El sistema de protección a la niñez en Chile, históricamente encarnado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido objeto de una profunda y sistemática violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. Esta dramática realidad ha sido documentada por múltiples informes y ha generado una crisis de confianza en las instituciones encargadas de su cuidado.
Un Estado Cuestionado: Hallazgos de Investigaciones Clave
Diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, han expuesto la magnitud de los problemas en los centros del Sename. Estos informes constituyen una "cadena siniestra de reportes" elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años, evidenciando una violencia institucionalizada que se ha normalizado dentro del funcionamiento de los centros.
Informe de la Policía de Investigaciones (PDI)
En 2017, la PDI investigó 240 hogares de menores, concluyendo que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. El informe, de 257 páginas, reveló 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, constatados en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. Este documento policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte del diputado René Saffirio, quien lo reveló el 2 de julio.
- Maltrato por adultos: 432 casos.
- Maltrato entre pares: 1.265 casos.
- Maltrato por familiares (al interior): 53 casos.
- Abusos sexuales por adultos: 123 casos (92 en hogares colaboradores, 21 en Cread, 10 en otros).
- Abusos sexuales entre menores: 187 casos (la mayoría en residencias de organismos colaboradores para adolescentes).
El informe policial es categórico al señalar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del INDH visitó 171 centros en todas las regiones del país. Sus objetivos fueron evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones. Se realizaron entrevistas a 401 NNA residentes (entre 8 y 17 años), revelando diez temáticas relevantes:
- Perfil de NNA: Mayoría femenina (63,5%), predominio de niñas entre 8 y 13 años (37,8%).
- Perfil de Trabajadores: Predominio femenino (87,9%), mostrando una feminización del personal.
- Condiciones de Vida y Cuidado: Necesidades básicas satisfechas en general, pero con deficiencias en calefacción, recreación y privacidad. Preocupante convivencia de adolescentes con niños/as de menor edad o no separados por sexo (20% de los casos).
- Sobrecupo: El 21% de los centros presenta sobrecupo, con un 12,5% llegando al 50% y un 3% superando el 75%.
- Alimentación: En el 1,6% de los establecimientos se entrega solo 1 o 2 comidas diarias, afectando al 3% de lactantes y preescolares. El 16% de NNA declara pasar hambre.
- Trato del Personal: El 22% de los NNA considera que el personal no siempre da un trato respetuoso y cariñoso. El 34% declara trato discriminatorio.
- Vinculación con la Justicia: El 4% de los centros no autoriza a NNA a hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvo la oportunidad de hablar con el juez en las visitas.
- Educación: El 93% asiste a un establecimiento educacional, pero solo el 88% de los NNA entre 14 y 17 años lo hace. El 20% presenta retraso escolar y solo el 78% recibe apoyo en tareas. El 77% de los centros "autoriza" a padres a participar en reuniones.
- Familia e Identidad: El 40% de los centros restringe horarios de visita familiar y el 30% no admite más de dos visitas semanales. El 57% de los centros está fuera de la comuna de origen familiar. El 16% usa el retraso de visitas como sanción, y el 13% las suspende por mal comportamiento.
- Salud Mental: El 69% de NNA de 14 o más años presenta sintomatología depresiva. El 45% de ellos no ha accedido a psicólogo/psiquiatra y el 70% no está en tratamiento.
- Violencia Institucionalizada: 8 de cada 10 NNA encuestados recibieron algún tipo de castigo. El 15% fue privado de contacto familiar; el 7% quedó sin comida; el 7% fue encerrado; el 12% fue "contenido físicamente". El 46% reportó maltrato psicológico y el 18% agresión física (leve o grave).
- Violencia entre Pares: El 48% de NNA sufrió maltrato físico y/o psicológico reiterado. El 19% de los centros no tiene protocolos para estas situaciones.
- Abuso Sexual: El 6,4% de NNA reportó abuso sexual en los últimos 12 meses. 8 de cada 10 víctimas son niñas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor; en el 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el abusador.
Otros Informes Relevantes
En esta cadena de denuncias, destacan el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y UNICEF, liderada por la jueza de familia Mónica Jeldres), reportes de la ONU (que visitó solo cuatro residencias, en contraste con las 240 de la PDI) y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, las autoridades han anunciado medidas y reformas, pero los problemas persisten.
