La Ley 20.084, también conocida como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, promulgada el 28 de noviembre de 2005 y en vigencia desde el 8 de junio de 2007, nació con la promesa de reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores en la sociedad. Su objetivo principal es regular la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos, incluyendo el procedimiento de atribución de responsabilidad, la determinación de sanciones y la forma en que estas se ejecutarán. Sin embargo, durante años esta ley y el sistema que la implementa, representado principalmente por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), mostraron ser insuficientes.
La Crisis del SENAME: Deficiencias y Consecuencias
Ineficacia del Sistema y Cifras Alarmantes
Las estadísticas revelan las profundas fallas del sistema: el 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresó antes de completar algún programa de protección del Estado. Un dato aún más preocupante es que el 47% de los adultos en la cárcel pasó previamente por el SENAME, una cifra que, según la periodista y escritora Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA, demuestra cómo el sistema ha fallado en la reinserción social. La falta de acceso a salud mental dentro de los Centros de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) ha agravado la situación de los jóvenes.
Testimonios de Vida: Misael y Felipe
Las experiencias de Misael Ortiz y Felipe Benavides, aunque separadas por una década, son "casos calcados" que ilustran las deficiencias del sistema. Misael, quien tenía cerca de tres años cuando ingresó a una residencia debido a la violencia intrafamiliar y fue víctima de abuso sexual, pasó gran parte de su juventud en distintos centros del SENAME. Su experiencia, en sus propias palabras, fue "claramente negativa": "En general todo era muy… malo. Se portaban mal, había peleas, robos, drogas."
Felipe Benavides, de 20 años, quien hoy estudia Trabajo Social y realiza talleres motivacionales con adolescentes, comenzó a robar a los 11 años. A los 14, fue detenido por robo con intimidación y derivado al Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín. Ambos jóvenes comparten historias de abandono paterno e inicio delictual desde la niñez, evidenciando las fallas del Estado en proteger y reinsertar a estos menores.
Vulneración de Derechos y Violencia Interna
La trabajadora social e investigadora Sonia Brito afirma que los derechos de niños y adolescentes han sido "gravemente vulnerados" en sus manifestaciones: "Hubo violencia en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, económica, sexual, entre otras". Brito añade que los jóvenes transcurren sus vidas con una "desesperanza aprendida", sin confiar en adultos ni en instituciones.
Un trágico ejemplo de la violencia interna fue la muerte de Daniel Ballesteros, de 17 años, apuñalado en su dormitorio en noviembre de 2013 por otros internos en el "centro modelo" del SENAME. Daniel había alertado repetidamente sobre amenazas. Su madre, Eliana Pérez, relató cómo Daniel le había contado sobre las relaciones de poder, agresiones constantes, drogas y celulares que convertían el centro en una "copia de una cárcel común", con estructuras jerárquicas entre "los vivos", "los perros" y "los perkins".
Estos incidentes, junto con el informe de la PDI que reveló "graves abusos" en casi toda la red del Sename, y el doloroso hito de la muerte de Lissette Villa en 2016, han puesto en evidencia la crítica situación que viven los menores bajo la tutela del Estado.
El Rol de los Profesionales y la Reinserción Social
Desafíos en el Acompañamiento y la Formación
Misael criticó el apoyo de asistentes sociales y psicólogos en los centros, considerándolo "más por trabajo" que un "apoyo real" y significativo. Felipe compartió una opinión similar sobre los talleres, donde confesó no haber aprendido nada útil para su vida adulta fuera del encierro, describiendo un "taller de fútbol canero" donde "nos pasábamos pegando".
Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo (ETD) del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven, y Ginés Alvarado, Gestor de Redes en el mismo centro, con dos décadas de experiencia, destacan la "multicausalidad de factores" que influyen en las conductas delictivas. Francisco Jara, Educador Diferencial con 30 años de experiencia, profundiza en el perfil de los jóvenes, muchos de los cuales provienen de "familias muy disfuncionales" de sectores populares, con abandono parental, consumo de drogas, y "escasas reglas y normativa". Para muchos, "robar era un patrón, parte de la vida cultural", comenzando a delinquir desde los ocho años.
