La profunda crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha puesto en relieve la constante vulneración de los derechos de la infancia en el país. El caso de Lissette Villa, una niña de 11 años fallecida en 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago, reveló una serie de irregularidades al interior del organismo. El propio Sename publicó que entre 2005 y 2016 se registraron 865 decesos de niños(as) al interior de centros pertenecientes al organismo.
Orígenes y Enfoque del Servicio Nacional de Menores
El Sename, creado en 1979 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, surgió bajo una concepción de la infancia como un "estado irregular", lo cual, según Viviana Soto, académica del Departamento de Educación, se refleja en su nombre. Administrativamente, el organismo depende del Ministerio de Justicia y, desde sus fundamentos, ha mantenido un enfoque tutelar hacia la infancia. Sus objetivos incluyen "reinsertar, rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados".
La Crítica Situación de la Infancia Vulnerada
La crisis del Sename expone la precaria situación de cientos de niños y niñas en Chile, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no han sido una preocupación central de la sociedad. A pesar de avances como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los años 90, persisten diversas formas de maltrato infantil que aún no son plenamente reconocidas. La psicóloga jurídica Salinas critica la visión de los niños(as) como "personas inacabadas e insuficientes", comparándolos con "minusválidos(as)". En este contexto, la creación y desarrollo del Sename ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y "reparar" como si fueran "utensilios", siendo que a los sujetos no se les repara.
Viviana Soto señala que el Estado ha actuado de manera lenta y tardía a través de sus políticas públicas, lo que hace perentorio un nuevo trato con la infancia, bajo un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado.
Reformas Propuestas y Desafíos Institucionales
Ante la profunda crisis, en octubre de 2016, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para reformular el organismo gubernamental, incluyendo el aumento del presupuesto, la separación del servicio en dos instituciones y la entrega de mayores recursos.
Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, considera que la separación del Sename sería una decisión correcta y adecuada, pero resalta la necesidad de repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que enfrentarán las dos nuevas instituciones. Además, enfatiza la importancia de dejar atrás el concepto de subvención que, según él, "genera una serie de prácticas perversas" al asignar recursos de manera diferencial según el tipo de problema del niño(a).
La Necesidad de un Enfoque Local y Formación Especializada
Otro elemento crucial en esta división institucional es la discusión sobre una estructura centralizada o políticas implementadas a nivel local, en los territorios y comunas. Se destaca la falta de debate sobre cómo el Estado provee condiciones para desarrollar dispositivos de carácter local que realicen el trabajo real. Asimismo, se subraya que las personas que trabajan con niños(as) vulnerados(as) requieren una formación específica en educación social. "No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer", aclara Soto, quien defiende una pedagogía que "mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades", en lugar de una pedagogía especial que sesgue a estos niños.
La Influencia Política y el Sistema de Subvenciones
A pesar de los avances sociales en relación con la infancia, persiste una "lógica de patrón de fundo" o "Estado tutelar" que discrimina a los(as) niños(as). Se ha tendido a separar la infancia infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato, aunque ambas "son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad", como señala la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084).
Para lograr una intervención efectiva, se requiere un buen diagnóstico y una intervención personalizada, con antecedentes e información de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad y redes.
Cuestionamientos en la Cámara de Diputados
La muerte de Lissette Villa impulsó la creación de la Comisión Sename 2 en la Cámara de Diputados, encargada de revisar los subsidios que el servicio entrega a sus centros colaboradores, casi en su totalidad privados. Un informe de Contraloría de 2015 ya había alertado sobre irregularidades y negligencias persistentes.
Un diputado, indignado, relató que la mayoría de los diputados de su partido se negaron a firmar para la creación de esta comisión investigadora porque "consideraban que era negar la posibilidad de una próxima candidatura parlamentaria de la ex directora del organismo, Marcela Labraña (DC)". Acusó a su bancada de poner el interés de una militante por sobre la preocupación de los niños y niñas del Sename.
