La reforma del sistema de protección a la niñez en Chile: Del Sename a Mejor Niñez

Un sistema fallido: Las deficiencias del SENAME

La Ley 20.084, promulgada en Chile con la promesa de reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores en la sociedad, mostró ser insuficiente durante años. Según datos, el 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresó antes de completar algún programa de protección del Estado. Un preocupante 47% de los adultos en la cárcel había pasado previamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename), hoy Servicio Mejor Niñez. Esta situación se agravó por la falta de acceso a salud mental dentro de los Centros de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC).

Historias como las de Misael Ortiz y Felipe Benavides ilustran las fallas del sistema. Misael, cuya vida estuvo marcada por la violencia desde la infancia, ingresó a una residencia a los tres años. Al regresar con su madre, experimentó violencia intrafamiliar y abuso sexual. A los trece años, ya había delinquido y consumía alcohol y drogas, pasando gran parte de su juventud en centros del Sename, donde su experiencia fue "claramente negativa": "En general todo era muy… malo. Se portaban mal, había peleas, robos, drogas."

Felipe Benavides, de 20 años, hoy estudiante de Trabajo Social, empezó a robar a los 11. A los 14, fue detenido por robo con intimidación y derivado al CIP de San Joaquín. Las vivencias de Misael y Felipe, aunque con una década de diferencia, son notablemente similares: abandono paterno e inicio delictual en la niñez. Estos casos evidencian cómo el sistema ha fallado en la reinserción social, a pesar de los programas existentes.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y sus desafíos

En el marco de los compromisos con las Naciones Unidas, Chile promulgó el 28 de noviembre de 2005 la Ley 20.084, conocida como Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esta ley, que entró en vigencia el 8 de junio de 2007, busca regular la responsabilidad penal de adolescentes que cometen delitos, incluyendo el procedimiento, la atribución de responsabilidad, la determinación y ejecución de sanciones. Sin embargo, su implementación no siempre fue exitosa.

Un trágico ejemplo fue la muerte de Daniel Ballesteros en noviembre de 2013, apuñalado en su dormitorio por otros internos en un centro del Sename. Daniel, de 17 años, había alertado a su familia y a la psicóloga sobre amenazas. Su madre, Eliana Pérez, relató las relaciones de poder, agresiones, drogas y celulares que convertían el centro en una "copia de una cárcel común", con jerarquías como "los vivos", "los perros" y "los perkins".

Sonia Brito, trabajadora social e investigadora, afirma que los derechos de niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados: "Hubo violencia en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, económica, sexual, entre otras". Añade que "las/los Jóvenes transcurren sus vidas con una desesperanza aprendida, no confían en las personas adultas, ni en las instituciones". Fernanda Salvo, psicóloga de la Universidad de Chile, citando informes del Ministerio de Justicia y Gendarmería, define la reinserción social como un proceso sistemático para favorecer la integración a la sociedad de personas condenadas por infringir la ley penal. La Defensoría de la Niñez observó una disminución del 74% al 51% en el porcentaje de términos con salida judicial efectiva entre 2016 y 2024, y una disminución del 34% al 15% de las sentencias condenatorias definitivas, lo que podría indicar una agudización de los "nudos críticos" en la investigación penal.

Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA, destaca que el 47% de los adultos en la cárcel pasaron por hogares del Sename, evidenciando el fracaso del sistema en la reinserción social. Para los entrevistados, la solución no es solo aumentar las plazas o el número de profesionales, sino crear políticas de Estado integrales. Misael relata la falta de apoyo "real" de los profesionales: "(…) Había asistentes sociales y psicólogos, que ellos también tenían tu seguimiento, te apoyaban, más por trabajo, sí, más que nada, pero no encuentro que era un apoyo real, no como significativo…". Felipe opina de manera similar sobre los talleres en los centros: "Hicieron un taller de ejercicio, entre comillas era un taller de fútbol que nos pasábamos pegando, obviamente porque era fútbol canero y poco más en realidad".

