Fue el descontento de una docente del norte del país el que encendió la chispa, este año, en relación al debate sobre si se pueden realizar giros parciales o totales a los fondos de pensiones en caso de que los afiliados lo requieran para financiar gastos, en medio además de las críticas por los montos que perciben los pensionados.
La historia gira en torno a María Angélica Ojeda, una profesora de 65 años que interpone un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta contra AFP Cuprum, tras recibir una pensión de 185 mil pesos mensuales pese a haber ahorrado 46,5 millones durante 26 años de cotizaciones ininterrumpidas. El último sueldo promedio mensual en el período enero-julio de 2017 fue de 1,2 millones líquidos. La docente recurrió a tribunales tras la negativa de Cuprum a la devolución de sus fondos para prepagar un crédito hipotecario.
La ruta judicial y los hitos del debate
El 23 de julio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta recibió el recurso de Ojeda y, al día siguiente, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que establezca, si lo estima admisible, la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500, en particular respecto a que los fondos de capitalización individual tienen como objeto exclusivo otorgar y administrar beneficios previsionales.
El 24 de septiembre, el Tribunal Constitucional acoge a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, criticó el recurso de protección; “Más de 15 recursos de protección en toda las regiones de Chile fueron declarados inadmisibles, salvo el de Antofagasta. Estos recursos no tienen ni han tenido fundamento”.
El 7 de octubre, en una entrevista con CNN Chile, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, se mostró partidario de retiros de fondos por parte de quienes cotizan en la AFP, pero solo una vez jubilados y ante casos como deudas de vivienda o enfermedades catastróficas. El mismo día, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo estar abierto a la posibilidad de retiros, aunque planteó la complejidad de cautelar su uso adecuado y de cómo compensar los fondos para el resto de la vida.
El 8 de octubre, Bernardo Larraín, presidente de Sofofa, cerró la puerta a la alternativa de retiros para casos excepcionales, destacando que la palabra clave es “contribuir” y aumentar el ahorro individual, sin desviar la atención de la reforma de pensiones.
El 9 de octubre, el Tribunal Constitucional acoge a trámite otro requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relacionado con un caso en Punta Arenas, donde una trabajadora de la salud municipal busca retirar sus ahorros en AFP Habitat, por 51,4 millones, argumentando que tras 40 años de trabajo la pensión no alcanza para cubrir gastos tras jubilarse.
El 14 de octubre, en entrevista con Radio Cooperativa, Piñera admite que “hay casos excepcionales donde se justifica el retiro anticipado de fondos” y añade que pueden incluirse enfermos terminales como casos excepcionales para adelantar ahorros. El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, reaccionó esperando que el tema no entrabe la discusión sobre la mejora de pensiones.
El debate ha generado reacciones variadas. La AFP Cuprum indicó que, hasta resolverse la causa, seguirá cumpliendo su mandato legal de que los ahorros previsionales tienen como fin financiar pensiones. Por su parte, el presidente de la CPC, Juan Sutil, afirmó empatía con las necesidades de las personas, pero sostuvo que el sistema debe proteger la seguridad social y no desviar la discusión hacia retiros. El día en que Ojeda recibió su primera jubilación lloró ante la pensión de 185 mil pesos, cuando esperaba cerca de 400 mil y trabajó desde 1987 como profesora de matemáticas.
La vida de la protagonista y el impacto social
Ojeda, vicepresidenta del Colegio de Profesores comunal de Antofagasta y miembro del movimiento No Más AFP, relató que su jubilación no alcanza para cubrir costos básicos: “mi jubilación es de 185 mil pesos y mi dividendo es de 212 mil pesos, entonces ni siquiera alcanza para pagar mi casa, y tampoco mis cuentas, mi comida, nada”. Describió su vida actual, que incluye nadar, caminar, leer y participar en un club de lectura, así como su lucha para exigir la devolución de sus ahorros previsionales.
La profesora señaló que, de no poder cubrir sus gastos, tendría que desocupar su casa. Además, señaló que antes soñaba con una pensión de 1,2 millones de pesos aproximadamente, gracias a bonos por mérito y desempeño, expectativa que contrastaba con la realidad de 185 mil pesos. Explicó que se involucró en No Más AFP para exigir justicia y sacar a la luz las problemáticas de los pensionados, especialmente las mujeres, que suelen recibir pensiones más bajas que los hombres.
La profesora Ojeda mencionó que su caso podría sentar precedentes para otros pensionados, ya que, si la Corte Suprema falla a favor, podría abrir la posibilidad de retirar fondos de manera anticipada ante distintos escenarios de necesidad. En la dinámica del proceso, se destacó que la Corte de Antofagasta ordenó la devolución de los fondos a Ojeda, lo que podría sentar un precedente histórico en el sistema previsional chileno.
Las reacciones políticas y regulatorias continuaron. Karla Rubilar, ministra portavoz, afirmó que el Tribunal Constitucional dejó claro que no se puede retirar anticipadamente, pero señaló que podría haber reformas constitucionales si hay apoyo político suficiente. La Superintendencia de Pensiones afirmó que lo conveniente es mantener el ahorro previsional para financiar las pensiones al momento del retiro laboral. Observatorio Judicial, ligado a Libertad y Desarrollo, analizó el comportamiento de la Tercera Sala: en ocho casos evaluados, ha confirmado sentencias que rechazaron recursos de protección, lo que indicaría una tendencia a mantener la defensa de la normativa vigente.
El caso de Ojeda y el relevante fallo de la Corte de Antofagasta generaron un debate público y mediático sobre la legitimidad de retirar fondos previsionales antes de la jubilación, el principio de propiedad y la seguridad social. El debate continúa con la expectativa de las decisiones del Tribunal Constitucional y la posibilidad de nuevas reformas en el sistema de pensiones chileno.
Testimonios y perspectivas
Ojeda afirmó que, si el dinero se le entregara y se terminara gastando, la realidad podría forzar a replantear su vida: “Yo antes no era pobre; hoy día soy del último quintil de pobreza”. Señaló que, pese a la adversidad, espera que el Tribunal decida a favor de la profesora y que el sistema se reoriente hacia la seguridad social de las personas, especialmente las mujeres.
La postura de las AFP y de los actores económicos muestra una tensión entre proteger el ahorro para pensión y atender necesidades urgentes de la población. El caso de Ojeda sigue siendo emblemático, ya que representa un dilema entre propiedad individual y el derecho a una jubilación digna.
Corte de Apelaciones reconoció "injusticia" y ordenó a AFP devolver todos los fondos a profesora
| Fecha | Acontecimiento | Actores | Impacto |
|---|---|---|---|
| 23 jul | Recurso de protección presentado | María Angélica Ojeda, AFP Cuprum | Inicia proceso judicial |
| 24 sep | TC acoge trámite | Corte de Apelaciones de Antofagasta, TC | Procedimiento en curso |
| 14 oct | Declaración de Piñera sobre casos excepcionales | Piñera, Larraín | Añade posibilidad de enfermos terminales |
En síntesis, el caso de la profesora Ojeda y las distintas aristas del debate muestran un sistema previsional en tensión entre derechos de propiedad y seguridad social, con posibles implicancias para futuras reformas y para la vida de millones de afiliados que hoy enfrentan pensiones bajas frente a sus años de cotización.