Un Contexto de Ajuste y Descontento Social
La primera protesta masiva contra el Gobierno ultraderechista de Javier Milei fue la huelga general de enero de 2024. Cuatro meses después, en abril, los docentes y los alumnos universitarios salieron a las calles, repitiendo en octubre. En diciembre lo hicieron las organizaciones LGTBI+ y los familiares de los desaparecidos en la dictadura militar argentina. En abril de 2025 se sumaron los sindicatos y, cada miércoles, los jubilados.
En 2023, el mandatario se impuso en las urnas gracias a un mensaje en el que prometía recortar el gasto público con su famosa "motosierra" en un país asfixiado por la inflación. Desde que tomó posesión, Milei no ha dejado de defender el libre mercado mientras ha descalificado la Constitución, ha acusado a los homosexuales de pedófilos, ha negado la dictadura de Videla y ha insultado a periodistas en directo, todo ello sin dejar de lado su violencia discursiva.
A esto se suma una política de ajuste fiscal sin precedentes en la que Milei se ha puesto como objetivo "dinamitar el Estado desde dentro". "En sus declaraciones siempre lo repite: él es un topo dentro del Estado para destruir el Estado. Esa es su definición y fue lo que le llevó a ganar las elecciones", explica Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
La respuesta de las clases populares, cada vez más empobrecidas, ha sido inevitable. "La realidad, tarde o temprano, se abre paso y ante las condiciones de vida cada vez más deterioradas, son más los sectores que salen a movilizarse", explica Matías Auferi, abogado especializado en derechos humanos.
La Crisis de los Jubilados: Demandas y Realidad Económica
Los jubilados porteños son los principales protagonistas de esta crisis. Desde marzo de 2024, miles de ellos se concentran cada miércoles frente al Congreso para exigir una actualización de las pensiones, la recuperación del acceso gratuito a los medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que permitía acceder a una pensión a quienes no tenían suficientes años cotizados.
En 2024, más de la mitad de la población vivía en situación de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino. Pero en el caso de los jubilados, la situación es todavía más crítica. En uno de los países más caros del continente, la pensión mínima ha sido reducida a los 300 dólares mientras que la cesta básica de la compra supera los 1.200. "El pago no llega ni a un tercio de lo que necesitaría realmente para vivir", denuncia Manuel Gutiérrez, Secretario General de la MESA coordinadora de jubilados. Añade que "además se ha recortado la gratuidad de los medicamentos, que es una cuestión muy importante dentro de mi presupuesto de adulto mayor".
Manuel Gutiérrez, quien lleva siete años retirado y participa en las protestas desde hace tres meses, relata la grave situación: "A muchos compañeros le produjo la muerte porque no pudieron pagar los remedios oncológicos o contra la diabetes. Hay muchos jubilados que han dejado de comer para comprarse los medicamentos o viceversa. Otros están en situación de calle". Se estima que el 63,5% de los pensionados percibe la jubilación mínima, que en marzo de 2025 fue de 279.121 pesos (US$ 257).
Ampliación del Apoyo Popular y la Solidaridad
Poco a poco, la lucha de los jubilados se ha ido transformando en una suerte de trinchera para los sectores populares, que han encontrado en las reivindicaciones de los mayores un punto de encuentro y de resistencia frente al Gobierno de Milei. Junto a la tercera edad han marchado los sindicatos, las centrales obreras, trabajadores del sector cultural, docentes, profesionales de la salud y estudiantes.
También les acompañaron los hinchas de fútbol, evocando a Maradona y su "hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados". El apoyo de las hinchadas, como las de Chacarita, Boca Juniors, River Plate y Rosario Central, comenzó tras la difusión de imágenes de un jubilado con la camiseta de Chacarita siendo reprimido por la policía. Carlos, de 75 años y fanático de Chacarita Juniors, explicó a EFE que la manifestación era una respuesta general a los abusos del ejecutivo argentino: "Si tengo que perder mi vida luchando como un jubilado la voy a perder, pero mis hijos y mis nietos van a ser libres, esta patria no merece lo que tenemos en el gobierno". Una joven también expresó su apoyo: "Es impresionante lo que están haciendo con los abuelos, no se puede permitir, hay que parar esto".
La Represión Estatal y el "Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público"
Las movilizaciones contra el mandatario en las calles se han traducido en un aumento de la presencia policial. Las imágenes de gendarmes pegando a ancianos no han dejado de repetirse, pero la represión se ha extendido a todos los que se oponen a las medidas del Gobierno, sin distinción de edades, afectando también a niños y periodistas.
