La situación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y ahora su sucesor Mejor Niñez, ha sido un tema de profunda preocupación y debate en Chile, especialmente en lo que respecta al abuso infantil y la vulneración de derechos. Este organismo, que desde 1979 hasta 2022 estuvo a cargo de la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados, ha sido objeto de una trayectoria de denuncias que revelaron diversas prácticas de violencia institucional. La polémica pública, investigaciones periodísticas, informes de derechos humanos y la protesta ciudadana han puesto en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger a la infancia.
La Experiencia de Catalina: Un Testimonio del Salto al Vacío
Vulneración de Derechos y Egreso
Catalina Farías es un ejemplo conmovedor de las deficiencias del sistema. Pasó una parte importante de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado, viviendo en diferentes modalidades de hogares y familias. Al cumplir 18 años, en el SENAME le celebraron su cumpleaños y, en ese mismo acto, se quedó sin ninguna ayuda estatal. Este "egreso" la dejó en una casa de acogida en La Pintana, sin acompañamiento post egreso ni preocupación por sus estudios universitarios o manutención. Catalina desconocía que, si estaba estudiando, el Estado tenía la obligación de protegerla hasta los 24 años, información que nunca le fue explicada claramente.
Su historia es un reflejo de que el egreso de los jóvenes de las residencias constituye un "salto al vacío, sin paracaídas", una frase que ella misma vivió y que retoma de una columna del psicólogo Carlos Vöhringer. Muchos jóvenes, a diferencia de Catalina que logró salir adelante, tienen problemas de aprendizaje severos y psiquiátricos graves que hacen casi imposible su autonomía sin ayuda. La rabia de Catalina se centra en que, si bien la raíz del problema son las familias, es responsabilidad del Estado hacerse cargo de la protección.
Realidad en las Residencias: Abuso Sexual y Falta de Educación
Catalina ha sido una voz crítica, señalando que "el tema sexual se ve mucho en las residencias". Niñas de 6 y 7 años están constantemente hablando de sexo, una hipersexualización que, según ella, se "pega" en el ambiente debido a la falta de educación, charlas o talleres para abordar el tema. Muchas niñas llegan a las residencias a causa del abuso sexual reiterado, normalizando esta situación y sin percibirse a sí mismas como víctimas. Lamentablemente, la persecución de estos delitos en Chile está "muy atrasada", con muchos abusadores en libertad y sin siquiera ser interrogados. El daño que sufren estas niñas es "para toda la vida", agravado por la falta de acompañamiento y asistencia especializada.
Ella enfatiza que la suya no era una familia de pobreza extrema, sino un problema de "irresponsabilidad de su mamá" y un tipo de demencia por parte de su padre, lo que demuestra que no siempre la pobreza material es la causa de la vulneración, sino a menudo la pobreza afectiva.
Activismo y Propuestas de Cambio
A partir de su propia historia, Catalina se ha convertido en activista por las mujeres, las niñas, la infancia y los más desvalidos. Su lucidez sobre la infancia vulnerada la lleva a criticar la "falta de priorización que se da a la infancia" y la "carencia de un acompañamiento profesional serio y dedicado, con permanencia en el tiempo". Aunque el servicio Mejor Niñez se enfoca en residencias familiares y en terminar con los CREAD (hogares masivos), Catalina considera que "es la atención dedicada, centrada en cada niño, lo que hay que hacer".
Actualmente, Catalina es parte de Red Egresa, una fundación creada por jóvenes que salieron de residencias de protección para contribuir activamente en el egreso de otros chicos y chicas. A través de charlas y visitas, les enseñan "lo que las residencias no les cuentan: cómo dar la PSU, cómo ahorrar, cómo postular a la universidad", demostrando que es posible salir adelante. También buscan ser un puente entre los jóvenes y empresas u organizaciones para canalizar apoyos.
Radiografía de la Violencia Institucional: Informes y Realidades
Investigaciones y Denuncias
La violencia estructural documentada en el SENAME entre 1979 y 2021 ha sido objeto de múltiples investigaciones. El 10 de diciembre de 2019, el Ejecutivo anunció la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas del SENAME, un paso importante para abordar la violencia estructural. Sin embargo, esta comisión presenta limitaciones significativas, como una débil financiación y la restricción de su mandato a las residencias administradas directamente por el órgano público, creando "dos clases de víctimas". Esto, además de ser revictimizante, no responde a las obligaciones internacionales del Estado de Chile, ya que la privatización no exime al Estado de responsabilidad.
Informe INDH 2017: Datos Preocupantes
Entre enero y abril de 2017, un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros de todas las regiones de Chile, realizando entrevistas a 401 NNA residentes. Este estudio arrojó datos alarmantes:
- Perfil de NNA: La población es fundamentalmente femenina (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
- Condiciones de Vida: Aunque las necesidades básicas suelen estar satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima. En un 20% de los casos, adolescentes y niños/as de menor edad comparten dormitorio sin separación por sexo. El 21% de los centros presenta sobrecupo.
