Razones para no trabajar en programas de la red SENAME

La red del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha enfrentado históricamente una profunda crisis, con reiterados cuestionamientos a su funcionamiento y a la protección que brinda a niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerables. Expertos, legisladores e informes internacionales han puesto en evidencia graves falencias que inciden directamente en las condiciones laborales y en la eficacia de los programas, generando un escenario poco propicio para los profesionales que buscan trabajar en esta área.

Irregularidades y vulneración de derechos: Antecedentes que generan desconfianza

Los integrantes de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con NNA acordaron citar a los responsables de los programas DAM (proyectos de diagnóstico ambulatorio) del Sename tras conocer antecedentes de irregularidades. El presidente de la Comisión, el senador Manuel José Ossandón, explicó que se conocieron casos en Valparaíso y Chaitén donde, "aparentemente por razones de pobreza, se habría quitado la custodia de sus hijos a sus padres".

La senadora Ximena Rincón corroboró que "se han conocido irregularidades en los programas del Sename y los que administran instituciones de la red", lo que sugiere que el debido resguardo que debe entregar el Estado a los niños no se está materializando. En los casos mencionados, se acusó a los padres de ser alcohólicos, drogadictos o incluso de abusar de sus hijos, "todo lo que no ha sido probado", sin investigaciones rigurosas que avalen esas decisiones.

Casos emblemáticos: Valparaíso y Chaitén

• Valparaíso: Una pareja de padres y sus siete hijos se encuentran en clandestinidad, negándose a entregarlos al Sename tras un dictamen del Tribunal de Familia que alegaba abuso de sustancias por parte de los progenitores y falta de educación. La madre, de 38 años, y el padre, de 28, han cambiado de domicilio constantemente después de que un consultorio alertara al Sename hace unos tres años por la inasistencia de los menores a controles. La mujer asegura que se trata de casos puntuales de inasistencia escolar y que le era complejo asistir con todos los niños a la vez a las citas del consultorio. El año pasado, el tribunal entregó la custodia de cinco menores a la abuela paterna, mientras los más pequeños quedaron con la madre. El padre tiene orden de alejamiento. La familia denuncia hostigamiento por parte del Sename y se niega a asistir a las audiencias por temor a que los pequeños terminen en centros de internación.
• Chaitén: Una madre fue despojada de sus hijos en 2009, "tras ser acusada de alcohólica, drogadicta y maltratadora de niños. Según la afectada, nunca habrían tenido pruebas de estas conductas".

Estos relatos son "dramáticos porque simplemente se les arrebató los niños a estas familias sin que existan las pericias respectivas, solo informes parciales", según el senador Ossandón, quien solicitó más información sobre los antecedentes que tuvieron a la vista los jueces para decidir la separación.

Informe de la ONU y cuestionamientos al sistema

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) también emitió un informe culpando al Estado de Chile por la violación de derechos humanos de menores en las últimas cuatro décadas. El documento señala que el Estado ha permitido que los menores "ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades".

La ONU sostiene que la separación de las familias debe ser la última alternativa, pero que "los jueces dan limitada consideración a acciones sociales con respecto a la familia para parar la situación de vulneración". Además, por "razones administrativas", se separan hermanos en diversas residencias; a principios de 2017, el 24,1% de los niños tenía hermanos en otros centros. El senador Francisco Chahuán enfatizó la urgencia de dar señales concretas, recordando que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora la ONU nos pone en muy mal pie a nivel internacional sobre la protección que Chile le da a los niños, niñas y adolescentes".

Bajo interés en las licitaciones y problemas de financiamiento

Los reiterados cuestionamientos al Sename han trascendido al área técnica, afectando la disposición de organismos colaboradores (personas jurídicas y naturales que cuidan a menores y son subvencionadas por el servicio) a participar en los programas. En el último proceso de licitaciones para programas de residencias (alojamiento, alimentación y recreación), solo 18 de 76 programas fueron adjudicados, lo que representa un 24%. Esto significa que de 2.116 menores que podrían haberse beneficiado, solo 496 lo harán.

Este bajo interés se explica, entre otros motivos, por los constantes cuestionamientos a las condiciones de las residencias de esta red, que se agudizaron tras el caso de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció en abril de 2016 en el centro Galvarino.

Razones detrás de la falta de postulantes

Desde el Sename se explicó que se actualizaron las orientaciones técnicas para las residencias de protección desde 2016, haciendo precisiones sobre procesos de intervención, jornadas laborales y reemplazos. Cuando una licitación queda sin interesados o con propuestas inadmisibles, el centro puede continuar funcionando con una "resolución de urgencia" para dar continuidad a la atención mientras se realiza una nueva licitación.

