuniones de apoderados. Esto se suma a la vulneración de derechos al acceso y progreso educativo.

Familia e Identidad

• El 40% de los centros estudiados restringe los horarios de visita familiar y el 30% no admite más de dos visitas a la semana.
• El 57% de los centros se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia el desarraigo, la soledad y la pérdida de identidad.
• El 16% de los centros utiliza el retraso en el ingreso de visitas como sanción, y el 13% suspende las visitas por el mal comportamiento del niño o niña.

Salud Mental

• El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo.
• El 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas no ha podido acceder a un psicólogo o psiquiatra.
• El 70% de los NNA con síntomas de depresión no se encuentra en tratamiento.

Violencia Institucionalizada

• 8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte del personal. Las formas de castigo incluyen: privación de contacto familiar (15%), ser dejado sin comida (7%), encierro (7%), y "contención física" (inmovilización con el cuerpo o manos) (12%).
• El 46% de los NNA reportó haber sido victimizado por maltrato psicológico y el 12% por agresión física leve, mientras que el 6% sufrió agresión física grave (patadas o quemaduras de cigarro).

Violencia entre Pares

• El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico. La violencia afecta por igual a niños y niñas, y con independencia de su edad.
• El 19% de los centros no cuenta con protocolos para atender este tipo de situaciones.

Abuso Sexual

• Se reportaron 23 casos de abuso sexual durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%.
• 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, indicando una feminización de las víctimas.
• En el 78% de los casos, el abuso es cometido por otro menor de edad, y en un 7% por un adulto del centro.
• El 69% de las víctimas sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso.
• El 52% declara haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades, y el 66% de los NNA que reportaron abusos lo experimentaron cuando tenía menos de 14 años.

Conclusiones y Recomendaciones Clave del INDH

El estudio del INDH arrojó numerosas conclusiones, destacando las siguientes recomendaciones:

• Toda prohibición de relación entre un familiar y el NNA bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial, basada en la consideración del interés superior del niño.
• El Estado debe establecer criterios uniformes para las residencias en la regulación de días, horarios y frecuencias de visitas familiares, así como de las actividades, supervisión y desarrollo de las mismas.
• No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas o comunicación con familiares, ya sea por mala conducta del residente o por atrasos de los familiares.
• Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA residentes, como la existencia de un "libro de vida" que permita la reconstrucción de su pasado y el registro de su experiencia en el centro.
• Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales, para que puedan cumplir su función de sostén y contención.
• Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por Sename en materia de maltrato, así como de la Ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a NNA, adultos mayores y personas con discapacidad perpetrado por quienes tienen un deber de cuidado.
• Generar las condiciones que garanticen efectivamente el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, sin que el mecanismo de denuncia se reduzca a una sola pregunta.
• Capacitar a los trabajadores de las residencias para una escucha efectiva a los niños o niñas, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.

Controversia por el Convenio Sename-ANI

El convenio de colaboración firmado por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en febrero pasado generó preocupación y rechazo entre los integrantes de la Comisión Especial encargada de analizar proyectos relacionados con los NNA. A juicio de la presidenta de dicha instancia, la senadora Ximena Rincón, el documento vulneraría diversos derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el derecho a la vida privada.

La senadora planteó que "el objetivo del Sename es proteger a los niños vulnerados y lograr la reinserción de los jóvenes infractores de ley. Siempre debe primar el interés superior del niño, por eso no podemos anteponer los intereses de seguridad pública al cuidado del menor". Se destacó la necesidad de investigar los alcances de dicho acuerdo de cooperación para proteger la privacidad de los NNA. La senadora Rincón se puso en contacto con la directora del Sename, Susana Tonda, para conocer detalles del convenio, con el fin de reformularlo o dejarlo nulo, dado que "se pide información de cada uno de los niños que acoge el Servicio, y eso derechamente vulnera los derechos de éstos".

El senador Manuel José Ossandón mencionó que "la seguridad es importante pero lo es más, el cuidado de los niños. Creemos que toda esta polémica amerita revisar el texto y las leyes que se mencionen". La preocupación se centra en el intercambio de información de forma genérica, sin un objetivo claro de apoyo a los menores o investigación de casos puntuales, lo que podría constituir una grave vulneración del derecho a la vida privada de los NNA bajo la protección del Estado.

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