El fotorreportero Pablo Grillo sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno, lo que lo mantuvo en coma desde el 21 de marzo. Su padre, Fabián Grillo, confirmó la gravedad de la lesión y que un video en redes sociales mostró el instante en que un policía le disparó. Matías Auferi, por su parte, perdió la visión de uno de sus ojos por el impacto de una bala de goma disparada por la policía durante una protesta el 1 de febrero de 2024; su caso ha sido denunciado por organismos como Amnistía Internacional.
"El clima social se ha vuelto notablemente más violento en Argentina. El Gobierno ha adoptado un espíritu de agitador y provoca situaciones violentas. Todo esto, sumado al agravamiento de la crisis económica, genera un contexto social complejo, atravesado por las desigualdades sociales y por la falta de respuestas del Gobierno, que opta por reprimir la protesta en lugar de atender los reclamos sociales", analiza la politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Ana Natalucci.
Cuando el Gobierno solo llevaba un mes al frente del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó el 'Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público', una medida que autoriza a las fuerzas de seguridad a intervenir rápidamente para desalojar a quienes corten espacios públicos y restringir la actuación de organismos de derechos humanos y periodistas en las movilizaciones. "Se han deteriorado tanto las condiciones de vida que cuando sectores enormes se movilizan se demuestra que sí hay recursos para reprimirlos y para el equipamiento represivo de las fuerzas de seguridad", expone Auferi. Esta situación lleva a la denuncia implícita de los jubilados, que sostienen que el gas pimienta vale incluso más que la pensión mínima; en Argentina, un aerosol profesional se comercializa a 288 dólares, mientras que la pensión mínima de marzo de 2025 fue de 279.
El Gobierno ha descalificado y minimizado las protestas, atribuyéndolas a "sectores de izquierda" o "los mismos de siempre", y calificando a los hinchas de fútbol como "barra bravas".
Desmantelamiento de Políticas Públicas y Derechos Sociales
En 2024, organismos de la ONU expresaron su preocupación por el cierre y deterioro de las instituciones argentinas y la reducción del alcance de las políticas públicas. La disputa entre Milei y las clases populares no gira solo en torno a los medicamentos o las jubilaciones, sino a todo lo que pertenece al ámbito público y social.
El presidente ha arremetido abiertamente contra el sistema universitario, al que considera un espacio controlado por "gente de izquierda" y un centro de adoctrinamiento político, buscando deslegitimar las movilizaciones que denuncian una educación cada vez más precaria. "Desde América Latina siempre hemos defendido que la educación universitaria es un derecho humano universal y, por lo tanto, es una obligación del Estado garantizarla. La universidad pública ha demostrado ser una herramienta fundamental para el ascenso social y para ampliar las perspectivas dentro del sistema. Sin embargo, las políticas actuales están afectando la conformación del entramado social", denuncia el rector de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa.
Los salarios de los docentes universitarios figuran entre los más golpeados por el ajuste fiscal de Milei. "Cuando comienza este Gobierno, estudiamos los sueldos de los docentes y no docentes contra la inflación y, hasta ahora, un tercio del sueldo se ha perdido a pesar de los aumentos", identifica Alpa. Según la prensa argentina, debido a la política de ajuste del presidente se han registrado más de 43.000 despidos en la Administración, lo que representa una reducción del 12,8% del empleo público, y los que todavía siguen, trabajan con un nivel adquisitivo cada vez más bajo.
Con todo este desgaste, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los familiares de desaparecidos y detenidos están siendo testigos de la política de "desmemoria". En 2024, el Gobierno, que niega la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, ordenó el cierre de la Unidad Especial de Investigación dedicada a la localización de niños arrebatados a sus familias y sometidos a desaparición forzada durante el régimen militar de 1976-1983.
Otras políticas públicas eliminadas son aquellas que brindaban apoyo económico, asistencia psicológica y asesoramiento legal a las supervivientes de femicidios y a familiares de víctimas, porque para Milei todos los derechos sociales se esconden detrás de los "zurdos", de "la casta" o "lo woke". De hecho, el presidente prohibió el lenguaje inclusivo y "todo lo referente a la perspectiva de género" en la Administración. Como explica Natalucci, "hoy no hay ningún sector en la Argentina que no esté afectado directamente por la política de Gobierno".