La realidad en los Centros de Internación Provisoria

Una visita al Centro de Internación Provisoria "Tiempo Joven" en San Bernardo, conocido popularmente como "La Cárcel Juvenil", permite observar la realidad de estos recintos. Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo (ETD), explica la "multicausalidad de factores" que influyen en las conductas delictivas. Ginés Alvarado, Gestor de Redes en el mismo centro, describe a los adolescentes: "Provienen en alto porcentaje de comunas de sectores populares que presentan alta densidad poblacional y pertenecen a familias en donde alguno de los padres ha hecho abandono del hogar, sumado al consumo de drogas por parte de estos, presentando escasas reglas y normativa en el entorno familiar entre otras variables".

Francisco Jara, Educador Diferencial con 30 años de experiencia en "Tiempo Joven", añade que muchos jóvenes llevan una vida delictual desde temprana edad, "a veces comienzan desde los ocho años, y quizás muchos han sido dejados en la calle, y llegan acá con doce o catorce años… muchos no tienen hábitos e integran familias muy disfuncionales (…) Robar era un patrón, parte de la vida cultural".

A pesar de que la ley establece que en todas las actuaciones judiciales o administrativas se debe considerar el "interés superior del adolescente", la reinserción social de jóvenes infractores sigue siendo un desafío. Sonia Brito destaca la baja incidencia de éxito en la reinserción, aun con avances en leyes y normativas. Comelin Fornés enfatiza la necesidad de profesionales altamente especializados y equipos consolidados para trabajar con estos jóvenes. Propone un modelo de justicia restaurativa como el "sistema ideal para tener mayores posibilidades de éxito y lograr la reinserción de manera efectiva".

Tomás Cortés y Nicolás Grau, en su artículo de CIPER "Privar de libertad: un mecanismo eficiente para que menores de edad vuelvan a delinquir", afirman: "Creemos que encerrando a los jóvenes que cometen delitos les damos una lección que puede corregir su rumbo". Sin embargo, la historia de Misael, quien se escapó varias veces del Sename por la inseguridad, demuestra que el sistema punitivo no genera las condiciones para la reinserción. Alejandra Michelsen insiste en que la sociedad debe colaborar y dejar atrás la idea de que el encierro es un método de castigo efectivo, ya que "se logrará todo lo contrario a lo que se está buscando".

Misael y Felipe comenzaron su camino hacia la reinserción solo cuando organismos privados, como la Fundación Ítaca, entraron en juego. Para ellos, la Fundación Ítaca fue fundamental en su formación personal: "La Fundación Ítaca me formó harto como persona, como lo que soy ahora y siempre voy a estar agradecido con ello", afirma Felipe.

Trágicas realidades y las cifras de la desprotección

Juan Carlos Cornejo, educador en "Tiempo Joven", recuerda el caso de Roberto Flores, un joven que, tras dos meses internado, fue asesinado a los pocos días de su liberación. "Acá por lo menos los deja fuera de una posible muerte", comenta Cornejo, evidenciando la peligrosa realidad que enfrentan muchos jóvenes al salir del sistema. El número de menores de edad fallecidos violentamente entre 2018 y 2023 asciende a 75 adolescentes, y 119 jóvenes mayores de edad han muerto bajo la custodia del Estado. Recientemente, el 9 de enero, un joven de 17 años se quitó la vida en el CIP de San Joaquín. En la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, 160 adolescentes bajo protección del Estado intentaron suicidarse, lo que refuerza la crítica de que "el Estado les ha fallado".

El fin del SENAME y el nacimiento de Mejor Niñez

El Servicio Nacional de Menores (Sename), creado en 1979 y operativo desde 1980, fue cerrado después de 46 años, tras estar marcado por graves controversias, incluyendo muertes de niños, denuncias de maltrato, negligencias, fugas e incendios. El caso de Lissette Villa, una niña de 11 años fallecida en 2016, fue un punto de inflexión. Se consensuó que la protección de la infancia vulnerada y la intervención con adolescentes infractores requerían modelos y equipos diferentes, algo que el Sename no logró bajo una misma estructura.