Problemas Estructurales y Sistémicos del Sename
La crisis del Sename no se limita a casos aislados, sino que responde a deficiencias profundamente arraigadas en su estructura y funcionamiento.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
La dificultad de las autoridades, especialmente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, para entregar cifras precisas sobre los fallecimientos de NNA en los hogares, motivó una investigación penal. El fiscal Marcos Emilfork estuvo a cargo de indagar las 1.313 muertes reportadas entre 2005 y 2016. Sin embargo, el "caos estadístico" es una realidad, con cifras que varían drásticamente entre reportes: desde 185 muertes (Ministerio de Justicia, 2005-2016) hasta 395 (análisis de BBC Mundo, 2010-2014, sumando datos). "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", afirmó el diputado Saffirio. Esta imprecisión, según expertos, se debe a la replicación de información y a la división del sistema en áreas de "protección" e "infractores de ley".
Deficiencias en Protocolos y Supervisión
El equipo policial constató que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros carece de protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% no tiene protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es grave, dado que la muerte de Lissette Villa fue por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco cuenta con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa", restándoles efectividad. Además, los tribunales de familia deben fiscalizar cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, mostrando una deficiencia en la supervisión judicial.
Personal sin Capacitación y Sobremedicación
La calidad del personal es una preocupación mayor. Una investigación de CIPER de 2016 ya había revelado que los fármacos se suministran "sin ningún control" a los niños y adolescentes del Sename, "muchas veces como paliativo para contenerlos". El informe de la PDI acrecienta esta dramática situación:
- El 66,3% de los centros (159) no cuenta con personal de salud capacitado para administrar medicamentos en jornada diurna; esta labor la realizan "educadores de trato directo" a quienes solo se les exige cuarto medio.
- El 93,8% de los centros "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Expertos señalan que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios, lo que ha generado quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Salud Mental y Física de los NNA
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es "altísima": 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en los que sí lo tienen, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario.
"Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Francisco Estrada, abogado experto en infancia.
Casos Emblemáticos que Revelan la Crisis
Detrás de las estadísticas, se encuentran historias de NNA cuyas vidas han sido marcadas por la negligencia y el abuso dentro del sistema.
La Tragedia de Lissette Villa (2016)
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y fue el catalizador de muchas de las investigaciones judiciales. Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, tras ser separada de sus padres por maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. Conocida por sus episodios de rabia, murió en el Centro Galvarino debido a una crisis mal manejada.
Según el testimonio de una cuidadora, Lissette sufrió una crisis, se golpeó la cabeza y se desvaneció. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios. La institución no contaba con protocolos de primer nivel, ni sistema de acreditación. Además, el psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por su muerte, afirmó que Lissette estaba "sobremedicada" con fármacos que en altas dosis actuaban como antipsicóticos y otros que podían generar efectos adversos en menores. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó su fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, lo que le costó el puesto.
Guillermina (2012): Un Suicidio sin Solución
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años y originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, llegó "a medio vestir y con dinero" al Centro de Protección Alborada en Temuco. Se resistió violentamente al reingreso y, menos de media hora después, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse y tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente.
Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo completo. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó y su muerte fue registrada como un "egreso" más del sistema, un término que equipara el fallecimiento con el escape o la reinserción familiar.
Elena (Valparaíso): Explotación y Fugas Constantes
Elena fue una adolescente diagnosticada con trastorno de la personalidad e ideación suicida, que debía tomar regularmente Quetiapina, Olanzapina y Carboron. A su corta edad, ya había intentado quitarse la vida en tres ocasiones. Vivió en el Cread de Playa Ancha, en Valparaíso, pero huía habitualmente para reunirse con su madre, quien se cree la seguía explotando sexualmente.
Informes del centro reconocen que Elena habría tenido dos niñas en 2015, producto de una relación con un hombre desconocido en otro hogar donde llevaban de paseo a las adolescentes. Pese a las denuncias de "estupro y embarazos", no hay claridad sobre los hijos nacidos. Elena huyó varias veces del Cread de Playa Ancha y, tras un anuncio de posible cierre del centro, huyó por última vez a fines de 2017 y nadie la buscó. Finalmente, apareció en junio de 2018 viviendo en Santiago con un hombre mayor, sin ningún adulto familiar interesado en su vinculación.
Abel (Valparaíso): Tortura y Deterioro Psicológico
Abel, de 16 años, fue enviado al Cread de Playa Ancha en 2013 tras problemas de violencia y descompensaciones en casa, donde su madre lo denunció. Ella creyó que el centro sería una unidad psiquiátrica de corta estadía, pero con el tiempo vio cómo su hijo se deterioraba, con "marcas de golpes, heridas, la cara angulosa; su personalidad, cada vez más violenta y retraída".
