El modelo social de la discapacidad se presenta como un nuevo paradigma en el tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo significativo. Este modelo considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, siempre desde la valoración de la inclusión y el respeto a la diversidad.
Este modelo se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad. Estos valores propician la disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que se basa en principios como la autonomía personal, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización del entorno y el diálogo civil, entre otros. La premisa central es que la discapacidad es una construcción social, no una deficiencia inherente al individuo, sino una limitación creada por la misma sociedad que impide que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades.
El Modelo Social de la Discapacidad: Un Cambio de Paradigma
En las últimas décadas, se ha observado un desarrollo importante y ascendente en los cambios que se están produciendo en las sociedades occidentales respecto a las personas con discapacidad. Estos cambios, notables en todos los ámbitos, han supuesto una transformación en el propio modelo de percibir y tratar a las personas con discapacidad. Se ha pasado del conocido como modelo rehabilitador al actual modelo social, que implica entender la cuestión de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.
La discapacidad, en este periodo, ha sido considerada una construcción sociocultural dentro de un discurso basado en derechos, inspirada por los movimientos sociales de la década de los setenta. El avance en la comprensión de la discapacidad y su teorización no es un proceso aislado de la realidad que se sitúa solo en el plano de las ideas; por el contrario, está interrelacionado e impulsado por los acontecimientos sociopolíticos, culturales y económicos de cada época histórica.
Desde las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y los países escandinavos, y más recientemente en España, surgieron diversos movimientos sociales de colectivos "desfavorecidos", incluyendo personas con discapacidad. Estos grupos denunciaron su situación de marginación y pidieron el reconocimiento de sus derechos civiles como ciudadanos en situación de igualdad social. En el caso de las personas con discapacidad, en Estados Unidos nació el denominado Independent Living Movement (Movimiento de Vida Independiente), con grupos de características similares en otros países. Estos movimientos, promovidos por los propios discapacitados y sus familias, rechazaron la vida en instituciones apartadas y ser sometidos a programas de rehabilitación sin control sobre sus vidas. Manifestaron sentirse "oprimidos" y reclamaron sus derechos, pidiendo tomar por sí mismos las riendas de sus vidas. De este modo, el problema de la discapacidad se trasladó del individuo a la sociedad que lo rodea, al contexto que lo acoge o lo rechaza.
Una de las tentativas iniciales de aproximar la discapacidad a la cultura de los derechos humanos fue realizada en Inglaterra en la década de 1970, a raíz de un grupo de activistas con discapacidad que denunciaban su situación de marginación y pedían el reconocimiento de sus derechos civiles en igualdad social. Con ello se propusieron los Principios Fundamentales de la Discapacidad. Posteriormente, Mike Oliver presentó este conjunto de líneas bajo la denominación de modelo social de la discapacidad. En este modelo se estableció, por primera vez, una diferenciación entre la deficiencia y la discapacidad, explicando que la discapacidad debía ser abordada holísticamente, como un todo, debido a la confluencia de diversas dimensiones.
El modelo social ha enfatizado las barreras económicas, medioambientales y culturales en el contexto. Entre las barreras mencionadas, se anota de forma pormenorizada la inaccesibilidad a la educación, a los sistemas de comunicación e información, a los entornos laborales, al transporte, a las viviendas y los edificios públicos, o a los servicios de apoyo social y sanitario no discriminatorio. También se refiere a la devaluación de las personas etiquetadas por la imagen y su representación negativa en los medios de comunicación. En resumen, se señala que las personas con deficiencias son discapacitadas debido al rechazo de la sociedad a acomodar las necesidades individuales y colectivas dentro de la actividad general de la vida económica y cultural.
La Accesibilidad Universal en la Educación Superior
La Universidad representa una de las opciones elegidas por muchos alumnos con discapacidad al finalizar la Educación Secundaria, siendo la accesibilidad una condición insoslayable para su formación académica y su normalización, que implica enriquecimiento personal y desarrollo social. En esta integración, la accesibilidad física en los edificios universitarios (incluyendo itinerarios, rampas, ascensores, escaleras, servicios higiénicos, ordenación y diseño del mobiliario, etc.) juega un papel básico en la introducción, facilitación y mantenimiento de las actividades formativas y de la vida universitaria.
Desde la normativa vigente, como la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (disposición adicional vigésimo cuarta, sobre la integración de estudiantes con discapacidad en las Universidades), así como la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE, 289 de 3/12/2003), se establecen la promoción y desarrollo de medidas de apoyo y compensación, y la evitación de la discriminación, garantizándose una vida plena en derechos civiles, sociales, económicos y culturales.
