Introducción a la Crisis de la Infancia en Chile
La situación de la infancia en Chile, especialmente en el contexto de los hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido objeto de una profunda preocupación nacional e internacional. Las cifras revelan una problemática transversal en la sociedad chilena, donde la violencia contra niños y niñas es alarmantemente común. Se ha constatado que “en más de la mitad de casos de niños/as que viven violencia física grave, hay violencia entre sus padres”.
La campaña “no es su culpa” busca promover la responsabilidad colectiva en el cuidado de la infancia. Para el director del Sename, Rolando Melo, la aceptación de esta campaña obedece tanto a la facilidad de acceso a través de las redes sociales como a la genuina preocupación de la gente frente a un problema que es transversal en la sociedad chilena. En este sentido, un niño jamás puede ser visto como el culpable de una situación de maltrato.
Las estadísticas históricas ya daban cuenta de la gravedad del problema. Durante 2010, en Chile 394 niños y niñas sufrieron maltrato físico que les produjo lesiones graves y 9 fallecieron por esta causa. Este año, hasta septiembre, se habían producido 10 casos con resultado de muerte. En 2010, casi 20 mil niños fueron atendidos por el Sename víctimas de algún tipo de maltrato, aunque la cifra negra se estima aún mayor. Un estudio de Unicef del año 2006 señaló que un 75,3 % de los niños y niñas recibe algún tipo de maltrato. De estos, un 53,8 % recibe algún tipo de violencia física y un 25,9 % es víctima de violencia física grave.
La evidencia recopilada indica que cuando un niño es víctima de maltrato no sólo sufre el dolor físico, sino que también hay consecuencias posteriores asociadas, como sentimientos de tristeza y desmotivación; conductas agresivas o de aislamiento social, y el desarrollo de una baja autoestima, la que puede manifestarse en extrema timidez o hiperactividad.
El Punto de Quiebre: La Muerte de Lissette Villa y el Inicio de la Investigación
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, a pesar de las intenciones, eso no pasó. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI.
A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (entre 2005 y 2016), reportadas tras el deceso de Lissette. Con el objetivo de esta fuerza de tarea, el 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos.
El Lapidario Informe de la PDI: Evidencia de Abusos Sistemáticos
“El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela”. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal Marcos Emilfork.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario -quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename- es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU; el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que el de la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Detalles de las Vulneraciones Constatadas por la PDI
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Deficiencias en Protocolos y Condiciones Estructurales
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Salud Mental y Física de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esa afirmación sorprende:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario.
- En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Fallos Institucionales y Responsabilidades
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. ¿Por qué no lo ha hecho? El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. El informe plantea interrogantes: ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.
Casos Emblema: Cread Playa Ancha y Fugas en Rancagua
Maltrato y Tentativa de Impunidad en Cread Playa Ancha
El Cread de Playa Ancha fue cerrado por la administración de Sebastián Piñera en marzo de 2019, después que el Comité de los Derechos del Niño le pidiera clausurarlo más de un año antes. Usado durante los años ochenta como una cárcel de menores, el Cread de Playa Ancha había sido reconvertido en un centro para acoger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos. O esa fue la intención. Las condiciones eran deplorables: “Los cristales estaban rotos, las duchas estaban arrancadas (…) Los niños estaban encerrados con llave en las llamadas casas, y no podían salir si no estaba el encargado o la encargada para abrir la puerta”.
En concreto, en tres sumarios cursados entre 2015 y 2018 fueron destituidos 21 educadores de trato directo (ETD) -18 por haber ejercido maltratos y tres por negligencias relacionadas-. A pesar de que el Ministerio Público tenía todos los antecedentes, solo ocho personas fueron formalizadas en la causa principal por apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos: Juan José Morales Sequeira, Marcela Lorena Bermúdez Berríos, José Manuel Cid Mercado, Greg Olave Aguayo, Leonardo Mauricio Lobos Gardaix, Luis Alejandro Rubilar Ramírez, Luis Reinaldo Mandujano Arancibia y Rafael Enrique Garín Beltrán.
Testimonios de los niños revelan la brutalidad de los hechos:
- “El otro día el tío Juanito le pegó a todos los de la pieza cuatro con el mango de la pala, por no querer irnos a acostar."
- “El tío Cid me metió fuerte a la ducha fría con ropa, me empujó muy fuerte y yo me resbalé adentro del baño y me golpeé y se me salieron dos dientes (muestra su boca sin los dos dientes)”.
- “El otro día el tío Greg le pegó al David porque él dijo ‘viejo culiao’, pero no se lo decía a él. Lo empezó a tirar y arrastrar fuerte por la escalera, lo vimos todos los niños que no vamos a la escuela”.
