Introducción: La Evolución de la Percepción de la Vejez
Contrariamente a la percepción actual, donde los adultos mayores a menudo enfrentan el desprecio social y familiar, en la antigüedad la vejez era un período de gran veneración. Los ancianos eran considerados depositarios de la sabiduría y la memoria ancestral, actuando como el archivo histórico de la comunidad. Este "periodo de gloria" de los ancianos en las culturas primitivas contrasta con la situación contemporánea.
La llamada "tercera edad" ha sido objeto de numerosas reflexiones filosóficas y literarias. Disciplinas como la sociología, la medicina y la gerontología han abordado en profundidad la problemática de la ancianidad. La bioética y el bioderecho, en particular, han analizado situaciones de desprotección del adulto mayor, especialmente en el contexto de pacientes institucionalizados. En estos casos, la pérdida de autonomía puede llevar a que decisiones personalísimas sean tomadas por familiares o funcionarios estatales, lo que puede derivar en una "eutanasia social directa o indirecta".
En el ámbito jurídico internacional y comparado, desde hace aproximadamente dos décadas, ha surgido la idea de crear un estatuto que garantice una protección adecuada a los adultos mayores. En Europa occidental, las políticas iniciales se centraron en la asistencia económica y sanitaria. En la década de 1980, se expandieron hacia políticas de vivienda con servicios asistenciales, asistencia sanitaria especializada y políticas de bienestar social.
Se argumenta que, al igual que existe un Derecho de la Infancia y la Adolescencia, debería existir un Derecho de la Ancianidad, e incluso Tribunales de la Ancianidad. El objetivo es asegurar que al inicio y al final de la vida, el ser humano reciba una protección acorde a sus necesidades y autonomía, erradicando el estado de indefensión que a menudo sufren.
Sin embargo, el interés jurídico en esta materia aún es incipiente, una realidad que lamentablemente se refleja en Chile. A pesar de hitos como la reforma previsional de 2008 y la denuncia mediática de casos de maltrato a ancianos, que evidencian una creciente preocupación por mejorar las condiciones de vida de este sector y visibilizar su abandono y precariedad, nuestro ordenamiento jurídico está lejos de contar con un "Derecho de la Ancianidad". Son escasas las normas específicas para adultos mayores, y su protección a menudo carece de la especificidad necesaria para ser eficaz.
Este trabajo se propone destacar aspectos relacionados con la discriminación por vejez y el maltrato contra el adulto mayor, con un enfoque particular en la situación de los ancianos institucionalizados, es decir, aquellos que residen en "asilos de ancianos", geriátricos o, más técnicamente, Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).
Datos Relevantes sobre el Envejecimiento Poblacional
El interés por el estudio de la vejez contrasta con la situación en los inicios de la humanidad. Hace millones de años, las probabilidades de alcanzar una edad avanzada eran mínimas. La situación comenzó a cambiar en el Neolítico, cuando la esperanza de vida máxima rondaba los cuarenta años. La atención actual hacia este sector de la sociedad se explica fundamentalmente por el fenómeno del envejecimiento sostenido de la población mundial.
Las estadísticas globales indican que la población mundial aumentará significativamente en las próximas décadas, y una parte considerable de este crecimiento corresponderá a personas de 60 años o más. Chile no es ajeno a esta tendencia. El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y los bajos índices de mortalidad infantil son las causas principales del envejecimiento de la población en América Latina y, específicamente, en Chile.
Se proyecta que el nivel de envejecimiento que Europa alcanzó en dos siglos, América Latina lo logrará en solo cincuenta años. Los cambios en la pirámide poblacional son evidentes: se estima que en Chile, para el año 2040, la cantidad de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años prácticamente se igualará. Entre 1950 y 2002, la población mayor de 60 años en Chile aumentó del 6,8% al 11,4%, y se proyecta que para 2025 alcance el 16% de la población total.
Es importante notar que hombres y mujeres envejecen a ritmos diferentes. En 2005, la población de 65 años y más era mayoritariamente femenina (57,7% mujeres frente a 42,2% hombres). Datos más recientes de la Encuesta CASEN de 2006 revelan que los adultos mayores en Chile suman más de 2.100.000 personas, con un 56% de mujeres, y más del 60% de estas superan los 76 años. La encuesta también indica que más de la mitad de los hogares unipersonales están constituidos por adultos mayores, y casi un quinto de ellos por personas mayores de 75 años.
El alto grado de participación de este sector en organizaciones sociales (más del 35%) demuestra una creciente concienciación en el ejercicio de sus derechos y en el aprovechamiento de las prestaciones sociales y comunitarias. Por ejemplo, entre 1990 y 2006, la población mayor de 60 años que se realizaba exámenes preventivos aumentó del 15,3% al 25%, un crecimiento significativamente mayor que en el resto de la población.
El Concepto de Persona Mayor: Diversidad y Ambigüedad Legal
Ante las cifras demográficas, surge la pregunta sobre quiénes son las "personas mayores", "adultos mayores", "ancianos" o "viejos". La definición de la ancianidad se ha ampliado, distinguiéndose la "tercera edad" (personas jubiladas pero aún activas y saludables) de la "cuarta edad" (adultos de aproximadamente 80 años, a menudo dependientes debido a enfermedad o discapacidad).
