En Chile, el sistema de justicia juvenil y la red de programas asociados han experimentado una significativa transformación institucional y normativa. Esta evolución busca fortalecer la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), así como asegurar una reinserción social efectiva para aquellos que han infringido la ley penal.
Transformación Institucional: Del SENAME al Nuevo Modelo
En enero del año 2023, fue promulgada y publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.527, que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introdujo modificaciones a la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Dentro de sus principales tareas, el Consejo de este nuevo servicio debe aprobar los estándares de funcionamiento de programas y acreditar a ejecutores en el ámbito de la reinserción social juvenil. Los directivos fueron seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública y durarán cuatro años en el cargo, pudiendo ser renovados por un período.
Esta creación se enmarca en un proceso más amplio de fortalecimiento de la institucionalidad. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se busca contar con un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente. El país tendrá en funcionamiento una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Junto a ello, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, de manera de asegurar a todos los niños/as que están con cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en programas de protección especializados) el acceso a todas las prestaciones de protección social.
Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas. Con este fin, es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia. UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, para contribuir a que niños/as y adolescentes se desarrollen en una familia, está colaborando con el rediseño de los programas de familias de acogida, con el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y con el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
Programas Clave en la Red de Justicia Juvenil
En el área de Justicia Juvenil, actualmente es el Servicio Nacional de Menores (SENAME) quien tiene a cargo supervisar estos programas, los cuales son ejecutados por organismos colaboradores. Existen diversos tipos de programas según el tipo de sanción al que fueron objeto los adolescentes infractores de Ley, en ese sentido pueden ser privativas o no privativas de libertad.
Programa Servicio en Beneficio a la Comunidad (PSBC)
Bajo el área de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores (SENAME) se encuentra el Programa Servicio en Beneficio a la Comunidad (PSBC). A este programa ingresan jóvenes entre 14 y 18 años que han sido derivados desde Tribunales de Garantía (Servicio Nacional de Menores, 2020), siendo sancionados por la Ley de Responsabilidad Adolescente para cumplir la modalidad Medio Libre (Ley 20.084). Actualmente, el PSBC es el único con enfoque comunitario en Chile y sus objetivos se enmarcan en el enfoque de derechos impulsado por (UNICEF, 2006).
Análisis y Desafíos del PSBC
Un trabajo de investigación analiza la implementación de este programa en Corporación Opción, Organismo Colaborador de Sename (Ley 20.032), que atiende al 55% de los beneficiarios PSBC (Corporación Opción, 2015). Este estudio busca establecer límites y desafíos en la implementación, elaborando una propuesta de rediseño del programa, aportando al fortalecimiento del modelo comunitario. La metodología empleada es de enfoque cualitativo, de corte exploratorio-descriptivo.
Para su elaboración, se realizó un análisis documental de más de 30 artículos (normas, documentos académicos e informes institucionales) y 9 entrevistas semiestructuradas a actores del PSBC, integrando los datos obtenidos en 3 dimensiones:
- Análisis de los componentes sistémicos de Justicia Juvenil.
- Gestión del PSBC.
- Dimensiones del modelo comunitario.
En base a estas dimensiones, se elaboró la propuesta de rediseño.
Resultados y Propuestas de Rediseño
Los resultados entregaron elementos de origen sistémico que impactan directamente en la ejecución del programa:
- Vínculo público y privado.
- Definición de metas de gestión y valor público.
- La ausencia de integralidad.
- Influencia normativa.
Respecto de los procesos, los principales hitos críticos identificados fueron:
- En la etapa de ingreso del PSBC: la arbitrariedad de las y los jueces, la no idoneidad del agente comunitario y el incumplimiento de plazos.
- En la etapa de ejecución: la medición de indicadores no orientados al cumplimiento de logros y la poca capacidad de respuesta ante casos complejos de vulneración.
- En la etapa de egreso: la ausencia de mecanismos de evaluación efectivos y las múltiples vías de egreso.
En base a estos resultados, se proponen reformulaciones en el diseño e implementación que involucran un reestructuramiento organizacional, la habilitación de tecnologías y una modificación a los procesos actuales del PSBC. Estas propuestas necesariamente deben ser acompañadas por soluciones organizacionales y una revisión de la gestión del modelo comunitario.
Programa 24 Horas
El Programa 24 Horas se diseñó el año 2009 y comenzó a implementarse el año 2010 como un programa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
- Son la puerta de entrada al Programa 24 Horas las siguientes ciudades: Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Pto. Montt.
