El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la lapidaria conclusión de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que en 2017 investigó 240 hogares de menores dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Contexto de la Investigación: La Tragedia de Lissette Villa y el Legado de Informes
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, el informe de la PDI reveló que los abusos no cesaron.
El documento de la PDI es el último eslabón de una siniestra cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esta cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que fue encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a una media docena de investigaciones adicionales, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A estos se suman un reporte de la ONU y, ahora, el de la PDI.
Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero las vulneraciones persisten. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal.
A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
Alcance y Hallazgos del Informe de la PDI
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI, denominado Fuerza de Tarea Sename, concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 de las 241 residencias existentes en el país (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos.
El informe de 257 páginas, al que CIPER tuvo acceso, es un resumen de una extensa investigación contenida en 28 tomos. Este reporte da cuenta de la situación de cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Violaciones Sistemáticas de Derechos y Abusos
El informe policial es contundente: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos. Estos casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). Además, en el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales.
Deficiencias Críticas en los Protocolos
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename".
Los resultados son aterradores en áreas críticas:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Además, el equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos levantados son casi exclusivamente de ese año.
Problemas de Salud y Cuidado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Esta dramática situación se ve agravada por la falta de condiciones adecuadas para su atención:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 ya constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
La apremiante nómina de los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital” fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Crisis al interior del Sename
Fallas en la Fiscalización y Responsabilidad
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa".
Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. El informe de la policía determinó que los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. La pregunta clave es: ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Reacciones y Falta de Publicidad
El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, calificó de muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento, que estuvo listo en diciembre del año pasado.
A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro Larraín descartó haber conocido el documento, afirmando: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.