Chile ha dado un paso significativo en la evolución de su sistema de justicia juvenil con la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta nueva institución se erige como un pilar fundamental para garantizar la efectiva reinserción educativa, laboral y social de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley, marcando un hito en la especialización y fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a esta población.
La Transformación de la Reinserción Social Juvenil en Chile
Antecedentes y Necesidad de Especialización
A partir del año 2015, la Política Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes permitió que el país avanzara hacia un Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En el marco de esa hoja de ruta, en 2018 surgieron la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, instituciones clave para la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia.
Adicionalmente, era necesario fortalecer y especializar el sistema de protección y de responsabilidad penal juvenil, los que se encontraban radicados en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Esta necesidad impulsó la creación de una entidad dedicada exclusivamente a la reinserción social de jóvenes, buscando una gestión más eficiente y especializada de los programas y medidas.
Creación e Implementación del Nuevo Servicio
La ley N°21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, fue publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 2023. Durante ese año, el servicio estuvo en un periodo de vacancia para su implementación gradual. Inició su funcionamiento de manera progresiva, dividido en tres zonas: norte, centro y sur.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil aspira a ser una institución especializada, reconocida y posicionada nacional e internacionalmente. Su objetivo es elaborar, formular y ejecutar un conjunto de políticas altamente efectivas, con evaluaciones positivas y retroalimentación constante de sus procesos, asegurando un impacto real en la vida de los jóvenes.
Principios de la Reinserción Juvenil
Derechos Fundamentales de los Adolescentes
Dentro del marco de este sistema, los jóvenes tienen derecho a defensa gratuita y, en caso de ser enviados a centros privativos de libertad, no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales diseñados para su edad y necesidades. Este principio subraya el enfoque diferenciado y de derechos que rige la justicia juvenil.
Articulación con la Sociedad Civil
La labor de reinserción se lleva a cabo en una red de centros administrados por el servicio (anteriormente por Sename) y a través de programas ejecutados por organismos colaboradores acreditados. Estos organismos articulan territorialmente a diversos actores, tanto del sector público como de la sociedad civil, con el propósito de generar una oferta programática de calidad que sea pertinente a las necesidades de reinserción educativa, laboral y/o social de esta población juvenil.
Medidas y Programas de Reinserción Social Juvenil
Las medidas que pueden ser ordenadas por los tribunales de justicia son variadas y pueden ser privativas o no privativas de libertad. Su propósito es asegurar los fines del procedimiento penal y promover la reinserción del adolescente.
Medidas Cautelares
Medida Cautelar Ambulatoria (MCA)
La Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) asegura que se lleven a cabo los fines del procedimiento penal, favoreciendo que el adolescente imputado participe en todas las diligencias de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y las actuaciones decretadas por los tribunales de justicia. Los tribunales las pueden ordenar mientras se realiza la investigación.
Internación Provisoria
La Internación Provisoria se ejecuta en centros de internación provisoria (CIP). Se trata de una medida cautelar excepcional, que impone al adolescente imputado un estado de privación de libertad, decretada por el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal a solicitud del fiscal o del querellante.
Sanciones y Programas de Reinserción
Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD)
Los Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD) consisten en el cumplimiento de la medida asignada por un juez, en que el adolescente debe realizar actividades de servicio no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. La sanción de reparación del daño causado, por su parte, consiste en que el joven debe subsanar a la o las víctimas en el perjuicio causado con la infracción, por medio de una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa u objeto de la infracción, o un servicio no remunerado en su favor.
Libertad Asistida (PLA)
La Libertad Asistida se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida (PLA). En este programa, el adolescente debe ingresar a una intervención ambulatoria personalizada a cargo de un delegado. Se requiere la asistencia del joven a actividades educativas, de terapia, de promoción de derechos, de participación, y su asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que le corresponda.
¡El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil comenzó sus funciones!
Libertad Asistida Especial (PLE)
La Libertad Asistida Especial se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida Especial (PLE). El adolescente está sujeto a una intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, de acuerdo a un plan de intervención personalizado que, para todos los casos, será aprobado por el tribunal. Dicho plan estará basado en programas y servicios que favorezcan la integración social del adolescente.
Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social
El Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social se ejecuta en centros de régimen cerrado (CRC). Estos programas buscan proveer un ambiente de contención y trabajo intensivo para la reinserción social de los jóvenes que cumplen medidas de privación de libertad.
Alternativas a la Persecución Penal
La participación en programas de reinserción social es una de las condiciones que puede considerar el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Junto con los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, estos programas constituyen instrumentos que permiten prescindir de la persecución penal en aquellos casos en que no se considera aconsejable la aplicación de una pena. La población de estos programas corresponde a “imputados”.