Incidentes Recientes y Medidas Gubernamentales Contrastantes
Este miércoles se llevó a cabo una nueva marcha de jubilados en el Congreso de la Nación, convocada por las agrupaciones de jubilados y sindicatos, y volvieron a registrarse incidentes entre los manifestantes y los efectivos de la Policía Federal que aplicó el protocolo antipiquete. De acuerdo a imágenes, los cordones policiales comenzaron a llevar a los manifestantes de la calle a la zona de la Plaza de los Dos Congresos para liberar el tránsito. Ante la resistencia y los enfrentamientos verbales, comenzaron a lanzar gas pimienta contra algunos de los presentes, dejando a afectados que no podían abrir sus ojos y tuvieron que ser atendidos por profesionales de primeros auxilios. Un video viral también mostró a un policía disparando gas lacrimógeno a una jubilada que se defendía con su bastón.
Entre los presentes en el lugar estaba el cura villero, el padre Paco Olveira, un habitual manifestante, y el padre de Pablo Grillo. Las principales vías de conflicto fueron la avenida Hipólito Yrigoyen, la avenida Rivadavia y la avenida Entre Ríos. Los principales espacios gremiales y agrupaciones de jubilados repudiaron el accionar policial e insistieron en el carácter pacífico de la protesta. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), liderada por Hugo Godoy, se difundió un llamado a congregarse "por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia", mencionando explícitamente el rechazo a la actuación de las fuerzas de seguridad y la crítica a la gestión presidencial. La CTA Autónoma, junto con la Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA de los Argentinos), manifestó su intención de continuar en las calles.
En contraste, la respuesta del Gobierno nacional se expresó a través de recientes medidas orientadas hacia el sector de jubilados y pensionados. El Ministerio de Capital Humano, en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lanzó un programa específico de beneficios para este segmento. Este paquete, dirigido a quienes perciben haberes a través de la Anses, incluye descuentos exclusivos del 10% sin tope de reintegro en compras generales realizadas en unos 7.000 comercios adheridos en todo el país, así como beneficios del 20% para productos de perfumería y limpieza en determinados establecimientos. Supermercados como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar y Carrefour ofrecen diversos descuentos, aunque algunos con topes.
Tensiones Políticas y el "Criptogate"
La movilización de jubilados se convocó para las horas previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en medio de una coyuntura de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y los sectores de la oposición. Los organizadores enfatizaron su rechazo al veto presidencial de la norma votada por el Congreso sobre aumentos a las jubilaciones, subrayando que la defensa del sistema previsional fue uno de los ejes de la protesta.
Javier Milei vivió uno de sus peores días políticos en el Congreso argentino luego de que la oposición avanzara en la creación de una comisión investigadora sobre el "criptogate", una presunta estafa con un activo digital. Ese día, afuera del Parlamento, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. La protesta semanal de pensionados derivó en una violenta represión, con efectivos de la infantería y la policía motorizada disparando balas de goma y gases lacrimógenos. Camiones lanza aguas recorrieron las calles cercanas a la Casa Rosada, en una escena que, según los adversarios de Milei, recordaba los métodos represivos de los regímenes militares. Los manifestantes respondieron con piedras y quema de contenedores de basura, y la jornada terminó con decenas de detenidos.
"Gas pimienta, palos y camión hidrante, la política de Milei para los jubilados", denunció la diputada peronista Julia Strada. En contraste, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desestimó la legitimidad de la manifestación y aseguró que no fueron pensionados, sino jóvenes violentos y "barra bravas" del fútbol. "Están nuestras Fuerzas desplegadas para hacer cumplir el protocolo", afirmó. Desde la izquierda sostienen que los disturbios fueron provocados por "infiltrados" de las fuerzas de seguridad. Beatriz Bianco, de 87 años, se sumó a la protesta y terminó herida al recibir un bastonazo en la cabeza.
La crisis de los pensionados marca una profunda división en Argentina. Para el senador centrista Martín Lousteau, los adultos mayores están sufriendo "el ajuste más cruel" implementado por Milei. Estos incidentes ocurrieron en un momento crítico para Milei, cuya imagen atraviesa un marcado deterioro. Entre los factores que han afectado su popularidad destacan el escándalo del "criptogate", su reacción indiferente ante el desastre climático en Bahía Blanca y la creciente inestabilidad del dólar. El golpe más duro fue el fracaso en el Congreso para bloquear la creación de una comisión investigadora sobre el caso $LIBRA. Existen sospechas de que la participación de Karina Milei, hermana del presidente, en la trama de $LIBRA permitió que los promotores del activo digital obtuvieran 100 millones de dólares.
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