Sin embargo, para el servicio, la disminución de postulantes obedece al "cuestionamiento público al sistema residencial durante el último año, lo que ha hecho que varios organismos colaboradores estén cerrando estos centros y solo sigan ejecutando programas ambulatorios". De los 76 programas licitados:

• 27 no contaron con ninguna postulación.
• 10 se declararon inadmisibles.
• 21 no cumplieron con las medidas exigidas.

Una de las razones adicionales para la falta de interés, según el Sename, es la "realidad de los distintos organismos colaboradores, que es muy diversa, y también influye la región donde funcionan los proyectos".

Subvención insuficiente y exigencias crecientes

Para los organismos colaboradores, el poco interés en postular a las licitaciones radica principalmente en el bajo costo de la subvención que entrega el Sename. Alejandra Riveros, directora de Estudios y Políticas Públicas de la Fundación S.O.S., explicó que "Residencias es el programa más caro de administrar", con altos costos fijos, mucha responsabilidad y riesgos potenciales para los niños. "Se requiere de mucha especialización y no se logra con los recursos de la subvención. El Estado exige, pero no ha valorizado en unidades de subvención", añadió. Según Riveros, la subvención actual es "menos de un tercio de lo que se debe gastar", y la complejidad de los niños atendidos es muy alta.

Cristián Grez, director del Pequeño Cottolengo de Rancagua, indicó que la mayoría de los organismos colaboradores reciben una subvención que cubre solo el 20% o 25% de sus gastos. Edmundo Crespo, gerente general de la Fundación Ciudad del Niño, que no postuló a estos programas, argumentó que "el sector infancia vive una profunda crisis, donde las instituciones colaboradoras enfrentan serios problemas por el no pago por Sename de las atenciones prestadas a los niños y sus familias". Agregó que el incumplimiento en los pagos, sumado a las crecientes exigencias técnicas sin una correlación en la subvención, hace imposible asumir nuevos programas.

La Fundación Regazo, cuya postulación fue rechazada, lamentó la falta de consideración del Sename a su infraestructura y compromiso previo. El director ejecutivo, Rolando Mancilla, afirmó que "es absurdo pensar que no hay interés nuestro en seguir trabajando como co-garantes de los derechos de los niños y niñas en Chile", pero necesitan condiciones viables.

Desde el Sename, se explicó que la subvención está fijada por la Ley 20.032 y que los organismos colaboradores están experimentando una baja en la inversión de privados (empresas o personas naturales) en los centros, lo que impacta en la viabilidad de los proyectos.

Precariedad laboral y desgaste profesional

Una investigación liderada por M. Ángeles Bilbao, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, reveló problemas estructurales en la política pública que afectan directamente a los trabajadores de los programas de infancia.

Invisibilización y condiciones contractuales

El estudio “Análisis documental de la política pública” analizó más de 100 documentos, constatando que los trabajadores están invisibilizados. "No aparece nada sobre quién tiene que ser el trabajador y sobre su especialización ni qué se requiere para trabajar con los niños y por otro lado no hay ningún resguardo al bienestar de los trabajadores", enfatiza Bilbao. Las formas contractuales son muy precarias, ya que las licitaciones duran solo dos a tres años, lo que significa que incluso con contratos indefinidos, su duración está ligada al proyecto de la ONG de turno.

Otro problema es el contrato a honorarios que tienen muchos trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por el mandato del artículo 80 bis de tribunales de familia, el cual obliga a los programas a tener sobrecupos sin una definición clara de cantidad ni tiempo. Además, las licitaciones establecen niveles de especialización que no siempre son posibles de cumplir, especialmente en regiones y zonas aisladas, debido a la falta de capital humano capacitado. Las bandas salariales son muy bajas para las exigencias, y programas especializados como los PRM requieren personal con formación que no siempre está disponible en todo el país.

Burnout y alta rotación

La segunda etapa de la investigación, un estudio cuantitativo de bienestar y desgaste laboral en trabajadores y usuarios, reveló que más del 30% de los trabajadores sufren de desgaste laboral o burnout. Según Bilbao, el burnout es una enfermedad laboral causada por una mala gestión de las demandas laborales por parte de la organización. Esto se relaciona con licencias médicas, ausentismo y una alta rotación. El sistema, a nivel de política, está más centrado en indicadores cuantitativos que en los procesos de los niños, debido a la tercerización y la forma en que se entregan los fondos a los programas.

Entre los principales estresores reconocidos por los trabajadores de protección de derechos de la infancia está la falta de coordinación con la red. "Ellos tienen un mandato del SENAME, que es diferente al mandato que tienen del tribunal de familia y que es diferente al mandato del proyecto que ellos ganaron en la licitación", lo que genera confusión. La rotación de trabajadores es muy alta, con un promedio de estadía de un año; alguien considerado "antiguo" en el programa lleva 3 años. Esto impide mantener o captar talento, ya que muchos profesionales buscan mejores oportunidades económicas o de formación. La alta rotación "perjudica el trabajo que se realiza con los niños y jóvenes, porque parte esencial de este trabajo es la creación de vínculo".

