Fernando Torres Silva, una figura prominente en la justicia militar chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet, llegó a procesar a más de 250 personas por atentados y acciones atribuidas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Su imponente presencia, caracterizada por gafas Ray-Ban y declaraciones contundentes, acaparaba la atención de diarios y noticieros televisivos. Sin embargo, su poder se vio mermado tras enfrentarse a la Vicaría de la Solidaridad y la férrea oposición de la Iglesia Católica. Hoy, despojado de su antigua influencia, Torres Silva se declara admirador de algunos de aquellos a quienes persiguió en su apogeo.
La figura de Fernando Torres Silva inspira a uno de los personajes clave en el décimo capítulo de la serie "Los archivos del cardenal". La periodista Alejandra Matus, autora del perfil de Torres en "El libro negro de la justicia chilena", profundiza en su historia en este reportaje.
La Notoriedad del "Fiscal Torres"
Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicada en 1988 reveló que el 75% de los chilenos conocía al "fiscal Torres". Su fama rivalizaba con la de figuras políticas destacadas de la época como Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar, y superaba la de Jaime Guzmán, Gabriel Valdés y Andrés Allamand. No obstante, también era el miembro más repudiado de esa lista, con una calificación de 2,8.
El Ascenso en la Justicia Militar
El abogado de la justicia militar, que nunca cursó estudios en academias castrenses, se encontró en el lugar y momento oportunos en 1986. Asumió la investigación, como fiscal ad hoc o fiscal especial, de la causa abierta en los tribunales castrenses por el asalto a la Panadería Lautaro, perpetrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en el cual falleció un carabinero. En ese entonces, ostentaba el grado de mayor.
En 1988, año de la encuesta CEP, Torres Silva había sido ascendido a coronel. Como fiscal ad hoc, concentraba las investigaciones de casos de gran relevancia, incluyendo:
- El asalto a la Panadería Lautaro.
- La internación de armas en Carrizal Bajo.
- El atentado contra Augusto Pinochet.
- El secuestro del coronel Carlos Carreño.
- La fuga del frentista Sergio Buschmann.
- El asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes, entre otros.
Métodos y Críticas
Para entonces, Torres Silva había procesado a aproximadamente 250 personas, a quienes acusaba de diversos grados de vinculación con el FPMR. Sus métodos poco convencionales fueron objeto de severas críticas por parte de abogados de derechos humanos, partidos políticos emergentes tras la clandestinidad de los primeros años de la dictadura, e incluso por partidarios del régimen, quienes consideraban que sus acciones fortalecían a la oposición. A pesar de ello, Torres Silva mantenía una posición de poder consolidada, respaldado firmemente por el general Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart.
La siguiente es la crónica del ascenso y declive del fiscal predilecto de la pareja gobernante.
Un Abogado Esforzado
Fernando Torres Silva tuvo una trayectoria modesta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ingresó a finales de los años 50. Su proceso de titulación fue prolongado. El abogado Roberto Garretón, ex director del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad y contemporáneo de Torres, recuerda que mientras él iniciaba la carrera, Torres ya estaba en la Facultad, y que cuando Garretón se graduó, Torres aún continuaba sus estudios.
Torres se licenció en 1965, pero obtuvo su título profesional recién en 1974, un año después del Golpe de Estado. Su memoria de título versó sobre "la jerarquía militar". Para ese entonces, ya se había incorporado al aparato de justicia del Ejército, y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se encontraba intervenida. Una de sus primeras responsabilidades en dicha repartición fue su participación en los Consejos de Guerra establecidos inmediatamente después del 11 de septiembre. Posteriormente, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación en el Edificio Diego Portales, sede de la Junta de Gobierno.
El Fiscal Ad Hoc y la Expansión de su Poder
En 1986, el nombre de Torres Silva comenzó a resonar en los medios de comunicación al ser designado, con el grado de mayor, para investigar el asalto a la Panadería Lautaro, ocurrido el 28 de abril de ese año. Inmediatamente después, fue ascendido a coronel. En octubre del mismo año, tras el atentado contra Pinochet, fue nombrado "fiscal ad hoc" para ese caso, la investigación sobre las armas de Carrizal Bajo -cuya internación ilegal había sido descubierta dos meses antes- y cualquier otro proceso relacionado con el FPMR.
