La siguiente propuesta de informe situacional sobre vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes surge a partir del trabajo interventivo y reflexivo ejercido como Trabajador Social en una Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) y en el Centro de Defensa Jurídico Infanto Juvenil (CEDEIJ). Estos espacios son administrados por la Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas (ACHNU) y ejecutados bajo los lineamientos técnicos del ex Servicio Nacional de Menores (SENAME), hoy denominado Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia “Mejor Niñez”.
El diagnóstico de la crisis: El informe de la PDI
La investigación realizada por la Policía de Investigaciones (PDI), solicitada por el fiscal regional Marcos Emilfork en el marco de la indagatoria sobre las 1.313 muertes reportadas en centros del sistema entre 2005 y 2016, constituye un documento crítico para entender la realidad institucional. El reporte, que abarcó 240 de las 241 residencias existentes en el país, constató la existencia de 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños.
Desglose de las vulneraciones detectadas
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe es categórico al señalar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. La gravedad escala al observar que, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename, se han cometido de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los residentes.
Deficiencias estructurales y falta de protocolos
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio policial es la precariedad en la gestión de protocolos básicos de seguridad y salud, los cuales son esenciales para garantizar la integridad de los menores.
Incumplimiento de normativas de seguridad
| Protocolo ausente | Porcentaje de centros sin cobertura |
|---|---|
| Protocolo ante conductas suicidas | 72,9% |
| Protocolo para sujeción y contención física | 76,7% |
| Protocolo ante fallecimiento de un menor | Mayoría de los hogares |
El equipo policial estableció, además, que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el propio Servicio. Esta situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico o casos complejos.
Salud mental y administración de fármacos
La atención médica dentro de los centros presenta deficiencias críticas. El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, sin embargo, el sistema falla en su respuesta asistencial:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- En los centros que sí cuentan con un responsable, la función suele ser ejercida por personal sin el perfil técnico necesario.
- En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos en jornada diurna es realizada por educadores de trato directo, quienes no poseen formación profesional en el área de la salud.
Resiste Residente / Documental
La cadena de omisiones institucionales
El documento de la PDI no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de siete años, entre los que destaca el Informe Jeldres. A pesar de las constantes denuncias y el impacto mediático de casos como el de Lissette Villa, la fiscalización ha sido ineficiente. El estudio policial confirmó que, aunque el 98,3% de los centros recibe supervisiones periódicas, estas suelen ser coordinadas de manera previa, lo que impide una evaluación real del funcionamiento cotidiano de los recintos. Tanto el Poder Judicial, a través de sus visitas obligatorias, como el Ministerio de Justicia, mantienen responsabilidades pendientes ante la evidencia de una violencia sistemática que no ha logrado ser erradicada.