La dificultad en determinar el momento exacto en que se transita de una etapa evolutiva a otra se refleja en la falta de uniformidad legal para definir o referirse a distintas categorías etarias. El Derecho reconoce que estas delimitaciones son, en esencia, arbitrarias y variables, como se observa en la transición de la niñez a la adolescencia, la juventud, la adultez joven y la ancianidad.
El Código Civil chileno, por ejemplo, define al infante o niño como menor de 7 años, impúber a la mujer menor de 12 y al varón menor de 14, y mayor de edad a quien ha cumplido 18 años, alcanzando plena capacidad civil. Sin embargo, la Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia (2004) reconoce la autonomía progresiva, designando como niños, niñas y adolescentes a quienes no han cumplido 14 años y a quienes sí los han cumplido hasta la mayoría de edad. La Ley N° 20.084 (2005) establece los 14 años como edad mínima para la responsabilidad penal adolescente. Estas disparidades etarias obedecen a criterios diversos según el ámbito regulado (civil, familiar, penal) y la época de dictación de la norma.
En cuanto a la vejez, el Diccionario de la Real Academia Española define la "ancianidad" como el "último período de la vida ordinaria del hombre" y la "senectud" como el "período de la vida humana que sigue a la madurez". La palabra "anciano" proviene del romance "anzi", que significa "antes", sugiriendo una relación con el tiempo y la experiencia acumulada.
La legislación chilena presenta referencias a la tercera edad con distinta precisión:
- El artículo 223 del Código Civil consagra el deber de asistencia y socorro. Establece que, aunque la emancipación confiera al hijo el derecho a obrar independientemente, este queda obligado a cuidar de sus padres en su ancianidad, en estado de demencia y en todas las circunstancias que requieran sus auxilios. Esta norma es fundamental, ya que el deber de cuidado trasciende las obligaciones patrimoniales tradicionales de alimentos.
- El artículo 456 bis del Código Penal, en materia de robo y hurto, considera circunstancia agravante que la víctima sea anciano, sin especificar una edad concreta.
- En materia de muerte presunta, el artículo 82 del Código Civil establece que el juez concederá la posesión definitiva si, transcurridos cinco años desde las últimas noticias, se probare que han transcurrido 70 años desde el nacimiento. Esta norma se basa en las menores expectativas de vida de la época en que fue dictado el Código.
- La Ley de Adopción (artículos 20 y 31) establece edades mínimas y máximas para adoptar (25 y 60 años, respectivamente), diferenciándose de legislaciones comparadas que no imponen este límite etario. A juicio de la autora, la norma chilena considera una edad bastante temprana para la ancianidad en comparación con otras referencias y la doctrina especializada.
A nivel constitucional, se han establecido limitaciones etarias para el ejercicio de ciertos cargos, como los 75 años como causal de cese para jueces (artículo 80 de la Constitución) y fiscales regionales y adjuntos (artículo 84). Estas disposiciones han sido objeto de críticas por posible discriminación arbitraria por edad.
Discriminación por Vejez y Maltrato al Adulto Mayor
La discriminación por edad, o edadismo, se manifiesta de diversas formas, afectando la dignidad y los derechos de las personas mayores. El maltrato hacia los adultos mayores es una grave manifestación de esta discriminación, especialmente preocupante en el contexto de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).
El maltrato puede ser físico, psicológico, sexual, financiero o de abandono. Las personas mayores institucionalizadas son particularmente vulnerables debido a su dependencia, aislamiento social y, en muchos casos, a condiciones de salud preexistentes.
Los factores de riesgo para el maltrato en ELEAM incluyen:
- Características del residente: dependencia funcional severa, aislamiento social, deterioro cognitivo, historial de abuso.
- Características del cuidador: estrés, agotamiento, falta de capacitación, actitudes negativas hacia la vejez, problemas personales.
- Características del establecimiento: alta rotación de personal, falta de supervisión, ratios inadecuados de personal por residente, ambientes estresantes.
La legislación chilena, aunque ha avanzado en la protección de grupos vulnerables, aún presenta lagunas en cuanto a la protección específica y detallada de los adultos mayores frente al maltrato.
Campaña audiovisual contra el maltrato del Adulto Mayor
Soluciones Legales y Conclusiones
Diversos países han implementado soluciones legales para proteger a los adultos mayores del maltrato y la discriminación. Estas medidas incluyen:
- Legislación específica: Leyes que definen y tipifican el maltrato a personas mayores, estableciendo sanciones y mecanismos de denuncia.
- Programas de capacitación: Formación para cuidadores, personal institucional y familiares sobre el trato digno y los derechos de las personas mayores.
- Mecanismos de supervisión y fiscalización: Entidades encargadas de monitorear el funcionamiento de los ELEAM y garantizar el cumplimiento de estándares de cuidado.
- Servicios de apoyo: Redes de apoyo social y legal para víctimas de maltrato y sus familias.
- Fomento de la autonomía: Promoción de la participación de los adultos mayores en las decisiones que les afectan.
En Chile, el debate sobre la protección de las personas ancianas está en una fase incipiente. Es fundamental continuar desarrollando un marco jurídico robusto que reconozca la dignidad y los derechos de los adultos mayores, erradique la discriminación por edad y prevenga eficazmente el maltrato, especialmente en los entornos de cuidado institucionalizado. La creación de un "Derecho de la Ancianidad" que otorgue un marco de protección específico y eficaz es un objetivo necesario para asegurar una vejez digna y segura para todos.