En el derecho internacional de los derechos humanos, el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad han experimentado una interesante evolución, pasando de ser un tema marginal a uno de agenda central en las Naciones Unidas. Esta transformación se ha acentuado especialmente luego de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un instrumento internacional que consagra la capacidad jurídica como un derecho fundamental de carácter absoluto. De acuerdo con la interpretación de su contenido y alcance, este derecho no puede ser limitado de ninguna forma, promoviendo un enfoque basado en derechos y la autonomía en la toma de decisiones.
El Artículo 12 de la CDPD: Pilar del Reconocimiento Igualitario
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aborda el derecho al igual reconocimiento ante la ley, estableciendo que las personas con discapacidad tienen derecho a ser reconocidas como personas ante el derecho. Asimismo, deben poder disfrutar de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Esto significa que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y responsabilidades que las personas sin discapacidad, y que no se les debe negar la capacidad jurídica ni tratarlas como incapaces de tomar decisiones por sí mismas.
Una de las formas clave en que el artículo 12 ha influido en las reformas legales es a través de la promoción del apoyo a la toma de decisiones como alternativa a la toma de decisiones sustituida. La toma de decisiones por sustitución, en la que un tercero toma decisiones en nombre de una persona con discapacidad, ha sido tradicionalmente la norma en muchos países. Sin embargo, el énfasis de la CDPD en el derecho al igual reconocimiento ante la ley y el derecho a la capacidad jurídica ha llevado al reconocimiento del apoyo para la toma de decisiones como un enfoque más apropiado y respetuoso, que busca potenciar la autonomía de la persona.
Desafíos en la Adopción de Reformas Legales para la Capacidad Jurídica
La implementación del Artículo 12 de la CDPD y la consecuente reforma de la capacidad jurídica presentan diversos desafíos. En lo que respecta a los aspectos que afectan a la adopción de las reformas, se pueden señalar los siguientes puntos clave:
Falta de Comprensión del Concepto de Capacidad Jurídica
No existe una comprensión pacífica acerca del concepto de capacidad jurídica y de lo que implica la demanda por el derecho a la capacidad jurídica. Esa falta de comprensión, especialmente entre los encargados de formular políticas, los profesionales y el público en general, puede haber sido un factor importante en la falta de implementación efectiva del Artículo 12. Esto incluye una falta de comprensión de la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad para la toma de decisiones, y desconocimiento de la importancia, alcance y efectividad del apoyo para la toma de decisiones como alternativa a las decisiones sustitutivas.
Complejidad de la Reforma Jurídica y Necesidad de Cooperación
La implementación del Artículo 12 puede requerir una reforma jurídica significativa, incluido el desarrollo de nuevas leyes y políticas públicas sobre la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo. Este puede ser un proceso complejo y lento, que requiere la cooperación de múltiples servicios públicos dentro del Estado y de partes interesadas.
Importancia de la Participación de las Personas con Discapacidad
La implementación del Artículo 12, de otros aspectos de la CDPD y en general de cualquier reforma que involucre a las personas con discapacidad, debe considerar una participación relevante de estas. Su experiencia y perspectiva son fundamentales para el éxito y la pertinencia de las políticas.
Barreras Socioculturales y Actitudes Negativas
Elementos socioculturales, como la comprensión social acerca de las personas con discapacidad, pueden afectar o impedir la implementación del Artículo 12. Entre ellos podemos encontrar varias actitudes negativas hacia las personas con discapacidad, incluyendo una falta de comprensión acerca del valor de su autonomía y un desconocimiento o falta de comprensión de sus derechos.
La Convención de las Personas con Discapacidad y el Derecho a la Capacidad Jurídica Parte 1
Aspectos Críticos para la Correcta Implementación de las Reformas
En relación con los aspectos críticos que afectan a la correcta implementación de las reformas, nos encontramos con barreras que pueden limitar el alcance de las intenciones de la CDPD:
Acceso Limitado al Apoyo para el Ejercicio de la Capacidad Jurídica
Si bien la CDPD reconoce el derecho a acceder al apoyo, las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras para acceder al apoyo que necesitan para ejercer su capacidad legal. Esto incluye la falta de personas de apoyo capacitadas, la falta de financiación para los servicios de apoyo y la falta de conocimiento de la disponibilidad de los servicios de apoyo. Esto se conecta directamente con la cuestión de los recursos, ya que la implementación de la CDPD, incluido el Artículo 12, puede requerir importantes recursos financieros y humanos.
Necesidad de Mecanismos de Monitoreo y Salvaguardias
Una implementación efectiva del Artículo 12 también requiere un mecanismo de monitoreo adecuado para garantizar que las leyes y políticas públicas se implementen según lo previsto y que se protejan los derechos de las personas con discapacidad. En particular, en el caso de las reformas a la capacidad jurídica, el Artículo 12 establece la necesidad de contar con mecanismos de salvaguardia para garantizar que la voluntad de las personas con discapacidad sea respetada y que no se produzcan situaciones de abuso.
La Relevancia de la Experiencia Internacional y el Intercambio de Conocimientos
En noviembre del 2022, se reunieron en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, un grupo de expertos en capacidad jurídica que han venido trabajando sobre la implementación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en sus respectivos países. Entre los participantes se encontraban Renata Bregaglio y Renato Constantino de la Universidad Católica de Perú; Federico Isaza de la Clínica PAIIS de la Universidad de los Andes en Colombia; y Maria Ní Fhlatharta del Centre for Disability Law & Policy de la Universidad de Galway en Irlanda. Este tipo de encuentros resulta crucial para difundir las dificultades y aprendizajes que pueden sacarse de la experiencia de reforma a la capacidad jurídica en sus respectivas jurisdicciones.
La implementación del artículo 12 de la CDPD en la legislación nacional requiere de una aproximación integral, que tenga en cuenta los diferentes desafíos que los Estados y las personas involucradas pueden enfrentar, incluida la dificultad para llevar a cabo una reforma, la falta de comprensión de la capacidad jurídica, el acceso limitado a recursos o la ausencia de mecanismos de salvaguardia eficientes, entre otros. En este proceso, es clave la experiencia acumulada por los países que han llevado a cabo reformas a la capacidad jurídica bajo la inspiración del Artículo 12 de la CDPD, lo que permite aprender de buenas prácticas y evitar errores comunes.
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