El Ejército le proporcionó recursos sin precedentes. Torres Silva creó una megaoficina, reuniendo abogados de diversas dependencias militares mediante comisiones de servicio. El mayor Francisco Baguetti colaboró en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en los casos de la Panadería Lautaro y los arsenales; y Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño. Su actuación hipertrofiada comenzó a generarle adversarios dentro de la propia justicia militar. Por ejemplo, el personal de Concepción mostró resentimiento cuando Torres asumió la investigación del asalto al retén policial de Los Queñes -acción realizada en octubre de 1988 por el FPMR Autónomo y que marcó el inicio de su llamada Guerra Patriótica Nacional-, ya que dicho caso correspondía a la jurisdicción penquista y no a la capitalina.
Enfrentamientos con el Poder Judicial y Prepotencia
En el Poder Judicial también se manifestaron recelos, a los que el coronel respondió con prepotencia. En una comunicación con la Corte de San Miguel, que intentaba limitar el abuso de sus atribuciones solicitando informes, por ejemplo, sobre la justificación de largos períodos de incomunicación, Torres Silva exigió ser tratado de "Señoría". En una de sus respuestas, afirmó: "Se hace presente a Usía Ilustrísima que los fiscales militares, al igual que el resto de los magistrados de los tribunales del país, merecen el tratamiento de señorías".
Un Súper Procurador en la Dictadura
A pesar del tenso entorno político, el abogado militar se sentía cómodo en su rol. Actuaba como una especie de súper procurador, beneficiado por las amplias facultades otorgadas a la justicia militar en detrimento de la justicia ordinaria. El fiscal era generoso con las solicitudes de los periodistas, alimentando constantemente los noticiarios con los resultados de sus investigaciones. Los canales de televisión tenían acceso sin restricciones a sus materiales visuales: imágenes de operativos, allanamientos, reconstrucciones de escenas y armamentos. Diariamente, exhortaba a la población chilena a mantenerse alerta ante la amenaza del "terrorismo" y anunciaba estar tras la pista de los instigadores e autores intelectuales de las acciones del FPMR.
El oficial de justicia daba amplia publicidad a presuntos complots para asesinarlo que aseguraba haber desbaratado a último minuto. Se desplazaba con un ostentoso equipo de seguridad: dos motociclistas abrían el camino, otros dos escoltas viajaban con él, y dos más cubrían la retaguardia en un vehículo separado.
Beneficios y Cargos Adicionales
Torres Silva también obtuvo beneficios especiales, conocidos popularmente como "pitutos", que incrementaron sus ingresos. En 1986, el ministro de Justicia, Hugo Rosende, firmó un decreto autorizando su contratación como "asesor jurídico" de Gendarmería. Adicionalmente, ocupaba otros dos cargos: secretario de Legislación, lo que le proporcionaba una oficina en el Edificio Diego Portales, y era el "auditor de la Comandancia en Jefe para asuntos administrativos", cargo que le servía de pretexto para visitar a Pinochet con gran frecuencia. Pinochet solía comentar que solo Torres se preocupaba por el caso del atentado en su contra. En el régimen, todos lo consideraban uno de sus protegidos.
Denuncias de Tortura y la Defensa de Torres
Los detenidos bajo las órdenes de Torres Silva denunciaron haber sido sometidos a torturas extremas en cuarteles de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Sergio Buschmann, uno de los líderes del FPMR y responsable de la logística de la internación de armas de Carrizal Bajo, afirmó haber sido torturado en presencia del propio fiscal, aunque Torres lo negó. Ante el tribunal, aseguró que el episodio denunciado por Buschmann habría ocurrido en La Serena, antes de que él asumiera la investigación del caso Carrizal.
Según su entorno, "el fiscal no aceptaba paquetes", es decir, prisioneros que llegaran a su despacho con signos evidentes de tortura. Afirman que lo primero que ordenaba al recibir a los detenidos provenientes de los cuarteles secretos de la CNI para sus interrogatorios era enviarlos al Servicio Médico Legal para constatar lesiones.
