El Servicio Nacional de Menores (Sename), creado hace 46 años como el primer servicio público en Chile dedicado de manera integral a la niñez y la adolescencia, ha concluido formalmente sus funciones. Este organismo asumía tanto tareas de protección como de reinserción social. Sin embargo, su historia reciente estuvo marcada por una profunda crisis institucional y un triste legado, producto de numerosos casos de abusos y violencia que afectaron a niños, niñas y adolescentes bajo su protección.
La conmoción generada por la muerte de la joven Lissette Villa en 2016, entre otros trágicos sucesos, impulsó una reforma urgente para poner fin al Sename y establecer una nueva institucionalidad a cargo del cuidado de los menores vulnerados y de la reinserción de aquellos con problemas penales.
Las Dos Caras del Sename y el Origen de la Transformación
La historia del Sename ha tenido dos caras. Una es la que trascendió a los medios de comunicación, asociada a "centros donde se maltrata a niños y niñas", donde incluso "se les tortura y asesina". Esta realidad, ampliamente reconocida, carecía de soluciones eficaces propuestas por gran parte de la sociedad. La otra cara es la de un servicio público que, por mandato judicial, atendía anualmente más de 180 mil situaciones de desamparo, abandono, malos tratos físicos, abusos sexuales, explotación y negligencia.
Este proceso de transformación comenzó en 2021, con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia -Mejor Niñez-, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su objetivo fue asumir de manera exclusiva la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos. Posteriormente, en enero de 2024, se inició en la zona norte del país el cierre gradual del Sename en su rol vinculado a la justicia juvenil, proceso que continuó en la zona sur a comienzos de 2025 y que concluyó en la zona centro, marcando el fin definitivo del organismo.
El Nuevo Marco Institucional: "Mejor Niñez" y el Servicio de Reinserción Social Juvenil
Las funciones del Sename se dividieron en dos nuevos organismos especializados: el Servicio de Mejor Niñez, que inició sus funciones en 2021, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya puesta en marcha se hizo de forma gradual y que hoy se encarga de ejecutar los programas dirigidos a niños y jóvenes infractores de ley. Este tránsito hacia la nueva institucionalidad ha concluido con el cierre del Sename.
La directora de Sename durante 2024 y 2025, María Eugenia Fernández, encargada de liderar el cierre, señaló que el proceso representa un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios, así como de equipos colaboradores, que entregaron su compromiso y vocación al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad.
¿Por Qué los Problemas Persisten? Desafíos Estructurales y Legislativos
A pesar de la creación de una nueva institucionalidad, es alarmante constatar que parte de las graves vulneraciones que motivaron este cambio no han logrado corregirse. El paso de haber terminado con el Sename y separar sus funciones en dos organismos especializados fue correcto, pero los problemas de vulneración de derechos que motivaron esta reforma aún no logran ser superados. Esto denota graves fallas de gestión por parte del Estado y es incongruente con la definición de un país preocupado por la infancia y la protección de los derechos humanos.
La Desjudicialización y un Sistema Universal de Protección Social
Para que el sistema cambiara real y profundamente, es necesario modificar dos cuestiones claves: por una parte, desjudicializar el sistema de protección social a la infancia y, por otra, contar con un sistema público de protección social universal y normalizado. En ámbitos profesionales con competencia en asistencia y protección de NNA, se ha discutido ampliamente sobre la imperiosa necesidad de agilizar los procedimientos de protección y hacerlos más eficaces. Una parte sustancial del problema radica en que quienes toman las decisiones sobre las medidas de protección son expertos en administrar justicia, no en la materia de protección a la infancia. Los verdaderos especialistas en protección a la infancia se encuentran en las áreas de la Administración dedicadas precisamente a este fin.
La flamante Ley 21.302, que creó la nueva institucionalidad, mantuvo este factor que agrava y tiende a perpetuar la pobre atención a la infancia desfavorecida en Chile, porque no se quiso legislar garantizando protección a través de órganos no judiciales, como, por cierto, se hace en la mayor parte de países occidentales.
