La reforma del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha culminado con la creación de dos nuevas entidades especializadas: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta profunda reorganización busca reemplazar al antiguo Sename, un organismo gubernamental centralizado que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y colaboraba con el sistema judicial.
La creación de estos nuevos servicios es un paso fundamental para mejorar la protección de los derechos de los menores y separar las responsabilidades de justicia juvenil, respondiendo a años de críticas y cuestionamientos sobre el desempeño del Sename en la custodia estatal de menores.
Antecedentes y Justificación de la Reforma
Durante años, el Sename enfrentó severas críticas y cuestionamientos por su desempeño. La muerte de Lissette Villa en 2016, una niña de 11 años que se encontraba en un centro de protección, expuso las graves deficiencias del sistema y evidenció la necesidad de un cambio estructural profundo. Las investigaciones posteriores y el debate público impulsaron esta transformación.
Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, que analizó la relación del Sename con las entidades colaboradoras en justicia juvenil, señaló que la labor desarrollada por el servicio resultaba insuficiente. Se recomendó un rol más activo y una mejora en la especificación técnica de los perfiles de los usuarios y criterios de intervención para lograr un sistema más eficaz.
A pesar de un aumento presupuestario del 40,91% entre 2012 y 2016, el aporte a los planes de justicia juvenil ejecutados por organismos colaboradores disminuyó. Esto contrastaba con el aumento en el número de menores atendidos en el área de protección de derechos, que concentraba más del 85% de los casos. Los programas de justicia juvenil también mostraron altas tasas de reincidencia. Por ejemplo, en el Programa de Libertad Asistida, el 41% de los jóvenes que egresaron en 2012 volvieron a cometer ilícitos al año siguiente, cifra que aumentaba al 55% a los dos años. Situaciones similares se observaron en el Programa de Servicios en Beneficio de la Comunidad.
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La División del Sename en Dos Nuevos Servicios
La reorganización del Sename culminó con su división en dos áreas fundamentales, cada una con un enfoque específico:
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido como Mejor Niñez)
Esta nueva entidad se dedica exclusivamente a la protección de la infancia y la adolescencia. Su administración recae en la Cartera de Desarrollo Social y su objetivo principal es atender a niños, niñas y adolescentes que han sido maltratados, abandonados, víctimas de bullying o abuso sexual. Se espera que este servicio, a través de una red de atención y la ejecución de medidas de protección dictadas por los Tribunales de Familia, logre disminuir las listas de espera en todos los programas, las cuales superaban los 7.500 niños en los primeros tres años.
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Este servicio se enfoca en el área de justicia y reinserción juvenil. Asume las funciones que hasta 2021 se concentraban en el Sename en materia de justicia juvenil.
Modificaciones Adicionales al Sistema
Dentro de las modificaciones anunciadas por el gobierno que tendrá este sistema se encuentra la creación de un Consejo de Expertos y el cambio de nombre de los actuales Organismos Colaboradores del Sename (Ocas) que pasarán a llamarse Colaboradores Acreditados. Adicionalmente, se anunció la creación del programa de alerta temprana “Alerta Infancia”.
Proceso de Cierre y Traspaso
El cierre del Sename y el traspaso de sus funciones a los nuevos servicios se desarrolló de manera paulatina:
- Enero de 2024: Traslado de la zona norte.
- Enero de 2025: Traspaso de la zona sur.
- 12 de enero de 2026: Finalización del proceso con la zona central (regiones de O´Higgins, Valparaíso y Metropolitana).
Críticas y Desafíos del Nuevo Sistema de Protección
A pesar de la creación de nuevos servicios, persisten críticas sobre la efectividad del sistema de protección. Se señala que la separación de los niños de sus familias de origen, si bien busca protegerlos del maltrato o la negligencia, puede generar otras formas de vulneración, como la ruptura de vínculos familiares y la violencia institucional. La internación residencial, que debería ser excepcional y transitoria, a menudo se prolonga, con condiciones de visita restrictivas y espacios inapropiados para el encuentro familiar.
Se subraya que la protección residencial, en su afán por proteger, puede repetir y actualizar la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. La desconfianza entre organismos colaboradores, el antiguo Sename y el Poder Judicial ha sido un obstáculo para construir un sistema que considere a los niños como sujetos plenos de derechos. La reparación de los derechos vulnerados no se limita a suplir carencias afectivas o materiales, sino que requiere del involucramiento de la familia, profesionales, directores de fundaciones y la comunidad.
En este contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, subrayó que “la infancia vulnerable es una deuda que los chilenos tenemos y por eso el Presidente ha anunciado una serie de medidas que nos permiten pensar que efectivamente tendremos una base para que los chilenos de todos los sectores, de todos los movimientos políticos, de todos los ámbitos sociales puedan hacerse cargo de este tremendo problema que hemos descubierto en estos últimos años” añadiendo que ante todo ésta “es una deuda que se ha originado probablemente en deficiencias de distintos sectores, de distintos gobiernos, pero tenemos que hacerla nuestra todos.”