En 2015, Abel relató las torturas sufridas: llaves de estrangulamiento de los educadores, aplicación de "SOS" (técnicas de contención con uso de la fuerza) indiscriminadamente, un piercing de la ceja arrancado, el pie de un adulto aplastando cabezas de compañeros, y golpes constantes. Si no agredía a otros, los golpes eran para él. Tras abandonar el Cread, Abel era un adolescente distinto: irascible, explosivo, con consumo problemático de pasta base y violentos ataques en casa. Su caso es un ejemplo de cómo los centros, lejos de proteger, generaban nuevas formas de violencia.
Hacia un Nuevo Modelo de Protección: Mejor Niñez y Desafíos
La larga trayectoria de denuncias contra el Sename llevó a su cese de funciones en 2022, siendo reemplazado por Mejor Niñez. Sin embargo, la transición enfrenta grandes desafíos para trascender la violencia institucionalizada.
Comprendiendo la Violencia Institucional
La violencia institucional se entiende como aquellas prácticas estructurales de violación de derechos realizadas por funcionarios públicos, que cometen abuso, negligencia o deterioro en la salud y bienestar físico o emocional a través de programas o procedimientos. Esta violencia se produce cuando un grupo social o una institución bloquean un campo de relaciones de poder, instalando estados de dominación. Esto puede ser individual o colectivo, organizado o espontáneo, y se justifica por "racionalidades de gobierno" que conciben el poder de una manera específica, a menudo estigmatizando a la niñez vulnerable como "peligrosa" o "al margen".
En Chile, la lógica economicista del Sename, priorizando la reducción de gastos y la cobertura de programas ("caso atendido, caso pagado"), ha sectorizado la vulneración, asociándola a la pobreza y dejando invisibles los abusos en sectores acomodados.
Recomendaciones y Líneas de Acción
Diversas propuestas buscan desarticular la violencia institucional y fortalecer el nuevo sistema:
- Fortalecimiento de Prácticas de Gestión: Mejorar los sistemas de registros de casos y situaciones de violencia.
- Marcos Jurídicos con Estándares de DDHH: Desarrollar protocolos que limiten el uso de la fuerza y establezcan mecanismos de protección integral en procedimientos judiciales y de denuncia.
- Mejoras Estructurales y Personal: Atender el gran tamaño de los establecimientos, la falta de especialización del personal (alta rotación) y las condiciones despersonalizantes en las residencias.
- Atención en Contextos de Emergencia: Evitar que contextos de emergencia (sanitaria, excepción) justifiquen intervenciones represivas.
- Cambio de Paradigma: Superar el paradigma tutelar y las visiones estigmatizantes de la infancia, que refuerzan identidades sin agencia.
- Vínculo Familiar: Toda prohibición de relación familiar debe estar fundada judicialmente. Establecer criterios uniformes para visitas, sin usarlas como sanción por mal comportamiento.
- Preservación de Identidad: Desarrollar medidas como un "libro de vida" para reconstruir el pasado y registrar la experiencia del NNA.
- Apoyo a Cuidadores: Atender la estabilidad emocional y capacitación de los cuidadores, promoviendo el conocimiento de protocolos y la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato.
- Mecanismos de Denuncia Efectivos: Generar condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar abusos sexuales, con personal capacitado para una escucha efectiva.
- Comisión de Verdad, Justicia y Reparación: La Fundación Infancia y el diputado Saffirio han demandado una comisión para las familias afectadas, una medida aprobada en el Congreso (resolución 38) pero sin respuesta gubernamental.
- Defensa Jurídica Adecuada: Necesidad de que los NNA cuenten con una defensa jurídica que vele por sus derechos, a diferencia de la situación actual donde suelen ser "un trámite burocrático".
- Atención a la Salud Mental: Abordar la falta de medicamentos, especialistas y prioridad en la atención de salud mental para NNA.
- Transición del Sename a un Nuevo Servicio: El Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar a un nuevo servicio, con el objetivo de ser instalado antes de 2019 (meta ya pasada). La pregunta clave es qué garantiza que la nueva institución no reproduzca los mismos problemas estructurales.
Los problemas estructurales, como el tema de la salud mental de los NNA y la falta de prioridad en su atención, persisten. La implementación de nuevas residencias, aunque con avances en equipamiento, aún enfrenta el riesgo de contar con educadores con antecedentes de maltrato. Es fundamental que las políticas de infancia sean respetuosas de los niños, sus familias y comunidades, y que se enfoquen en brindar herramientas y condiciones para que quienes los cuidan puedan realizar esta compleja tarea con apoyo permanente.