- “Yo estaba en el patio tomando leche, viene el tío Mandujano todo rabioso y me bota la leche y me pega como diez cachetadas en la cara."
- “El otro día un cabro se descompensó, no hacía caso, y el tío Manduja tomó una silla y la tiró. Le dijo: “¡En mi turno no!”, y le pegó en la cara. Yo le vi sangre. Luego lo agarró del cuello y lo llevó al baño”.
Desde que en octubre de 2018 el fiscal Juan Ignacio Sepúlveda formalizó a los ocho exfuncionarios, estos quedaron con firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas. El Ministerio Público intentó en una ocasión presentar una acusación contra los ocho imputados para llevarlos a juicio oral, en noviembre de 2019, pero se opuso la querellante Corporación La Matriz como representante de dos padres de menores, por faltar diligencias. En ese entonces, de las nueve víctimas de los hechos por los que se formalizó solo se había entrevistado a dos.
El 3 de mayo de 2021, en una audiencia, la fiscalía pidió por primera vez fijar fecha para la suspensión condicional del procedimiento contra los imputados, la que quedó programada para un mes y medio más tarde. Ese mismo día 3 de mayo, Juan Ignacio Sepúlveda ingresó un escrito solicitando dejar sin efecto la audiencia programada. Desde entonces, se acordaron otras siete audiencias para suspender el procedimiento y en cada una de ellas el Ministerio Público siguió postergando la decisión. Se trata de un acuerdo por tres años que implicaría, de ser visado por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la prohibición de acercarse a las víctimas, la donación de dinero al Programa Mi Abogado -que defiende a menores bajo la tutela del Estado- y la obligación de fijar un domicilio e informar cualquier modificación de este. A cambio de eso, no serán declarados culpables y quedarán libres de polvo y paja.
La propuesta de la fiscalía se da pese a que en la causa consta que al menos uno de los imputados, Greg Olave, no ha cumplido desde febrero de 2024 con la medida de firma mensual fijada como cautelar en la causa, de acuerdo a un oficio enviado por Carabineros de Mejillones al Juzgado de Garantía de Valparaíso en noviembre pasado. La audiencia de suspensión condicional fue programada para el 5 de febrero. Esteban Elórtegui, exdirector regional del Sename y querellante en la causa por la Corporación La Matriz, afirmó: “No estamos disponibles para concurrir a un acuerdo que establece la impunidad en favor de brutales agresores de niños, en razón de una investigación defectuosa y negligente”. Elórtegui fue quien abrió los sumarios por maltratos contra los funcionarios formalizados cuando lideraba el Sename en Valparaíso y debió renunciar tras un paro de trabajadores de más de dos meses en 2016.
Desde el Ministerio Público enviaron un comunicado comentando que “durante el transcurso de la investigación, se realizaron múltiples indagatorias para efectos de acreditar la efectividad de los hechos consignados en la denuncia, logrando recopilar antecedentes de cargo suficientes para poder así formalizar a once imputados [sic], a quienes se les atribuyó participación”. En octubre de 2021 los hogares de protección de menores fueron derivados al nuevo Servicio Mejor Niñez.
La Fuga de Niños en Rancagua
Ya es de público conocimiento las innumerables violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte del Estado, por lo mismo no es raro toparse con noticias sobre casos en que los niños buscan escapar de los recintos colaboradores del Sename en donde su integridad física y psicoemocional corre un grave peligro. Un nuevo caso de estas características sucedió durante un domingo en Rancagua, donde nueve niños fueron encontrados en una plaza sin zapatos y semidesnudos. Los niños fueron encontrados a eso de las 20:00 horas por Camila Constanza, joven rancagüina, quien junto a su madre, decidió llevarlos a su casa debido a las condiciones en que se encontraban los menores. "No podíamos dejarlos tirados, mi mamá me dijo que los lleváramos a la casa", dijo.
Los niños, que tenían entre 7 y 12 años, provenían del hogar Catalina Kentenich, y aseguraban haber escapado debido a agresiones sufridas en la residencia vinculada al Sename. Además, señalaron que no querían llamar a carabineros ya que los regresarían al hogar.
Condena Internacional y Desafíos Pendientes
En el año 2018, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas realizó un lapidario informe señalando que el estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo de la supervisión del Sename por más de 30 años. Fue solo en el año 2016, tras la brutal muerte de Lissette en el centro Cread Galvarino en Estación Central, que la atención pública se volcó a la protección de la infancia, pero aun así la ayuda por parte de los gobiernos de turno junto a reformas estructurales a la institución no han llegado.