La psicóloga Fernanda Salvo, de la Universidad de Chile, basándose en informes del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, define la reinserción social como un "proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal". Sin embargo, Sonia Brito subraya la baja incidencia de éxito en la reinserción social de jóvenes infractores de ley, a pesar de los avances en leyes y normativas. Para ella, la nueva ley, al reconocer a adolescentes y jóvenes como "sujetos de derechos" y "actores sociales", implica que "es la sociedad en su conjunto la que debe contribuir en el proceso de reinserción".
La Propuesta de Justicia Restaurativa
Comelin Fornés argumenta que el trabajo con jóvenes infractores no es simple y debe ser abordado por "profesionales de alta especialización y con equipos consolidados". Propone un "modelo de justicia restaurativa" como el "sistema ideal" para lograr una reinserción efectiva y garantizar una verdadera reparación para el victimario y su entorno, evitando el "círculo de condenas y liberaciones" que pueden causar "todavía más daño a los infractores que viven una precariedad social, psicológica y física".
Tomás Cortés y Nicolás Grau, en su artículo de CIPER "Privar de libertad: un mecanismo eficiente para que menores de edad vuelvan a delinquir", afirman que "creemos que encerrando a los jóvenes que cometen delitos les damos una lección que puede corregir su rumbo". Sin embargo, la historia de Misael, marcada por una extensa experiencia de delitos y consumo de drogas, y un deambular por diferentes centros del SENAME de los cuales se escapó por la inseguridad, demuestra cómo un sistema "centrado en lo punitivo no logra generar las condiciones para la reinserción".
Las Batallas por el Cambio: Del "No más SENAME" a Mejor Niñez
El Cierre del SENAME y la Creación de Nuevos Servicios
Después de 46 años de funcionamiento, el SENAME cerró sus puertas, dividiendo sus funciones en dos nuevos organismos especializados: el Servicio de Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Esta decisión, enmarcada en un proceso de reestructuración tras las múltiples críticas y el alto número de fallecimientos de menores bajo custodia estatal, busca mejorar la protección de los derechos de los menores y separar las responsabilidades de justicia juvenil.
La consigna "No más Sename", que proliferó en el centro de Santiago desde el estallido social de 2019, reflejaba el sentir de muchos jóvenes que pasaron por estos hogares y que, en algunos casos, se unieron a la "Primera Línea" para "devolver la violencia que vivieron por años".
Jóvenes en la Primera Línea: Jonathan, Jason y Byron
Jonathan, de quince años, con un historial de siete detenciones y a punto de "caer" en un Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa del Sename), confiesa su miedo: "Mis amigos que están en el Cread me cuentan que les pegan, que de repente no tienen qué comer, los tienen a todos encerrados y hay muertes. Puras cosas así". Jonathan, como otros jóvenes que vivieron el sistema, encontraba en la Primera Línea una forma de desahogar la rabia y sentir un sentido de pertenencia.
Jason, de 16 años, quien vivió en la calle y sufrió abusos por parte de la policía, sintió "alegría" al ver los rayados "No más Sename", percibiendo que "había más gente que pensaba y sentía lo mismo que yo", lo que fue una "forma de liberarme de esa rabia que tenía dentro".
Byron, de 25 años, de origen mapuche, relata haber sido testigo de violencia en el Sename, donde a un compañero "le tiraron agua caliente", y cómo dentro de la Primera Línea, arriesgando su integridad, siente que están "peleando por lo justo".
Andrés, de 36 años y líder de uno de los grupos de escudos en la Primera Línea, se preocupa por la participación de niños de diez, once y doce años en los enfrentamientos, intentando "rescatarlos" y gritándoles "que se pongan más atrás".