La respuesta de la Universidad al alumnado con discapacidad tiene, por tanto, dos frentes de actuación. Por un lado, la atención al desarrollo de sus capacidades e intereses, a través de elementos de compensación y adaptación curricular; y por otro, la facilitación de los elementos de acceso y dominio de situaciones, con los que alcanzar niveles de igualdad con sus compañeros sin dificultades. Esta accesibilidad, en una acepción general, se evidencia tanto en acciones como en actitudes, en la ruptura de barreras psicológicas y físicas, y en la creación y el favorecimiento de acciones encaminadas a compensar la discapacidad y desarrollar la capacidad de la persona. La idea y el trabajo de un diseño para todos, al crear un medio más accesible, resulta en una discapacidad reducida y en un mayor desarrollo de las capacidades de las personas y de su calidad de vida, permitiéndoles desenvolverse en un medio respetuoso y justo de sus necesidades.
Estudio de Caso: La Accesibilidad en la Universidad de Málaga
En el último número de la revista Intervención Psicosocial, Diego J. Luque Parra, Gemma Rodríguez Infante y Juan F. Romero Pérez publicaron una investigación relacionada con la valoración de la accesibilidad a la universidad para el alumnado con discapacidad. Diego Jesús Luque Parra es Doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Málaga; Gemma Rodríguez Infante es psicopedagoga técnica del Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad; y Juan Francisco Romero Pérez es Doctor y Catedrático de Psicología de la UMA. Estos autores, vinculados a la Universidad de Málaga y su Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad, ofrecieron en 2005 un artículo que recogía los aspectos más importantes de esta investigación, titulada 'Accesibilidad y Universidad. Un estudio descriptivo'.
Partiendo de la idea de que la accesibilidad física es fundamental, se puede evaluar analizando las barreras arquitectónicas en los edificios docentes. Esta investigación se realizó con el objetivo de sentar las bases para futuras intervenciones y proyectos en el marco de la accesibilidad universal y del diseño para todos. Con supuestos de partida y objetivos desde un diseño para todos, un edificio se considera accesible cuando se trata de un conjunto urbanístico o arquitectónico que considera de forma integrada los elementos de entorno, entrada, interior, áreas de circulación horizontal y vertical, servicios, zonas de espacio público y otros aspectos, con el propósito de facilitar su uso (Alegre y Casado, 2001; Real Patronato sobre Discapacidad, 1995, Rubio 2002; Romero, Rodríguez, Luque y Moreno, 2004).
En consecuencia, los edificios universitarios, por su función docente e investigadora, son de uso público y están habilitados para una gran concurrencia, por lo que deben tener el mayor grado de accesibilidad, aceptando la normativa que la regula y, en lo posible, aplicándola. Si bien esto es cierto, no lo es menos que la antigüedad y el tipo de construcción de los edificios de los campus universitarios deben someterse a revisión y/o remodelación para adquirir mayores grados de accesibilidad.
Con esta actitud, y desde la sensibilidad y promoción de proyectos y actuaciones de la Universidad de Málaga hacia las personas con discapacidad, los investigadores propusieron el estudio de su estado de accesibilidad arquitectónica y de servicios. Perseguían tanto objetivos de análisis (marco estructural y funcional de su respuesta a las necesidades del alumnado con discapacidad) como de evaluación y propuestas de adaptación y mejora. Así, en cada centro se evaluó:
- Acceso al edificio
- Itinerario horizontal
- Itinerario vertical
- Acceso y uso de: Secretaría, Conserjería, Reprografía, Biblioteca, Aulas, Salas de Actos, Decanato o Dirección, Servicios Higiénicos, Cafetería y Comedor.
Si de cada edificio se analizaron las diferentes entradas, los itinerarios y los servicios (en total 13 zonas con múltiples características), la unión de todos los datos de los instrumentos de análisis (Fichas de Evaluación de la Accesibilidad, Alegre i Valls, y Casado, 2001) permitió la comprobación de un mínimo de 611 elementos por edificio.
Principales Hallazgos y Barreras Detectadas
Considerando que el principal objetivo del estudio fue conocer y evaluar las deficiencias y barreras del entorno (nivel de accesibilidad) para poder adaptarlo o construirlo, los diferentes centros evaluados de la Universidad de Málaga presentan, en general, itinerarios adaptados. Sin embargo, siguen estando presentes barreras arquitectónicas que no se han suprimido, tanto en el acceso al centro como a sus diferentes servicios e instalaciones, lo que impide todavía el acceso de algunos estudiantes con discapacidad a los servicios que el centro ofrece y su uso.