En este contexto, se creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplazó al Sename en la atención de adolescentes y jóvenes infractores. Este nuevo servicio, que asumirá la operación de los centros y programas, pone énfasis en intervenciones basadas en evidencia, especialización de equipos y coordinación obligatoria con otros sistemas del Estado, como salud, educación y empleo. María Eugenia Fernández Alvear, exdirectora del Sename, reconoce que el cambio era necesario, ya que el Sename "terminó operando con un diseño que ya no respondía a la complejidad de las tareas que debía cumplir".

El desafío del nuevo servicio: Continuidad y cambio

La directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, subraya que el cambio central está en el enfoque, reconociendo que la nueva institucionalidad hereda una realidad compleja: "Recibimos jóvenes con historias largas, con daño acumulado y con múltiples intervenciones previas. No partimos desde una hoja en blanco". El desafío es operar este cambio sin generar falsas expectativas, ya que "la reinserción no depende solo de lo que ocurre dentro de un centro. Si no existe una red que acompañe el egreso, los esfuerzos pierden efecto".

La visita al Centro Metropolitano Norte de Justicia Juvenil en Til Til muestra algunas iniciativas innovadoras. Un taller mecánico, iniciativa de Komatsu Cummings a través de la Fundación Reinventarse, permite a los internos aprender un oficio y emplearse con salario. En el Colegio Manquehue, dentro del recinto, se celebran "micrologros" como la realización de una película de superhéroes por parte de los chicos, o el caso de Juan, que busca en la educación una nueva oportunidad. Sin embargo, las condiciones de vida en las habitaciones, con puertas de metal, catres de concreto y baños pestilentes, y la constante ideación suicida entre los internos, demuestran que el camino es arduo.

Según el Anuario Estadístico del Sename 2023, cerca de 5.000 adolescentes y jóvenes estaban bajo su responsabilidad, con un 20% en medidas privativas de libertad. La población es mayoritariamente masculina, con historias de abandono temprano, escolaridad interrumpida, consumo de drogas y alcohol, violencia intrafamiliar y explotación. Recientemente, se suman factores como la migración y el crimen organizado.

Marcelo Sánchez, quien ha seguido el sistema de justicia juvenil por más de dos décadas, sostiene que el problema no es la falta de diagnóstico, ya que existe "bastante evidencia sobre qué tipo de intervenciones funcionan y cuáles no". Sin embargo, el sistema "ha tendido a operar de espaldas a esa evidencia", replicando programas sin evaluación robusta e interrumpiendo intervenciones exitosas. Para Sánchez, trabajar con evidencia implica diseñar intervenciones acordes al momento en que se encuentra cada joven.

Carmen Luz Chaparro, psicóloga del Sename, enfatiza que "aquí no se trabaja con certezas, se trabaja con probabilidades", en un ambiente de tensión permanente y necesidad de equilibrio profesional. Aunque reconoce el hito del cierre del Sename, subraya que "lo esencial no se modifica de un día para otro. Los centros siguen, los jóvenes siguen y los equipos siguen. El desafío es cómo se sostiene el trabajo mientras todo eso ocurre".

La "cláusula del miedo" y el debate político

El debate sobre la reforma del sistema de protección ha estado marcado por complejidades políticas. La subsecretaria Bown, en 2020, expresó su apoyo a desconocer el acuerdo de tramitación conjunta de la ley de Garantías y el nuevo servicio, argumentando que la ley de Garantías "tiene temas ideológicos, y estos son complicados porque cuando se discuten temas relacionados con la homoparentalidad o con la identidad de género, siempre hay mayor división". Esta "cláusula del miedo" ha limitado principios como la autonomía progresiva o el interés superior del niño, dejando pendiente un conflicto esencial en el texto de la ley de garantías.