- Alimentación: En un 1,6% de los establecimientos, los NNA reciben solo entre 1 y 2 comidas diarias, y el 16% declara pasar hambre.
- Trato: El 22% de los NNA considera que el personal no siempre les da un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% reporta trato discriminatorio.
- Vinculación con el Medio: En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados a hablar directamente con el juez, y solo el 32% ha tenido la oportunidad de hacerlo.
- Educación: El 20% presenta retraso escolar, y solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. Un preocupante 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en reuniones.
- Familia e Identidad: El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar. El 16% usa el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% suspende visitas por mal comportamiento del niño/a.
- Salud Mental: El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo, y el 45% de ellos no ha accedido a un psicólogo o psiquiatra.
- Violencia Institucionalizada: 8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo, incluyendo privación de contacto familiar (15%), ser dejado sin comida (7%), encierro (7%) y contención física (12%). El 46% reportó maltrato psicológico, el 12% agresión física leve y el 6% grave.
- Violencia entre Pares: El 48% de los NNA ha sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado entre pares.
- Abuso Sexual: El estudio reveló una prevalencia del 6,4% de abuso sexual en los últimos 12 meses. Tristemente, 8 de cada 10 abusos son experimentados por niñas. En el 78% de los casos, el abuso es cometido por otro menor de edad, y en un 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el abusador.
Informe de la PDI 2017: Violación Sistemática de Derechos
En 2017, un lapidario informe de la PDI, resultado de una investigación en 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual. Este informe, entregado a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, no se hizo público inicialmente, lo que generó un escándalo.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares colaboradores, 21 en CREAD y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores (la mayoría en residencias de organismos colaboradores para adolescentes).
El informe policial es categórico al afirmar que estas "acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Más aún, el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME, y una gran mayoría carece de protocolos para conductas suicidas (72,9%), sujeción física (76,7%) o fallecimiento de un menor.
Salud Mental y Manejo de Fármacos
La PDI también reveló que el 37,3% de los residentes del SENAME padece alguna enfermedad psiquiátrica. El 14,2% presenta patología médica, el 13,9% una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en el 66,3% de los centros, los fármacos son administrados por educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, lo que lleva a un suministro de medicamentos "sin ningún control", a menudo como paliativo para contener a los menores.
Lógicas y Estructuras de la Violencia Institucional
El Problema Estructural
La violencia ejercida hacia la población infanto-juvenil no puede pensarse fuera de las estructuras económicas que perpetúan el poder. La violencia es estructural y de ella surgen muchas otras formas de agresión. La excesiva institucionalización de la vida de los niños, paradójicamente, se acentúa por la precariedad de la institucionalidad. El Sename, como exservicio de protección a la niñez, operó bajo un paradigma subsidiario, convocando a organizaciones no gubernamentales y municipios a competir por recursos, lo que tuvo efectos en la distribución de recursos y mecanismos de intervención, orientándose hacia prácticas de gestión empresarial privada.
Lógicas de Intervención y el Paradigma Tutelar
Un estudio con profesionales del área de protección de derechos identificó dos lógicas principales en la intervención del Sename: una economicista y otra de estandarización. La perspectiva economicista prioriza la reducción del gasto y focaliza la intervención, llevando a la frase "caso atendido, caso pagado", que condiciona la protección a la cobertura de programas. Esta lógica tiende a sectorizar la vulneración, asociándola a la pobreza material y haciendo invisibles las vulneraciones en sectores acomodados.
Varias líneas de investigación sugieren que factores como el gran tamaño de los establecimientos, la falta de especialización y la alta rotación del personal, así como la infraestructura y las condiciones despersonalizantes, contribuyen a la calidad insuficiente de los cuidados residenciales. Además, persiste un paradigma tutelar que predomina en las intervenciones de control y represión, reforzando identidades estigmatizantes y construyendo a los niños como sujetos "en peligro y de peligro".
Recomendaciones para la Desarticulación de la Violencia Institucional
Las conclusiones del estudio del INDH y otras investigaciones apuntan a la necesidad de implementar medidas urgentes:
- Fundamentar judicialmente toda prohibición de relación entre familiares y NNA.
- Establecer criterios uniformes para regular visitas familiares en residencias.
- No utilizar la prohibición de visitas como sanción.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA (por ejemplo, "libros de vida").
- Atender la estabilidad emocional del personal de los centros.
- Promover el conocimiento y cumplimiento de protocolos de maltrato y leyes que sancionan el abuso.
- Generar condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y a denunciar abusos sexuales, con capacitación especializada para el personal.