El equipo directivo que apoyaba a Marcela Labraña, en su mayoría vinculado a la DC, continuó en sus puestos tras su salida. Bernardo Neira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename (Afuse), manifestó la creencia de que existe un monopolio del partido Demócrata Cristiano (DC) en todos los puestos del Sename, incluyendo la dirección nacional, asesores directos y directores de la mayoría de los centros a nivel del país. Neira afirmó que "hay un monopolio de un partido y el servicio ha entrado en la lógica del cuoteo político".
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Organismos Colaboradores y Fondos Recibidos
La Ley 20.032 establece el sistema de atención a través de la red de organismos colaboradores del Sename y su régimen de subvención. Más del 90% de los 282 organismos que se dedican al área de protección con programas ambulatorios o residencias (centros) son privados. Entre las fundaciones que más subvención recibieron en 2015, se encuentran:
- Mi Casa: Recibió $6.828.367.891. Entre sus directores figuran María Josefina Bilbao (ex ministra del Sernam cercana a la DC), Enrique Correa (reconocido lobbista, ex DC y Mapu), y Loreto Ditzel (DC cercana a Soledad Alvear).
- León Bloy: Recibió más de $2.900.000.000. Entre sus directores figura el abogado Juan Alberto Rabah Cahbar, quien fuera uno de los siete directores del desaparecido think tank de la Falange, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH).
- Fundación Rodelillo: Recibió $126.086.520 en 2015.
En 2013, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fue llamado a declarar ante la Comisión Investigadora Sename 1 tras la difusión del Informe Jeldres (documento del Poder Judicial y Unicef sobre la situación de los niños en residencias). A pesar de negar las cifras, su declaración fue relevante dado que, aunque no directamente de la Arquidiócesis, existían fundaciones ligadas a congregaciones.
Mecanismos de Subvención y Fiscalización
Para la transferencia de subvenciones, el Sename llama a concurso de proyectos, definiendo montos, plazos, objetivos específicos y resultados esperados. Los convenios tienen plazos máximos de duración de 3 años para Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y Diagnósticos, y 5 años para Centros Residenciales y Programas.
Las OPD, en marcha desde 2001, tienen doble dependencia del Sename y los municipios, recibiendo fondos de ambos. Una de las críticas es que los alcaldes a menudo ejecutan los proyectos como si el dinero del Sename fuera "de libre disposición". La normativa exige que cada colaborador acreditado mantenga una cuenta corriente exclusiva por proyecto, sin embargo, un extrabajador de la red de colaboradores de Puente Alto denunció que "no hay contratos, todos los trabajadores de las OPD son a honorarios, terminas siendo un funcionario municipal" y que el municipio seleccionaba a los trabajadores sin participación del Sename. En el caso de Puente Alto, se relató que la OPD se utilizaba para promocionar los lineamientos valóricos del municipio e incluso para campañas electorales, coaccionando a los trabajadores a colaborar con la continuidad de proyectos políticos.
Christian Arzola, encargado del Departamento de Familia de la municipalidad de Puente Alto, explicó que los trabajadores de la OPD son funcionarios municipales y que "dentro de nuestras funciones no está hacer campañas políticas", asegurando que cualquier participación en política debe ser fuera del horario laboral y sin recursos municipales.
Subvenciones a Municipios y Centros
De la lista de municipalidades asociadas a la red de colaboradores del Sename, en 2015, la Municipalidad de La Granja (alcalde democratacristiano) recibió la mayor cantidad de aportes: $478.864.947.
En 2018, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que aumenta la subvención para las residencias colaboradoras del Sename, celebrado por el ministro (s) de Justicia, Juan José Ossa. Esta normativa aumenta el rango del valor base de la subvención para Centros Residenciales de 8,5 a 15 Unidades de Subvención Sename (USS) a una nueva banda de 15 a 30 USS. El valor de la USS en 2018 era de $15.840. Además, introduce el principio de transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos.