No obstante, numerosas denuncias de prisioneros de la época señalan que no lograban distinguir entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Sus padecimientos se agravaban por las prolongadas incomunicaciones, que podían extenderse hasta por 40 días, período durante el cual estaban a merced de los agentes de la CNI.
Casos Emblemáticos: Karin Eitel y Carlos Carreño
El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño en septiembre de 1987. La joven apareció en las pantallas de Televisión Nacional confesando su participación en el plagio, mostrando evidentes signos de haber sido sometida a torturas.
El propio coronel Carreño experimentó el rigor del suspicaz Torres. Tras ser liberado por sus captores en Brasil en diciembre de ese año, a su regreso a Chile fue recluido en el Hospital Militar para someterse a numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.
Torres Silva rechazó los cargos en su contra, sugiriendo que tales quejas podrían deberse a que sus investigaciones se acercaban a la cúpula del FPMR. En una declaración a La Tercera en aquel tiempo, afirmó: "A lo mejor, estamos más cerca de lo que pensamos de algunas tesis en que estamos trabajando… Eso ha hecho que el Frente reaccione por la forma más rápida intentando eliminar el problema… La eliminación física es una de las formas, hay otras como desacreditar o inhabilitar, medios todos que han sido probados contra mi persona".
FPMR: Operación Siglo XX (2006)
Intentos de Asesinato y la "Justicia Aberrante"
Con "eliminación física", el fiscal se refería a los intentos del FPMR por asesinarlo. Se registraron al menos dos atentados en su contra. El primero ocurrió en mayo de 1987, cuando la organización armada envió a la fiscalía un paquete con explosivos T-4, que fue descubierto antes de detonar. En mayo de 1988, dos miembros del FPMR en motocicleta intentaron colocar una bomba magnética en el techo de su automóvil. El artefacto resbaló y cayó al suelo sin explotar.
"Justicia Aberrante"
En marzo de 1987, Anthony Gifford, del Comité de Derechos Humanos del Parlamento británico, investigó denuncias contra el fiscal. Informó sobre incomunicaciones de hasta 40 días y sobre cómo los ayudantes del oficial se jactaban de que su jefe era "todopoderoso". Gifford reveló que Torres Silva hacía frecuentes declaraciones a la prensa declarando la culpabilidad de los investigados, imponía incomunicaciones a quienes no colaboraban, daba instrucciones a autoridades carcelarias para restringir visitas y distribuía a los presos políticos en alas peligrosas donde se temía que pudieran ser atacados. Se sumaban quejas por encargatorias de reo sin presunciones fundadas y allanamientos ilegales.
Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas.
En diciembre de 1987, Fernando Volio, relator especial para Chile en materia de derechos humanos de la ONU, afirmó que los "procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden". Añadió: "Torres se ha convertido en un fiscalizador con potestades que exceden toda norma civilizada para investigar casos que se someten a su conocimiento (…) Es una justicia aberrante la que él hace".
El Respaldo Gubernamental y la Reacción de la Iglesia
Torres Silva no solo contaba con el respaldo de Pinochet; el ministro Rosende y el procurador general del gobierno, Ambrosio Rodríguez, lo defendían apasionadamente. Tras las declaraciones de Volio, Rosende y Rodríguez se reunieron con él para discutir la conducta de Torres. En esa ocasión, el ministro increpó duramente al funcionario de Naciones Unidas, afirmando que en Chile existía un orden jurídico vigente que autorizaba las conductas del fiscal y que dicha normativa seguiría aplicándose mientras estuviera vigente. El relator, indignado, se levantó diciendo: "¡No pedí esta reunión para ser sermoneado!" y se retiró del encuentro. Rosende, consultado por periodistas, declaró al finalizar la cita que se vio "obligado a poner las cosas en su lugar". Torres, empoderado, aseguró que los comentarios del funcionario de la ONU sobre sus actuaciones "lo inhabilitan moral, ética y profesionalmente para hablar de la justicia chilena". La Cancillería tuvo que intervenir para resolver la crisis.