En el Congreso, se generó un encendido debate sobre el proyecto para duplicar la subvención a los organismos colaboradores del Sename. A pesar de la aprobación, hubo críticas por parte de la oposición (PC y RD), que acusaron a estos organismos de haber vulnerado a los niños. La diputada Natalia Castillo (RD) cuestionó: "¿Pero cómo voy a confiar, cómo voy a confiar en aprobar una ley corta que le aumenta recursos a las instituciones si antes no se tiene la capacidad de sacar a aquellas que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños?". El diputado Gabriel Boric (MA), aunque respaldó la iniciativa, se inhabilitó de votar por el vínculo de su padre con una fundación ligada al Sename, advirtiendo que la aprobación no significa acuerdo con la lógica de subvenciones.

La diputada Karol Cariola (PC) llamó al gobierno a no "poner la carreta frente a los bueyes", sino a modificar la forma de financiamiento que, a su juicio, "incentiva de manera perversa la institucionalización". Además, la oposición cuestionó la eliminación de la palabra "garantías" en la ley de garantías de la niñez. Desde Chile Vamos, se acusó a la oposición de votar "desinformados" y con un "sesgo ideológico".

El modelo subsidiario y la mercantilización de la niñez

El Sename fue creado en 1979 en plena dictadura, bajo una lógica neoliberal que redujo la acción del Estado y se basó en sistemas de supervisión débiles y políticamente sometidos. Esto mantuvo una "lógica de mercado social" para la atención de la infancia vulnerable, con "ofertas" de programas y metodologías cuestionables de Instituciones Privadas Colaboradoras. Muchas fundaciones, con "pírricos logros y constantes 'errores' y 'negligencias'", han prosperado bajo este modelo subsidiario "consagrado constitucionalmente".

La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales, del Instituto de Historia UC, publicaron una columna en El Mercurio enfatizando la necesidad de una perspectiva histórica sobre la crisis del Sename, resaltando que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia". Además, plantean que el concepto de abandono puede invisibilizar la precariedad y desigualdad social de los niños y sus familias. Sugieren estrategias futuras que busquen conservar los vínculos existentes, ya sea con sus familias o con el personal que convive diariamente con ellos.

Mejor Niñez: Un nuevo nombre, los mismos desafíos

A tres años de la desaparición del Sename y el nacimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez enfrenta un "huracán de críticas y escándalos". El último informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela desórdenes financieros por más de $187.600 millones, transferencias sin respaldo a 377 fundaciones y listas de espera con casos desde 2015. A esto se suman denuncias periodísticas de corrupción, bases técnicas filtradas a fundaciones favorecidas, desvíos de dinero y peritajes falsos utilizados para separar a padres de sus hijos, como ocurrió en el PRM Pichilemu. En Chile, "ser niño puede equivaler a ser convertido en mercancía".

El caso de Juan Manuel Navarro Rodríguez, separado de su hijo por informes falsos elaborados por el PRM Acogida (Corporación León Bloy en Pichilemu), desnuda la podredumbre del servicio. Navarro descubrió que los peritajes eran copias de otros expedientes. La Fundación León Bloy y la Fundación Ciudad del Niño, esta última con un directorio que incluye a figuras políticas como Felipe Kast, son señaladas por recibir recursos masivos y presentar fallas en rendiciones y transparencia. La Corporación Acogida desvió cerca de $200 millones a empresas ligadas a su exrepresentante legal, y los informes "maqueta" eran usados para justificar intervenciones y prolongar ingresos fiscales de $216.700 mensuales por niño.

El reconocido abogado Hernán Fernández, especialista en protección jurídica de la niñez, afirma que "en los últimos dos gobiernos no hemos avanzado en nada en materia de protección a los NNA". Destaca la importancia de la formación, supervisión y control de quienes velan por el bienestar de los niños. "Es un deber del Estado", agrega, "resguardar celosamente la debida competencia de los organismos que prestar servicios en este ámbito". Para Fernández, un sistema 100% público, con financiamiento directo y gestión participativa, es necesario para acabar con el "lucro desalmado" presente en esta materia, redirigiendo recursos de industrias estratégicas y gestionando con principios éticos, respeto hacia los NNA, sus familias y la sociedad completa.

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