El Presidente Sebastián Piñera, en abril de 2018, anunció que 8.400 niños residentes o en programas recibirían una subvención base de $237.600 por mes. Sin embargo, el Anuario Estadístico 2016 del Sename, el más actualizado, indica que son 10.437 los menores en centros residenciales, no ocho mil. La institución confirmó que el valor de las subvenciones aumenta por criterios como zona geográfica, plazas convenidas y complejidad de la población atendida, según la Ley 20.032. Un aporte mensual bajo el ítem de diagnóstico podría aumentar entre $126.720 y $158.400, y para programas de reinserción de infractores de ley, entre $7.920 y $126.562. Es imposible establecer un monto exacto mensual por niño en todos los centros debido a las distintas especificaciones de la ley.
Irregularidades Detectadas por Contraloría y su Impacto
Una auditoría de la Contraloría a 89 de los 326 centros colaboradores del Sename en 2013 reveló diversas irregularidades:
- El Hogar Maruri utilizaba una misma cuenta corriente para administrar fondos de distintos programas.
- En ocho regiones (Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Ríos, Aysén y Metropolitana), no existían certificados de antecedentes ni declaraciones juradas de que los empleados no estuvieran procesados o formalizados por crímenes o delitos.
- El ingreso de Daniel Z. P. al Hogar Pequeño Cottolengo Don Orione fue solicitado directamente por su padre, quien era director regional del servicio en esa época.
- Numerosas residencias carecían de los Planes de Intervención Individual (PII) de los menores en sus carpetas.
- En 46 centros, el personal educador de trato directo no cumplía con los requisitos académicos ni la experiencia laboral necesaria.
- 13 centros no contaban con espacios multiuso ni salas para visitas.
- En el Hogar Betania de Aysén, se observó a una menor limpiando ventanas en la techumbre del primer nivel, con evidente riesgo.
- No pudo constatarse que distintas incorporaciones y permanencias de niños en los hogares Estrella de Belén y María Ayuda (2012-2013) fueran efectivamente pagadas por el Sename.
- Denuncias de abusos sexuales y fugas de menores no fueron gestionadas correctamente ni reportadas a las autoridades judiciales. Por ejemplo, en el proyecto RPM Reloncaví, una denuncia de connotación sexual fue tratada internamente sin dar aviso al Juzgado de Familia.
- Las residencias Mi Casa Valdivia, Al Makoo y Francisco Valdés presentaban deficiencias en servicios higiénicos, falta de separación por sexo en baños, y carencia de puertas o cubículos.
La muerte de Daniela Vargas, de 13 años, bajo custodia del Sename en Chiloé por una cardiopatía dilatada tras negársele un trasplante debido a su "precaria situación social, familiar y personal", volvió a resaltar la aguda crisis del organismo.
Desigualdad en el Gasto y Críticas al Presupuesto del Sename
El Presupuesto 2018 para el Sename fue de $319.410 millones, un aumento del 9,3% respecto al año anterior. Sin embargo, un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) reveló una distribución desigual del gasto: el 91% de las plazas en centros residenciales son privadas, y el 95% de las atenciones las realizan organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto. LyD calificó esta brecha de "alarmante", ya que los niños derivados a centros estatales podrían corresponder a casos más complejos. Paulina Henoch, investigadora de LyD, argumentó que el presupuesto "no asigna mayores recursos a los niños del Sename y eso también contribuye a que la atención que reciben los niños sea insuficiente".
Además, casi el 30% de los recursos del Sename se destinan a personal, con "mayores aumentos debido a cambios de grados para 104 funcionarios, por criterios de antigüedad y gradualidad definidos, en vez de criterios de competencias", según Henoch.