Así, los alumnos con discapacidad motora encontrarán más dificultades, no tanto en el acceso al edificio, como en los diferentes servicios que ofrece el centro. Esto se debe a la existencia de entradas no adaptadas y de escaleras que aún no están complementadas con rampas o elementos alternativos. El espacio y la organización del mobiliario en cafeterías y comedores será otro de los obstáculos con los que se encontrarán, unido a la altura excesiva de los mostradores de atención al público. Además, estos alumnos no disponen de plaza reservada adaptada en clases o auditorios.
Los alumnos con discapacidad sensorial tampoco tienen esa reserva de plaza, ni cuentan con clases o auditorios donde exista adaptación visual o auditiva que les ayude a acceder a la información. Asimismo, se observa en los edificios evaluados la ausencia de carteles informativos en braille, que orienten al alumno con discapacidad visual por el centro.
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Perspectivas Futuras para una Universidad Inclusiva
A pesar de que la mayor parte de los edificios evaluados de la Universidad de Málaga presentan itinerarios adaptados a las personas con discapacidad, incorporando a sus instalaciones rampas, ascensores y servicios higiénicos adaptados, en su conjunto arquitectónico y de servicios aún debe continuar el esfuerzo por conseguir mayores cotas de accesibilidad y ruptura de barreras. El objetivo es que un alumno con discapacidad se encuentre en plenas condiciones de igualdad e integración. Cabe destacar que, desde la propuesta y desarrollo de estos estudios en la Universidad de Málaga, se ha contado con la preocupación, apoyo y propuestas de ejecución del Equipo de Gobierno, lográndose una mejora y creación de nuevas condiciones de accesibilidad en los campus.
En cualquier caso, siguen siendo necesarias tanto la investigación como medidas concretas sobre accesibilidad en la Universidad, proporcionando los recursos precisos para la formación y creándose nuevos proyectos educativos que contribuyan a conseguir la plena integración académica y social de los alumnos con discapacidad en la Universidad. La Universidad no es solo una institución o estructura académica sin más; también supone un periodo y lugar de formación, de encuentro y de integración personal y social. En este marco sociotemporal y de desarrollo sistémico, en el que la persona es sujeto activo en su entorno, el hecho de que tenga dificultades de comunicación, movilidad reducida, disminución sensorial o problemática psíquica, etc., nos debe plantear no solo una respuesta a su hecho individual, sino que nos obliga, paralelamente, a soluciones contextuales (accesibilidad y supresión de barreras) y sociales (actitudes hacia la integración), con las que reducir la discapacidad, desarrollar potencialidades, obtener la accesibilidad máxima y cumplir los principios de igualdad de oportunidades.
Como se ha citado en otro lugar (Luque y Rodríguez, 2005), en una sociedad democrática, con planteamientos educativos universales y de justicia distributiva, no pueden permitirse situaciones en las que algún alumno o alumna tenga limitada su accesibilidad y desarrollo a los estudios superiores. Dado que la integración de los alumnos con discapacidad en los estudios universitarios es tanto una necesidad social como un derecho, cualquier Universidad ha de procurar y conseguir ser un entorno de plena accesibilidad arquitectónica en sus edificios y, en consecuencia, facilitar su vida académica y social.
Se satisfacen así las necesidades especiales del alumnado universitario, a las que se debe dar respuesta, habilitando el acceso al recinto universitario, a los edificios y a las diferentes salas de este. Todo esto se hace extensivo a los diferentes servicios de bibliotecas, secretaría, conserjería, etc., que deben también adaptarse a la diversidad del alumnado. Ello es así porque estas barreras, tanto físicas como de acceso a la información, sitúan a las personas con discapacidad en una situación de desigualdad y dependencia respecto al resto de sus compañeros, lo que contradice una visión de discapacidad donde la autonomía, la integración, la igualdad y las capacidades del individuo deben ser piezas principales en su definición (Schalock, 1999).
A resultas de esos postulados se habrán de diseñar sistemas totales, favorecer estructuras y organización accesibles (en recursos, contexto y actitudes) y desarrollar los mecanismos de compensación que hagan posible la educación de las personas con discapacidad y su participación en una comunidad inclusiva. De acuerdo con la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y la Ley 1/1999 de Discapacidad en Andalucía, así como la mencionada Ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), las nuevas construcciones han de contar con los elementos de accesibilidad adecuados, siendo los arreglos o reformas las modificaciones de mayor complejidad en su adaptación a la normativa. En cualquier caso, hacer una Universidad accesible implica considerar las barreras urbanísticas, de entorno, transporte y de comunicación, valorando su eliminación o disminución y proponiendo, a su vez, soluciones alternativas o complementarias que sirvan para favorecer la calidad de vida de sus usuarios, mejorar el acceso a la enseñanza y, en suma, ser ejemplo y referencia para la sociedad a la que sirve.
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