Impacto en los niños y desafíos del nuevo servicio

Los hallazgos de las mesas de discusión colaborativas, la cuarta etapa de la investigación, destacaron que las escuelas son los espacios donde estos niños son más vulnerados y estigmatizados, siendo un nudo crítico en la coordinación con los trabajadores de los programas. Para los trabajadores, la gran inestabilidad e incertidumbre de este tipo de empleo dificulta la realización de un proyecto de vida, como formar una familia o comprar una vivienda.

La creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido como "Mejor Niñez") como sucesor del Sename, si bien se presentó como una solución, ha estado lejos de ofrecer una mejor protección. Estudios recientes de la Defensoría de la Niñez (2024), INDH, y el Centro de Derechos Humanos-UDP (2023), así como de organismos internacionales como la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022), certifican una persistente vulneración de derechos.

A casi cuatro años de su puesta en marcha, no hay un acuerdo que permita que los NNA cuenten con un servicio que pueda trabajar tranquilamente. Los Tribunales de Familia continúan derivando niños a residencias sin que estas estén preparadas, y el Servicio no da abasto ante la creciente demanda. No basta con el financiamiento; se requiere personal idóneo y preparado, lo cual toma tiempo. La oposición de vecinos a la instalación de residencias en sus barrios también es un factor a considerar. Es necesaria una decisión como país y sociedad para abordar esta problemática.

Es preocupante que tantos niños menores de 8 años permanezcan en residencias, ya que un niño institucionalizado, por mucha gente preparada que lo atienda, no puede vivenciar el vínculo necesario para generar apego. Estos niños, que ya llegan dañados, necesitan estabilidad. Las residencias no deben ser cárceles ni hoteles, sino un entorno con planificación ordenada, calma, personal especializado y sin influencias políticas, que actualmente "enturbian el desempeño de Mejor Niñez a través de dos asociaciones de funcionarios en pugna".

Rol y desafíos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

Este servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene como objeto garantizar la protección especializada de NNA gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Debe asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para casos de mediana y alta complejidad, y garantizar el pleno respeto de los NNA como sujetos de derechos, de acuerdo con la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Funcionamiento y principios rectores

El Servicio operará con un enfoque de derechos y proveerá prestaciones asegurando la oferta pública en todas las regiones, directamente o a través de terceros. En caso de que los NNA resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por daño moral será fijada por el juez, considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado.

Son sujetos de atención los NNA, así como quienes tengan 18 años o más siempre que estén bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 24 años. Los principios rectores incluyen el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva.

Estructura y funciones

• Dirección: El Director o Directora Nacional, nombrado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, durará cinco años en su cargo, con posibilidad de una renovación. El Servicio contará con direcciones regionales.
• Funciones: Elaborar normativa técnica y administrativa, colaborar con órganos del Estado, generar procedimientos para recabar la opinión de NNA y familias, velar por el respeto de los derechos humanos, diseñar programas de capacitación, solicitar información a otros órganos del Estado, ejercer acciones para recuperar recursos utilizados en contravención y todas las demás funciones que la ley le encomiende.
• Consejo de Expertos: Conformado por cinco miembros expertos en niñez con experiencia y trayectoria, quienes durarán tres años en su cargo, con posibilidad de una renovación.

Atención, programas y fiscalización

Los NNA sujetos de atención y sus familias deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado. Las líneas de acción o modalidades de atención especializada incluyen:

• Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
• Intervenciones ambulatorias de reparación.
• Fortalecimiento y vinculación.
• Cuidado alternativo.
• Adopción.

Los programas de protección especializada deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial, y a evaluaciones anteriores. El Servicio contará con una unidad de fiscalización para supervisar y aplicar sanciones a los colaboradores acreditados, especialmente en casos de infracciones graves y gravísimas. La ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de NNA o el correcto uso de recursos públicos será considerada una infracción gravísima, sancionable incluso con el término de la acreditación.

En cuanto a la adopción, corresponde a toda actividad tendiente a procurar al niño una familia que le brinde afecto y cuidados, cuando su familia de origen no pueda hacerlo. El Servicio deberá mantener y administrar un Registro de colaboradores acreditados, el cual debe estar disponible en su página web y actualizarse anualmente. Solo podrán ser colaboradores acreditados las personas jurídicas que hayan implementado modelos para prevenir delitos que afecten a los NNA y el correcto uso de recursos públicos.

El Servicio también debe contar con personal capacitado e idóneo para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la persistencia de problemas como la violencia vicaria y la falta de indagación en montajes, cohecho y otras realidades judiciales, sumado a la poca experiencia de algunos profesionales y la resistencia a revisar medidas de protección en plazos acotados, demuestran que el Estado de Chile sigue fallando a la niñez, concentrándose más en los números que en una debida actuación.

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