Hacia un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Niñez en Chile

Contexto y Críticas al Sistema de Protección a la Infancia

Las diversas situaciones que se han develado al interior del SENAME (Servicio Nacional de Menores) han generado una nunca antes vista sensibilidad por la realidad que viven los niños y niñas privados de libertad por razones de vulneración de derechos. El sistema de protección a la infancia en Chile ha sido duramente criticado desde los primeros años de la década de los 90. La crítica se ha hecho una y otra vez desde distintos frentes y la respuesta siempre ha sido insuficiente.

Históricamente, no ha habido voluntad política para cambiar el estado de las cosas, y los niños y niñas han seguido en malas condiciones de vida, con un riesgo inminente para su salud física y psicológica, sometidos a condiciones que los enfrentan, incluso, a la posibilidad de muerte. Esto ha sido así a través de los años y, hasta hace poco, "nadie había dicho nada". Desde su creación en 1979, el SENAME se transformó en una verdadera máquina productora de exclusión social.

Infografía: Cronología de las críticas y reformas al sistema de protección de la niñez en Chile

Necesidad Urgente de Transformación y Garantía de Derechos

Una condición necesaria para transformar esta realidad es que el Estado tome una acción determinada en vías de proteger y garantizar derechos a los niños y niñas de nuestro país. Si bien es cierto es necesario hoy actuar para detener la violencia ejercida en los centros del SENAME, no es menos urgente que se abra el debate sobre un proyecto de ley de garantía de derechos para niños y niñas. Este proyecto ya fue presentado y, a pesar de la gran conmoción que han producido las últimas muertes, no ha tenido ni la publicidad ni el debate necesario.

Solo una transformación profunda puede salvar las vidas de otros niños y niñas. La única manera de no repetir esta historia es responsabilizarse hoy por los cambios venideros, empezar a construir ese nuevo escenario, desechando la vía de la "medida de lo posible" que en todos estos años solo se ha traducido en reformas aisladas que no han logrado resolver el asunto de fondo. No se trata solo de tecnicismos ni discursos, ni tampoco se agota la solución en el debate. Para concretar un verdadero cambio, el Estado de Chile debe asegurar los recursos necesarios para construir un sistema de garantías y protección de derechos en todas las dimensiones.

Análisis del servicio Mejor Niñez y la protección de los derechos de la infancia en Chile

Avances Legislativos y Creación de Nuevas Institucionalidades

En este contexto, se han registrado avances importantes. Por 11 votos a favor se aprobó en votación general una de las iniciativas que reforma al SENAME, orientada a restituir los derechos de las niñas y niños que han sido vulnerados. El entonces Ministro Marcos Barraza valoró el respaldo y precisó la importancia que tendrá la creación de la Subsecretaría de la Niñez, esencial en materia de fiscalización de los programas en protección.

El proyecto busca hacerse cargo de las principales deficiencias que tiene el sistema en materia de la niñez, partiendo del desafío de que se debe crear una gran institucionalidad. Un estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección, recordando que actualmente cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros.

Desafíos de la Protección Residencial y sus Impactos

Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dado los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos.

En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. Por ejemplo, un estudio de 2010 - "Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial" -, encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. La situación provisoria pasa a ser prolongada e incluso permanente.

Esquema: Ciclo de internación y separación familiar en sistemas de protección

Barreras para la Reconstrucción de Vínculos Familiares

Lo anterior se puede observar en la forma que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos.

La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres. En este contexto de gran adversidad se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia.

Fotografía temática: Manos de un niño y un adulto entrelazadas simbolizando apoyo

La Violencia Reeditada y la Desarticulación del Sistema

El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude, evidentemente, el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que en su afán por proteger repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Esto explica la frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados.

Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial. Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, no debemos infantilizar la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios.

Hacia una Reparación Integral y un Nuevo Paradigma de Protección

Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.

La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros: de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad.

De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.

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