El Rol de la Sociedad Civil y la Urgencia del Cambio
Alejandra Michelsen, de la Fundación ITACA, enfatiza la necesidad de que "toda la sociedad colabore" para lograr la reinserción, dejando atrás la idea del encierro como método efectivo. Para ella, es crucial "convencerse" de que "la sociedad debe tomar conciencia que el tema de la reinserción es una tarea de todos". Tanto Misael como Felipe comenzaron su tránsito hacia la reinserción solo cuando "entraron a jugar un rol de acompañamiento organismos privados o como la Fundación Itaca", lo que les permitió un "proceso de liberación de culpas y reconexión consigo mismo".
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha transmitido con urgencia la necesidad de "medidas radicales e inmediatas" para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que, de lo contrario, seguirán "expuestos a riesgos y vulneraciones intolerables". A pesar de un "acuerdo nacional para la infancia" con 94 medidas, no se ha avanzado "con la premura que se requiere para resolver la situación vital de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado".
La Defensoría ha instado a los ministerios de Salud y Educación, junto con la Subsecretaría de la Niñez, a coordinarse para abordar la salud mental, el consumo de drogas y el rezago escolar de los niños tutelados. Un intento de mesa de trabajo con ministros y la directora del Sename no contó con su presencia, sino solo con subsecretarios, lo que genera frustración ante la falta de acción concreta y urgente. La necesidad de diagnosticar y tratar eficazmente la salud mental de los niños en residencias es un punto crítico, así como la eliminación de protocolos de contención que, como en el caso de Lissette Villa, han llevado a resultados fatales.
Un informe de la PDI, conocido en 2019, demostró que en la red del Sename, los menores seguían sufriendo graves abusos. Este informe, junto con el informe de la ONU que hablaba de violaciones sistemáticas de derechos humanos, evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de cambios profundos, más allá de "maquillaje y cambios de nombre".
Marco Legal y Tipos de Sanciones en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
La Ley 20.084 se aplica a jóvenes que, al momento de cometer un delito, son mayores de 14 y menores de 18 años, recogiendo las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en relación con las características propias de la adolescencia en el abordaje penal. Se establecen tiempos límite de imposición de una sanción: hasta 5 años para infractores entre 14 y menos de 16 años, y hasta 10 años para aquellos entre 16 y menos de 18 años. En la ejecución de la sanción, se construye un plan de intervención individual aprobado judicialmente, con el objetivo de disminuir la reincidencia y apoyar la reinserción social.
Los principios rectores de esta ley incluyen la legalidad (solo se castigan conductas expresamente señaladas con penas establecidas) y la proporcionalidad y diversidad de las sanciones, con un catálogo completo ajustado a la gravedad del hecho y la edad del imputado.
Tipos de Medidas y Sanciones
- Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA): Buscan asegurar los fines del procedimiento penal, favoreciendo la participación del adolescente imputado en la investigación.
- Internación Provisoria: Se ejecuta en Centros de Internación Provisoria (CIP). Es una medida cautelar excepcional de privación de libertad, decretada por un juez.
- Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD): Consisten en la realización de actividades de servicio no remuneradas o la reparación económica del daño causado a las víctimas.
- Libertad Asistida (PLA): El adolescente ingresa a un programa ambulatorio con intervención personalizada a cargo de un delegado, con actividades educativas, terapéuticas y de promoción de derechos.
- Libertad Asistida Especial (PLE): Sujeta al adolescente a una intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, basada en un plan de intervención personalizado y aprobado por el tribunal.
- Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social (CRC): Se ejecuta en centros de régimen cerrado y la participación en este programa puede ser considerada por el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento.
Los jóvenes tienen derecho a defensa gratuita a través de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), la cual proporciona apoyo legal gratuito a personas de escasos recursos, tras una evaluación socioeconómica. Las solicitudes de protección para NNA amenazados o vulnerados en sus derechos no requieren formalidad alguna, solo la petición de protección.