- Focalización: La focalización de cada modalidad es barrial o comunal y se inserta en el territorio.
- Complementariedad: El Programa 24 Horas se plantea como un modelo de gestión territorial intersectorial. Se espera que los proyectos realicen acciones para trabajar en complementariedad en los casos en donde participe más de una modalidad. Las intervenciones deberán generar sinergia con las que realicen otros programas.
- Gestión Territorial: Es el elemento central del programa, sirviendo de enlace entre el diseño y la implementación.
Programas de Representación Jurídica Especializada
En el ámbito de representación jurídica existen programas que trabajan en esta línea. Uno de ellos pertenece al Servicio Nacional de Menores (SENAME) cuyo objetivo es representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asisten a algún programa de la red SENAME y que fueron vulnerados en sus Derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. En la actualidad, existen 16 programas a nivel nacional.
Adicionalmente, existe un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se inició en 2017 como piloto en cuatro regiones y que en 2019 se extendió a nueve. Su principal objetivo es representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna residencia de SENAME. Este programa lo ejecutan las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), las cuales ofrecen servicios de orientación e información accesibles para cualquier persona.
Por otro lado, existe una unidad de defensa penal especializada que presta servicios a los adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084, la cual establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.
Tipos de Sanciones y Medidas en Justicia Juvenil
Los programas en la red de justicia juvenil pueden clasificarse según el tipo de sanción al que fueron sujetos los adolescentes infractores de Ley, distinguiéndose entre medidas privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad pueden ser provisorios, cerrados o semicerrados.
Medidas No Privativas de Libertad
- Medida Cautelar Ambulatoria (MCA): Asegura que se lleven a cabo los fines del procedimiento penal, favoreciendo que el adolescente imputado participe en todas las diligencias de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y las actuaciones decretadas por los tribunales de justicia. Los tribunales las pueden ordenar mientras se realiza la investigación.
- Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD): Consiste en el cumplimiento de la medida asignada por un juez, en que el adolescente debe realizar actividades de servicio no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. La sanción de reparación del daño causado consiste en que el joven debe subsanar a la o las víctimas en el perjuicio causado con la infracción, por medio de una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa u objeto de la infracción, o un servicio no remunerado en su favor.
- Libertad Asistida (PLA): Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida. El adolescente debe ingresar a un programa ambulatorio con intervención personalizada a cargo de un delegado. Se requiere la asistencia del joven a actividades educativas, de terapia, de promoción de derechos, de participación, y su asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que le corresponda.
- Libertad Asistida Especial (PLE): Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida Especial. El adolescente está sujeto a la intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, de acuerdo a un plan de intervención personalizado que, para todos los casos, será aprobado por el tribunal. Dicho plan estará basado en programas y servicios que favorezcan la integración social del adolescente.
Medidas Privativas de Libertad
- Internación Provisoria: Se ejecuta en centros de internación provisoria (CIP). Se trata de una medida cautelar excepcional, que impone al adolescente imputado un estado de privación de libertad, decretada por el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal a solicitud del fiscal o del querellante.
- Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social (CRC): Se ejecuta en centros de régimen cerrado. La participación en este programa es una de las condiciones que puede considerar el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Junto con los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, constituyen instrumentos que permiten prescindir de la persecución penal en aquellos casos en que no se considera aconsejable la aplicación de una pena. Es importante destacar que los jóvenes tienen derecho a defensa gratuita y, en caso de ser enviados a centros privativos de libertad, no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales.
La Red de Ejecución y Reinserción Social Juvenil
Las intervenciones en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente se llevan a cabo en una red de centros administrados por Sename y a través de programas ejecutados por organismos colaboradores acreditados. Estos organismos articulan territorialmente a diversos actores, tanto del sector público como de la sociedad civil, con el propósito de generar una oferta programática de calidad que sea pertinente a las necesidades de reinserción educativa, laboral y/o social de esta población.
Se requiere establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, que coordine y entregue una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos. Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes en cuanto a infraestructura y condiciones de habitabilidad, y también respecto de la supervisión en la aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos. Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 - 2025. En esta línea, se requiere también un compromiso transversal para trabajar coordinadamente estos índices que los niños y niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre pares).
Población Objetivo
La población principal de los programas de justicia juvenil corresponde a “imputados”, es decir, adolescentes sobre quienes recae una imputación por infracciones a la ley penal.