El Pago de Deudas y la Derivación Urgente (Artículo 80 bis)
El artículo 80 bis de la ley permite a los Tribunales de Familia derivar casos urgentes, obligando a las instituciones a prestar el servicio de manera inmediata, incluso sin oferta programática o plazas disponibles. Sin embargo, el financiamiento de estas atenciones se efectúa con meses, y a veces años, de retraso, obligando a las propias instituciones colaboradoras a financiar inicialmente los servicios.
A pesar de las críticas, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Jara, defendió el aumento de subvenciones como "muy significativo" para "más de 5 mil niños de todo el país", esperando que permita la contratación de personal más calificado y el fortalecimiento de las intervenciones psicosociales.
Think Tanks y Fondos Públicos: Una Red Transversal de Financiamiento
Más allá de los fondos directos al Sename, una investigación de CIPER rastreó 49 centros de pensamiento vinculados a partidos políticos, de los cuales 19 recibieron recursos de organismos de gobierno y municipalidades por un total de $6.000 millones entre 2005 y 2023. Las fuentes de estos recursos son variadas: ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otros organismos del Ejecutivo.
El cruce de datos reveló que los think tanks reciben más recursos públicos cuando un gobierno de su mismo color político está en el poder. Los traspasos no constituyen necesariamente una irregularidad, pero hay casos donde los recursos públicos se usan con fines claramente políticos, como el rol de estos centros en campañas electorales o asesorías a bancadas específicas en el Congreso.
Casos Emblemáticos de Financiamiento a Think Tanks
- Idea País (RN): Recibió $55 millones del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en 2014, poco antes del cambio de gobierno. El convenio terminó en tribunales, y los fondos fueron restituidos, ya que el programa nunca se ejecutó. Durante el primer gobierno de Piñera, fue la única vez que recibió transferencias del Ejecutivo.
- Horizontal (Evópoli): Recibió $4 millones del Injuv en 2018. El dinero se destinó a "Operación Infancia", un programa de trabajos voluntarios, donde el senador Felipe Kast (Evópoli) convocó públicamente.
- Fundación Participa (PPD): Acumula la mayor cantidad de fondos públicos con al menos $1.669 millones entre 2017 y 2023, de gobiernos regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En 2018, recibió $20 millones del Fondo Nacional de Seguridad Pública cuando Freddy Seguel (PPD) era jefe de gabinete de la subsecretaría.
- Centro de Estudios del Desarrollo (CED - DC): Recibió $1.449 millones entre 2005 y 2019. Su director ejecutivo en los '90, Mauricio Jelvez, afirmó que su rol principal fue "consolidar a la Concertación". Recibió la mayor parte de sus fondos durante los gobiernos de la Concertación.
- ICAL (Partido Comunista): Recibió $932 millones entre 2005 y 2018. Los fondos aumentaron significativamente ($436 millones) durante el segundo gobierno de Bachelet, cuando el PC formó parte del oficialismo, principalmente para escuelas de formación sindical.
- Instituto Libertad (RN): Recibió $262 millones de municipalidades, de los cuales $248 millones provinieron de municipios gobernados por alcaldes de Chile Vamos, mayoritariamente de RN. También recibió $58 millones de ministerios durante el primer gobierno de Piñera.
- Fundación Jaime Guzmán (UDI): Recibió $284 millones del aparato público. La mayor transferencia ($24 millones) provino de la Municipalidad de Las Condes en 2020, bajo el exalcalde Joaquín Lavín (UDI), por una "asesoría legal especializada" con trato directo.
- Chile 21 (Centro-izquierda/Progresismo): Recibió más de $221 millones desde el Estado, con 24 de 43 contratos firmados bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y 11 durante el segundo.
- Ekhos (RD/Bacheletismo): Registra más de $429 millones en recursos públicos desde el primer gobierno de Sebastián Piñera hasta el de Gabriel Boric.
- Chile Movilizado (Comunes/Frente Amplio): Registra una transferencia de $5 millones del Injuv en 2019.
La transparencia en estos traspasos de fondos es un desafío, ya que no siempre están registrados en plataformas oficiales, lo que dificulta su rastreo.