Los tribunales de justicia, sin embargo, más allá de algunas leves reprimendas, no obstaculizaron su gestión y rechazaron unos 350 recursos de amparo, protección e inconstitucionalidad presentados en su contra.
El Fiscal se Enfrenta a la Iglesia: El Caso Fichas
El fiscal, al igual que Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, creía que la Iglesia era utilizada como escudo protector por la oposición al gobierno y por el FPMR. La oportunidad de probarlo se le presentó con el caso de la Panadería Lautaro. Este local fue asaltado el 28 de abril de 1986 por un grupo de frentistas que, en su huida, se enfrentó con Carabineros, resultando en la muerte del policía Miguel Vásquez Tobar y de uno de los asaltantes.
Médicos de la Vicaría de la Solidaridad atendieron ese día a Hugo Gómez Peña, quien afirmó haber sido herido en la pierna durante una protesta. Posteriormente, se determinó que era uno de los asaltantes de la panadería. Torres Silva creyó haber encontrado el nexo entre el grupo armado y la Vicaría, y procesó al médico y al abogado que asistieron a Gómez Peña.
Durante su existencia, la Vicaría de la Solidaridad mantuvo relaciones con partidos y organizaciones de ultraizquierda, estableciendo un diálogo con reglas de juego claramente delimitadas. La Vicaría defendía a las víctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crímenes, desapariciones) sin importar su afiliación política; sin embargo, no aceptaba actuar como "pantalla" en la defensa de delitos de sangre u otros cometidos por militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad política. Para tales casos, existían otros organismos, como la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu). Tanto el MIR como el FPMR estaban plenamente conscientes de estos códigos de conducta.
Torres Silva sostenía, no obstante, que los "terroristas" tenían en la Vicaría su retaguardia de protección. Aunque el argumento carecía de solidez legal, su instinto le sugería que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, se conocían las personas que él buscaba. Con la astucia de un sabueso, intentaba tender trampas a la institución.
En los interrogatorios a funcionarios de menor rango de la Vicaría, Torres Silva empleaba todo su poder de persuasión para obtener delaciones. Colocaba su arma de fuego sobre la mesa y les decía: "Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre".
El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesiástico. Deseaba conocer todos los detalles sobre su estructura, organización, financiamiento, personal, procedimientos, vínculos, situación tributaria y el rol del vicario general. También quería obtener la identidad de...
Juan Antonio Torres Araya: Un Líder de los Jubilados
Juan Antonio Torres Araya nació en Santiago de Chile el 7 de enero de 1933. Realizó sus estudios básicos en el Patronato San Antonio y en el Liceo Manuel Barros Borgoño. Trabajó durante cuatro años como obrero textil en la empresa Manufacturas Sumar. En 1962, al ingresar a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, comenzó su trayectoria como dirigente gremial. Perteneció también a la Agrupación Nacional de Empleados Semifiscales, donde ejerció como dirigente nacional, incluso después de la dictadura militar chilena.
En 1985, fundó el Comando de Defensa de la Previsión, y en 1988, creó el Partido de los Jubilados, una agrupación política destinada a defender los intereses de este grupo etáreo. Fue uno de los principales impulsores de su creación.
Trayectoria Política y Candidaturas
El 28 de enero de 1989, Torres Araya presentó su candidatura presidencial en una ceremonia en Santiago, aunque no llegó a inscribirla formalmente. En las elecciones parlamentarias de 1989, se postuló como senador por la Región de Aysén dentro del pacto Liberal-Socialista Chileno, sin resultar electo. En la elección presidencial, apoyó la candidatura de Francisco Javier Errázuriz Talavera, tras haber contemplado inicialmente una candidatura propia que fue reemplazada por su postulación senatorial.
En 1993, presentó nuevamente su candidatura presidencial, pero esta no prosperó debido a que el Servicio Electoral rechazó alrededor de 20 mil firmas que había recopilado. En consecuencia, terminó apoyando la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ese mismo año, brindó su apoyo a Antonio Horvath en su campaña a senador por la Región de Aysén.
Antes de su fallecimiento, se desempeñaba como Presidente de la Central de Jubilados y Montepiados del INP, organización que él mismo había fundado años atrás.
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