La Ausencia de un Sistema de Servicios Sociales Universal
Al no contar Chile con un sistema público de servicios sociales que garantice el derecho a la integración social a quienes sufren desventaja social, la detección precoz del riesgo de maltrato grave o desamparo de NNA apenas se consigue. En países como España, con un sólido sistema público de servicios sociales, desde los recursos no especializados (nivel comunitario), se atiende y resuelve aproximadamente el 75% de los casos de NNA en situación de riesgo, por lo que solo un 25% es derivado a servicios especializados.
Alarmantes Cifras y Denuncias Persistentes
Aunque se han corregido algunos problemas con la nueva institucionalidad, la Defensoría de la Niñez reporta que siguen registrándose sobrecupos en residencias, listas de espera para ingresos y para programas reparatorios, y dificultades para recibir de vuelta a menores con perfiles complejos. A esto se suman denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias o situaciones de abuso sexual.
- En 2024, por primera vez, los menores que ingresaron a algún programa de Mejor Niñez (156 mil) superaron al total de niños nacidos ese año, lo cual es un índice preocupante de vulnerabilidad.
- Si en 2020 los menores atendidos representaban el 3,9% de la población menor de 18 años, actualmente superan el 5%.
- La Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (2023) reveló que la violencia hacia niños y adolescentes por parte de sus cuidadores aumentó fuertemente en seis años, pasando de un 35% en 2017 a un 39%.
Casos Recientes y la Necesidad de Verdad y Justicia
El cierre definitivo del Sename y la entrada en funcionamiento del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil no garantizan por sí solos verdad, justicia ni reparación. Las cifras de más de mil 313 niños, niñas y adolescentes que murieron vinculados al Sename siguen sin traducirse en responsabilidades reales. Casos como el suicidio de Sebastián en el CIP San Joaquín en enero de 2025, la violación grupal en Til Til, o el encierro de niños con candado en el hogar Las Gaviotas de Valdivia durante este mismo año, demuestran que las anomalías persisten.
Cristian Acosta, sobreviviente del Sename y miembro de la Comisión Verdad, Justicia y Reparación para la Niñez, relata su experiencia de abuso sexual bajo la supuesta protección del Estado y cuestiona: "¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo la protección de mi familia?". Su historia no es una excepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por la muerte de niños bajo custodia estatal y por las condiciones estructurales del Sename, lo que llevó a la recomendación de dicha Comisión.
El Papel de la Nueva Constitución y la Ley de Garantías de la Niñez
Chile se encuentra en un período constituyente, abriendo la posibilidad real de consagrar, en la nueva Carta Magna, la obligación del Estado de implementar un sistema público de servicios sociales que garantice la protección social de todos, especialmente de los más vulnerables. Si en la nueva Constitución se incluye la obligación del Estado de desarrollar un sistema de servicios sociales de derecho, con carácter universal y normalizado, se estaría en un nuevo escenario, con enormes posibilidades de mejora para la infancia desfavorecida y para la sociedad chilena en su conjunto.
El proyecto de Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, iniciado en 2015, busca adecuar la legislación chilena a la Convención de los Derechos del Niño y crear un sistema de protección administrativa con bajada territorial y recursos suficientes. Sin embargo, su tramitación ha sido vacilante y ha dejado pendiente de resolver conflictos esenciales, como la "cláusula del miedo", que limita principios como el de autonomía progresiva o interés superior del niño, y la preeminencia de derechos parentales sobre ciertos derechos civiles y políticos de los menores.
La lentitud y las discusiones ideológicas en torno a esta ley, que debería sentar las bases para la protección integral, han sido objeto de críticas. Expertos y activistas exigen un debate real, técnico y alejado de lo ideológico, que permita superar la visión decimonónica de la niñez que aún pervive en el sistema legal chileno. Cerrar una institución sin garantizar la continuidad de los procesos de verdad es una forma de clausura política de la memoria, y sin memoria, no hay justicia.
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